toque de queda

EN EL ÚLTIMO CAMBIO DE GABINETE MINISTERIAL, el presidente Nicolás Maduro designó como nuevo vicepresidente de la República a Tareck El Aissami, quien era gobernador del estado Aragua desde 2012.

En la misma cadena del 4 de enero, el Jefe de Estado se refirió además a algunas de las metas de su gobierno para 2017 y destacó la búsqueda de la paz y la seguridad ciudadana como uno de los principales objetivos de su gestión en el año que comienza.

Sin embargo, hay algunas contradicciones llamativas entre el «currículum» del vicepresidente y los «deseos» del Primer Mandatario de acabar con la inseguridad en 2017. Aunque El Aissami es criminólogo, egresado de la Universidad de Los Andes, el combate a la delincuencia y la reducción de la violencia no han sido su fuerte. Aquí algunos datos y cifras que lo demuestran:

Pranes

1. En 2010 durante su gestión como ministro de Relaciones Interiores y Justicia nace la figura del «PRAN», delincuentes presos en cárceles venezolanas que asumen el liderazgo y control de los recintos penitenciarios y que lograr mantener su actividad criminal aún estando en prisión. «Wilmito», «El Oriente» y «El Yoifre» se convirtieron en noticia durante la administración de El Aissami.

El motín más largo

2. En 2011, durante su gestión como MRIJ se registró el motín más largo en la historia penitenciaría de Venezuela. 27 días permaneció la cárcel del Rodeo II bajo el control de dos pranes, quienes forzaron al gobierno a negociar la entrega del recinto. La incapacidad mostrada por El Aissami para lograr la resolución del conflicto obligó al presidente Hugo Chávez a crear el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Homicidios y secuestros crecieron

3. El Aissami fue ministro de Relaciones Interiores entre 2008 y 2012. Durante su gestión el número de homicidios en el país aumentó en 60%, pasó de 13.156 en 2008 a 21.692 en 2012, según estadísticas del OVV.

Ejecuciones extrajudiciales

4. Siendo gobernador de Aragua se difunde la grabación de una ejecución extrajudicial cometida por funcionarios de Poliaragua. El Aissami reconoce que se trata del cuerpo de seguridad bajo su mando y orden la destitución de los funcionarios. Sin embargo, luego de este evento inédito en el país ese cuerpo de seguridad no fue intervenido, ni investigado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Los toque de queda

5. Como gobernador de Aragua se registra el primer toque de queda impuesto por delincuentes en una ciudad del país: Maracay. Estos «toques de queda» continúan repitiéndose en esa entidad. Los delincuentes prohíben -a través de cadenas de whatsapp o por panfletos- el libre tránsito de los ciudadanos en horas y zonas establecidas por ellos.

Tocorón es un Spa

6. Como gobernador de Aragua, la cárcel de Tocorón se convirtió en Spa con piscina, zoológico, campos deportivos, restaurantes, supermecados y bancos. Todo bajo la mirada de las autoridades y «el reinado» del pran Héctor «el Niño» Guerrero. El poder de Guerrero traspasa incluso los barrotes de la prisión y alcanza casi todo el estado Aragua.

Aragua con el título de estado más violento

7. Al cerrar 2016, Aragua pasó a ser el estado más violento del país con una tasa de 142 homicidios por cada 100.000 habitantes. Superó así a Miranda y Distrito Capital, según proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia.

Terrorismo y narcotráfico

8. Al momento de la publicación de esta nota solo se tenían versiones difundidas por medios de EE.UU. que relacionaban a El Aissami con presunto tráfico de drogas y supuestos vínculos con grupos terroristas. Pero este lunes 13 de febrero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló formalmente a Tareck El Aissami de presuntos nexos con el narcotráfico y anunció sanciones para el funcionario venezolano y para uno de sus más cercanos colaboradores, Samark López. Ambos fueron incluidos en la lista OFAC y sus bienes fueron congelados. 

En horas de la tarde de este sábado, la Alcaldía del municipio Heres del estado Bolívar informó que se aplicará un toque de queda en la capital: Ciudad Bolívar, luego de que durante dos días consecutivos se registraran múltiples disturbios y saqueos motivados por la falta de efectivo.

