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Los traidores, por Sebastián de la Nuez

@sdelanuez 

Esta semana se derrumbó otro pedazo de la UCV, Tibisay Lucena se marchó del CNE más gorda de lo que entró, los vestigios de la democracia recibieron varios mordiscos del Tribunal Supremo de Justicia y ubicuos operadores políticos del MAS (de lo que queda del MAS) fueron colocados donde hay, para que ellos también arañen del botín (de lo que queda del botín).

También apareció el cadáver de un caballo en el sector La Gloria, en alguna parte del estado Apure.

Esto último ya se convierte en un ritornello, otra pista del país de ahora, donde suelen aparecer restos de animales asesinados (o sacrificados, como quieran) en zonas rurales, pero también urbanas. ¿Qué tal sabrá la carne de caballo, de perro, de gato, de zamuro? No son tristes las noticias que vienen desde Venezuela; son dramáticas.

Por primera vez en 60 años, Eduardo Fernández no votará por la tarjeta verde de Copei, y no lo hará más nunca, dice en un tuit, mientras permanezca secuestrada por el TSJ. Henri Ramos Allup, por su parte, dice que lo que le están haciendo a Acción Democrática ya se ha visto antes en la Historia y que el partido de Betancourt siempre sobrevivió, aun en las épocas más oscuras.

Otras tarjetas con unos símbolos y colores inequívocos, otros partidos, han sufrido la ocupación forzada vía exprés gracias a los buenos oficios de los delincuentes del TSJ.

Su sala Constitucional ha dictado, según constata una ONG especializada en el tema judicial, al menos 132 sentencias contra el poder legislativo desde diciembre de 2015. Esta organización calcula que la sala Constitucional dicta, en promedio, un fallo cada doce días contra la Asamblea Nacional legítima, por cierto, producto de las últimas elecciones justas (aun realizadas en condiciones abusivas y ventajistas a favor del régimen) que hubo en Venezuela.

Pero estos sucesos de los últimos días, contra los partidos sobrevivientes, no serían posibles sin los traidores, esos bichitos con hocico y pezuñas que han medrado siempre de la política y lo seguirán haciendo eternamente. Bichitos con consistencia de correveidile. ¿Verdad, Felipe Mujica?

Hay traidores en las cloacas y en las directivas de los partidos, nunca se sabe cuándo se van a quitar la máscara.

Y hay traiciones sin traidores, o sea, traiciones que han crecido en el inconsciente colectivo desde lo aceptado tácitamente por la sociedad y el sistema educativo.

Como las lecturas que se hacen de la Historia.

Los historiadores venezolanos tienen, hoy en día, como quien dice, la película completa en su cabeza. Saben bien cuáles son las consejas repetidas una y otra vez a lo largo del tiempo, hasta el hartazgo —incluso— en las aulas de cada escuela o en la televisión, los discursos y en los libros; han producido daños irreversibles, virulentos.

Carole Leal Curiel, una de las más acuciosas y equilibradas historiadoras con que cuenta Venezuela, está harta del entorno político, se ha encerrado en su casa a estudiar y escribir sobre los inicios de la Independencia en Venezuela. Los acontecimientos actuales la sobrepasan en su condición de persona alerta y vulnerable ante la tragedia colectiva.

Hace algún tiempo escribió una monografía, «La primera revolución de Caracas, 1808-1812: juntismo, elecciones e independencia absoluta», donde estudia la revuelta del 19 de abril de 1810 y la declaración de Independencia del 5 de julio. En buena medida, la condena bolivariana al sistema federal y a los «excesos liberales» explica el fracaso político de esa primera revolución. Apoyándose en los estudios de Germán Carrera Damas y Luis Castro Leiva, apunta Leal Curiel en una dirección: la reconstrucción histórica de la época emancipadora —es decir, la reconstrucción que se ha hecho el propio venezolano de su Historia— gravita en torno a la figura de Simón Bolívar y, por extensión, sobre todo lo militar que hay o hubo en cada héroe o supuesto héroe.

