Según reportes en redes sociales, los azotes lanzaban tiros al aire y gritaban a la gente «somos el hampa, la Vega es nuestra».
La mañana de este lunes, 24 de mayo, se produjo un nuevo enfrentamiento entre grupos delictivos y cuerpos de seguridad en la parroquia La Vega, municipio Libertador de Caracas.
La información, difundida por la red social Twitter, reveló que miembros de un grupo hamponil habrían atacado a tiros a una comisión de Policaracas que patrullaba la zona.
Inicialmente se había informado de un tiroteo entre bandas, pero luego se confirmó que la emboscada a los funcionarios de ese organismo fue lo que desató la balacera, la cual se prolongó por más de una hora. Un vehículo blindado de las Faes fue atacado en el enfrentamiento.
Efectivos de la PNB, División Contra la Delincuencia Organizada, FAES y también de PoliCaracas, se trasladaron al lugar para repeler a los delincuentes.
El intercambio de disparos primero se produjo en las barriadas El Carmen y La Capilla, donde los vecinos reportaron que los azotes caminaban por las calles con fusiles en mano, amedrentando a los transeúntes y obligándolos a correr, mientras buscaban a los patrulleros de PoliCaracas.
Los azotes lanzaban tiros al aire y gritaban a la gente «somos el hampa, la Vega es nuestra».
Fue en esos sectores donde se reportó que un funcionario policial, aún no identificado, resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital Miguel Pérez Carreño.
Luego, los enfrentamientos se trasladaron hasta los sectores Andrés Eloy Blanco y San Rafael, donde los antisociales lanzaron una granada contra los cuerpos policiales.
En uno de los videos difundidos por Twitter, se observó como los sujetos disparaban hacia las comisiones policiales que se disponían a entrar en las zonas en conflicto, desde una especia de garita improvisada en la parte alta de La Vega.
Momento en el casi matan a uno de los comandos operando contra las bandas. La Vega podría terminar convirtiéndose en un lugar como La Cota en cuestión de meses si las autoridades no actúan. pic.twitter.com/AGiyqKGr7l
#Caracas en estos momentos enfrentamiento entre bandas en La Vega, en la Capilla. Antisociales estarían enfrentándose por el control del sector, reportan que caminan por las calles con los fusiles en mano
#Caracas En el enfrentamiento de La Vega 3 personas han resultado heridas por balar perdidas. Uno de ellos es Diego Alejandro Rivas Infante, de 16 años de edad. Se encontraba durmiendo en su casa en un edificio de Terrazas de La Vega cuando fue alcanzado por una bala perdida en pic.twitter.com/WC24Q6jHLp
VENEZUELA TOMADA POR EL HAMPA#24May Continua el enfrentamiento de Cuerpos Policiales y bandas del sector en La Vega En estos momentos ingresan tácticos policiales blindados Se habla de q hay Funcionarios del FAES heridos pic.twitter.com/iBUuSjkqRc
VENEZUELA TOMADA POR EL HAMPA#24May Nuevamente fuerte tiroteo en La Vega a esta hora se enfrentan con bandas del sector Comisiones d PoliCaracas PNB DCDO y Faes debido a que los delincuentes mantienen acorralados a algunos funcionarios en el sector La Capilla de La Vega pic.twitter.com/QDplrGSw3f
Wilexis Acevedo, líder de la megabanda que opera en la parroquia Petare, regresó al barrio aproximadamente dos meses después del operativo del 8 de mayo, en el que no lo capturaron. Estuvo bajo perfil, según los vecinos. Siete meses después las FAES ingresaron al barrio y lo hirieron en un enfrentamiento, el viernes 6 de noviembre
El barrio no cambió: los vecinos mantienen su apoyo al Wilexis y el rechazo a la policía. Cada vez que hay un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el sector José Félix Ribas, de Petare, la gente cierra sus puertas por temor a que los funcionarios los asesinen, o en el mejor de los casos, los golpeen y les roben objetos de valor de sus casas. Pero no les tiembla la voz cuando aseguran que gracias al líder de la megabanda no hay robos en la parte alta de la comunidad.
Entre la zona 6 y la zona 10 de José Félix los vecinos salen con sus celulares en la mano, porque quien se atreva a cometer un delito será castigado. Caminan por las calles hasta tarde y viven su cotidianidad sin contratiempos porque dicen que este grupo delictivo les brinda seguridad.
Wilexis Alexander Acevedo Monasterios estuvo en el barrio bajo perfil. Evitaba transitar por la zona baja y así mantuvo el control del sector hasta el viernes 6 de noviembre, cuando las FAES entraron al barrio y lo hirieron de bala, pero huyó.
Se conoció extraoficialmente que cuatro integrantes de la megabanda fueron asesinados durante un enfrentamiento, en la zona 8 de José Félix Ribas. Presuntamente, entre los fallecidos está el segundo al mando del grupo, conocido como el Chino, quien se enfrentó a los funcionarios con una AR15 y detonó una granada.
Sin embargo, la versión de los familiares es otra. Uno de los fallecidos es José Hermes Avendaño Gómez, de 37 años, quien vendía café cuando inició la balacera. Sus allegados estaban este lunes 9 de noviembre en la morgue de Bello Monte y aseguraron que era testigo de Jehová; recibió un tiro en la cabeza y otro en el pecho. Dejó a dos hijos huérfanos, de ocho y 14 años.
También fue identificado Edgar Alexander Borges, de 26 años, quien recibió dos disparos por la espalda y uno en la cabeza. Según sus parientes, Borges trabajaba como obrero. Y Eduard Sanz, de 24 años; recibió un impacto de bala en la cabeza. Sus allegados contaron que estaba desempleado.
Pasaron siete meses desde la última vez que el gobierno de Nicolás Maduro trató de capturar a Wilexis y no lo logró. El 8 de mayo de 2020 comisiones mixtas ejecutaron un operativo tras su pista. El ministro de Interior, Justicia y Paz para el momento, Néstor Reverol, dijo que habían desplegado a los cuerpos de seguridad para acabar con las bandas armadas.
En aquella ocasión Wilexis huyó del barrio y regresó aproximadamente dos meses después. Los vecinos aseguraron a Crónica.Uno que lo vieron en fiestas, como antes, aunque un poco más bajo perfil. Incluso presumen que se disfrazaba.
El despliegue policial ocurrió luego de seis días de enfrentamientos entre bandas, en José Félix Ribas. Los vecinos vivieron una pesadilla, tirados en el piso o escondidos en cuartos para evitar que una bala perdida los hiriera, mientras Wilexis defendía el control de su territorio de un hombre conocido como El Gusano.
Las balaceras, que iniciaron el 30 de abril, retumbaron hasta zonas aledañas como La Urbina, Palo Verde y Terrazas del Ávila y disminuyeron el 4 de mayo.
Nicolás Maduro aseguró que los enfrentamientos fueron organizados por la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, junto con Wilexis, para distraer la atención y facilitar la entrada de mercenarios al país durante la Operación Gedeón, el 3 de mayo, para derrocar al mandatario.
Los voceros de Maduro no confirmaron a cuántas personas detuvieron en ese operativo y si tenían nexos con la megabanda, al igual que el viernes 6 de noviembre, donde tampoco hubo parte oficial.
Solo fue pública la aprehensión arbitraria de Junior Pantoja, exconcejal de Petare y líder vecinal. Le imputaron el delito de tráfico ilícito de municiones, pretendían involucrarlo con las bandas delictivas. Fue excarcelado el 24 de junio y falleció el 23 de agosto, de un paro respiratorio.
Las autoridades tampoco informaron cuántos fallecidos hubo tras la incursión al barrio. Zair Mundarín, exfiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, publicó en su Twitter que 13 personas fueron asesinadas, sin embargo, no se conocieron sus identidades. Carlos Palacios y Brian Cedeño fueron víctimas de ejecución extrajudicial, según la denuncia de sus parientes.
“Como hallazgo forense, todos disparos a distancia en tórax anterior (de frente) doble tap (técnica de disparar dos veces seguidas sobre el mismo blanco). Esto es imposible que ocurra 13 veces seguidas”, escribió en un hilo de Twitter.
El 13 de mayo, cinco días después del operativo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó de la muerte de Leonardo José Pimentel, conocido como Loco Leo, quien era lugarteniente de Wilexis. De acuerdo con la publicación, el hombre se enfrentó a la policía científica en Los Teques, a donde huyó tras el operativo en Petare.