La ausencia de la moneda se originó por la eliminación de los billetes del 100 bolívares por orden presidencial.

La medida aplicada en Ciudad Bolívar restringe el tránsito de motocicletas y menores de edad desde este sábado y hasta el próximo lunes a medianoche y prohíbe la movilización de vehículos y personas en el lugar desde las 5:00 pm.

#Urgente | Dictan medidas especiales que restringen libre circulación en Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/Mho8F6Fk6N

— Correo del Caroní (@CorreodelCaroni) 17 de diciembre de 2016

La mañana del lunes 25 de abril, comercios de Villa de Cura, capital del municipio Zamora del estado Aragua, bajaron sus santamarías como medida de precaución ante posibles saqueos derivados de una protesta convocada para hoy por los transportistas de la zona, en virtud de la inseguridad, el mal estado de las vías, la escasez de alimentos y medicinas.

Los transportistas están concentrados en La Romana, casco central de Villa de Cura. El alcalde del municipio Zamora, Michael Reyes, afirmó esta mañana en un programa de radio, que se reunirá con los transportistas para establecer mesas de trabajo para escuchar los planteamientos de la comunidad y procurar acuerdos. Informó que como plan de contingencia, la alcaldía dispondrá de los autobuses de Transaragua para movilizar a los ciudadanos.

De acuerdo con medios locales, los comercios habrían tomado la decisión de cerrar sus puertas como medida de precaución ante posibles saqueos, luego de que durante el fin de semana, motorizados recorrieran las calles “instando” a los comerciantes a sumarse a la protesta.

No obstante, el diputado al Consejo Legislativo del estado Aragua, Rodrigo Campos, ofreció otra versión acerca del cierre de los negocios. Denunció que los comercios habrían obedecido una orden de toque de queda emanada de los pranes de la zona, quienes también están protestando por el racionamiento de los servicios básicos que afecta a los internos del Penal de Tocorón, ubicado en el municipio Zamora.

De ser así, se trataría de la segunda vez que los delincuentes impondrían su voluntad en la comunidad. La primera vez fue en febrero de 2016, cuando decretaron que un toque de queda en Maracay.

“Hace un mes y medio trancaron el norte de Maracay; ni entonces ni ahora ha habido pronunciamiento oficial de las autoridades locales o regionales. La gente obedece por miedo. Nadie sabe quién manda en Aragua, si las autoridades o los delincuentes”, afirma Campos.

Correo del Caroní, El Pitazo, Runrun.es

La tarde del lunes sobrevolaron al menos ocho lugares. Dos de los familiares que acompañaron al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Número 62 Bolívar (ZODI Bolívar), Jesús Montilla Oliveros, regresaron con las manos vacías.

–Recorrimos todo eso, Yoly, y allí ya no quedaba pero nada, ni molino, ni máquinas, ni na, –contó uno de los jóvenes a la esposa de José Gregorio Nieves, un joven de 27 años que,  hasta hace una semana, trabajaba como mototaxi.

–¡Esos malditos! –sentenció la mujer.

–¿Buscaron bien? ¿Fueron a dónde te dije, en donde está el camino como quien va al fundo? –insistía la esposa de Nieves.

La mujer no paraba de hacer preguntas, pero la respuesta siempre era la misma: “No encontramos nada”.

–Coño, llave, te estoy diciendo que allí está mi hermano.

–Veme las manos, yo mismo lo busqué por todos lados. Se llevaron todo.

El hermano de Nieves solo dice haber visto rastros de aceite de una camioneta que esta tarde tuvo que haber transitado por el lugar, que queda a unas dos horas de la protesta en la troncal 10, la carretera nacional que conecta al pueblo de Tumeremo, todos los pueblos del sur –incluyendo la frontera con Brasil– con el resto de Venezuela.

Familiares de desaparecidos han colgado fotografías de al menos 17 personas en un papel bond pegado a un camión

Lo que siguió fue llanto. Son las mujeres las que se abrazan en la protesta que han levantado en esa angosta carretera de dos canales. Inmediatamente, a las 6:20 de la tarde, llegó uno de los voceros de la Defensoría del Pueblo, Kenny Vargas.