Sin embargo, la narrativa histórica escamotea aspectos decisivos en esa primera república, como el largo proceso de negociación política que significó conformar juntas en las provincias que formaban parte de la Capitanía General, el desarrollo de las elecciones para diputados al Congreso General Conservador de los Derechos de Fernando VII y el debate teórico-político que condujo a la declaración de la independencia absoluta.

O sea, se prefirió enaltecer la inmediatez y capacidad decisoria de las armas, dejando en la sombra la posibilidad de negociar, la importancia de las elecciones y la herramienta inestimable del debate de ideas, aquel que finalmente pueda conducir a un cambio.

¿Hay en Venezuela una “conciencia histórica nacional” (la expresión la toma Leal Curiel de Carrera Damas)? No, no la hay. No hay sentido de república ni de la cosa cívica sino culto a lo militar, culto al revanchismo, culto a Bolívar.

¿Cuál es el sentido mismo de la república? Hay dos países, uno grande, sufriente y desparramado por el mundo que conoce, o al menos intuye, ese sentido de lo republicano; el otro, mínimo pero poderoso, es el paisito que está expropiando ahora partidos políticos, animando la traición a esa escala. Ese paisito no sabe lo que es república, pero sí sabe lo que es feudo. Es el país, por cierto, del colombiano Alex Saab (y del traidor que lo elevó y le dio las llaves), embajador plenipotenciario del régimen madurista en asuntos de alimentación, entre otros.

En su autoencierro, que no es para nada improductivo ni significa laxitud de espíritu, Leal Curiel busca, en el fondo de todo su trabajo, quizás, una respuesta en la Historia, la respuesta a una pregunta que suena un poco vulgar pero que ya se la han hecho otros intelectuales latinoamericanos en relación a sus propios países, por lo general zarandeados por su propia Historia o por la brutalidad de sus líderes: ¿en qué momento se jodió Venezuela?

En el momento en que nació Chávez, dirán algunos.

Pero no. Esa no es suficiente respuesta. Chávez es un traidor más, uno vil y artero, desde luego; pero ni siquiera merece tanta importancia.

Hace falta escuchar a los historiadores. Hace falta rescatar los valores y quitar de su sitio unas cuantas estatuas o bustos del Libertador. No destruirlas ni echarlas a un río, tampoco es cuestión de alentar más barbarie. Simplemente, mudar esos trastos a la esquina de la plaza y dejar en el centro a un médico, a un literato, a un profesor.

Hace falta quitarle el remoquete “bolivariana” a la república de Venezuela. El culto a Bolívar, y al énfasis que se le ha dado a sus acciones sobre las de venezolanos ilustres del lado civil de la acción humana, ha sido y es una forma de traición a la patria.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Estuvo al mando durante 14 años y ahora es sustituida por la ex magistrada Indira Alfonzo, quien también es presidenta de la Sala Electoral

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, salió este lunes, 15 de junio, por la puerta principal del ente electoral con un mejor semblante, luego que los nuevos rectores encabezados por la ex magistrada Indira Alfonzo tomaran posesión de sus cargos.

La ex rectora iba escoltada por parte de su equipo de trabajo y antes de salir, se despidió, alzando los brazos, de parte del personal que estaba en las inmediaciones del edificio que recorrió desde 2006. Fue una despedida que si se quiere pasó por debajo de la mesa, considerando que hablamos de la persona que estuvo al frente de esa institución por 14 años.

Previamente los rectores salientes y los entrantes participaron en un “agasajo” que se realizó en el auditorio principal y que duró cerca de dos horas. Allí también participaron directores del ente comicial los cuales están a la espera de si serán removidos o ratificados en sus cargos.

Lucena salió además con la réplica de la espada de Bolívar que iba guardada en un estuche azul.

Antes de subir a su camioneta, se despidió también de trabajadores que estaban parados en la baranda que durante tantos años sirvió de imagen previa a resultados electorales. En cuanto al resto de rectores salientes, se pudo observar a Luis Emilio Rondón y Socorro Hernández.