El gran despliegue del Gobierno no tuvo éxito. Luis Izquiel, abogado y criminólogo, explicó a Crónica.Uno que los operativos que realizan los cuerpos de seguridad no tienen suficiente contundencia sobre los líderes de las megabandas de Caracas.
En 2015, cuando se ejecutó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para capturar al Coqui, cabecilla de la megabanda de la Cota 905, tampoco se logró. Cinco años después el Coqui sigue prófugo.
En ambos operativos abatieron a otras personas que no eran las que ellos buscaban, hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos a los derechos humanos. Estos operativos además de demostrar que no son efectivos para capturar a los líderes de las megabandas, dejan una larga estela de violaciones a los DD. HH.”.
Según Izquiel, la falla de estas operaciones podría deberse a la fuga de información o al respaldo que tienen los delincuentes en la comunidad, que facilita la huida. “La penetración de las cabecillas puede llegar hasta los cuerpos policiales”.
“Los gariteros”, parte de la estructura de la megabanda, pueden facilitar la fuga de los líderes al momento de los enfrentamientos. Izquiel dijo que estas personas no solo están ubicadas al inicio o al final del barrio, también en zonas aledañas y divisan cuando van en camino los policías.
En el informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, presentado en septiembre, se refiere que el Coqui, presuntamente, sobornó a los policías y le avisaron antes de la OLP de 2015, por eso logró huir antes.
Parte baja de José Félix sin control de Wilexis
Siete meses después de que las comisiones mixtas tomaran el barrio, la megabanda de Wilexis mantuvo su fortaleza entre la zona 6 y 10 de José Félix Ribas, pero no ha podido recuperar el control en la parte baja.
Los vecinos contaron que el líder del grupo delictivo huyó del barrio tras el operativo de mayo y regresó aproximadamente dos meses después, en este tiempo las bandas que operan entre la zona uno y la zona cinco se unieron para intentar acabar con Wilexis.
Los habitantes de este sector sienten pavor ante la propuesta de hablar de Wilexis. Y los que se atreven lo hacen extraoficialmente, por miedo a que tomen venganza. “Nadie va a decir nada malo de él”, soltó una vecina a Crónica.Uno. Otra agregó: “Aquí en el barrio estamos más seguros con Wilexis, esos muchachos (la megabanda) cuidan a todo el mundo. Y si sube la policía, cerramos todo, porque esos sí hacen daño”.
Días posteriores a la incursión policial en el barrio, los habitantes organizaron cacerolazos y oraciones, en las calles, en apoyo al Wilexis y a la paz del barrio.
Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, explicó a Crónica.Uno que la actitud de apoyo de la comunidad al Wilexis podría entenderse porque la policía es el principal factor de violencia.
Si la policía actuara en favor de la comunidad evidentemente la posición de ellos ante Wilexis fuese distinta. Pero como no es así, la comunidad se ve obligada a buscar en él un apoyo que no tiene de los funcionarios”.
Wilexis trabaja para recuperar el control en la parte baja del barrio, donde operaba su contrincante el Gusano, quien fue asesinado el 14 de mayo de 2020, en un operativo del Cicpc. Esas pequeñas bandas se unieron para tratar de “tumbar” a Wilexis, pero no lo habían logrado porque este tiene mejor armamento.
“En la parte baja volvieron a cometer robos las banditas y eso antes no pasaba. De hecho se están registrando robos en el Metro de Petare que ya habían mermado. Desde que mataron al Gusano hay varias banditas, ellos se han querido unir para ‘tumbar’ a Wilexis pero no han podido porque Wilexis está más armado y tiene más poder”, contó un vecino, bajo condición de anonimato, por miedo a ser víctima de venganzas de los miembros de estas bandas.
El director del Centro de Investigaciones Populares añadió que no se han repetido enfrentamientos tan prolongados como los que ocurrieron entre abril y mayo, y es porque Wilexis actúa bajo perfil. Pero en la parte baja de la comunidad ahora operan otras bandas.
“Wilexis se replegó y ahora las bandas que él controlaba están tomando otra vez posición en la comunidad. Este era el principal motivo por el que la gente lo apoyó en ese momento”, dijo Campos.
Presuntamente, Christian René Tovar Uribe, conocido como el Gusano, estaba preso en la cárcel de Tocorón y fue liberado para hacerle frente a Wilexis. Al parecer el gobierno de Maduro lo hizo con la intención de quitarle el poder, porque apoyó las protestas de la oposición. Sin embargo, no es una información corroborada por los voceros del mandatario.
El 23 de enero de 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela (artículos 233 y 333 de la Constitución), hubo una manifestación que fue disuelta por las FAES y la Policía del municipio Sucre, y esa noche asesinaron a Yoendry Fernández y a Jhonny Marcano, presuntamente miembros de la megabanda de Wilexis.
Ese mismo año, entre junio y octubre, se registraron varias manifestaciones de los vecinos en contra de las FAES. Rechazaban los operativos en la comunidad y las ejecuciones extrajudiciales. Presuntamente los habitantes fueron enviados por Wilexis bajo amenaza.
Antes de la pandemia, se conoció que Wilexis además de controlar la distribución de las cajas del Clap, brinda ayuda sociales, organiza actividades para los niños y funge como “juez de paz”, una figura que no tiene registros oficiales, pero que presuntamente resuelve problemas a los vecinos.
Los jueces de paz eran nombrados por defensores de los derechos humanos y los mismos vecinos, pero en el primer mandato de José Vicente Rangel Ávalos (2000) supuestamente esa figura se distorsionó.
La tarde del miércoles 4 de noviembre un hombre fue asesinado, presuntamente por miembros de la megabanda de Wilexis. La versión de los vecinos es que supuestamente esta persona cometió un delito en la invasión, que está en la zona uno del barrio, y lo arrastraron hasta la zona cinco, donde le dispararon y lo quemaron.
“Esos son los mismos de la banda del Wilexis, lo hacen para retomar el control. Toman la justicia por sus manos”, indicó una vecina a Crónica.Uno.
Petare la parroquia más violenta de Caracas
De acuerdo con datos del Monitor de Víctimas —un proyecto periodístico de data— entre enero y septiembre de 2020 se registraron 105 homicidios en la parroquia Petare. Solo en mayo hubo 25 muertes violentas en la zona y hasta el momento es el mes con más registros.
La data del Monitor de Víctimas también revela que solo en José Félix Ribas han ocurrido 23 homicidios, entre enero y septiembre.
Investigaciones del Observatorio Venezolano de Prisiones revelaron que la parroquia Petare, del municipio Sucre, fue la más violenta del Área Metropolitana de Caracas en 2019. Al menos 16 % de los sucesos ocurridos en ese año fueron en Petare. Para el observatorio era previsible porque José Félix Ribas, uno de los barrios más grandes e inseguros de latinoamérica, forma parte de esta parroquia.
Los datos también arrojaron que en 2019 el municipio más violento fue Libertador, 60 % de los sucesos tuvieron lugar ahí. El segundo con más homicidios fue Sucre, con 26 % de los registros.
Nadie se pondría un apodo tan escatológico como el de “El Cagón” por gusto, por lo general se trata de un alias impuesto, bautizado. En el entorno policial no saben de dónde proviene ese alias. La versión más común indica que el apodo fue impuesto por funcionarios policiales. Esa es la opinión generalizada sobre el alias de un delincuente que a fuerza de plomo y sangre hizo nombre en la zona fronteriza de los estados Trujillo y Zulia.
“El Cagón” es el alias detrás del cual se encuentra Darwin Antonio Rivas Garcías (22), uno de los personajes más siniestros de la delincuencia venezolana. Se trata de un joven de 22 años quien encabeza una organización criminal a la que se le imputan más de 40 asesinatos, entre masacres que han dejado entre 4 y 11 víctimas y los crímenes individuales.
Uno de los más buscados
La banda encabezada por Rivas Garcías, está dedicada a la extorsión, secuestro, sicariato, tráfico de drogas y robo entre otras actividades ilícitas según reporta la página web masbuscados.mijp.gob.ve. del Ministerio de Interior Justicia y Paz con la que el Estado buscaba facilitar la captura de los delincuentes más peligrosos del país.
Fuentes policiales señalan que el modus operandi de esta banda replica el accionar de otras organizaciones delictivas como las de José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure” y Juvenal Antonio Bravo Sánchez, “El Juvenal”, quienes gracias al conocimiento de la zona donde operaban, al tipo de delitos al que se dedican, a su violenta forma de actuar, al armamento que tienen y al control que ejercen sobre la población, lograron imponerse sobre sus rivales y evadir por años a las autoridades policiales.