Agrupados a su alrededor y montados en camiones que han atravesado el lugar, la comunidad vociferaba. Cuando el defensor mencionaba la palabra presunción, entre llanto y rabia, la hermana de uno de los desaparecidos gritaba: “¡Es verdad, vale! ¡Es verdad!”.

Al caer la noche solo dos postes alumbran la carretera. A los lados hay algunas casas que bordean la carretera, matorrales y un barrial. Con la luz de los teléfonos los vecinos alumbran las fotos de las 17 fotografías que hay pegadas sobre un papel bond blanco, pegado a su vez al borde de un camión con barandas de madera.

Presión sobre presión

A la par de la desesperación de los familiares, de al menos 17 en lista, decenas de gandoleros y particulares esperan una cola. La mayoría pacientes, “porque después uno se mete con ellos y uno siempre pasa por aquí ¿me entiende?”, comenta un hombre de unos 45 años, al volante de una gandola de refrigeración.

La carretera nacional a la altura de Tumeremo, permanece trancada con palos, cauchos y camiones cargados de bloques.

A metros, en el pueblo, los comercios están cerrados. De lo único que se habla es de la desaparición de vecinos y conocidos del barrio, pero no hablan de los autores de la presunta desaparición.

«Hay otras formas de presionar y no culparlos a todos», reclamó Andrés Pérez,  un conductor que con su hijo de 3 años tomado de la mano, ha decidido acercarse a preguntar si hay posibilidad de le dejen pasar.  

Recibe una respuesta rápida: «De gracias a Dios que tiene a sus familiares vivos. Y como venezolanos todos deberían apoyarnos en vez de andar quejándose como camión de cochinos. Usted tiene 12 horas en la tranca, nosotros desde el viernes no vemos a nuestros familiares», respondió la tía de Cristobal Heredia, una de las protestantes.

«Los que han logrado salir ni hablan. Dicen que se escaparon del infierno. Hombres orinados, aterrorizados. Así que deje de quejarse y agradezca que tiene a su hijo sano, yo lo veo sano. Nosotros no”, insiste y se le quiebra la voz.

Pide disculpas a los que están en la cola, “pero es lo que estamos reclamando son los cuerpos, entendemos que tienen razones, pero los hijos de ellos están sanos, nosotros no sabemos dónde están los de nosotros”.

“Yo tengo 30 años viviendo en este pueblo y nos conocemos. Confiamos en la gente que ha salido aterrorizada, que tienen miedo (…) esto es un pueblo trabajador”.

Un secuestro con toque de queda

La banda de El Topo habría entrado a tomar el control de la mina, hasta entonces en posesión de otro grupo comandado por El Potro y El Gordo. A los de El Potro son los que han sido señalados por el secuestros de los profesores en el Liceo Zabaleta, el pasado 4 de febrero en Tumeremo.

Estos últimos hombres que –dicen los mineros– tenían además el control de Caratal y la mina Tommi, parte la estatal CVG Minerven.

La banda de el Potro secuestró durante la mañana de este jueves a profesores del Liceo Zabaleta en Tumeremo (municipio Sifontes) para presionar la liberación de 12 de sus miembros. No hubo víctimas.

Ya en la tarde, cuando el secuestro había terminado, los habitantes prefirieron estar encerrados en sus casas antes que ver lo que ocurría en las calles.

La condición de los hampones, vinculados a la extracción y comercialización irregular del oro, para terminar el asedio era una: que liberaran a sus jefes.

Los jefes habían sido detenidos en la madrugada del miércoles. Según lo relatado por una fuente de la Policía del estado Bolívar (PEB), todo comenzó con un procedimiento de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (Cicpc) en un pool del pueblo.

Entre los apresados hay 12 personas que se dedicaban a cobrarles vacunas a los compradores de oro. Al parecer, los malhechores habían citado a los comerciantes al sitio para que cancelaran el monto que acostumbran a cobrar.

En ese momento llegaron los funcionarios de la Policía científica.

ESTE MARTES SE VIVIÓ en la isla de Margarita una especie de “toque de queda” por el sepelio del ex pran del internado judicial de San Antonio, Teófilo Rodríguez Cazorla, conocido como “El Conejo”.

