tibisay lucena archivos - Runrun

tibisay lucena

CNE: omisión versus consenso, por Luis Fuenmayor Toro

Para la mayoría de los actores políticos venezolanos, no habrá consenso en la designación del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional. La oposición extremista continúa, por lo menos declarativamente, hablando del cese de la usurpación, es decir de la salida de Maduro como condición previa a cualquier arreglo posterior. El gobierno, por su parte, tiene en la permanencia de Maduro su límite en cualquier negociación.

Maduro no se irá por las malas, ni por la puerta trasera; eso lo han mantenido desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor, no está negado a irse, pero no de la forma en que los extremistas opositores quieren, y en Venezuela no existe una revuelta popular a lo chileno o boliviano que pueda obligarlo, ni las tropas gringas están en la frontera listas para la invasión.

Esta situación hace predecir el disenso en torno a la designación de un nuevo CNE. La oposición extremista se prepara entonces para designar un CNE por su cuenta, con sus diputados, sin tener la mayoría de los dos tercios que requeriría. CNE que pasaría a sumarse a todas las instancias hasta ahora existentes de un pseudo gobierno paralelo o en el exilio, pues tendríamos entonces dos presidentes, dos asambleas nacionales, dos tribunales supremos, dos fiscales y dos consejos electorales.

Dicho en términos más directos: se trataría de extender la política que lleva casi un año de fracasos y que en absoluto ayudaría a buscar una salida pacífica en el mediano plazo, por lo que pudiéramos predecir que el sufrimiento de la nación continuaría y se agravaría.    

 

El gobierno, por su parte, pasaría a designar el nuevo CNE en consenso con los seis partidos hasta ahora integrantes de la mesa nacional de diálogo, lo cual no tendría el reconocimiento internacional necesario para mejorar su situación ni la de los venezolanos, ni reduciría la beligerancia del extremismo opositor. No voy a decir que se estaría en las mismas condiciones que se estuvo en la elección presidencial de Maduro, pues la situación actual no es la misma en varios aspectos.

Un llamado a la abstención no tendría el mismo respaldo que tuvo en mayo de 2018, ni la abstención por desencanto tampoco sería la misma. El sólo hecho de que se designe un CNE sin la presencia de Tibisay Lucena ya es un avance en el sentido de credibilidad del organismo, lo cual resultaría en una mayor participación electoral de la gente.

Pero en cualquier caso no es la mejor salida a la crisis actual, aunque es muy probable que sea lo que acontecerá. De ser así, habría que salir a votar en las elecciones de AN del próximo año, sin atender el llamado suicida de los abstencionistas patológicos, sobreponiéndonos a la desesperanza para tratar de tener un Poder Legislativo donde el PSUV no tenga la mayoría absoluta, independientemente de que como fuerza individual sea mayoritario. Y si eso no es posible, que lo sería si hay una adecuada votación, evitar la hegemonía gubernamental en la Asamblea. Estas posibilidades van a depender también de la unidad que logren los partidos de la oposición democrática.

@LFuenmayorToro

Crímenes sin castigo | Disputas en Luxemburgo
-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

 

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Breves

  1. -98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.
  2. -Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

@javiermayorca

Suiza agrega seis funcionarios públicos de Venezuela a su lista de sancionados

EL 28 DE MARZO DE 2018, el Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018. El 5 de agosto de 2019, Suiza actualizó la lista de funcionarios del Gobierno venezolano sancionados, sumando un total de 18 autoridades del Estado sancionadas.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Gustavo González López, director del Sebin, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela,  son los funcionarios que fueron sancionados este lunes. 

Reverol, González López y Benavides Torres fueron sancionados por ser autores de violaciones a los derechos humanos, represión contra la sociedad civil y  la oposición venezolana. Mientras que Lucena fue penada por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

“Sus acciones y políticas han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, incluso facilitando el establecimiento de la asamblea nacional constituyente al fallar para garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente como lo establece la Constitución venezolana”, indicó el documento del Consejo Federal de Suiza sobre la sanción a Tibisay Lucena. 