Mientras que los rectores designados sólo hicieron una aparición ante los medios de comunicación cuando llegaron a la sede del CNE. Luego subieron a instalar el primer directorio, una reunión que duró poco menos de media hora. Al momento de retirarse, los cinco nuevos rectores salieron por una de las rampas que dan al estacionamiento de la institución.

Su paso por el CNE y una ausencia

Tibisay Lucena estuvo al mando del Consejo Nacional Electoral durante 14 años, dirigió 18 comicios, entre ellos 2 elecciones parlamentarias, 4 presidenciales, 4 de gobernadores, 4 municipales, 2 referendos constitucionales y 1 Constituyente. Desde el 8 de mazo del 2020 no había aparecido públicamente, pues en esa ocasión informó sobre los hechos ocurridos en el incendio de los galpones del CNE en Mariche, municipio Sucre del estado Miranda.

En ese entonces informó que el incendio quemó 582 computadoras pertenecientes al registro civil, 49.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22.434 ingresores de corriente, 127.000 boletas que estaban listas para desincorporar y 49.323 sistemas de autenticación integrada (captahuellas).

Y es que Lucena se ha desaparecido en diversas ocasiones de las cámaras. Un ejemplo fue a finales de 2017, estuvo más de 100 días fuera de actividad, para reaparecer en febrero de 2018 a convocar las elecciones presidenciales del 22 de abril.

Designación de los nuevos rectores

Los integrantes de la nueva directiva son: Indira Maira Alfonzo Izaguirre, presidenta de la Sala Electoral es quien sustituye a Tibisay Lucena como rectora principal y presidenta del Poder Electoral. Mientras que los demás integrantes son Rafael Simón Jiménez, Tania D’Amelio, Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez Parra.

La juramentación del TSJ fue hecha por la Sala Constitucional luego de que declararan omisión legislativa a la Asamblea Nacional, ente que legalmente es quien designa a los integrantes del Poder Electoral, tal como lo establece el artículo 296 de la Constitución.

El Poder Judicial había dado al Comité de Postulaciones del Parlamento 72 horas para entregar la lista de candidatos preseleccionados; sin embargo, los integrantes se negaron, en consecuencia, el Tribunal Supremo adelantó los plazos establecidos, que coincidió con una solicitud hecha por la denominada Mesa de Diálogo Nacional.

Esta decisión fue rechazada por la oposición venezolana y es que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y jefe del Poder Legislativo asegura que esto es ilegal, pues esa es una decisión del Parlamento. «Solo el Comité de Postulaciones y la AN designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho», escribió en su cuenta de Twitter el mismo día en que el TSJ juramentó a la nueva directiva.

Asimismo internacionalmente tampoco es bien vista, este lunes, 15 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro dificulta el proceso de transición.

Tibisay Lucena pedirá una investigación profunda sobre incendio en galpones del CNE
Durante un contacto telefónico con el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), Lucena expresó desde el lugar de los hechos que este incidente causó serios daños a la infraestructura electoral

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena aseguró que exigirá una investigación a profundidad sobre las causas del incendio ocurrido este sábado 7 de marzo en los galpones del ente electoral ubicados en Filas de Mariche.

Durante un contacto telefónico con el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), Lucena expresó desde los galpones ubicados en Petare que inició “la evaluación y estamos determinando los importantes daños que se causaron a nuestro sistema electoral”. 

Hasta el momento se desconoce si las máquinas resultaron destruidas por el incendio. No obstante, Lucena insistió en que las llamas causaron “algunos daños”, al tiempo que dijo ofrecerá un reporte completo en los próximos días.

Quienes intentan sabotear el sistema electoral van a chocar, como siempre ha sido, con la determinación democrática inquebrantable del pueblo electoral y del pueblo de Venezuela”, manifestó.

Prometió que el CNE garantizará que “los procesos electorales constitucionalmente correspondientes y previstos para este año”, como lo son los que permitirán la renovación del Parlamento, que controla la oposición, se celebren a tiempo.

