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Maduro pide a Fiscal actuar contra Julio Borges por traición a la patria

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El mandatario nacional, Nicolás Maduro, indicó que presidente del Parlamento, Julio Borges, es el culpable de las sanciones económicas de Estados Unidos, por lo que pidió a Tarek William Saab para que actúe en su contra por “traición a la Patria”.

“Por más de un año Julio Borges se ha dedicado a recorrer el mundo, Londres, Nueva York y Washington, para buscar estas sanciones contra Venezuela y que hagan sufrir al pueblo“, manifestó Maduro en transmisión de Venezolana de Televisión.

Destacó Maduro que Venezuela es un país sólido y confiable. “¿Cómo es que nos ponen un riesgo país peor que los países que están en guerra y estamos pagando?, no podemos solicitar crédito, eso lo queremos hablar con los tenedores viéndolos a los ojos“, expresó el jefe de Estado tras la inauguración de la sede de la Academia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fanb, en Fuerte Tiuna.

La patria es el hombre, por Ángel Oropeza

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Esta trama propia del teatro del absurdo en que ha devenido nuestro país ha producido su más reciente puesta en escena con la risible acusación de “traición a la patria” a miembros de la oposición democrática. Nada menos que una írrita y fraudulenta “asamblea constituyente”, que ha sido desconocida y repudiada por toda la comunidad internacional, y que cometió traición a la Constitución nacional vigente, acusa de “traidores a la patria” a los diputados de la Asamblea Nacional legítima y elegida por 14 millones de venezolanos, con el único propósito de proteger intereses económicos de unos pocos privilegiados. Veamos por qué.

Recordemos algunos datos. Nuestro país tiene hoy la mayor inflación del planeta, el decrecimiento económico más severo de la región, la escasez de alimentos y medicinas más aguda de América Latina, la tasa de homicidios más alta del mundo, y es la nación más pobre en términos de ingreso de todo el continente, con un escandaloso 82% de familias por debajo de la línea de pobreza, según cifras de la UCAB, la UCV y la USB. Pero, mientras esta tragedia humanitaria se desarrolla, la concentración de la riqueza en pocas manos avanza “a paso de vencedores”. En la actualidad, el 10% más rico del país se queda con 32,2% del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre tiene que conformarse y subsistir con menos de 12%. No en balde, nuestros niveles de desigualdad social han alcanzado sus índices más altos en 20 años, y han venido acelerándose sostenidamente desde 2014.

Pero nada de esto es por azar. Este insólito aumento de la desigualdad social a medida que la economía del país decrece y los venezolanos se empobrecen se explica por el acceso diferencial y discriminatorio de algunos afortunados a recursos públicos que son de todos los venezolanos, y por su posibilidad de hacer negocios con contratos de interés nacional y con el remate sin control de activos y riquezas del país. Pues bien, cuando la Mesa de la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional alzan su voz para alertar sobre estos delitos y pedir que se actúe contra ellos, los delincuentes gritan que eso es una traición a sus negocios.

En esto hay que ser claros: la acusación de “traición a la patria”, que en boca de los inefables voceros de la dictadura no quiere decir otra cosa que “traición a sus cuentas bancarias personales”, es la respuesta a la exigencia de la AN y de la MUD de que se respete la Constitución y se evite así el remate irresponsable de los activos del país.

La Mesa de la Unidad Democrática ha insistido en alertar a toda la comunidad internacional para que nadie realice tratos financieros ni establezca contratos de interés nacional con el régimen de Maduro sin que tales operaciones pasen por la Asamblea Nacional, que es el órgano que la Constitución establece para revisar y autorizar tales compromisos, a fin de asegurar que no perjudiquen a la población ni se lesionen los intereses de la República. Esta exigencia al mundo de que se respete la Constitución y a los venezolanos es, por supuesto, un estorbo a los planes de endeudar al país sin control y de rematar sus riquezas en beneficio de unos pocos. Este es el delito de “traición” que indigna al régimen. Porque para las tiranías, cualquiera que pregone y luche por la justicia es siempre un traidor.