Hasta el 15 de noviembre de 2018, la lista de sancionados estaba conformada por: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Sandra Oblitas, Freddy Bernal, Katherine Harrington, Socorro Hernández y Xavier Moreno.  

Cabello, presidente de la ANC, fue sancionado por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar y amenazar públicamente a la oposición, otros medios y sociedad civil.

Las medidas restrictivas contra los funcionarios del Gobierno de Maduro se han decretado debido a la violación de los derechos humanos, la falta de estado de derecho y la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas.

Entre las sanciones impuestas por Suizas se encuentran: sanciones relativas a la propiedad que incluyen prohibición de proporcionar equipo militar y bienes que puedan ser utilizados para la represión interna. La prohibición de proporcionar equipos para su uso de espionaje. Sanciones financieras que involucran la congelación de activos y recursos económicos junto con la obligación de declarar bienes y recursos económicos.

Hugo Carvajal pide a la AN investigar posible fraude en elecciones del 20 de mayo

El Mayor General (R) del Ejército, Hugo Carvajal, solicitó a la Asamblea Nacional una investigación ante “las fundadas sospechas de fraude electoral” por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones presidenciales del 20 de mayo del año pasado.

Mediante una carta publicada en su cuenta de Twitter (@hugocarvajal4f) el también parlamentario relacionó a Carlos Quintero Cuevas, ex funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, como “cómplice” del presunto fraude y solicita que sea investigado. Explicó que Quintero se desempeñó en la institución militar entre 2002 y 2004 como jefe de informática en la Dirección de Comunicaciones. En ese mismo periodo fue enviado en comisión de servicio al CNE, para ocupar el cargo de Director de Registro Electoral durante la gestión de Jorge Rodríguez.

“Luego pasaría a ocupar el cargo de Director de Informática, cargo en el que era responsable de la supervisión de la data de todos los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación”, agrega Carvajal en la carta, donde también indica que ahora Carlos Quintero Cuevas pertenece a la Junta Nacional Electoral con la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y la rectora Socorro Hernández.

El militar retirado asegura que este funcionario involucrado en las elecciones sabía de primero los resultados de todas las elecciones y que aunque Lucena le pidió “resolver” su situación como militar y pedir la baja, “en el año 2013, luego de una sospechosa gestión solicitada desde la Presidencia de la República, su expediente de baja desapareció y continuó con su carrera militar como si nada hubiera pasado. Hoy en día ya es Teniente Coronel del Ejército y se encuentra subordinado a órdenes superiores emanadas desde la Fuerza Armada Nacional. A pesar de su condición de militar asimilado, pertenece a la Junta Nacional Electoral”.

Poco transparentes

Carvajal indica en la misiva que aunque el sistema era técnicamente confiable en las elecciones presidenciales de 2013, “los mecanismos poco transparentes, ventajistas y manipuladores del Gobierno de Maduro tuvieron gran peso en los resultados electorales y lograron mantener a Maduro y su cúpula de poder, restándole legitimidad a los resultados”.

Igualmente explica que el Gobierno no decidió intervenir en los resultados de las elecciones parlamentarias del año 2015 y que eso los llevó evitar a toda costa un referéndum revocatorio en contra de Maduro. Pero no duda en asegurar que para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 se produjo el “mega fraude” y que eso le permitió a Carlos Quintero Cuevas perpretar un nuevo “fraude” en las elecciones presidenciales adelantadas del año pasado.

“Aunque la partida de Smartmatic del país después de 15 años haga obvia esta afirmación, yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: “me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

¿Qué se necesita para celebrar unas elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela? por Juan Manuel Trak

LOS RECIENTES EVENTOS EN VENEZUELA muestran que celebrar elecciones sin tomar en cuenta las condiciones de integridad de las mismas puede derivar en altos niveles de conflictividad e inestabilidad política. A estas alturas del siglo XXI sabemos que la democracia es mucho más que elecciones, pero sin elecciones auténticamente libres, justas y competitivas no hay democracia.