Además refiere la fuente que estas organizaciones poseen claras raíces penitenciarias, lo que se evidencia en su estructura organizativa, «pero sobre todo en su violento actuar, cualquier acción contra sus integrantes o intereses, es cobrado con sangre», indicó un investigador del Cicpc consultado.
De acuerdo con datos suministrados por funcionarios policiales, en el eje Zulia Trujillo, hay al menos 400 hombres en armas que integran decenas de bandas. Las más grandes son: “El Cagón”, “Los Cáscaras”, “Los Maitas”, “El Zancudo”, “El Valenciano”, “El Barrigón” y “Renacer de Memo”.
La banda de El Cagón está integrada por unos 50 antisociales quienes portan desde armas blancas, machetes, cuchillos y hachas, hasta armas de fuego como escopetas, pistolas y fusiles de asalto. Se trasladan en vehículos pesados y motos que roban para la ocasión, aun cuando también viajan mucho a pie por zonas boscosas de difícil acceso, eso les permite mantenerse fuera del radar de las autoridades.
Una banda de homicidios múltiples
Según reportes policiales y reseñas de prensa, la banda de “El Cagón” estaría implicada en al menos seis masacres y así como en atentados contra autoridades policiales.
Entre sus ataques los más sonados se encuentra la masacre perpetrada el 29 de mayo de 2016 en el sector El Caño de los Muertos de la población de Santa Isabel, municipio Andrés Bello, estado Trujillo donde 11 presuntos integrantes de la banda “Los Cáscaras” fueron asesinados en retaliación por la muerte de uno de los integrantes de la banda de “El Cagón”.
Además se les imputa el asesinato y decapitación de tres hombres en el municipio Baralt del estado Zulia ocurrido el pasado 4 de marzo de 2018. En 2017 participaron en un séxtuple homicidio ocurrido el 18 de diciembre en el municipio Baralt del estado Zulia. El 17 de julio de 2017 participaron en otro ataque en el que cuatro hombres fueron acribillados. Son señalados de ser los autores de un triple asesinato ocurrido el el 30 de octubre del mismo año también en Zulia.
Además están solicitados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por su participación en el ataque perpetrado el pasado 27 de febrero en El Valle, Distrito Capital, donde fueron asesinadas cinco personas.
La masacre de El Valle: Una venganza ideada en Trujillo
El pasado martes a las 2:00 de la madrugada los vecinos del sector La Cuadra, en la calle Cajigal de El Valle, se despertaron al escuchar un tiroteo.
Llamaron a las autoridades denunciando que en una de las viviendas cercanas había ocurrido algo.
Cuando funcionarios policiales acudieron a verificar la denuncia, encontraron los cadáveres maniatados de los hermanos Javier Enrique (29), Jaime Emiro (25) y Jhonatan Enrique Rincón García (27), junto a ellos también yacían los cuerpos de Irme del Valle Peña Cañizalez (69) y de su hijo Egduar José Peña Andara, de 31. Todos oriundos de la población de Santa Isabel, municipio Andrés Bello del estado Trujillo, tenían unos cinco meses en Caracas. Vecinos indican que eran comerciantes dedicados a la venta ambulante de plátanos.
El mismo día del quíntuple homicidio, en el estado Trujillo había sido asesinado de múltiples impactos de bala Jesús Enrique Rincón Maduro de 61 años de edad, padre de los hermanos Rincón García muertos en El Valle.
A pesar de que el múltiple crimen perpetrado en Caracas y el asesinato ocurrido en Trujillo parecían un cruel giro del destino, funcionarios del Cicpc no tardaron en conectar ambos sucesos y relacionarlos con un tercer crimen ocurrido cinco meses atrás cuando integrantes de la banda “Los Cáscaras” asesinaron a un familiar cercano de Darwin Antonio Rivas Garcías.
Fuentes policiales señalaron que el familiar de Rivas Garcías asesinado era su tío, quien además tenía elevada jerarquía en la banda. Este crimen fue el detonante de un nuevo capítulo en la guerra con “Los Cáscaras” y “El Cagón”. Pero como se sabía poco acerca de los autores del hecho, por unos meses la situación pareció calmarse.
A finales de enero Rivas Garcías logró confirmar la identidad del presunto asesino y ordenó que lo buscaran, se trataba de uno de los hijos de Jesús Enrique Rincón Maduro.
El primer paso que dieron los integrantes de la banda “El Cagón” fue secuestrar a Jesús Enrique Rincón Maduro y a otro familiar. Luego de torturarlos y asesinar a Rincón Maduro, el rehén sobreviviente delató la ubicación de la persona a quien buscaban, quien había huido a Caracas.
El problema es que el integrante de la banda «Los Cáscaras» había viajado junto a varios familiares y amigos quienes buscaban mejorar sus condiciones de vida en Caracas.
Rivas Garcías envió a un grupo con una orden: Ejecutar a su enemigo. Los sujetos viajaron con el rehén quien los llevó hasta la puerta de una vivienda ubicada en la calle Cajigal de El Valle.
Los sicarios llegaron en horas de la noche, esperaron hasta la madrugada para entrar a la vivienda, rápidamente dominaron a los cuatro hombres que estaban en la casa y al que se habían traído de Trujillo, los amordazaron, amarraron de pies y manos y los asesinaron. Todos recibieron disparos en la cabeza. La venganza estaba consumada, luego regresaron a Santa Isabel, en el estado Trujillo.
Difícil de capturar
Al ser consultadas autoridades policiales sobre el porqué no ha sido desarticulada esta organización criminal, funcionarios señalaron que la banda se ha valido de su conocimiento de la zona para evadir la acción policial.
“Viven en barriadas que tienen controladas y donde les informan de cualquier acción policial lo que les permite huir antes de que lleguemos hasta donde se esconden. No permanecen mucho tiempo en una misma casa, además se resguardan en zonas boscosas alejadas de los poblados. Tienen guaridas en ciudades como Barquisimeto, han sabido evadir la inteligencia policial».
Además esta organización ha “marcado su territorio” durante los últimos años, estableciendo un reino del terror que le permite actuar impunemente. “Quienes se han atrevido a denunciarlos o a enfrentarlos han sido asesinados, lo que ha llevado a los habitantes a evitar hablar sobre ellos”, indicó finalmente un funcionario policial, quien pidió que su identidad fuese mantenida en reserva.
La sexta subasta a través del Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM), fue convocada para el martes 4 de julio, de acuerdo con la información dada a conocer por el Banco Central de Venezuela, a través del Comité de Subastas.
La apertura de la subasta se realizó este jueves 29 de junio, y el cierre se realizará el viernes 30 a las 4:00 de la tarde, indicando que el rango de la banda móvil definido por el directorio del instituto emisor, tendrá como límite superior 2.970 Bs/$, mientras que el límite inferior será de 2.310 Bs/$. El mínimo de la postura para las Personas Naturales es de 50 dólares, en tanto para las personas jurídicas, será de 1.000 dólares.
La adjudicación se hará el 4 de julio a partir de las 8:00 am , y se advierte a los participantes que es indispensable mantener los fondos disponibles, así como la comisión bancaria de 0,25% cuando se trata de postura de demanda de divisas para la fecha y hora indicada. En caso contrario, será rechazada la postura y suspendido para participar en el sistema de subasta por treinta días.
La publicación de los resultados se hará el 6 de julio y la liquidación se hará el 7 de julio.
En los casos en que la postura de demanda de divisas se encuentre por debajo del Tipo de Cambio resultante de esta subasta, quedará excluida de la misma.
En consecuencia, su postura no aparecerá en ningún listado, porque la misma no calificó para participar.
El Comité resaltó lo previsto en el artículo 9 del Convenio cambiario N° 38 que reza: “Las personas naturales, podrán adquirir durante cada trimestre calendario un monto máximo de 500 USD y las personas jurídicas podrán adquirir mensualmente el equivalente al 30% del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el Impuesto Sobre La Renta en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, hasta un monto máximo equivalente de 400.000 USD”.