Desde la madrugada del domingo cuando se conoció que «El Conejo» había resultado herido junto con sus acompañantes a la salida de la discoteca Yards, en Porlamar, la situación se tornó tensa en esta región, y se complicó aún más con el anuncio de su muerte en la clínica Costa Azul.

Desde ese momento, la rutina de los habitantes de la isla cambió, y el temor se apoderó de los margariteños, producto de los constantes rumores y versiones sobre el asesinato del pran que inundaron las redes sociales.

El lunes, cuando se traslado del cuerpo del ex líder quienes residen en las urbanizaciones y los poblados aledaños al recinto carcelario, así como quienes transitaban en vehículos o a pie por la avenida Juan Bautista Arismendi, vivieron momentos de terror por los prolongados tiroteos  de armas largas que salían de los patios del penal, pese a que la Guardia Nacional Bolivariana con equipos especiales, estaba presente bloqueando el ingreso del féretro.

Los presos se subieron a los techos para expresar solidaridad con quien por más de una década fue su líder disparando ráfagas con sus armas.

En horas de la tarde, el sonido de los disparos cambió por la fuerza del vallenato que se dejó escuchar hasta parte de la noche, al parecer, celebrando el cambio de mando en el penal margariteño.

Estaba previsto que este martes saliera el cortejo fúnebre desde la calle Charaima de Porlamar, hasta el cementerio Camposanto, con resguardo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Grupo de Acciones Especiales (GAE) de la Policía regional y de la Policía Municipal de Mariño, para evitar alteraciones.

Isla paralizada

El ambiente este martes seguía siendo tenso, pues estaba previsto que se llevara a cabo el sepelio de Rodríguez Cazorla en el cementerio Camposanto, ubicado a pocas cuadras del internado judicial.

Comentarios sobre la instalación de una tarima al frente de la residencia de los padres de “el conejo” para que cantara el hijo de Diómedes Díaz, como la asistencia de la ministra para Asuntos Penitenciarios, Yris Varela, fueron imposibles confirmar.

Lo que sí se concretó fue la paralización casi total de las actividades escolares y comerciales en Porlamar, por temor a que pudieran desbordarse las pasiones de las personas armadas que acudieron al sepelio.

Desde el lunes, los planteles educativos tanto privados como públicos, ubicados en el sector Llano Adentro y otros sectores de Porlamar, como los ubicados en las urbanizaciones cercanas al cementerio donde seria sepultado «El Conejo», en el municipio García, suspendieron actividades como medidas de prevención.

Para el mediodía del martes, más de 90% de las tiendas y centros comerciales de Porlamar, habían cerrado sus puertas para dar oportunidad a los trabajadores a llegar a sus casas, pues estaba cerrada a avenida Juan Bautista Arismendi que da acceso a al menos tres municipios del sur de la Isla.

El presidente tunecino Beji Caid Essebsi decretó estado de emergencia en el país y toque de queda en la capital y sus suburbios, tras el atentado contra un autobús de la seguridad presidencial que dejó al menos 15 muertos.

Una explosión el martes en un autobús que transportaba a miembros de la guardia presidencial en la capital del país mató a por lo menos 12 personas e hirió a más de una docena en lo que el Ministerio del Interior calificó como un «acto terrorista».

La explosión en una avenida bordeada por árboles en el centro de la capital tunecina es un nuevo golpe a un país que ha luchado en contra de la violencia de los extremistas islámicos. Dos ataques a inicios de este año mataron a 60 personas, devastaron la industria del turismo y cimbraron la joven democracia del país.

La policía se desplegó por todo el centro de Túnez tras la explosión y las ambulancias llegaron al lugar para evacuar a heridos y muertos. El primer ministro, Habib Essid, y el ministro del Interior, Najem Gharsalli, visitaron el sitio del ataque luego de que éste fue acordonado por la policía.

El portavoz del ministerio del Interior, Walid Louguini, declaró a The Associated Press que al menos 12 personas murieron y 16 heridas en lo que el gobierno considera un «acto terrorista». El presidente Beji Caid Essebsi no estaba en el autobús en ese momento. Sus guardias presidenciales son una fuerza de seguridad de élite que sólo protege al presidente.