La crisis venezolana se inició como resultado del irrespeto al resultado de la elección parlamentaria de 2015. Desde que se supo el resultado de esa elección el Gobierno desconoció el poder de la Asamblea Nacional, al tiempo que fue minando de manera sistemática la integridad de las elecciones en Venezuela. Luego de las elecciones de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Tibisay Lucena, ha destruido la confianza en el voto, cerrando los mecanismos institucionales para que el Gobierno rinda cuentas por su mal desempeño e impidiendo que los ciudadanos puedan elegir de manera libre el gobierno de su preferencia.

En este contexto, la crisis política que vive Venezuela va a requerir una elección en el mediano plazo, que permita pasar de un gobierno de transición a uno electo popularmente, para lo cual es necesario iniciar los cambios importantes en la gestión de las elecciones en Venezuela. De hecho, una de las soluciones propuestas por la Unión Europea es la celebración de elecciones presidenciales a la brevedad posible, por lo que una reflexión sobre las cosas urgentes que se deberían poner en marcha se hace necesaria.

Desde mi punto de vista, para llevar adelante unas elecciones aceptablemente competitivas en Venezuela se requieren 11 cambios político-institucionales orientados a la recuperación de la confianza de los venezolanos hacia su sistema electoral:

  1. Nombramiento de nuevos rectores: al día de hoy ninguno de los rectores del Consejo Nacional Electoral ha sido designado siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. De hecho, los rectores han sido designados por un Tribunal Supremo de Justicia cooptado por el Gobierno, con el propósito de evadir la reinstitucionalización del Poder Electoral. En este sentido, una de las primeras tareas que debe acometer la Asamblea Nacional es iniciar la convocatoria a la sociedad civil para la confirmación del Comité de Postulaciones en la que se evalúe el perfil de los posibles nuevos rectores.

  2. Cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales: si bien es cierto que la CRBV y la LOPRE tienen defectos importantes en lo relativo al diseño del sistema electoral venezolano, para una posible elección presidencial sería suficiente que se cumpla estrictamente la Ley. Eso supone que un CNE apegado a derecho, el cual garantiza el cumplimiento de las regulaciones existentes, sanciona a quienes violan la ley y no toma decisiones parcializadas a favor de una de las partes.

  3. Despartidización de los Organismos Electorales Subalternos: la gran mayoría de las oficinas regionales y municipales del Consejo Nacional Electoral están en manos de miembros del PSUV, por lo que es imprescindible sustituir a esos funcionarios por personas provenientes de la sociedad civil capaces de aplicar la ley de manera equitativa.

  4. Rehabilitación de partidos políticos y candidatos: entre 2016 y 2018 el Consejo Nacional Electoral ha llevado a cabo procedimientos administrativos orientados a la ilegalización de los partidos políticos. Bajo la excusa de que los partidos deben renovar sus nóminas, el Consejo Nacional Electoral ha cambiado de manera profunda el sistema de partidos, prohibiendo la postulación de candidatos a la mayoría de los partidos políticos opositores, al tiempo que ha cerrado la posibilidad de inscripción a nuevas organizaciones partidistas. Al mismo tiempo, el CNE ha procedido a inhabilitar a líderes opositores bajo la excusa de que es una orden de la Contraloría General de la República, contraviniendo la norma constitucional en la que es necesario que haya una condena judicial firme. En este orden de ideas, las nuevas autoridades electorales deberán revertir las inhabilitaciones de los partidos políticos y restituir el derecho a optar a cargos de elección popular a quienes han sido injustamente privados del mismo.