La defensa de la patria es la defensa de la calidad de vida de los venezolanos y no la defensa de los negocios de los corruptos. Es la defensa de la alimentación, la salud, el trabajo y la vida de los venezolanos concretos, de carne y hueso, y no la defensa de falsas ideologías que se usan como excusas para enriquecerse y reprimir. Porque, como decía Alí Primera por allá por 1977, “la patria es el hombre”. Y ese hombre, ese venezolano que somos todos, es hoy la víctima del gobierno más antipatriota en la historia de nuestro país. La lucha por liberarlo, al mismo tiempo que una noticia de esperanza para la mayoría, es la amenaza más peligrosa para quienes hoy ríen y disfrutan del sufrimiento de todo un pueblo.

@AngelOropeza182

El Nacional

La Unión Interparlamentaria preocupada por juicio a opositores

Chungong

 

La Unión Interparlamentaria (UIP) se mostró hoy “profundamente preocupada” por el decreto aprobado por la asamblea nacional constituyente (ANC) venezolana para iniciar junto con los órganos del Estado competentes un juicio por traición a la patria contra dirigentes opositores.

La UIP condena en un comunicado “los continuos intentos de retirar los poderes a la Asamblea Nacional y hostigar a sus líderes y miembros”, e insta a las autoridades venezolanas a “respetar plenamente la integridad del parlamento libremente elegido”.

También les apremia a respetar “el derecho fundamental de los parlamentarios de la Asamblea Nacional a desempeñar sus mandatos libremente y con seguridad, sin amenazas de exclusiones violentas o ilegales de la vida política”.

“Los últimos acontecimientos solo añaden más leña al fuego. A fin de asegurar un futuro pacífico para Venezuela, se debe permitir que prevalezcan el orden constitucional y el Estado de derecho”, declaró el secretario general de la UIP, Martin Chungong.

La UIP indica que el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de esta organización ha recibido “numerosas denuncias” de parlamentarios venezolanos tras los acontecimientos ocurridos en los últimos meses en Venezuela.

Estas denuncias, así como la situación política general en Venezuela, serán examinadas durante la 137 Asamblea de la UIP que se celebrará en San Petersburgo del 14 al 18 de octubre.

Estados Unidos condena llamado a juicios para opositores venezolanos por traición a la patria

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Estados Unidos condenó hoy que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela haya aprobado juzgar por traición a la patria a los opositores alegando que han pedido y apoyado las sanciones económicas impuestas por el país norteamericano.

“Estados Unidos condena la llamada de la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela a juicios de la oposición política, incluyendo miembros de la asamblea legislativa elegida democráticamente, con cargos de traición y de estar involucrados en la crisis económica” del país, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado.

“La situación económica de Venezuela es el resultado de las políticas equivocadas y la corrupción del régimen de (el presidente, Nicolás) Maduro, que tiene responsabilidad directa por el sufrimiento del pueblo venezolano”, agregó.

El pronunciamiento de Estados Unidos llega después de que este martes la ANC aprobara un decreto para “iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria” contra los dirigentes opositores que, según su relato, han pedido y apoyado las sanciones económicas de EE.UU.

En el decreto se indica que la oposición, agrupada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “ha trabajado de manera sostenida para lograr” las sanciones de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) se puso hoy a la orden de la ANC, conformada solo por oficialistas y rechazada por la oposición, para dar inicio a una investigación en ese sentido.

“Esta injusticia solo es la última en un esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para minar la democracia, reprimir el disenso político y sembrar miedo entre sus críticos”, consideró la portavoz estadounidense.

“Encarna otra ruptura del orden constitucional en Venezuela”, subrayó Nauert, al recordar que “en las democracias, las ideas y las opiniones no son crímenes”.

EE.UU. reiteró asimismo su llamado a que el Gobierno de Venezuela celebre elecciones libres, justas y con observación internacional; disuelva la Asamblea Constituyente; respete la Constitución y la autoridad de la Asamblea Nacional (Parlamento, de mayoría opositora); libere de inmediato a los presos políticos y atienda las necesidades humanitarias de los venezolanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado viernes una orden ejecutiva en la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”, en las primeras sanciones al sistema financiero de la nación suramericana.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó esas sanciones como “la peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años”.

