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OVV Bolívar muestra preocupación por la violencia en las zonas mineras

EL OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA EN BOLÍVAR ve con preocupación la situación en las zonas mineras, donde ocurren constantes disputas que ponen en riesgo no sólo a los mineros artesanales, sino también a los habitantes de esa región al sur del país.

La coordinadora del OVV Bolívar, María Virginia Alarcón, informa que los mayores índices de violencia se concentran en la zona sur del estado con el registro de casos asociados con enfrentamientos entre grupos armados, en una lucha por el control del territorio donde se realiza la actividad minera. “Desde el año 2016 han ocurrido una docena de masacres vinculadas con la explotación de oro, masacres que han cobrado la vida de 107 personas”. La experta considera que “la situación reinante colida con los principios de legalidad y atenta con los derechos más fundamentales del ser humano”.

Las bandas armadas han tomado fuerza con el pasar de los años en las zonas mineras. Los mineros poco hablan del tema del pranato y el control que ejercen estos grupos por temor a represalias, pero admiten que “si el barranco está sacando cierta cantidad de oro, ellos se lo quitan a uno. También se les debe cancelar unos gramos semanalmente”.

“Esos grupos mantienen el control completo de la zona, señalan quién entra y quién sale (…) Las reglas las colocan ellos y deben ser acatadas. Quien se ‘come la luz’ puede hasta pagar con su vida”, agregan los trabajadores del oro.

Ejemplo de ello ocurrió hace unas semanas en el sector El Salto, Finlandia, en El Callao. Tres sujetos en garitas artesanales fallecieron tras, presuntamente, enfrentar a los más de 20 funcionarios policiales que entraron en la zona.

Según informaciones, las comisiones oficiales caminaron por más de una hora y media, en una zona montañosa, donde hallaron una fosa común en la cual había 14 cráneos y huesos humanos. Testigos informaron a los organismos policiales que los fallecidos eran personas asesinadas por estos grupos delictivos tras infringir algunas de las reglas establecidas por el “sindicato”, nombre que emplean los grupos hamponiles para referirse a las organizaciones que controlan el negocio.

Señala el OVV Bolívar que, aunado a esta situación, desde hace unas semanas los mineros han estado denunciando la presencia de exintegrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los yacimientos de oro del estado ubicado al sur del país, específicamente en el municipio Roscio-Guasipati y en Sifontes-Tumeremo.

Una fuente militar explicó que ya hay zonas en las cuales estos sujetos mantienen sus puntos de control. “Se les puede ver en la entrada del sector Hoja de Lata, Tumeremo, en Anacoco y San Martín de Turumbán. Usan pantalón de camuflaje, botas y camisa negra. No solo hay sujetos con acento colombiano, también indígenas; incluso tenemos conocimiento que ya esos grupos están reclutando venezolanos”.

Una creciente marea de asesinatos en Bolívar, por Bram Ebus

¿Qué ha pasado?

Una avalancha de asesinatos masivos está despertando preocupación internacional mientras la crisis política y económica del país continúa alimentado el éxodo migrante. El 14 de octubre, al menos siete mineros fueron asesinados en enfrentamientos entre facciones armadas no estatales cerca de Tumeremo, estado Bolívar, hacia la frontera con Guyana. Tres semanas después, el 4 de noviembre, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia emboscaron a una tropa de la Guardia Nacional venezolana, matando a tres e hiriendo a diez personas, en inmediaciones de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, cerca de la frontera con Colombia. Estos ataques se dieron en retaliación al arresto del comandante Luis Felipe Ortega Bernal, conocido como Garganta, por parte de la Guardia Nacional. Los dos incidentes se suman al creciente número de muertes violentas a lo largo del vasto “arco minero” venezolano, un área de 122 000 km. cuadrados en la cuenca sur del Río Orinoco.