La última incursión del Ejército en las minas del sur del estado Bolívar le pone el punto final al primer mes del año, marcado por una agudización de la violencia minera. Su capítulo más reciente se escribió este martes, cuando pistoleros abrieron fuego contra un grupo de militares que ingresaron a la mina El Perú, en el municipio El Callao. El enfrentamiento dejó muertos a tres hombres de identidad desconocida, pero conocidos en el sector por los apodos de el Mono, el Cher y la Tortuga.
Tres muertos dejó la más reciente irrupción del Ejército contra grupos armados en mina de El Callao.
El hecho ocurrió este martes, cuando más de 15 funcionarios del Ejército Venezolano Bolivariano ingresaron al sector minero de El Perú, municipio El Callao, la mañana de este martes. Según fuentes oficiales desde una zona boscosa varios sujetos empezaron a dispararles, acción que llevó a los castrenses a responder el ataque.
Durante varios minutos hubo un fuego cruzado entre los malhechores y los funcionarios, que terminó con tres sujetos heridos. Los individuos fueron llevados hasta el Hospital Juan Germán Roscio, en la población de El Callao, al sur del estado Bolívar, donde fallecieron luego de su ingreso.
Los pistoleros no contaban con documentos de identidad; pero son conocidos por los organismos de seguridad con los apodos de el Mono, el Cher y la Tortuga.
Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recolectaron en la escena dos pistolas Glock: una modelo 26 y otra 19, calibre 9 milímetros. También una escopeta doble cañón calibre 16, sin marca, ni serial aparente, así como tres balas marca II, una bale Cavim, calibre 9 milímetros.
Esta es la tercera incursión del Ejército en esa mina en lo que va de año. En el primer caso hubo un fallecido. El hombre fue identificado como Alberto Durán, de 25 años, y era apodado el Pato, según organismos de seguridad era uno de los líderes de la banda que controla el sector Nacupay.
Este miércoles fueron localizados seis cadáveres a tempranas horas de la mañana en la calle diez de la parroquia El Valle.
De las investigaciones realizadas hasta el momento, se conoció que los occisos pertenecían a una banda de la Calle N° 12. Entre tanto las bandas de las calles 8, 13, 15 y 16 se unieron para realizarle los que ellos denominan un cambio de gobierno, lo que produjo el sextuple homicidio.
De acuerdo a los datos recabados de manera preliminar, algunos de los cadáveres fueron identificados como: Omar Caldera, Darwin Vásquez, Wilder Gutiérrez, Brayan Siso y Yoiner Caldera.
Se conoció que cinco de los cuerpos quedaron en la vía pública mientras que el otro fue localizado en el interior de una vivienda. Autoridades realizan las pesquisas para determinar el móvil del hecho, aunque la investigación apunta a un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
6 muertos en El Valle tras enfrentamiento entre bandas, resultado de un enfrentamiento en el sector pic.twitter.com/hcr5b2VBXo
En un video exclusivo para Runrun.es, una residente de Ciudad Caribia contó detalles de la OLP que se realizó en pasado 30 de junio en ese urbanismo. Revela que colectivos de Pérez Bonalde coordinaron la operación de intervención “policial”. Marcaron a sus víctimas días antes, usando como excusa los Clap. Luego entraron a sus viviendas y las ejecutaron
Para la elaboración de este reportaje se evaluó el comportamiento del delito durante un año de OLP en la Cota 905, El Cementerio y El Valle. Se contabilizaron los homicidios ocurridos entre el 13 de julio de 2015 y el 13 de julio de 2016. Las estadísticas muestran que 62,9% de las muertes se atribuyen a casos de violencia policial (ejecuciones extrajudiciales, presuntos enfrentamientos con delincuentes y OLP)
El análisis con expertos y la información sobre otros delitos permitió concluir que estos operativos no redujeron la criminalidad en estas tres “zonas de paz”. Un estudio elaborado por la ONG Provea muestra cómo la OLP en su nueva fase cambió su objetivo, que era el abordaje del problema de la inseguridad, y se convirtió en un “ejército de ocupación”, con la finalidad de recuperar territorios, mantener un control social y reprimir
@ronnarisquez @loremelendez @Angelicalugob
Infografía: Jessica Aharonov
Videos: Orlando Zamora
LAS GOTAS DE SANGRE DERRAMADA por Johan Pérez todavía se ven secas en el suelo de uno de los pasillos del edificio 12, de la Terraza C de Ciudad Caribia. En el número 14, la entrada de la residencia donde vivió y murió Joel Pérez, exhibe los signos de haber sido forzada. En el edificio 25 de la Terraza B, la puerta de la casa donde cayeron los hermanos Anthony y Julio López tiene las marcas de tres disparos. Son rastros de que en el urbanismo hubo una Operación de Liberación del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF) el pasado 30 de junio que dejó siete muertos y 10 detenidos.
La historia de estas muertes no comenzó aquella madrugada sino cinco días antes, el sábado 25 de junio. A las 2:00 de la tarde se resquebrajó el silencio de la ciudad socialista que Hugo Chávez ideó en el Camino de los Indios, a 2,5 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira. Decenas de motocicletas y camiones con más de 100 hombres y mujeres armados, con camisetas oscuras y pantalones militares arribaron al terreno, que el fallecido presidente quiso convertir en “comuna” luego de verlo desde un helicóptero. Eran los miembros de varios colectivos que hacen vida en Catia, específicamente en las adyacencias de la estación de Metro de Pérez Bonalde.La visita había llegado con tres anuncios.
El primero fue recibido con aplausos: Proponían organizar los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), creados recientemente por el Gobierno, para distribuir las bolsas de alimentos de la cesta básica en la zona. “La gente salió mayormente a apoyar eso, porque hablaban siempre de la comida y la comida”, contó un testigo que pidió la protección de su identidad. Ante la escasez de alimentos, cualquier método de abastecimiento es popular.
El segundo propósito vociferado era vengar la muerte de su camarada, miembro del colectivo, Omar José Molina Marín, de 38 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en abril pasado en una zona boscosa en la entrada de Ciudad Caribia. Molina era coordinador local y operador del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), presidente del Colectivo Lautaro y vocero comunal. Había sido precandidato del PSUV a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Distrito Capital.
Honor y gloria a Omar Molina, joven dirigente del PSUV en Ciudad Caribia, asesinado hoy. Justicia! pic.twitter.com/M1nTNvjntO
Con el tercer anuncio se silenciaron los apoyos efusivos: los colectivos querían acabar con “los sindicalistas” que tenían bajo su control las obras de construcción del sector. Pero esos “sindicalistas” también son habitantes de Ciudad Caribia y de pronto los rostros de varios vecinos, supuestamente vinculados a actividades delictivas, fueron mostrados a todos los presentes través de una proyección con video beam en la plaza Hugo Chávez del complejo.
Los señalaban como paramilitares, vendedores de droga, gariteros, y en el mismo grupo metieron a Ana Cedeño, sub-directora de la escuela Bicentenaria Samuel Robinson y vocera del consejo comunal “Un sueño en revolución”, y a Margarita Fórnica, otra vocera comunal y trabajadora del Liceo Gran Cacique Guaicaipuro. “Cuando comenzaron con eso, la gente se fue retirando poco a poco”, aseguró la fuente. Los colectivos permanecieron allí hasta después de las 8:00 pm.
El domingo, 26 de junio, otro grupo de hombres armados, con uniforme militar, visitó el lugar. Eran funcionarios de la GNB. Dicen que fue Fórnica, quien mantiene contactos con el gobierno, la que pidió el apoyo de la Guardia Nacional para que hiciera requisas ese domingo y, a su vez, protegiera a los vecinos que no tenían nada que ver con los del sindicato. “Ellos (la GNB) tenían frenados a los colectivos ese día, porque querían subir otra vez pero no los dejaron”, apuntó el testigo.Muchos de los señalados en la proyección se fueron de Ciudad Caribia esa misma noche. Otros se quedaron porque no tenían nada que temer.
El lunes todo volvió a la “normalidad”, aunque comenzaron a correr rumores y la versión de que alias “Pata’e clavo”, uno de lo líderes del colectivo Pérez Bonalde en Ciudad caribia, había jurado que la OLP colocaría en sus pies las cabezas de los supuestos delincuentes
“Llegó la muerte mamá, esos colectivos son la muerte”
Pero la tranquilidad se esfumó en la madrugada del jueves 30 de junio, cuando grupos armados irrumpieron a las 4:00 am en el urbanismo y tomaron los edificios construidos por la Misión Vivienda. “Todo eso se veía negrito. Tenían sueter y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y la cara tapadas con pasamontañas. Venían en esos jeep blancos como los que tiene el Cicpc y camionetas oscuras, de esas destapadas atrás. También había motos de la Guardia Nacional y otras camionetas que decían Sebin”, contó una de las vecinas que observaba escondida desde su ventana.
