El anuncio de la inclusión del delito de traición a la patria en la nueva Constitución fue recibido como un paso del gobierno para aumentar la persecución a la disidencia e inhibir las denuncias foráneas sobre la situación que vive el país. El constitucionalista Juan Manuel Raffalli dijo que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ilegítima de origen, no tiene potestad para cambiar la carta magna y menos para incluir delitos que deben ser establecidos en las leyes ordinarias.

“El delito de traición a la patria está tipificado en el Código Penal. Si buscan darle más vigor a esta figura desde una constituyente inconstitucional que, de hecho, ha reemplazado a la Asamblea Nacional, es porque no está muy clara la forma cómo se ha aplicado para perseguir a la disidencia. El gobierno actúa por miedo y para inhibir, para generar temores, para callar las voces ante la comunidad internacional sobre lo que ocurre y no se tomen medidas. Esto es una respuesta a las sanciones”, señaló.

Raffalli puntualizó que en caso de que el delito de traición a la patria sea incluido en la Constitución, no puede imponerse porque se requeriría de un referéndum aprobatorio para avalarlo.

El domingo 25 en Televen, el constituyente Hermann Escarrá dijo que las 22 comisiones de la constituyente avanzan en las propuestas para una nueva carta magna, dentro de la que se incluiría el delito de traición a la patria.

Aunque no dio mayores detalles, Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, aseguró: “La constituyente va ser muy firme en esa materia y ya se están estudiando varias propuestas que se evaluarán de acuerdo con el derecho comparado, el internacional, civilizado, democrático, pero se tienen que tomar medidas muy fuertes”.

Gustavo Linares Benzo, también constitucionalista, indicó que cualquier acto de la ANC carece de valor porque no fue convocada por el pueblo.

“Desde siempre el delito de traición a la patria consiste en el concierto para entregar al país a una potencia extranjera, con lo cual un golpe de Estado no lo es, a menos que haya habido financiamiento internacional. Las penas máximas en el país son de 30 años de prisión. No sabemos qué se busca desde la ilegal constituyente, quizás aumentar las penas. ¿Qué buscan?, ¿colocar la pena de muerte?”, preguntó.

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