Aunque los asesinatos en los estados Bolívar y Amazonas ocurrieron a cientos de kilómetros de distancia, muchos venezolanos los perciben como conectados, dado que ocurrieron en un área expuesta a intensas actividades de minería, legal e ilegal. Las muertes plantean grandes interrogantes sobre los efectos de la desintegración socioeconómica general de Venezuela en el sur escasamente poblado pero rico en minerales. También resaltan la creciente presencia de la guerrilla del ELN en estas regiones en un momento en que sus diálogos de paz con el gobierno colombiano se encuentran en un impase. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, poco después de asumir su cargo en agosto puso un alto a las ya vacilantes negociaciones con ésta guerrilla, que se estima cuenta con casi 2 000 combatientes en Colombia.

¿Qué está en juego en el sur de Venezuela?

Venezuela está situada en uno de los mayores (aunque aún no está certificado) depósitos de oro del mundo. También hay reservas prometedoras de coltán y diamantes, entre otros minerales escasos. Como se mostrará en un próximo informe de Crisis Group, la debacle económica del país ha llevado a varios actores armados, estatales y no estatales, a saquear sus recursos naturales, incitados por la desesperación de los venezolanos empobrecidos que ven pocas opciones además de dirigirse al sur y unirse al saqueo.

En 2016 el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto dirigido a crear un marco legal para la minería en el estado Bolívar (la ley venezolana prohíbe la minería en el estado Amazonas) con el fin de establecer una industria extractiva moderna y sustentable. En realidad, ninguna compañía experimentada opera en Bolívar o en otros lugares del arco minero. Las compañías y empresas estatales que operan en Bolívar consiguen la mayoría de sus minerales de minas controladas por bandas locales o combatientes del ELN. Miembros disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se oponen al acuerdo de paz que ese movimiento firmó en 2016 con el gobierno colombiano, están involucradas en operaciones de minería ilegal en Amazonas.

¿Por qué esto importa?

Venezuela está al borde de una de las contracciones económicas más agudas del mundo, marcada por la hiperinflación y escasez de bienes básicos. Sus ciudadanos están saliendo del país de forma masiva – unos tres millones desde 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones. La emigración a Colombia, junto con diferencias ideológicas y el giro autoritario del gobierno de Maduro, han generado tensiones entre Bogotá y Caracas. La actividad de grupos armados en el sur de Venezuela, en especial el cruce irregular de pasos fronterizos, probablemente alimente estas tensiones.

Muchas fuentes dicen que la guerrilla del ELN se ha tomado un número importante de minas controladas por sindicatos criminales venezolanos en 2018. Los enfrentamientos por el control de éstas han dejado un camino de muerte a lo largo del arco minero. Muchos asesinatos – incluso masacres – no son reportadas porque muchas ocurren en lugares remotos, generalmente habitadas por comunidades indígenas, con conexiones de transporte y telefónicas esporádicas o inexistentes. Esta gente teme hablar con extraños, aun cuando sus parientes desaparecen.

¿Cuál es el rol del gobierno venezolano en esta violencia?

Desde octubre de 2017, un nuevo gobernador en el estado Bolívar supuestamente se ha aliado con los sindicatos criminales, mientras que su predecesor presuntamente tenía relaciones con diferentes grupos criminales (ninguno ha respondido a estas acusaciones). Mientras tanto en Caracas, se cree que dos facciones del gobierno compiten por el control de las reservas minerales. Una facción, que incluye a miembros de la Guardia Nacional, aparentemente trabaja de la mano con sindicatos criminales para su enriquecimiento personal. La otra, compuesta por partes del aparato militar, parece decidida en manejar las minas en alianza con el ELN e invertir las ganancias en la sobrevivencia del gobierno chavista.