El testigo Bassem Trifi, un abogado de derechos humanos, afirmó que la explosión impactó el lado del conductor del autobús, describiendo una «escena catastrófica». «Vi al menos cinco muertos en el suelo», comentó a la AP. «No fue una explosión ordinaria».

El ataque llega días después de que las autoridades sin dar explicación incrementaron el nivel de seguridad en la capital y desplegaron gran número de agentes y policías. La embajada francesa en este antiguo territorio francés también fue puesta bajo severa protección en días recientes, luego de los ataques de París.

A inicios de este mes, las autoridades tunecinas anunciaron el desmantelamiento de una célula que se dijo había planeado ataques a estaciones de policía y hoteles en la ciudad costera de Sousse, unos 150 kilómetros (95 millas) al sureste de Túnez. Sousse fue uno de los blancos en los ataques a inicios de este año.

La industria turística de Túnez ha sido duramente golpeada este año después de los ataques. Tiroteos en un hotel de lujo de una playa de Sousse en junio pasado mataron a 38 personas, la mayoría turistas, mientras que en marzo un ataque de extremistas islámicos en el afamado museo tunecino del Bardo cercano a la capital mató a 22 personas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitando Túnez a principios de este mes, se comprometió a ampliar el apoyo económico y de seguridad para Túnez, cuyo levantamiento popular provocó la Primavera Árabe en el 2011.

Kerry dijo que Estados Unidos y Túnez empezarían pronto las negociaciones sobre una importante garantía de préstamos y estuvieron discutiendo la ampliación de la cooperación militar, incluyendo compartir datos y el uso de drones para recolectar información sobre posibles amenazas. Se espera que un equipo militar estadounidense a finales de noviembre comience con esas conversaciones en Túnez.

Baltimore superó sin mayores incidentes la primera noche bajo toque de queda en toda la ciudad, una sus principales pruebas después de los violentos disturbios vividos 24 horas antes tras la muerte bajo custodia policial de un joven afroamericano, Freddie Gray.

El gran reto tenía la hora marcada: las diez de la noche del martes, cuando entraba en vigor la medida restrictiva decretada por la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, que pretende mantener a los ciudadanos en sus casas durante las horas de la noche -el toque de queda se levanta a las cinco de la mañana- para el resto de la semana. A escasos minutos de la medianoche, el comisionado de policía Anthony Batts, se permitía una sonrisa. “Está funcionando”, declaró. “Los ciudadanos están seguros y la ciudad estable, esperamos que se mantenga así”, agregó.

Sus deseos se cumplieron ampliamente. En la mañana del miércoles, la vida empezaba a volver a una cierta normalidad en Baltimore, reforzada por la reapertura de escuelas y comercios que habían permanecido cerrados la víspera.

El saldo oficial de detenidos desde el toque de queda es de diez. Una cifra mínima frente a los más de dos centenares arrestados la víspera. Pero hasta el último momento, la duda planeó sobre el éxito de la decisión de las autoridades locales de limitar los movimientos de los ciudadanos durante la noche.

Pese a intensos llamamientos policiales y de líderes de la propia comunidad, algunos grupos se negaron a replegarse a sus casas a la hora señalada, especialmente en lugares sensibles como una intersección de la Avenida Pennsylvania que la víspera había sufrido algunas de las escenas más violentas de las protestas. Allí la policía, pertrechada tras escudos protectores y flanqueada por tanquetas antidisturbios, comenzó a avanzar lentamente en fila cerrada hacia los manifestantes, contra los que lanzó granadas de humo y gas pimienta para dispersarlos.

Algunos -pocos- respondieron lanzando botellas de plástico y hasta vidrio contra los agentes, que realizaron algunos arrestos en esta zona y otras Baltimore.

Con todo, la tensión era claramente menor que la vivida en las mismas calles 24 horas atrás y que dejaron escaparates destrozados y ennegrecidos por el fuego que siguió a los saqueos. Los incidentes del lunes se saldaron además con 235 detenidos y 20 agentes heridos, así como otra persona en estado crítico a causa de uno de los incendios provocados durante los disturbios.