En los galpones del ente electoral ubicados en Filas de Mariche, está guardado todo el parque de máquinas de votación, así como las maletas en las que se almacenan y trasladan las máquinas, las baterías 12V que sirven de respaldo en caso de fallas eléctricas en el día de la elección y los equipos captahuellas.

Diosdado Cabello asoma que elecciones parlamentarias serán sin Tibisay Lucena en el CNE
“Se van a perder el lujo de tener una gran mujer en el CNE como lo es Tibisay Lucena”, expresó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, el miércoles 8 de enero en su programa de televisión Con el Mazo Dando

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, asomó este miércoles nueve de enero que las próximas elecciones que se realicen en el país podrían hacerse sin la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, al frente de dicho organismo.

“Se van a perder el lujo de tener a una gran mujer en el CNE como lo es Tibisay Lucena”, expresó Diosdado Cabello, quien preside la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro.

Los dirigentes del PSUV y el propio Nicolás Maduro han manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de adelantar los comicios para diputados del Parlamento. El período legislativo vence el cinco de enero de 2021 y las elecciones parlamentarias se realizan tradicionalmente en los últimos dos meses del año previo a dicho vencimiento.

La oposición venezolana ha insistido en que se requieren condiciones adecuadas para que se convoque un proceso comicial de esta naturaleza y que garantice que el resultado final corresponda al expresado por la población. Entre tales condicionantes figura la de una nueva directiva del CNE, que es acusado de haber demostrado parcialidad hacia el gobierno.

Omisión

Corresponde a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría calificada, designar a las autoridades del CNE, previa conformación de un comité de postulaciones electorales. Según los resultados de 2015, la oposición contaba con la cantidad de escaños suficientes para hacerlo. No obstante, dado que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los efectos de la proclamación de cuatro diputados por el estado Amazonas, tres de ellos opositores, la oposición no logró acometer la designación.

El grupo de los diputados CLAP (denominados así por su vinculación al escándalo por la presunta protección a funcionarios y empresarios acusados de corrupción en el programa social del Ejecutivo), ha impuesto una junta directiva a la AN, que el gobierno ha reconocido, pero no ha demostrado que contaron con el cuórum suficiente para ello. En la votación de la sesión del cinco de enero en el Palacio Federal Legislativo habrían votado 81 diputados, pero la fracción de oposición asegura que sufragaron diputados suplentes y otros del gobierno que perdieron su condición de diputados.

La fracción de oposición se reunió luego en la sede de El Nacional y ratificó a Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Faltaría saber si estando los principales en una sesión en el Palacio Federal Legislativo, el grupo de Luis Parra llega a contar con los votos que asegura tener. Si la AN no logra la designación del CNE, incurriría en omisión legislativa y corresponde al Tribunal Supremo de Justicia hacer la escogencia.

Crímenes sin castigo | Disputas en Luxemburgo
-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

 

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Breves

  1. -98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.
  2. -Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

@javiermayorca

Suiza agrega seis funcionarios públicos de Venezuela a su lista de sancionados

EL 28 DE MARZO DE 2018, el Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018. El 5 de agosto de 2019, Suiza actualizó la lista de funcionarios del Gobierno venezolano sancionados, sumando un total de 18 autoridades del Estado sancionadas.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Gustavo González López, director del Sebin, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela,  son los funcionarios que fueron sancionados este lunes. 

Reverol, González López y Benavides Torres fueron sancionados por ser autores de violaciones a los derechos humanos, represión contra la sociedad civil y  la oposición venezolana. Mientras que Lucena fue penada por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

“Sus acciones y políticas han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, incluso facilitando el establecimiento de la asamblea nacional constituyente al fallar para garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente como lo establece la Constitución venezolana”, indicó el documento del Consejo Federal de Suiza sobre la sanción a Tibisay Lucena. 

Hasta el 15 de noviembre de 2018, la lista de sancionados estaba conformada por: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Sandra Oblitas, Freddy Bernal, Katherine Harrington, Socorro Hernández y Xavier Moreno.  