Los objetivos de esta última parecieran incluir el uso de guerrilleros experimentados como línea de defensa estratégica cerca de la frontera colombiana en el caso de una intervención militar extranjera en Venezuela, una opción esgrimida por prominentes figuras de EE.UU. y América Latina en meses recientes. Oficialmente, el Ministerio de Defensa venezolano niega que guerrilleros del ELN estén presentes en el país, culpando a paramilitares de derecha colombianos por los asesinatos del 4 de noviembre en Amazonas. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano envió un comunicado el 5 de noviembre en donde condenaba los asesinatos y reconocía a Luis Ortega, quien fue arrestado junto con 8 personas por la Guardia Nacional venezolana y está detenido en una cárcel militar cerca de Caracas, como comandante del ELN.

¿Cómo han reaccionado otros países a los asesinatos?

Los países limítrofes han mostrado la mayor alarma. Guyana y Colombia han reforzado las tropas posicionadas en sus respectivas fronteras con Venezuela, de acuerdo a fuentes en las fuerzas armadas de ambos países, en gran parte por preocupación por la expansión de la violencia relacionada con la minería.

Como parte de sus sanciones al gobierno de Venezuela, los EE.UU. anunciaron por medio de una orden ejecutiva el 1 de noviembre que apuntaría a las exportaciones de oro, las cuales cree están siendo usadas para enriquecer a la elite política y económica de Venezuela al costo de aumentar la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el sur del país. El 24 de octubre, Marshall Billingslea, subsecretario de financiación del terrorismo en el Departamento del Tesoro, acusó a Maduro de “saquear” el suministro de oro de su país, mencionando la exportación de 21 toneladas del metal precioso a Turquía como un ejemplo. Añadió que “este oro está siendo removido del país sin ninguna de las salvaguardias habituales que garantizarían que los fondos se contabilicen y se cataloguen adecuadamente como pertenecientes al pueblo venezolano”. La orden ejecutiva prohíbe el comercio con aquellos que “operan en el sector del oro de la economía venezolana”. Sin embargo, esta medida podría tener efectos secundarios perniciosos, al forzar el envío de grandes cantidades de oro por rutas de contrabando, aumentando así las ganancias para el crimen organizado y los actores armados no estatales.

Alternativamente, bajo la legislación existente en los EE.UU. y próxima de la UE, Washington y Bruselas podrían clasificar el oro y coltán venezolano como minerales de conflicto. Estas leyes instan a las compañías a lo largo de la cadena productiva a obtener minerales de proveedores libres de conflicto, una cláusula que impediría a Venezuela vender su oro y coltán en el exterior a menos que los exportadores revisen sus prácticas. El hecho de que el comercio de minerales venezolanos se asocie con masacres, lavado de dinero, violencia sexual y grupos incluidos en las listas de terroristas de EE.UU. y la UE justificaría la aplicación de estas leyes, pero es difícil saber si estas medidas aumentarían o no las redes de contrabando.

¿Cuáles son los posibles escenarios en los próximos meses?

Un aumento de la violencia en el sur de Venezuela sigue siendo bastante posible, a menos hasta que uno de los grupos consolide el poder en la región. La competencia entre facciones dentro del Estado podría fácilmente tener un efecto multiplicador sobre los ataques. Los continuos enfrentamientos entre fuerzas estatales venezolanas, sindicatos criminales venezolanos y grupos armados colombianos probablemente también genere un desplazamiento de locales al otro lado de la frontera con Colombia. La gente en el sur de Venezuela necesita asistencia humanitaria urgente, particularmente atención en salud, mientras las operaciones mineras arrasan la tierra que normalmente les permite subsistir.

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

Luisa Ortega Díaz envió propuesta de enmienda constitucional a la AN

Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, envió una propuesta a la Asamblea Nacional (AN) para evitar que la asamblea nacional constiyente deje sin efecto la Constitución y se imponga un modelo de dominación sobre la misma.  Ortega indicó mediante una carta que se debe modificar el artículo 333 para impedir que en un lapso de cinco años la Carta Magna no pueda ser reformada o sustituda.  En ese sentido, propuso que la AN inicie un proceso de enmienda constitucional de acuerdo a lo previsto en los artículos 340 y 341 de la Constitución de Venezuela.  El Nacional

 