Foto: MRIJP
Su hijo adolescente le advirtió aterrorizado: “¡Llegó la muerte mamá! Esos colectivos son la muerte”. Casi de inmediato los vecinos reconocieron, en el grupo de hombres armados y encapuchados, a varios de los miembros de los colectivos de Pérez Bonalde que habían estado el sábado en el urbanismo.
Con la advertencia de que se trataba de una OLP, estos hombres armados encabezaron el recorrido y la revisión de todas las terrazas del complejo, en compañía de funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecutan la OLP -Policía Nacional (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Guardia Nacional (GNB)-.Nadie podía salir ni entrar del sitio. Los relatos de los habitantes del urbanismo reconstruyen escenas en donde se combinan los allanamientos ilegales “por orden de Nicolás Maduro”, los maltratos y abusos policiales, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.
Una testigo cuenta en exclusiva para Runrun.es cómo los colectivos actuaron los colectivos con el apoyo de la OLP.
Alrededor de las 5:00 am, uniformados y colectivos estaban en la Terraza B, donde murieron Rodolfo Manrique y los hermanos Julio César y Anthony López. En la casa del primero, detalló un vecino, golpearon la puerta asegurando que se trataba de una OLP. Cuando la familia abrió, los encapuchados ingresaron y sacaron de su cuarto a Manrique, obrero de la construcción, quien estaba dormido. “Nos dijeron que se lo iban a llevar al Helicoide, pero cuando lo buscamos ahí, nos informaron que nunca había ingresado”, contó un pariente del hombre. En horas de la tarde, hallaron su cuerpo en la morgue del Hospital Periférico de Catia con un disparo en el pecho.
“Ahora uno siente miedo de cualquier uniformado, nos da terror que vuelvan a Ciudad Caribia, porque además de policías había colectivos y malandros”, aseveró otro testigo que declaró con la condición de que no se revelara su identidad. Aunque la mayoría lo vivió, prefieren decir que ese día no estaban allí. Nadie quiere hablar de ello y quien lo hace, lo hace con miedo.
El caso de los hermanos López es uno de los más comentados. “A esa mamá le mataron a sus dos hijos en su propia casa. Imagínese eso, ella no tiene a más nadie”, comentó un vecino. Anthony, de 25 años de edad, trabajaba como buhonero en Catia, mientras que Julio César, de 19 años, estudiaba bachillerato por parasistemas. Fue su madre quien abrió la puerta a las 5:00 am tras el anuncio de una OLP. La apuntaron con un arma. Al cabo de un rato, la sacaron de casa y la alejaron del sitio. Minutos más tarde, se escucharon varias detonaciones. El charco de sangre quedó en la sala. Los cuerpos de los muchachos los envolvieron en sábanas y lo tiraron en una camioneta pick up, que fue de parcela en parcela recogiendo los cadáveres. “Esa gente disparó hasta después de matarlos. Se pusieron a echarle tiros a la pared y a la puerta para que pareciera un enfrentamiento”, comentó un conocido de la familia.
Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comisiones del Cicpc llegaron al lugar para realizar las experticias de rigor. En la Terraza C cayeron Joel Pérez y Johan Pérez, quien es señalado como líder de la banda “Los sindicalistas”. La entrada del edificio 14, donde vivía el primero, fue violentada. El portón de rejas rojas por el que se accede a este, descansaba días después sobre una pared luego de haber sido arrancado. Vecinos afirmaron que llegaron directamente a su casa a buscarlo. Allí adentro lo mataron.Johan Pérez trató de escapar de los hombres armados, pero no lo logró. A escasos metros de la entrada de su casa se veían, días después, las gotas de sangre que derramó en la huida infructuosa.
“Si tú ves que viene un encapuchado, entra a una casa y mata a una persona, tú no puedes estar tranquilo”, indicó un habitante de Ciudad Caribia a quien le revisaron la vivienda. “Me dijeron que me quedara tranquilo y que tenía que colaborar. Yo estaba desayunando y esa gente entró a todos los cuartos y al ratico salió. Estaban buscando a Johan”, acotó un testigo.La lista de decesos difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz incluye a Jordán Pérez Castillo y Ricardo Fabián Cruz Cardona, pero no a Julio César López. Las fotos de todos los que murieron habían salido en la proyección hecha por los colectivos el sábado anterior.
En la Terraza B también hubo varias detenciones. En el edificio 11 sacaron de la casa a todos los hombres y los arrodillaron en los pasillos. A varios los golpearon y los llevaron en un camión al Sebin. “A mi nieto de 14 años, que es un menor de edad, lo levantaron de su cama y lo apresaron con la excusa de que era un vendedor de droga y que tenía una pistola. ¡Cómo van a hacer eso! Yo vi lo que pasó y él no tenía nada de eso. Todo fue un abuso, Maduro va a terminar matando a los hijos de uno”, contó indignado un habitante de Ciudad Caribia. A su nieto lo liberaron al día siguiente.
Con esa misma suerte no corrió Italiani Muzzo, un chófer que fue detenido en el procedimiento. Luego de haber sido llevado a El Helicoide, permaneció encerrado en un camión en La Yaguara, «secuestrado» por funcionarios policiales que le exigían a su familia el pago de un rescate para dejarlo en libertad. Ahora está en los calabozos de la PNB en San Agustín. Su rostro, aseguró un testigo, fue mostrado en la proyección de video beam. “A ese no lo mataron porque la familia no lo dejó y porque tenía a su hija cargada. Ahora, los policías le están pidiendo 400 mil bolívares para liberarlo y le aseguraron que en cualquier momento regresaban para hacerle daño a la esposa y a los niños si no les pagaba. Pero esa gente no tiene nada”, relató.
Un gringo en manos de paramilitares de Pérez Bonalde
En el edificio 12 fue detenido Jhosua Anthony Hold (24) y su esposa Tamara Belén Caleño (25). El primero, es un ciudadano estadounidense que había venido al país para casarse, tenía menos de un mes en Venezuela. Esperaba que a Caleño, recepcionista del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), le entregaran los documentos necesarios para que se residenciara con él en Estados Unidos.
Una nota de prensa del Ministerio Público señala que el día de la OLP, los funcionarios ingresaron a su casa tras observar una “actitud sospechosa”. En el apartamento supuestamente consiguieron un fusil AK-47 y un facsímil de granada. A ambos los dejaron detenidos en el Sebin de El Helicoide por porte ilícito de armas de guerra.“Eso se lo sembraron, estoy segura. Conozco a Tamara y ella no tenía eso en su casa”, sentenció una vecina de la Terraza A que conocía a la joven detenida.
Tanto Hold como Caleño pertenecen a la iglesia mormona de los Santos de los Últimos Días. Aunque fueron detenidos el jueves 30 de junio, no fue sino hasta el viernes 8 de julio -una semana después- cuando se conoció la noticia de que habían sido imputados y privados de libertad. Versiones extraoficiales señalan que el estadounidense permaneció en Sebin sin ser presentado en tribunales, mientras era extorsionado. Como no pagó por su libertad, lo dejaron preso.
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Dos semanas después de aquella OLP, pocos quieren hablar de lo sucedido. Los familiares de muchas de las víctimas trabajan en instituciones del Gobierno establecidas en el mismo urbanismo, y en estos tiempos es mejor cerrar la boca y aguantar el llanto para no perder el empleo.
Además en Ciudad Caribia viven ahora varios miembros de los colectivos que ese 30 de junio estaban junto a los policías. Uno de ellos, descrito como un hombre lleno de tatuajes, se mudó dos semanas antes de los hechos a un apartamento que le quitaron a una pareja con cuatro niñas en una OLP anterior. El nuevo «propietario» entró y se apoderó del lugar supuestamente con una “orden presidencial”, afirmó un vecino.
“Ahorita está tranquilo, pero en las noches esto es horrible porque esta gente sale (los colectivos) y se pone a merodear por ahí. Son esa gente que vive así, por vivir, y viven feo. Entonces, lo que uno hace es encerrarse. Esa gente lo que quiere es apropiarse de las construcciones, de las obras”, apuntó un habitante.