Cabello, presidente de la ANC, fue sancionado por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar y amenazar públicamente a la oposición, otros medios y sociedad civil.

Las medidas restrictivas contra los funcionarios del Gobierno de Maduro se han decretado debido a la violación de los derechos humanos, la falta de estado de derecho y la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas.

Entre las sanciones impuestas por Suizas se encuentran: sanciones relativas a la propiedad que incluyen prohibición de proporcionar equipo militar y bienes que puedan ser utilizados para la represión interna. La prohibición de proporcionar equipos para su uso de espionaje. Sanciones financieras que involucran la congelación de activos y recursos económicos junto con la obligación de declarar bienes y recursos económicos.

Hugo Carvajal pide a la AN investigar posible fraude en elecciones del 20 de mayo

El Mayor General (R) del Ejército, Hugo Carvajal, solicitó a la Asamblea Nacional una investigación ante “las fundadas sospechas de fraude electoral” por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones presidenciales del 20 de mayo del año pasado.

Mediante una carta publicada en su cuenta de Twitter (@hugocarvajal4f) el también parlamentario relacionó a Carlos Quintero Cuevas, ex funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, como “cómplice” del presunto fraude y solicita que sea investigado. Explicó que Quintero se desempeñó en la institución militar entre 2002 y 2004 como jefe de informática en la Dirección de Comunicaciones. En ese mismo periodo fue enviado en comisión de servicio al CNE, para ocupar el cargo de Director de Registro Electoral durante la gestión de Jorge Rodríguez.

“Luego pasaría a ocupar el cargo de Director de Informática, cargo en el que era responsable de la supervisión de la data de todos los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación”, agrega Carvajal en la carta, donde también indica que ahora Carlos Quintero Cuevas pertenece a la Junta Nacional Electoral con la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y la rectora Socorro Hernández.

El militar retirado asegura que este funcionario involucrado en las elecciones sabía de primero los resultados de todas las elecciones y que aunque Lucena le pidió “resolver” su situación como militar y pedir la baja, “en el año 2013, luego de una sospechosa gestión solicitada desde la Presidencia de la República, su expediente de baja desapareció y continuó con su carrera militar como si nada hubiera pasado. Hoy en día ya es Teniente Coronel del Ejército y se encuentra subordinado a órdenes superiores emanadas desde la Fuerza Armada Nacional. A pesar de su condición de militar asimilado, pertenece a la Junta Nacional Electoral”.

Poco transparentes

Carvajal indica en la misiva que aunque el sistema era técnicamente confiable en las elecciones presidenciales de 2013, “los mecanismos poco transparentes, ventajistas y manipuladores del Gobierno de Maduro tuvieron gran peso en los resultados electorales y lograron mantener a Maduro y su cúpula de poder, restándole legitimidad a los resultados”.

Igualmente explica que el Gobierno no decidió intervenir en los resultados de las elecciones parlamentarias del año 2015 y que eso los llevó evitar a toda costa un referéndum revocatorio en contra de Maduro. Pero no duda en asegurar que para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 se produjo el “mega fraude” y que eso le permitió a Carlos Quintero Cuevas perpretar un nuevo “fraude” en las elecciones presidenciales adelantadas del año pasado.

“Aunque la partida de Smartmatic del país después de 15 años haga obvia esta afirmación, yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: “me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

¿Qué se necesita para celebrar unas elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela? por Juan Manuel Trak

LOS RECIENTES EVENTOS EN VENEZUELA muestran que celebrar elecciones sin tomar en cuenta las condiciones de integridad de las mismas puede derivar en altos niveles de conflictividad e inestabilidad política. A estas alturas del siglo XXI sabemos que la democracia es mucho más que elecciones, pero sin elecciones auténticamente libres, justas y competitivas no hay democracia.