Juan Requesens fue trasladado al Hospital Militar, según informó su padre

Juan Requesens Gruber, padre del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, confirmó que su hijo fue trasladado este martes 30 de octubre al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo para tratar un afección bucal. “Fue sacado del Sebin, supuestamente al hospital Militar donde hay unidades odontológicas. Esperamos que sea eso. No tenemos confirmación de nada. Todo es información extraoficial”, apuntó Requesens Gruber Caraota Digital

 

Aseguran que disminuyó en un 28,2% la incidencia delictiva en todo el país

La incidencia delictiva ha disminuido 28,2% en todo el país motivado a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno, informó este martes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Tras sostener una reunión con los comandantes de unidades territoriales y jefes de organismos de seguridad desde la sede de la Guardia Nacional Bolivariana, en Caracas, indicó que también se redujo 41% el delito de secuestro. El Universal

 

Gobierno paga los $949 millones del bono Pdvsa 2020

El gobierno venezolano pagó el lunes 29 de octubre los $949 millones correspondientes a capital e intereses del bono Pdvsa 2020, informaron varias fuentes del sector financiero y político. La agencia Argus cita fuentes que aseguran que el pago se hizo a tiempo y resalta que la estatal petrolera mantiene su línea de cancelar esta acreencia que tiene como garantía la mitad de las acciones de Citgo, su subsidiaria en Estados Unidos Banca y Negocios

BCV venderá certificados de oro a través de la plataforma patria

El Banco Central de Venezuela (BCV) lanzó una nueva convocatoria para la venta de certificados de oro de 1,5 gramos y 2,5 gramos, donde incluye a la plataforma patria (o Fundación Patria) como una vía para adquirir este instrumento financiero. Los usuarios registrados en el sistema patria, utilizado por el gobierno para la entrega de las asignaciones directas conocidas como “bonos protectores”, podrán usar el saldo de su monedero para comprar estos títulos promocionados como una estrategia de ahorro. Banca y Negocios

 

Pasaje en Caracas será de Bs.S 3 a partir del 1° de noviembre

El presidente del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez, informó que desde el 1°de noviembre, la tarifa del pasaje en todas las rutas urbanas del Área Metropolitana, será de 3 bolívares soberanos.  Expresó que durante una reunión con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se acordó que a partir de este jueves el costo de la tarifa tendrá un incremento de 1 a 3 Bs S, según reseña el portal de Unión Radio  El Universal

Fuerzas militares se mantendrán en Tumeremo para dar captura a cabecillas de la banda de Coporo

El gobernador Justo Noguera Pietri y el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) en Guayana, Jesús Mantilla, dieron detalles sobre los hechos ocurridos el pasado sábado en el sector La Caratica de Tumeremo, donde fueron abatidos siete miembros de la banda de Coporo, y resultaron heridos cuatro uniformados. Mantilla explicó que el operativo se inició la madrugada del sábado con el objetivo de capturar y neutralizar a la banda de Coporo, cuyos cabecillas fueron identificados como Josué Enrique Zurita (alias Coporo) y Archien Romero Ara (alias Talao). Caraota Digital

 

Congreso de España instó a su gobierno a rechazar “dictadura en Venezuela”

El congreso de España discutió resolución para solicitar al gobierno del país “condenar la dictadura de Maduro” y contribuir a la estabilización de la región de Latinoamérica. El Grupo Parlamentario del país también pidió la aprobación  de un estatuto de protección temporal para venezolanos que se encuentren en España. El Nacional

Ecuador renueva estado de emergencia en tres provincias por flujo migratorio venezolano

 Ecuador anunció hoy la renovación del estado de emergencia migratorio en tres provincias del país, activado por primera vez en agosto pasado por el aumento del flujo migratorio venezolano. Así lo informó hoy el subsecretario de la comunidad ecuatoriana migrante, el embajador Jorge Icaza, durante la IV Mesa Nacional de Movilidad Humana, que se realiza en la ciudad andina de Tulcán, capital de la provincia del Carchi y fronteriza con Colombia. LA PATILLA