Dos hombres que esperan al autobús de la única ruta que los saca de Ciudad Caribia, añaden que la mayoría de los muertos eran “los malandros del sindicato”, quienes cometían secuestros, robos y controlaban no sólo las obras, sino también la venta de estupefacientes. “Pero las cosas no se hacen así. No pueden venir aquí a matar a la gente, porque ellos tenían derecho a defenderse. Esos son los derechos humanos. Además, ahí también murieron inocentes. Y fueron muchos más de los que dicen los periódicos, porque ahí murieron más de 20 personas y otras están desaparecidas”, recalcó uno de los habitantes de la que sería la “comuna” soñada por Chávez.
En Ciudad Caribia también queda una dependencia del Ministerio Público. Una inscripción en la fachada dice: Fiscalía 162° de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Unidad de Atención a la Víctima. El equipo de Runrun.es, que visitó el urbanismo, intentó conversar con los fiscales de esa oficina acerca de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos sin orden judicial y la participación de colectivos en la OLP-NF del 30 de junio. Pero uno de los funcionarios dijo que allí “no trataban esos casos” y se negó a responder qué tipo de casos trabajaban entonces. En la parte baja de la puerta del edificio también se lee la consigna: “¡No a la impunidad!”…
… Esta historia continuó y el jueves 14 de julio, una OLP sorprendió a los habitantes del Observatorio en el 23 de Enero. Según testigos, también allí los colectivos dirigieron a los cuerpos policiales en el procedimiento que acabó con la vida de 5 presuntos delincuentes.
A un año de la OLP, la actividad del crimen organizado sigue casi intacta en la Cota 905, El Valle y El Cementerio. El tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros y los homicidios no solo se mantiene en esta “zona de paz”, sino que algunos de estos delitos han evolucionado hacia sofisticadas prácticas.
En el caso de los homicidios,Runrun.es recopiló la data de un año de asesinatos -desde que inició la OLP- en los tres sectores y la violencia policial domina las estadísticas. Más de 62,9% de las víctimas son presuntos delincuentes que murieron a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: en supuestos enfrentamientos con las autoridades, ejecuciones extrajudiciales y en el marco de la OLP.
Las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y simulación de enfrentamientos por parte de funcionarios policiales fueron comunes en muchas de las muertes, especialmente a las cometidas dentro de la OLP. Sobre este punto el abogado y criminólogo, Keymer Ávila afirma: “El efecto de toda esa violencia institucional es el aumento de la violencia social general e incluso la que opera en contra de los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad. Así podemos apreciar como las muertes de policías no disminuyeron”.
Ávila está convencido de que los resultados de la OLP no son exitosos. “Ante la pregunta sencilla: ‘¿Disminuyó la violencia delictiva en el país?’. Lamentablemente la respuesta es no. Las OLP solo contribuyeron a su aumento. Este tipo de operativos incrementa tanto los delitos violentos cometidos por los propios cuerpos de seguridad, así como los de la sociedad en general. En 2015 aumentaron 53% las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, en comparación con 2014”.
La data trabajada por Runrun.es tmabién refleja que 19% de las personas murieron a manos del hampa y 5% de los fallecidos son funcionarios policiales. Además el mes de abril de 2016 fue el más violento de la medición, con 32 casos; seguido por diciembre de 2015, con 26 casos y septiembre de 2015, con 24 muertes violentas. Si bien no hay una comparación con los homicidios ocurridos antes de la OLP de julio de 2015, sí se puede establecer que desde ese mes, solo junio de este año, con 9 casos, muestra una reducción significativa en las cifras. Contradictoriamente ha sido el mes con más homicidios este año en Caracas: 500 casos.
No solo se mantiene una escandalosa cantidad de homicidios, más allá de los números están las características de muchos de estos crímenes. Cuando se trata de una venganza, las bandas se ensañan con sus víctimas. No basta con darle varios tiros, quemar, descuartizar y torturar forman parte del nuevo ritual del asesinato.Cuando el objetivo es funcionario de los cuerpos de seguridad, y específicamente policía, la crueldad es aún mayor. Y en ocasiones la sangre del policía no es suficiente, así que los delincuentes van por sus hijos o por sus familiares. En marzo de este año se reportó el asesinato del jefe de la brigada Motorizada de Policaracas, Larry Morillo, junto a su hijo Yonaiker Morillo. Ambos cuerpos fueron quemados por sus victimarios.
También en marzo alias “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, muertos posteriormente en supuestos enfrentamientos con la policía, armaron un ejército de más de 150 hombres y atacaron a los líderes de una banda rival en El Valle. Este hecho dejó 9 muertos, y dio inicio a un “toque de queda” impuesto por el hampa a los habitantes de las 3 zonas y la avenida Nueva Granada.
Pero el homicidio no es el único que delito que sirve como indicador de que no hubo una reducción de la criminalidad en la zona donde nació la OLP. Se calcula, con base a cifras extraoficiales del Cicpc, que 25% de los secuestro denunciados en Caracas en 2015 fueron cometidos por bandas que operan en el eje Cota 905-El Cementerio-El Valle-La Vega. Esto equivale a 58 plagios conocidos por las autoridades, pues solo uno de cada 10 secuestros es denunciado en el país. El mismo registro indica que entre agosto y noviembre -inmediatamente después del inicio de la OLP- se conocieron 12 casos de víctimas que estuvieron en cautiverio en esas zonas, entre ellas la hijastra del jefe de Interpol Venezuela, comisario Ramón Silva Torcat.
Este año, si bien las bandas de la zona han estado de bajo perfil, se afianzó el cobro de rescates en dólares, que iniciaron las organizaciones de plagiarios de la zona el año pasado. En un operativo “que se llevó a cabo en la Cota 905 desde la madrugada del martes 3 de abril… los funcionarios incautaron 5 armas, 80 gramos de drogas y 250 mil dólares en efectivo”, refiere una información difundida por el Ministerio de Relaciones Interiores.
Las bandas de la Cota 905 y El Cementerio también son las creadoras de la “tercerización del secuestro”. Estos grupos de delincuencia organizada contratan personas solo para que se ocupen de capturar a las víctimas. “Forman diariamente tres o cuatro grupos de secuestradores, integrados por 4 o 5 personas cada uno. Todas estas personas reciben 1.000 dólares de pago. Cada grupo asume el compromiso de llevar entre 3 y 5 secuestrados por día”, explica un experto en la investigación de secuestros. Posteriormente las víctimas son entregadas a la organización delictiva que se encarga de cobrar el rescate, con montos que van desde los 5.000 dólares.
El experto asegura que a pesar de la muerte de “El Lucifer” -quien lideraba una de las bandas más poderosas de la zona- los secuestros en se han incrementado en ese eje, así como también crecieron en el país 166% en el primer semestre de 2016, según cifras extraoficiales del Cicpc. Afirma que, al menos, hasta junio continuaba operando un grupo de secuestradores en El Cementerio.
El cobro de vacuna o extorsión es otro de los delitos que se ha consolidado en esta zonas. Los comerciantes y transportistas son obligados por los delincuentes a pagar un peaje para poder ejercer su actividad. “Los gariteros son quienes cobran las vacunas en El Valle, Cota 905 y El Cementerio. Por lo general lo hacen los viernes en la mañana. Por ejemplo, a una panadería en El Cementerio le cobran 40 mil bolívares semanales. A un comercio pequeño le cobran 5 mil bolívares semanales y en otros establecimientos la vacuna oscila entre 10 y 15 mil bolívares”, detalló un vecino del sector.
También se mantienen operando las bandas de robo de vehículo y el principal negocio de estas organizaciones criminales sigue siendo el tráfico de drogas. En opinión del ex director del Cicpc, “las medidas coyunturales y puntuales como las OLP no son suficiente para combatir la criminalidad. No se puede combatir la violencia con violencia. Son necesarias políticas que educativas y de atención social”.
En una intervención reciente en un foro sobre inseguridad organizado por el grupo Últimas Noticias, el psicólogo y jefe de la Cátedra de Criminología de la UCV, Andrés Antillano, aseguró que durante la implementación de OLP aumentó la violencia policial y aumentó la violencia social en el país. “Estas prácticas incrementan la violencia y en particular las violencia contra los más pobres. Mientras más abatidos, pareciera ser el mensaje, mejor”.
Afirmó, con base a las cifras oficiales de homicidios clasificados como resistencia a la autoridad y presunta averiguación muerte, que “se trata de una lógica bélica de exterminio. Solo en la guerra un objetivo puede ser puede ser la muerte de un adversario. No es la seguridad ciudadana el mejor escenario para pensar en términos bélicos”.