La crisis venezolana se inició como resultado del irrespeto al resultado de la elección parlamentaria de 2015. Desde que se supo el resultado de esa elección el Gobierno desconoció el poder de la Asamblea Nacional, al tiempo que fue minando de manera sistemática la integridad de las elecciones en Venezuela. Luego de las elecciones de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Tibisay Lucena, ha destruido la confianza en el voto, cerrando los mecanismos institucionales para que el Gobierno rinda cuentas por su mal desempeño e impidiendo que los ciudadanos puedan elegir de manera libre el gobierno de su preferencia.

En este contexto, la crisis política que vive Venezuela va a requerir una elección en el mediano plazo, que permita pasar de un gobierno de transición a uno electo popularmente, para lo cual es necesario iniciar los cambios importantes en la gestión de las elecciones en Venezuela. De hecho, una de las soluciones propuestas por la Unión Europea es la celebración de elecciones presidenciales a la brevedad posible, por lo que una reflexión sobre las cosas urgentes que se deberían poner en marcha se hace necesaria.

Desde mi punto de vista, para llevar adelante unas elecciones aceptablemente competitivas en Venezuela se requieren 11 cambios político-institucionales orientados a la recuperación de la confianza de los venezolanos hacia su sistema electoral:

  1. Nombramiento de nuevos rectores: al día de hoy ninguno de los rectores del Consejo Nacional Electoral ha sido designado siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. De hecho, los rectores han sido designados por un Tribunal Supremo de Justicia cooptado por el Gobierno, con el propósito de evadir la reinstitucionalización del Poder Electoral. En este sentido, una de las primeras tareas que debe acometer la Asamblea Nacional es iniciar la convocatoria a la sociedad civil para la confirmación del Comité de Postulaciones en la que se evalúe el perfil de los posibles nuevos rectores.

  2. Cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales: si bien es cierto que la CRBV y la LOPRE tienen defectos importantes en lo relativo al diseño del sistema electoral venezolano, para una posible elección presidencial sería suficiente que se cumpla estrictamente la Ley. Eso supone que un CNE apegado a derecho, el cual garantiza el cumplimiento de las regulaciones existentes, sanciona a quienes violan la ley y no toma decisiones parcializadas a favor de una de las partes.

  3. Despartidización de los Organismos Electorales Subalternos: la gran mayoría de las oficinas regionales y municipales del Consejo Nacional Electoral están en manos de miembros del PSUV, por lo que es imprescindible sustituir a esos funcionarios por personas provenientes de la sociedad civil capaces de aplicar la ley de manera equitativa.

  4. Rehabilitación de partidos políticos y candidatos: entre 2016 y 2018 el Consejo Nacional Electoral ha llevado a cabo procedimientos administrativos orientados a la ilegalización de los partidos políticos. Bajo la excusa de que los partidos deben renovar sus nóminas, el Consejo Nacional Electoral ha cambiado de manera profunda el sistema de partidos, prohibiendo la postulación de candidatos a la mayoría de los partidos políticos opositores, al tiempo que ha cerrado la posibilidad de inscripción a nuevas organizaciones partidistas. Al mismo tiempo, el CNE ha procedido a inhabilitar a líderes opositores bajo la excusa de que es una orden de la Contraloría General de la República, contraviniendo la norma constitucional en la que es necesario que haya una condena judicial firme. En este orden de ideas, las nuevas autoridades electorales deberán revertir las inhabilitaciones de los partidos políticos y restituir el derecho a optar a cargos de elección popular a quienes han sido injustamente privados del mismo.

  5. Neutralidad de la administración pública: cualquiera sea la composición política de un posible gobierno de transición, una de las tareas más importantes en el contexto electoral es la despartidización de los diferentes niveles de la administración pública. Garantizar que los funcionarios y organismos públicos estén al servicio de los ciudadanos en lugar de ser oficinas del partido de Gobierno (a cualquier nivel) que hacen campaña con los recursos públicos. Es necesario que se castigue a los funcionarios públicos que usan recursos del Estado para fines partidistas.