Hasta poco antes de la entrada en vigor del toque de queda, estas mismas calles ya habían sido testigo de los esfuerzos de la comunidad local por cambiar el tono de las protestas. Cientos de personas confluyeron durante todo el día en la intersección destruida por los saqueos para demostrar, de una forma festiva, que no todos los que salen a la calle lo hacen para causar caos.

Desde primera hora de la mañana, muchos de estos ciudadanos habían participado además en las decenas de brigadas de voluntarios que, convocados por las redes sociales y armados con escobas y bolsas de basura, acudieron a ayudar a limpiar el caos provocado por los centenares de violentos que, durante buena parte de la tarde y noche del lunes, se dedicaron a desvalijar e incendiar comercios y vehículos.

La violencia había empezado a estallar en la tarde del lunes, después del entierro de Freddie Gray. Este es el joven negro que el 19 de abril falleció a causa de una grave lesión medular sufrida en algún momento durante su arresto, una semana antes, por policías blancos. Gray se convertía así en el último símbolo de una situación que, al menos desde la muerte del adolescente -también negro, también desarmado- Michael Brown en Ferguson, Misuri, hace casi un año, viene repitiéndose con demasiada frecuencia en Estados Unidos: caso tras caso de brutalidad policial contra las minorías, especialmente la afroamericana, han demostrado que este país no ha logrado aún superar las tensiones raciales, pese a tener como presidente a un hombre negro por primera vez en su historia.

Miles de agentes de policía, reforzados con miembros de la patrulla estatal y también -por primera vez desde los fuertes disturbios de 1968 tras el asesinato de Martin Luther King- de la Guardia Nacional, se desplegaron el martes en los puntos estratégicos de esta antigua esplendorosa ciudad portuaria ahora abatida por años de crisis y marcada por la desigualdad. Las zonas comerciales, turísticas y de negocios, además de las sedes del gobierno local, estaban fuertemente protegidas por filas de agentes y vehículos blindados, que también se hicieron presentes en las zonas más calientes -y deprimidas- donde la noche del lunes se vivieron los peores disturbios. Escuelas, museos y numerosos comercios permaneceron cerrados. El equipo local de béisbol, los Baltimore Orioles, volvió a posponer un partido ya aplazado el lunes y que se jugará finalmente este miércoles a puertas cerradas, mientras el gobernador de Maryland, el republicano Larry Hogan, trasladaba temporalmente su oficina a Baltimore para controlar más de cerca una situación que, desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama calificó de “inexcusable”.

“No pensé que fuéramos a llegar a este extremo”, lamentaba Sharanda Palmer mientras, en la mañana del martes, barría desolada los cristales del escaparate destrozado de su tienda. “Creí que tras las protestas de la semana pasada esto se había acabado, pero esto parece sacado de una película”, contaba luchando por contener las lágrimas y la rabia de saber que muchos de los causantes de los destrozos de su negocio son los mismos que a menudo acudieron a comprar en él.

Al joven concejal de Baltimore Brandon Scott también le podía la rabia con la violencia de la noche. “Están destruyendo el futuro de su propia gente, de sus hijos, porque esto es algo que va a dañar a la ciudad en los próximos años”, lamentó. Y peor aún, advirtió. “Esto no va a ayudar, esto va a hacer daño a los esfuerzos para lograr justicia no solo para la familia de Gray, sino para mejorar toda nuestra ciudad”, sostuvo.

Aeneas Middleton, un joven cineasta afroamericano de San Luis al que las protestas del lunes lo encontraron cámara en mano filmando unas escenas de su próximo proyecto -una película de ciencia ficción- en Baltimore, no condona la violencia vivida. Pero dice comprender de dónde sale.

“Desde 1968, la gente es consciente de que cosas como la muerte de Gray son algo recurrente, y está cansada. En algunas zonas de San Luis, el 99% de la gente que es detenida es negra. Y estamos hartos del racismo, queremos un cambio”, afirmó.

Las más altas autoridades del país, Obama a la cabeza, han dejado claro que la violencia no es la vía para lograrlo. Baltimore trató el martes de buscar otras formas para manifestar su frustración y conseguir los cambios que reclaman tantos en todo el país.