  5. Neutralidad de la administración pública: cualquiera sea la composición política de un posible gobierno de transición, una de las tareas más importantes en el contexto electoral es la despartidización de los diferentes niveles de la administración pública. Garantizar que los funcionarios y organismos públicos estén al servicio de los ciudadanos en lugar de ser oficinas del partido de Gobierno (a cualquier nivel) que hacen campaña con los recursos públicos. Es necesario que se castigue a los funcionarios públicos que usan recursos del Estado para fines partidistas.

  6. Reducir la injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral: colocar en manos de civiles la logística de la distribución del material electoral, reduciendo el rol de la Fuerza Armada a su custodia en aquellos lugares donde la fuerza civil se vea superada para garantizar que las elecciones se den en paz y tranquilidad.

  7. Equidad en el acceso al sistema de medios públicos: garantizar que el sistema de medios públicos sea neutral y ofrezca cobertura equitativa a todos los partidos y candidatos participantes en una posible elección presidencial.

  8. Supresión de toda forma de coacción el día de la elección: en los últimos años dos malas prácticas electorales han supuesto la coacción de los electores. Por un lado, los puntos de información en las afueras de los centros de votación, los cuales distorsionan el proceso electoral, no solo porque es una forma de hacer campaña el día de la elección sino porque han servido para coaccionar a los electores mediante el registro de su participación y orientación del voto. Por otro lado, prohibición de toda forma de voto asistido salvo en los casos que dicta la ley. El voto asistido ha sido utilizado para violar el secreto del voto mediante la supervisión del sufragio de cientos de ciudadanos, sobre todo en lugares en donde el PSUV ha tomado control del centro de votación con la anuencia de los miembros de mesa, miembros del Plan República y funcionarios del CNE.

  9. Control del gasto en campañas: desde 1999 se prohibió constitucionalmente el financiamiento de los partidos políticos, eso supone que los partidos y candidatos deben buscar dinero en el sector privado para poder realizar sus actividades políticas. Si bien es cierto que un esquema mixto sería lo ideal, reformar la Constitución no es prioridad para la transición. En este sentido, se debe fiscalizar de manera muy cercana el origen de los fondos de las campañas electorales, al tiempo que se establecen topes de gastos. Así mismo, es necesario cumplir la prohibición del uso recursos públicos, planes y programas sociales para hacer propaganda electoral, al tiempo que se sancione con todo el peso de la Ley a cualquier funcionario que utilice su cargo para favorecer a una parcialidad política.

  10. Apertura y depuración del Registro Electoral: si bien depurar el Registro Electoral es una tarea muy compleja, se hace necesaria una revisión mínima del mismo con el fin de comprobar la veracidad de algunos de sus datos. Una forma de hacer esto es auditando las direcciones de los votantes inscritos e identificando anomalías estadísticas. Por otra parte, es necesario abrir el Registro Electoral para la inscripción de los jóvenes, al tiempo que se hace necesario simplificar el Registro Electoral de los ciudadanos que viven en el exterior (independientemente de su estatus migratorio). También se deben buscar fórmulas que faciliten el ejercicio del voto a los emigrados desde sus lugares de residencia.

  11. Observación Electoral Internacional Calificada: el nuevo CNE debe derogar el Reglamento en materia de observación nacional electoral y acompañamiento internacional electoral, el cual limita el trabajo de los observadores nacionales y prohíbe la entrada de organizaciones de observación internacional especializadas como la ONU, OEA o la Unión Europea. La credibilidad de la elección va a depender, en gran medida, de su transparencia, y eso solo es posible brindando un amplio margen de acción a las organizaciones de observación electoral doméstica, así como la invitación, con suficiente tiempo, a los observadores internacionales para que puedan desarrollar la metodología internacionalmente acordada para evaluar si las elecciones fueron libres justas y competitivas.