  6. Reducir la injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral: colocar en manos de civiles la logística de la distribución del material electoral, reduciendo el rol de la Fuerza Armada a su custodia en aquellos lugares donde la fuerza civil se vea superada para garantizar que las elecciones se den en paz y tranquilidad.

  7. Equidad en el acceso al sistema de medios públicos: garantizar que el sistema de medios públicos sea neutral y ofrezca cobertura equitativa a todos los partidos y candidatos participantes en una posible elección presidencial.

  8. Supresión de toda forma de coacción el día de la elección: en los últimos años dos malas prácticas electorales han supuesto la coacción de los electores. Por un lado, los puntos de información en las afueras de los centros de votación, los cuales distorsionan el proceso electoral, no solo porque es una forma de hacer campaña el día de la elección sino porque han servido para coaccionar a los electores mediante el registro de su participación y orientación del voto. Por otro lado, prohibición de toda forma de voto asistido salvo en los casos que dicta la ley. El voto asistido ha sido utilizado para violar el secreto del voto mediante la supervisión del sufragio de cientos de ciudadanos, sobre todo en lugares en donde el PSUV ha tomado control del centro de votación con la anuencia de los miembros de mesa, miembros del Plan República y funcionarios del CNE.

  9. Control del gasto en campañas: desde 1999 se prohibió constitucionalmente el financiamiento de los partidos políticos, eso supone que los partidos y candidatos deben buscar dinero en el sector privado para poder realizar sus actividades políticas. Si bien es cierto que un esquema mixto sería lo ideal, reformar la Constitución no es prioridad para la transición. En este sentido, se debe fiscalizar de manera muy cercana el origen de los fondos de las campañas electorales, al tiempo que se establecen topes de gastos. Así mismo, es necesario cumplir la prohibición del uso recursos públicos, planes y programas sociales para hacer propaganda electoral, al tiempo que se sancione con todo el peso de la Ley a cualquier funcionario que utilice su cargo para favorecer a una parcialidad política.

  10. Apertura y depuración del Registro Electoral: si bien depurar el Registro Electoral es una tarea muy compleja, se hace necesaria una revisión mínima del mismo con el fin de comprobar la veracidad de algunos de sus datos. Una forma de hacer esto es auditando las direcciones de los votantes inscritos e identificando anomalías estadísticas. Por otra parte, es necesario abrir el Registro Electoral para la inscripción de los jóvenes, al tiempo que se hace necesario simplificar el Registro Electoral de los ciudadanos que viven en el exterior (independientemente de su estatus migratorio). También se deben buscar fórmulas que faciliten el ejercicio del voto a los emigrados desde sus lugares de residencia.

  11. Observación Electoral Internacional Calificada: el nuevo CNE debe derogar el Reglamento en materia de observación nacional electoral y acompañamiento internacional electoral, el cual limita el trabajo de los observadores nacionales y prohíbe la entrada de organizaciones de observación internacional especializadas como la ONU, OEA o la Unión Europea. La credibilidad de la elección va a depender, en gran medida, de su transparencia, y eso solo es posible brindando un amplio margen de acción a las organizaciones de observación electoral doméstica, así como la invitación, con suficiente tiempo, a los observadores internacionales para que puedan desarrollar la metodología internacionalmente acordada para evaluar si las elecciones fueron libres justas y competitivas.

Estos once elementos, si bien no serían suficientes para tener las condiciones de integridad electoral ideales, darían la posibilidad de tener unas elecciones creíbles y competitivas en el mediano plazo. Es importante señalar que muchas de las deficiencias del sistema electoral venezolano no provienen de los elementos técnicos y jurídicos existentes, sino de la voluntad de los miembros del actual CNE de cumplir con lo establecido en la norma y permitir un mayor involucramiento de los partidos y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones electorales. Es por eso que uno de los grandes responsables de la crisis política actual son las rectoras del CNE, cuyo trabajo ha sido despojar al venezolano del poder de su voto.

 

@juanchotrak

* El autor es sociólogo (UCAB), consultor e investigador sobre política y opinión pública. Máster en Ciencia Política y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos. Excoordinador de Investigación del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.