Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la desaparición forzada de personas configuran dentro del Derecho Internacional crímenes de lesa humanidad. Tanto las ejecuciones extrajudiciales como la desaparición forzada constituyen una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad y la vida, sino violan la integridad, la seguridad personal y el debido proceso, colocando a las personas afectadas en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos.
Desde junio de 2015 hasta el mes de febrero de 2016, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz informó que en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, 245 personas fallecieron, siendo Carabobo (84), Bolívar (49), Distrito Capital (27), Miranda (13) y Falcón (12) los estados con mayor índice de víctimas.
En fecha 7 de octubre de 2016, el Poder Ejecutivo ofreció los resultados de la aplicación de una nueva fase de la OLP: 2977 funcionarios desplegados en 6 estados del país dieron como resultado “19 sujetos abatidos… 2 en el Zulia, 3 Aragua, 1 en Lara, 1 en Monagas y 12 en el Distrito Capital.”
Cofavic de manera independiente ha registrado de Enero a Junio de 2016, 977 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el mismo periodo de Enero a Junio de 2015 se registraron 590 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales lo que representa un aumento del 66%. En un 37% de los casos se señala presuntamente la participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
Las cifras demuestran que los jóvenes que habitan en barriadas populares son los principales afectados por los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado. De enero a junio de 2016, de la totalidad de casos que Cofavic registró, el 81% (881 casos) de las víctimas son menores de 25 años y el 99% (967 casos) se refieren a hombres jóvenes.
Incremento de ejecuciones extrajudiciales
En lo que ha transcurrido del año 2016, Cofavic ha documentado de manera directa 11 casos en los que se verificaron la existencia de 20 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En tres de estos 11 casos se verificaron más de 3 víctimas en el mismo hecho. En el 30% de los casos, los familiares de las víctimas presentes en los hechos denunciaron haber sido presuntamente torturados y en un 25% hay denuncias de robos de bienes y enseres.
Hay que recordar que el pasado 11 de noviembre de 2016, 9 personas fueron presuntamente ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado en la población de Cariaco estado Sucre y posteriormente, el 25 de noviembre, la opinión pública nacional conoció del hallazgo de fosas comunes en el Municipio Acevedo, con restos de 12 personas quienes habían sido reportadas por sus familiares como detenidas ilegalmente y luego desaparecidas forzosamente.
No podemos olvidar que este año en los primeros días del mes de marzo, tuvimos el grave precedente de la masacre de Tumeremo en el Estado Bolívar, donde se pudieron constatar patrones de actuación y de impunidad que lamentablemente se verifican en la mayoría de los casos conocidos en este año, demostrando la gravedad de la situación de violencia y de falta efectiva de respuesta institucional.
Para las víctimas y sus comunidades estos hechos han representado experiencias traumáticas por la crueldad con la que se desarrollan y el sistemático desamparo institucional sufrido. Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellos mismos al intentar intervenir o solicitar información.
Entre los patrones de actuación identificados en los referidos operativos de seguridad realizados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado o grupos civiles armados con aquiescencia de estos en zonas con alta presencia militar y policial, destacan la irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada, destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias. Asimismo, el posterior hostigamiento policial y militar en las zonas ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.
Vemos con mucha preocupación, el desplazamiento interno forzoso en varios estados del país, incluyendo zonas de Caracas, el cual es un fenómeno creciente que estamos documentando en los casos. Las familias desplazadas internas huyen por el temor a represalias ulteriores y por el desamparo institucional que enfrentan.
Estos grupos familiares que se desplazan forzosamente sufren múltiples dificultades por haber huido de sus hogares o lugares de residencia habitual. Estas personas son especialmente vulnerables dado que huyen en busca de seguridad y protección, dejando atrás sus proyectos de vida como consecuencia de situaciones de violencia generalizada y graves violaciones de los derechos humanos. En su mayoría estas personas se desplazan para resguardar su integridad.
En vista de todos estos hechos Cofavic da las siguientes recomendaciones:
- Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;
2. Utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV):Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas.
3. Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los familiares de las víctimas, testigos y sobrevivientes, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela;
4. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.
5. Instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana, como la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y el Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS), que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de violaciones de derechos humanos especialmente en zonas populares
6. Que el Poder Ejecutivo revoque las resoluciones que ha dictado para la creación de las denominadas “Zonas de Paz”.
7. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios militares y policiales que indiquen sin equívocos de forma expresa y clara el rechazo absoluto de los crímenes cometidos durante operativos de seguridad ciudadana y su voluntad determinante de cooperar con el esclarecimiento de los mismos y el establecimiento de las responsabilidades pertinentes.