#MonitordeVíctimas Fuerzas militares matan a siete integrantes de la banda “El Coporo” en Tumeremo
Los habitantes de Tumeremo habían escuchado rumores de que este fin de semana podrían ser testigos de nuevos hechos de violencia. Y así fue: desde las 6:00 de la mañana de este sábado  y a menos de quince días de la masacre de Los Candados (Sifontes), fuerzas estatales e integrantes de la banda El Coporo se enfrentan, con balas y granadas, en La Caratica. Hasta la noche del sábado había siete muertes confirmadas (todas las víctimas, integrantes de la pandilla) en un hecho que ventila el descontrol gubernamental sobre las armas en las zonas mineras

 

Jhoalys Siverio, María Ramírez y Marcos Valverde

LOS HABITANTES DE TUMEREMO, municipio Sifontes, estaban advertidos: desde el viernes recibieron mensajes de Whatsapp y panfletos por debajo de sus puertas. Ambos les advertían que pronto comenzaría una guerra.

Pues el combate comenzó en la mañana de este sábado, cuando ellos mismos reportaron la militarización del pueblo y cierre de comercios luego del enfrentamiento entre miembros de la banda de “Coporo” y fuerzas estatales que ingresaron al sector La Caratica.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (Redi Guayana), Jesús Mantilla, confirmó a Correo del Caroní que en el operativo mataron a siete personas, integrantes de la banda de Josué Zurita Arévalo, apodado “El Coporo”.

“Desde esta mañana hay operaciones contra las bandas armadas que operan en el sector. Han resultado muertos siete delincuentes, presuntamente de la banda de El Coporo y hay cuatro efectivos nuestros con heridas leves producto del lanzamiento de dos granadas que usaron los delincuentes, pero están fuera de peligro”, dijo.

El operativo militar inició a primera hora de la mañana de este sábado, cuando los uniformados llegaron por la zona residencial de El Pariche, adyacente a La Caratica. Lo relató un habitante de la comunidad que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

“Se metieron por detrás para rodearlos. Cuando los rodearon, sacaron a dos malandros enconchados. Allí fue cuando se metieron a La Caratica y empezó la balacera. Nadie corrió, se enfrentaron. Los malandros les lanzaron una granada e hirieron a unos guardias. En esa lanzadera, hubo una casa afectada con un niño, dos mujeres y un señor afectados”, informó el vecino del sector.

“Ninguno de los duros de la banda de El Coporo cayó. Estaban enfrentándose pero no cayeron. Murieron los que estaban resguardándolos a ellos”.

 

“Han resultado muertos siete delincuentes, presuntamente de la banda de El Coporo y hay cuatro efectivos nuestros con heridas leves producto del lanzamiento de dos granadas que usaron los delincuentes, pero están fuera de peligro”. General Jesús Mantilla, jefe de la REDI Guayana

 

Sector sin ley

Una minuta oficial detalló que en el procedimiento los funcionarios incautaron “dos fusiles, una escopeta, tres pistolas, dos granadas, varias municiones. Esta organización criminal está vinculada con los delitos de extorsiones, sicariatos, robos, cobros de vacunas y otros”.

Pasadas las seis de la tarde, la operación conjunta de la Fuerza Armada y la subdelegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) continuaba. Los muertos no habían sido identificados aún. “Ellos enfrentaron a las fuerzas del orden público y fue necesario repeler el ataque”, dijo el jefe de la REDI Guayana.

La minuta detalla, además, que tres militares ingresaron heridos al hospital Doctor José Gregorio Hernández, en Tumeremo.

Los habitantes de Tumeremo había recibido advertencias de lo que ocurriría Foto: William Urganeta

 

El miedo se impone

Desde la llamada masacre de Bochinche, ocurrida el 14 de octubre en una vía cercana a la mina Corregente (en el sector Los Candados), donde fueron muertas siete personas, se ha mantenido la tensión en Tumeremo por los enfrentamientos armados. El lunes, un grupo de motorizados obligó a comerciantes a cerrar sus negocios, al igual que las escuelas. Este sábado, también cerraron los negocios.