Estos once elementos, si bien no serían suficientes para tener las condiciones de integridad electoral ideales, darían la posibilidad de tener unas elecciones creíbles y competitivas en el mediano plazo. Es importante señalar que muchas de las deficiencias del sistema electoral venezolano no provienen de los elementos técnicos y jurídicos existentes, sino de la voluntad de los miembros del actual CNE de cumplir con lo establecido en la norma y permitir un mayor involucramiento de los partidos y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones electorales. Es por eso que uno de los grandes responsables de la crisis política actual son las rectoras del CNE, cuyo trabajo ha sido despojar al venezolano del poder de su voto.

 

@juanchotrak

* El autor es sociólogo (UCAB), consultor e investigador sobre política y opinión pública. Máster en Ciencia Política y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos. Excoordinador de Investigación del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.

Tibisay Lucena: Guaidó optó por desconocer al sistema electoral que lo invistió como diputado

LA PRESIDENTA DEL CNE, Tibisay Lucena, declaró este jueves 24 de enero el rechazo del poder electoral a los pronunciamientos de los gobiernos que apoyan al jefe de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.

“El ciudadano Guaidó ha optado por desconocer el mismo sistema electoral por cuya razón ejerce como diputado de la Asamblea Nacional”, señaló al respecto.

Calificó la acción como un golpe de Estado dirigido por gobiernos extranjeros. “El Poder Electoral repudia y condena el desconocimiento pleno del texto constitucional y de las acciones de la derecha, que pretenden gestionar un golpe de Estado”, leyó en el comunicado.

Acusó al gobierno de los Estados Unidos de dirigir el “golpe de Estado” en el país en conjunto con representantes de la AN.

“Esas acciones de la derecha son parte de un grupo de gobiernos extranjeros liderados por el imperio de EEUU que buscan desconocer el Gobierno Bolivariano de Venezuela”, declaró.

Maduro encabeza la lista de funcionarios venezolanos que no pueden ingresar a Perú

ESTE 9 DE ENERO LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL de Migraciones de Perú, activó el procedimiento para impedir el ingreso a su país de 93 funcionarios o personas vinculadas al Gobierno de Venezuela.

Los nombres que integran esta lista aún parecen ser un secreto, sin embargo, el diario El Comercio de Perú, reveló algunas de las personas que forman parte de esta nueva restricción.

El mandatario Nicolás Maduro y la “primera combatiente” Cilia Flores, son algunos de los venezolanos que desde este momento tiene prohibido ingresar a ese territorio, familiares y allegados a la pareja presidencial también se verán afectados con esta medida.

Una fuente oficial reveló al medio de comunicación que varios gobernadores, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y hasta empresarios, engrosan esta lista.

El presidente de la impuesta Asamblea Constituyente Diosdado Cabello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, el vicepresidente para el Área Económica Tareck El Aissami, el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el exembajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, forman parte de los funcionarios a quienes se les restringió el ingreso al territorio de Perú.

El canciller peruano Néstor Popolizio, aseguró que esta medida se da para respaldar la decisión asumida por 13 países que integran el Grupo de Lima, de impedir el ingreso a su territorio a personas que integren el gabinete de Nicolás Maduro.

Esta nueva medida internacional también abarcará a personas naturales y jurídicas procedentes de Venezuela, con las que entidades bancarias de esos países no pueden operar.

Con 72% de abstención terminó jornada electoral del 9D

 

 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), Tibisay Lucena, informó en el primer boletín oficial de las elecciones de concejales que la participación durante la jornada del 9D alcanzó 27,4% de participación, lo que significa que luego de contar con más del 90% de los datos transmitidos, el nivel de abstención del padrón electoral superó el 72%.

Lucena especificó que de los 2.459 cargos que se disputaban en el terriorio nacional ya eran adjudicables 156 cargos de los 335 que iban por voto lista y de los 702 circuitos nominales contaban con 467 cargos adjudicables a sus respectivos ganadores, por lo que autorizó a las juntas regionales a informar los resultados por cada localidad.

La presidenta del ente electoral adelantó que de los 156 cargos lista adjudicados, 142 fueron obtenidos por la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de los 467 cargos nominales, 449 también corresponden a candidatos del PSUV.