El experto agregó que: “Estas políticas de mano dura lejos de reducir los homicidios los han aumentado. Se relaciona el aumento de los homicidios con el aumento de la violencia policial”. Y señaló que en 2015, 15% de los homicidios están atribuidos a la intervención de policías o militares.
“Sensación de seguridad” en el corredor de la muerte
El legado de los difuntos ex cabecillas de las bandas que operan en el eje Cota 905, El Valle y El Cementerio se mantiene sigiloso en los barrios de los tres sectores populares, que a inicios de 2015 se consolidaron como “zona de paz”, gracias a la intervención del ex viceministro de Relaciones Interiores, José Vicente Rangel Ávalos,y luego de un pacto de no agresión que hicieron los delincuentes para enfrentar a la policía, desplazarse por sus territorios con libertad y proteger su negocio: el comercio de droga.
Pero el acuerdo de “paz” empezó a debilitarse en marzo de este año. Una guerra entre delincuentes dejó 9 muertos, entre ellos “Franklin el menor”, uno de los cabecillas del grupo del barrio El 70 en El Valle. Posteriormente sus verdugos y adversarios, “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, cayeron en procedimientos policiales. Con la desaparición física de los principales jefes de bandas de la zona y la llegada de la OLP-NF, el 10 de mayo, comenzó a cambiar la rutina el en “corredor de la muerte”, como bautizó el ex diputado oficialista Freddy Bernal a este eje.
Los grupos delictivos han asumido una conducta bajo perfil para resguardarse. Dejaron de comunicarse a través de los radios portátiles -que siempre llevaban consigo- poco después de la primera OLP. Suponían que la policía los escuchaba por una de las frecuencias y así los ubicaba. Con la nueva fase del operativo, los vecinos aseguran que no se ha visto más a los jóvenes “gariteros”, que por lo general pasaban el tiempo en cibers y en puntos estratégicos para informarle a los líderes de las bandas cómo es el movimiento en la zona.
Los cambios de luces que debían hacer los conductores de jeeps y vecinos con sus vehículos, para identificarse cuando subían al barrio, ya no son necesarios. Los recorridos en motos por las noches, tampoco se han repetido. Estas “normas” impuestas por las bandas, al menos por ahora, dejaron de ser rutina en el barrio. Los vecinos se sienten más tranquilos porque los policías en esta nueva etapa están de manera permanente en la zona.
Una mujer que administra una Bodeguita de La Patria en la misma zona, relató que desde que inició la segunda fase de la OLP, los miembros de las bandas ya no se desplazan libremente por el barrio. “Como la policía ahora está aquí, ya no se ve a los malandros por ahí”, dijo. Pero como los delincuentes también comen, la condición de resguardo no les impide acceder a los “beneficios” de los Clap. “Ahora encargan sus bolsas y las mandan a buscar”, con el respectivo pago, aclara la dependiente.
“Sentimos temor, no lo podemos negar, de que se sigan desarrollando enfrentamientos entre delincuentes y policías. Pero estamos más tranquilos. Por primera vez sentimos que hay ley en el barrio. Ya no se escuchan tantos tiroteos y los delincuentes no se muestran sobrados al frente de nuestras narices”, explicó un vecino de la calle 2 de Los Jardines de El Valle.
Una residente del sector Los Laureles de la Cota 905 que dice sentirse más tranquila explicó: “Los policías han instalado unas especies de comisarías en algunas viviendas que fueron abandonadas por familias desplazadas por el hampa, como por ejemplo, casas en las que vivían funcionarios policiales amenazados por delincuentes. En estos espacios los policías hacen sus guardias y a las 6:00 de la mañana cambian el turno con otros compañeros”.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, explica que con la OLP se han dado tres tipos de desplazamientos urbanos: Familias desplazadas por delincuentes, familias desplazadas por policías y policías desplazados por delincuentes. «Ha sido un fenómeno silencioso y no atendido por el Estado. En este momento conocemos 12 casos», dijo.
Aunque “Lucifer” -delincuente que impuso el toque de queda a comerciantes y vecinos del eje Cota 905, El Valle y El Cementerio- está muerto, su “ley” sigue viva: desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana el tránsito por las calles de estos sectores es prácticamente nulo. No es fácil vencer el miedo.
Una pareja de esposos que vive en el barrio Primero de Mayo de El Cementerio también confirma que el barrio está más tranquilo. Sin embargo, ambos tienen claro cómo se ha consolidado la nueva fase de la OLP. Explican que los funcionarios de los cuerpos de seguridad se apoyan en información que les dan algunos vecinos para identificar a los delincuentes. Pero además advierten la presencia de nuevos actores: los colectivos.
Estas organizaciones paramilitares -que operaban en algunas parroquias del oeste de Caracas- ahora apoyan, participan y hasta lideran en el plan de seguridad ciudadana. “Estos grupos están volviendo a tener control, luego de la segunda fase de la OLP, pues en 2015 tanto ellos (los colectivos) como la policía habían perdido terreno debido al pacto de paz entre las bandas”, dijo un vecino de El Cementerio.
El lunes 11 de julio a las 11:30 de la noche vecinos del sector vieron cómo seis hombres encapuchados, con armas largas se llevaron a la fuerza a dos adolescentes, que supuestamente tienen vínculos con bandas del sector. Un tercer joven logró escapar porque los hombres le dijeron que corriera por su vida. Una versión extraoficial refiere que quienes se llevaron a los menores de edad son integrantes del colectivo Divino Niño, que opera en el barrio Los Sin Techo.
Además de la llegada de los colectivos, el “fantasma” de las bandas sigue en el sector. Testimonios de vecinos refieren que está circulando un mensaje amenazante de los nuevos líderes de grupos delictivos: “Las familias sapas que nos han vendido con la policía nos la van a pagar”. La advertencia ha sido difundida en cadenas enviadas por mensajes de texto y de whatsapp, pero también de boca en boca entre los lugareños.
El asesinato de la líder de la UBCH, Elizabeth Aguilera, de 43 años de edad, el 28 de junio confirmó que los delincuentes “no están jugando carrito”. La mujer fue atacada a tiros y posteriormente quemaron su cadáver, en venganza por presuntamente darle información a la policía. La OLP-NF en esta “zona de paz” parece ser solo una “sensación de seguridad”.
El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, considera que las OLP no son una política acertada para pacificar a la sociedad. “violencia trae violencia”, precisa al referirse a la segunda fase de este plan de seguridad: “Era evidente que los delincuentes iban a tomar represalias con los vecinos porque los funcionarios están incursionando en los barrios como los militares, en una acción de invasión sin una previa labor de inteligencia en la zona y, ¿quiénes les dan información de los grupos criminales?, los habitantes del barrio”.
El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, no tiene la menor duda de que las OLP tienen aceptación en la sociedad, incluso aún más en los sectores populares en donde los cuerpos de seguridad las aplican.
“Este operativo tiene aceptación porque la gente en medio de la desesperación pide a gritos a la policía en el barrio y lo están cumpliendo. Eso es popular, pero muchos de estos funcionarios no tienen formación en Derechos Humanos y en muchos procedimientos han muerto inocentes. En Venezuela no hay pena de muerte”, advierte Cedeño.
Para el desarrollo de la segunda fase de la OLP, a juicio de Briceño León, es necesario que las autoridades ejecuten un programa de restauración social en la zona que baje el tono de violencia y de confrontación. “Por más que estos grupos de funcionarios, que por lo general no tienen la preparación para este tipo de operativos, se instalen en las zonas, no van a tener la capacidad para frenar la venganza de los grupos delictivos en contra de los vecinos”, precisó el sociólogo, quien considera que los ataques y asesinatos a policías por parte de criminales son una respuesta a operativos como las OLP.
Así mutó la OLP en su nueva fase: Represión y control social
Zapatero: Nuestro trabajo tiene que ser intentar dar vía de diálogo
A través del programa Valdimir a la 1, el expresidente español y mediador en el proceso de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, José Luís Rodríguez Zapatero conversó sobre la labor que realiza en pro de la paz.
Al respecto, declaró: “Nuestro trabajo tiene que ser de intentar dar esa vía de diálogo, la confianza tiene que ser dar la respuesta, que en mi opinión necesita la mayoría de los venezolanos, que es el dialogo y al resolución de los grandes problemas políticos, sociales e institucionales”.