Incluso, en ese ínterin, tres personas fueron muertas en distintos sectores en menos de un día.

Aunque familiares de los siete mineros asesinados en El Candado aseguraron que se trató de una emboscada de “la guerrilla”, el jefe de la REDI Guayana, Jesús Mantilla, y el director del Cicpc, Douglas Rico, desestimaron esta versión y afirmaron que se trató de enfrentamiento entre la banda de “El Coporo” y la del “Gordo Lisandro”, pran muerto en Aragua.

La banda de Zurita Arévalo, apodado El Coporo, tiene su centro de mando en el sector La Caratica, en donde habitan los cabecillas del grupo delictivo que controla varias minas del municipio Sifontes. Fue en esa zona, donde decenas de familiares protestaron el lunes 15 de octubre para exigir la búsqueda de sus parientes en la mina Corregente, tras conocerse de la masacre de siete personas en la vía de Los Candados, a kilómetros del yacimiento aurífero.

El intercambio de disparos, contó el habitante de La Caratica, se escuchaba en el centro de Tumeremo, lo que obligó a comerciantes a mantener sus santamarías abajo. “Hay como un toque de queda. No hay nadie en la calle. Todo está cerrado”, dijo un habitante de la comunidad, pasadas las cinco de la tarde de este sábado.

Tanto en el centro de la localidad como en los barrios cercanos como La Caratica hay presencia militar.

Los cuerpos de los muertos fueron trasladados en la noche del sábado a la morgue de la sede de San Félix del Cicpc.

 

Este enfrentamiento ocurre a menos de dos semanas de la masacre de Los Candados Foto: William Urdaneta 

 

Denuncian nuevo enfrentamiento armado en Tumeremo
EL DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), Américo De Grazia, denunció que este sábado se registraron enfrentamientos entre bandas armadas y efectivos del Sebin, Dgcim, Cicpc, GNB y del Ejército en la ciudad minera de Tumeremo, municipio Domingo Sifontes del estado Bolívar.
A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario señaló que se realizó una “operación limpieza a plomo limpio” en la Plaza Bolívar, La Caratica y Sifontes 3.
Los comercios en la ciudad están cerrados y las actividades escolares se encuentran suspendidas. “Nadie abre, nadie circula, nadie se mueve”, acotó en uno de sus tuits.
El 16 de octubre, De Grazia indicó que al menos 16 personas se encontraban desaparecidas por el enfrentamiento entre la banda de “El Coporo” y miembros del ELN -guerrilla colombiana- por el control de la mina ilegal de oro El Candado, en la zona de Bochinche, en Bolívar.
“Hubo un enfrentamiento (el domingo pasado) donde aparecen registrados 16 desaparecidos que se presume fallecieron asesinados en manos del ELN, entre ellos siete mujeres”, detalló el parlamentario en ese entones en una entrevista a RCR.
Por el caso, el Ministerio Público (MP) informó que investiga la muerte de siete personas ocurridas en las adyacencias de la mina. Sin mayores detalles, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó que las autoridades llegarían “hasta las últimas consecuencias” para lograr el “esclarecimiento” del hecho.

Denuncian nueva masacre de 13 personas en mina de Tumeremo

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Una nueva matanza ocurrió en un yacimiento de oro ubicado en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, en donde presuntamente murieron 13 personas, entre ellas, cinco de nacionalidad colombiana.

El reporte del hecho se obtuvo a través de la Cancillería de Colombia, que confirmó a la emisora de ese país, Caracol Radio, que adelanta la investigación de lo sucedido y que pidió colaboración al gobierno venezolano para esclarecer el crimen y revelar las identidades de las víctimas.