Entre 8 y 30 años de cárcel pueden enfrentar dirigentes opositores por “traición a la patria”

Carcel

 

La asamblea nacional constituyente aprobó el 29 de agosto que se enjuicie y sancione a los dirigentes opositores que, a su parecer, solicitaron sanciones económicas contra Venezuela bajo el delito de traición a la patria.

En el decreto aprobado por los “constituyentes”, se solicita un  “juicio histórico” por traición a la patria contra las personas que están incursas en la solicitud de sanciones económicas contra Venezuela.

Además de repudiar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, se pide declarar como traidores a la patria a las personas que según los integrantes de la ANC han apoyado las sanciones económicas de Estados Unidos, y solicitar las investigaciones y procesos administrativos para determinar las sanciones correspondientes.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez aseguró que remitirá oficios a la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia para que inicien de forma inmediata las investigaciones contra los dirigentes opositores.

 

 

 

TSJ se pone a la orden de la ANC para investigar a dirigentes políticos por traición a la patria

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se puso a la orden de la asamblea nacional constituyente para el inicio de una investigación contra dirigentes políticos que a su juicio hayan cometido el delito de traición a la patria.

«No podemos permitir, como miembros del Sistema de Justicia, que las prerrogativas se conviertan en una licencia para el crimen, ya es hora de hacer valer la ley y que impere la razón y la justicia», señaló el presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno.

De acuerdo a la nota del prensa del tribunal, «la impunidad es un flagelo que va en detrimento de la justicia», por lo que consideran que haciendo valer el derechos y las leyes «podemos dar con los responsables de las decenas de muertos que dejó la escalada de violencia aupada y generada por factores políticos, y de las macabras gestiones de algunos actores para bloquear económicamente al país».

 

“Quienes pregonan sentir al país y sufrir por la Patria, son los mismos que llevaron a decenas de jóvenes a morir en las calles, y ahora piden al mundo agresiones económicas para seguir haciendo sufrir al pueblo sin importar sus consecuencias”, destacó el magistrado Moreno.

Además, el presidente del TSJ consideró que la constituyente «está facultada para dirigir cualquier tipo de acciones en resguardo de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial y económica del país.»

 

Detenidos (1)

El comisario general jubilado José Vicente Márquez Matos (65 años) fue detenido por traición a la patria e instigación a la insurrección.

Por medio de las redes sociales se conoció que funcionarios jubilados de Polizulia se encontraban en una manifestación pacífica en el centro de Maracaibo, con pancartas con logos alusivos a la PTJ y CTPJ, realizando llamado a los funcionarios policiales del Cicpc y demás cuerpo policiales a pronunciarse contra el gobierno y el llamado a la Constituyente.

Una comisión policial se trasladó al lugar de la concentración con la finalidad de decomisar las pancartas, pero no pudieron hacerlo, pues los funcionarios jubilados que manifestaban supuestamente pidieron a encapuchados repeler a los efectivos policiales.

Posteriormente, una comisión se trasladó a la residencia de Márquez Matos, donde lo detuvieron,

Por los momentos, la policía busca a 15 funcionarios jubilados que conformaban la concentración y firmaron un documento introducido antes la Fiscalía Superior de esta localidad donde exigían beneficios sociales.

Por traición, rebelión, robo y deserción han detenido a 123 soldados de la FANB desde el inicio de las protestas

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Al menos 123 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han sido detenidos desde que comenzaron en abril las protestas antigubernamentales por cargos que van desde traición y rebelión hasta robo y deserción, según documentos militares obtenidos ​​por Reuters.

La lista de detenidos –que incluye oficiales así como militares de bajo rango del Ejército, la Naval, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional– es la imagen más clara hasta la fecha de la insatisfacción y la disidencia dentro de las filas militares de Venezuela, de aproximadamente 150.000 hombres.