“Tanto el Gobierno como la oposición desean lo mejor para este país, lo importante es Venezuela”, finalizó.
Sobre el rol de la OEA en el proceso de diálogo, Zapatero informó que comparecerá periódicamente para explicar cómo va el proceso.
En cuanto a las reuniones sostenidas con Diosdado Cabello y el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, el expresidente español manifestó que los dos están interesados en el diálogo.
“Diosdado Cabello expresó que él estaba dispuesto a ayudar, creo que fue positivo. En cuanto a Ramos Allup es una de las personas que más responsabilidad tiene en el dialogo”.
CNE revisará huellas entre los días 18 y 20 de julio
El Consejo Nacional Electoral anunció que entre los días 18 y 20 de julio revisará las huellas de las 407.622 personas que validaron su firma, informó el periodista Eugenio Martínez.
Vicente Bello, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, confirmó la información y agregó que el Poder Electoral podría informar los próximos pasos o fechas para continuar con el proceso de recolección de 20% de las firmas.
Destacó que el CNE se comprometió a anunciar este 26 de julio los resultados de la verificación de huellas para el referéndum revocatorio.
«En nuestra opinión ha transcurrido suficiente tiempo para validar las firmas entregadas y ratificar que la MUD cumplió con el requisito de 1%. No existe justificación que pueda ser utilizada por el CNE de no dar una respuesta”, aseveró. (El Nacional)
AN calcula en $24,4 mil millones el dinero desviado en el sector eléctrico
La Comisión Mixta Especial de la Asamblea Nacional, designada a mediados de febrero para estudiar la crisis del sector eléctrico nacional, esperó por tercera vez este miércoles a varios funcionarios del Ejecutivo Nacional con responsabilidades en el área, sin que hayan atendido las tres citaciones que se les han hecho.
Jorge Millán (PJ-Distrito Capital), presidente de la comisión, y el vicepresidente, Stalin González (UNT-Distrito Capital), lamentaron que los funcionarios «no le quieran dar la cara al país» sobre el destino de más de 39 mil millones de dólares asignados al sector para la generación eléctrica.
Estiman que de ese monto total, al menos 24 mil 467,34 millones de dólares habrían sido desviados en lugar de emplearse para elevar a 16 mil 391 megavatios que el país debería tener en generación eléctrica, ha dicho Millán.
Para hoy esperaban al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, a los exministros Jesse Chacón, Alí Rodríguez Araque, Rafael Ramírez Carreño, y a los exviceministros Nervis Villalobos, Javier Alvarado y María Gabriela González Urbaneja.
La comisión está integrada por ocho diputados de la MUD y tres del oficialismo y ha estudiado la emisión de contratos del Gobierno con empresas como las transnacionales Odebrecht y Duro Felguera, y la contratista venezolana Derwick Associates y Camc. (El Universal)
Arribaron al país 228 mil toneladas de materia prima para agroindustria
En lo que va de julio han arribado al puerto marítimo de Puerto Cabello, en Carabobo, 228.000 toneladas de materia prima que serán destinadas a la agroindustria informó el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres en entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
El titular de la Cartera Alimentaria precisó que arribaron al país 14 buques con rubros como maíz blanco y amarillo, torta de soya, arroz paddy, azúcar cruda, trigo panadero y trigo durum.
«228.000 toneladas descargándose y apenas estamos a 13 de julio, eso quiere decir que hemos iniciado un extraordinario mes», dijo Marco Torres.
Detalló que existen otros 5 buques fondeados en Puerto Cabello con más de 100.000 toneladas de materia prima que próximamente ingresarán a muelle. Refirió que al menos 80% de los rubros irán al sector privado.
«Estamos hablando de 320.000 toneladas solo en el mes de julio, lo que muestra que es un buen indicador para la agroindustria», señaló. (El Mundo)
Para Jesús Faría solo con Nicolás “se podrá superar la crisis”
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, aseguró este miércoles que la única forma de superar la crisis económica del país, es con el presidente Nicolás Maduro al frente del poder.
“Solo con la presencia del presidente Nicolás Maduro se podrá superar la crisis”, dijo en el programa Punto Crítico del canal del Estado.
Faría consideró que existe una ruptura dentro la oposición, que les impide generar alternativas para la solución de la crisis.
En ese sentido, afirmó que el Gobierno ha logrado unir a todos los actores: Estado, empresarios y trabajadores, “en función de solventar el desabastecimiento”. (La Patilla)
Más de 3 mil protestas se han registrado en 2016, según Ovcs
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) registró en el primer semestre de 2016 al menos 3.507 protestas lo que equivale a un promedio de 19 protestas diarias en todo el país.
Los datos se incluyen en un informe que difundió este miércoles la ONG en un comunicado en el que se informa, además, que en el primer semestre de 2016 se documentaron «416 saqueos o intentos de saqueo y continúan los actos violentos en contra de locales comerciales, abastos, supermercados y transportes».
«La represión y violencia en contra de manifestaciones por alimentos deja un saldo de al menos seis personas asesinadas», indica el reporte.
El escrito señala que las protestas observadas en los primeros seis meses del año demuestran que «Venezuela continúa inmersa en una espiral de conflictos sociales y políticos», así como presentaron un incremento de 24% con respecto al mismo lapso del año pasado.
«Al igual que las protestas documentadas en el primer semestre de 2015, en este lapso las personas tomaron las calles para exigir derechos económicos, sociales y culturales».
El Ovcs señala que 27% de las demandas de quienes protestan tienen que ver con el «rechazo a la escasez y desabastecimiento de alimentos», lo que equivale a 954 protestas, un promedio de cinco manifestaciones diarias. (Globovisión)
Desarticuladas 157 bandas criminales por la OLP en su primer año de acción
Un total de 157 bandas criminales paramilitarizadas fueron desarticuladas a través del Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que en su primer año contó con la actuación de 95 mil efectivos de seguridad, reseñó AVN.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, indicó que en ese tiempo se detuvieron 2.399 personas por su presunta vinculación con grupos delictivos, mediante 143 incursiones basadas en la más alta inteligencia social y policial.
“Nuestro reto será mantener, vigilar, proteger y defender los logros de este año de la OLP”, expresó el ministro, quien indicó que la estructura de este plan de seguridad se pone a disposición de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, lanzada esta semana. (La Patilla)
Venezuela envía a Almagro nota de protesta por «actuación fraudulenta»
El embajador por el país en la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, envió al secretario general, Luis Almagro, una «nota de protesta» por actuar de manera «desmedida, ilegítima, fraudulenta y desbordada» al «persistir en sus agresiones y ataques contra Venezuela».
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las opiniones manipuladas emitidas por usted en su condición de secretario general y por su secretario jurídico, persistiendo ilegítima y fraudulentamente en sus agresiones y ataques contra Venezuela», escribe el embajador en su misiva, con fecha del 11 de julio y a la que este miércoles tuvo acceso Efe.
«Usted y su equipo, en un intento desesperado por engañar a la opinión pública, vulneran permanentemente las normas procedimentales y fundacionales de la OEA y efectúan interpretaciones acomodaticias de la Carta Democrática Interamericana, alterando su espíritu, naturaleza y alcance».
El pasado 30 de junio, el responsable de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, defendió en una entrevista con Efe que la Carta Democrática ya se está aplicando a Venezuela y que el secretario general tiene no solo legitimidad sino también obligación de atender las crisis del continente. (Globovisión)
Boris Johnson será el ministro de Exteriores del Reino Unido
El exalcalde de Londres Boris Johnson fue nombrado este miércoles nuevo titular de Exteriores del Reino Unido por la primera ministra, Theresa May. El político conservador, abanderado del «Brexit» durante la campaña del referendo del 23 de junio, será el jefe de la diplomacia británica durante las negociaciones con Bruselas para abandonar la Unión Europea (UE), informó Efe.
Johnson, que durante meses fue uno de los principales nombres en las apuestas para sustituir a David Cameron como líder del Partido Conservador, renunció de forma inesperada a concurrir a las elecciones internas de los «tories».
El antiguo primer edil de la capital británica, por primera vez miembro del gabinete del Gobierno como ministro, sustituye al frente del Foreign Office a Philip Hammond, que fue designado por su parte nuevo titular de Economía. Al contrario que May y Hammond, que defendieron la permanencia en la UE en la campaña previa al plebiscito, Johnson rompió con la postura oficial del Ejecutivo de Cameron para promover la ruptura con Bruselas. (El Universal)