La masacre, informó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, se ejecutó en la mina “Corregente”, en la vía hacia el sector “Bochiche” en el Esequibo, el pasado 26 de agosto. Una semana antes, el parlamentario había denunciado que la zona mencionada estaba en manos del guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes deforestaban el lugar para entregar la madera a un empresario chino llamado Daniel Zanc.

El 23 de agosto ocurrió otra matanza en la misma entidad. De acuerdo con reportes de la ONG Kape, hubo un enfrentamiento entre el grupo criminal que controla la mina El Silencio, en el municipio Sucre, y miembros de la comunidad La Felicidad, de la etnia Jivi. El suceso dejó seis muertos, entre ellos, el líder de esa comunidad: Misael Rondón.

Tumeremo también fue la masacre de una masacre de mineros ocurrida el 4 de marzo de 2016. Esa día, la banda de El Topo asesinó a 17 personas que se dirigían a la mina Atenas. Los familiares de las víctimas mantuvieron cerrado durante días el tránsito hacia la zona en reclamo de los cadáveres de las víctimas, que habían sido enterrados en la vía hacia Nuevo Callao.

Las 5 noticias más importantes a esta hora

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Fiscal general aseguró que Venezuela es un Estado policial

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó en una entrevista publicada hoy en Lima que la subordinación del Poder Judicial de Venezuela ante los servicios secretos ha generado que se convierta en un “Estado policial”, en lugar de uno en el que se defiendan los derechos de los ciudadanos.

Ortega dijo al diario El Comercio que “acá las carretas están delante de los caballos, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece. Esto no es un Estado de derecho, es un Estado policial”.

La fiscal general reiteró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) violentó la Asamblea Nacional con una serie de fallos que significaron la ruptura del orden constitucional, según reseñó Efe. (El Universal)

 

Reportan adolescente herido de bala durante protesta en Turmero

Hasler Iglesias, dirigente de Juventudes Voluntad Popular, denunció este lunes que un adolescente fue herido de bala en el rostro durante una protesta en Turmero, estado Aragua.

“En Turmero, Aragua, la policía le disparó a nuestro hermano Jorge Rodríguez. Está en estado crítico en la clínica. ¡Basta de agresiones”, dijo el político opositor.

El joven tiene 17 años de edad y forma parte de Voluntad Popular. Fue llevado al Policlínico de Turmero.

“Otro joven nacido en este gobierno que, por defender la libertad que nunca conoció, le dispararon a mansalva en Turmero”, expresó el político opositor Richard Mardo.  (El Nacional)

 

Precio de la canasta básica subió a 1.426.363,38 bolívares en mayo

El precio de la Canasta Básica Familiar -CBF- de mayo de 2017 se ubicó en Bs. 1.426.363,38 aumentando Bs. 212.343,18 (3.3 salarios mínimos), con respecto al mes de abril de 2017 lo que equivale a un incremento del 17,5%.  Se necesitaban 47.545,44 bolívares diarios para cubrir su costo.

La variación anualizada para el período mayo 2017 / mayo 2016 es 369,8%, Bs. 1.122.747,79,  17.3 salarios mínimos (Bs. 65.021,04).

Diecisiete productos presentaron problemas de escasez: leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro Santa Bárbara, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias, harina de maíz y café: el 29,31% de los 58 productos que contiene la canasta. (El Impulso)

 

Dicom: Quinta subasta será resuelta a través de Subasta de Contingencia

El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela informó este lunes que la quinta subasta del mecanismo será resuelta a través de la Subasta de Contingencia, mecanismo establecido en el artículo 3, segundo aparte, del Convenio Cambiario N° 38 del 19 de mayo de 2017, el cual establece:

“(…) La subasta de contingencia, tiene lugar cuando la subasta ordinaria, por un exceso de demanda u oferta, no logre asignar las divisas demandadas por debajo del precio superior o por encima del precio inferior de la banda establecida, en la que se priorizará la participación de acuerdo a criterio vinculados al sector, actividad o productos previamente definidos. (…)”.