Los registros, que detallan a los prisioneros detenidos en tres cárceles venezolanas, muestran que desde abril casi 30 miembros de las fuerzas han sido detenidos por desertar o abandonar su puesto y casi 40 por rebelión, traición o insubordinación.

La mayoría de los prisioneros militares restantes fue acusada ​​de robo.

En medio de una profunda crisis económica, millones de venezolanos sufren por la escasez de alimentos y una elevada inflación. Incluso dentro de las fuerzas armadas, los salarios comienzan con el sueldo mínimo, equivalente a alrededor de 12,5 dólares al mes al tipo de cambio del mercado negro, y en privado algunos miembros admiten ser mal pagados y subalimentados.

Desde que la oposición comenzó sus protestas hace más de tres meses, un puñado de funcionarios de seguridad han hecho público su descontento.

El más expuesto fue un policía que robó un helicóptero y atacó edificios oficiales la semana pasada, alegando que una facción dentro de las Fuerzas Armadas se opone al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los documentos militares vistos por Reuters, que cubren las detenciones hasta mediados de junio, parecían apoyar las afirmaciones de los líderes de la oposición de que la ira y la disidencia entre los soldados que viven difíciles condiciones económicas está más extendida.

«Demuestra baja moral y descontento; y, por supuesto, necesidad económica», dijo un general retirado del Ejército sobre las detenciones, pidiendo no ser nombrado por temor a represalias.

Los venezolanos ven a las Fuerzas Armadas como el principal agente de poder en su nación sudamericana. Los líderes de la oposición han exhortado repetidamente a los líderes militares a romper con el presidente socialista Nicolás Maduro.

Maduro dice que es víctima de una «insurrección armada» orquestada por sus adversarios con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos que buscan ganar el control de la vasta riqueza petrolera de la nación miembro de la OPEP. Afirma que los altos mandos militares han estado de pie junto a él.

Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La Guardia Nacional ha estado enfrentando las protestas en todo el país. Ha usado gas lacrimógeno, camiones lanza agua y perdigones contra jóvenes enmascarados que a su vez le lanzan piedras, cócteles Molotov y excrementos. Alrededor de 90 personas han muerto desde abril.

En privado, algunos miembros de la Guardia Nacional en las calles han reconocido estar agotados, mal pagados y subalimentados, aunque la mayoría permanece impasible durante las protestas y evita conversar con los periodistas.

«Rambitos»

Los documentos, que identifican a los detenidos por su rango, enumeran a capitanes, sargentos, tenientes y tropas regulares repartidos en tres cárceles en diferentes partes de Venezuela.

Un grupo de 91 está en Ramo Verde, una prisión cerca de Caracas en la que también está arrestado uno de los líderes de la oposición Leopoldo López.

Otras dos decenas están en la prisión de Pica, en la ciudad nororiental de Maturín, y ocho en la cárcel de Santa Ana, en el estado occidental de Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Tres subtenientes huyeron a Colombia y pidieron asilo en mayo, y un hombre que dijo ser un sargento venezolano apareció en un video publicado por medios locales el mes pasado expresando su disidencia e instando a sus colegas a desobedecer a los superiores «abusivos» y «corruptos».

Maduro culpa de los problemas a una «guerra económica» que está librando la oposición con el respaldo de Washington, una posición respaldada en público por altos funcionarios militares.

«Hay muchos que están buscando (…) unos ‘rambitos’ aquí dentro de la fuerza armada, pero no lo van a conseguir», dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en un video publicado en las redes sociales el lunes, aludiendo a la especulación de un golpe de Estado militar.

El policía y actor Óscar Pérez, que protagonizó el ataque desde un helicóptero la semana pasada contra las sedes del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, apareció el miércoles en un video en línea prometiendo mantener la lucha.

«Estamos plenamente seguros de lo que estamos haciendo y si debemos dar hasta nuestras vidas, las entregaremos por el pueblo», declaró Pérez sentado en frente de una bandera de Venezuela y un rifle.