Visto lo anterior, se destaca que el sistema económico informático, sólo considerará válidas las posturas inscritas en los motores productivos establecidos en la página web www.dicom.gob.ve, así como en los sectores económicos priorizados a tal fin. (El Mundo)

 

Corte Suprema de EEUU aceptó tratar apelación de Trump sobre veto migratorio

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este lunes tratar el caso del veto migratorio firmado por el presidente Donald Trump que impedía la entrada de personas de seis países de mayoría musulmana.

La máxima autoridad judicial estadounidense permite de esta manera que algunas partes del veto migratorio sí tengan efecto. En concreto, autoriza que la prohibición de entrada se aplique a aquellas personas que no tienen una relación con Estados Unidos.

“La revisión ha sido garantizada” determinó la máxima instancia judicial en una notificación, validando parcialmente los efectos de la orden ejecutiva y otorgando así a la Casa Blanca su mayor victoria en los tribunales desde que inició su presidencia en enero. (Caraota Digital)

Caso de espionaje en Tumeremo será juzgado por tribunal militar en Caracas

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La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este lunes que radicará un proceso penal por presunto espionaje en Tumeremo, estado Bolívar, ante un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas.

La ponencia del caso que involucra a 13 personas de nacionalidad venezolana y colombiana, la hizo el magistrado Maikel Moreno, presidente de la sala y del TSJ.

Esta causa penal fue inicialmente llevada por la Fiscalía Militar Cuadragésima Sexta del estado Bolívar contra los venezolanos: Luis Enrique Gámez Zamora, Aníbal José Salazar Cabezas, José Rafael Valdez Cevallos y Jesús Salvador González; y los colombianos Ignacio Ovidio Murillo Bedoya, Manuel Rogelio Mosquera Córdova, Gustavo Javier Manjares Pérez, Jaider Antonio Cachila Ramírez, Wiston Pérez Roa, Carlos Enrique Urrutia Mosquera, Carlos Andrés Quinto Aspirella, Deivid Montes Ramírez y Wilson Hernández Villada, por la presunta comisión del delito de espionaje, tipificado en los artículo 471 (numeral 1) y 472 del Código Orgánico de Justicia Militar.

“Según acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Región de Contrainteligencia Militar Guayana, el 20 de mayo de 2016 se recibió información que indicaba la presencia de un grupo de personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculados al paramilitarismo, quienes pretendían trasladarse hasta la población de Tumeremo, municipio Sifontes (Edo. Bolívar), para realizar labores de inteligencia, mediante la infiltración en el área, obtener información referente a la presencia de la FANB en dicha localidad, en cuanto a personal, armamento, zonas de control, y operaciones militares, así como efectuar reconocimiento del área, con el fin de posicionarse y tomar control de las zonas mineras, pero luego de las coordinaciones respectivas fueron detenidos en flagrancia”,  señala la nota de prensa del TSJ.

La sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ justifica la radicación al enmarcarla en los “supuestos de excepcionalidad” debido a los delitos graves que se cometieron y a la alarma que causaron en la colectividad, por lo que se consideró que el caso era “capaz de afectar el normal desenvolvimiento del proceso penal, comprometiendo los derechos y garantías de los cuales están revestidos los imputados”.

Las minas del sur del estado Bolívar llevan años en poder de mafias organizadas que trafican el oro que de allí se extrae. Estos grupos mantienen el control de los yacimientos y también de las poblaciones aledañas, donde han sembrado el terror y el miedo. El caso más reciente y sonado de los últimos años fue la masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo en 2016, donde 16 trabajadores del oro murieron a manos del hombre que tenía en su poder la mayoría de las minas de la zona: Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias El Topo. Aunque desde el gobierno regional intentó desmentirse la matanza, la acción de los medios de comunicación presentes en la zona pudo revelar lo que allí había sucedido.

Dos meses después de la tragedia, “El Topo” cayó durante una Operación de Liberación del Pueblo en la mina El Limón, que estaba bajo su control.