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Sentencian en Texas a empresario venezolano por sobornos a Pdvsa
Según la Fiscalía, Rincón y sus cómplices, entre quienes figura el venezolano Abraham José Shiera Bastidas, controlaban varias compañías que usaron para obtener contratos con Pdvsa

 

El empresario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue sentenciado a 18 meses de prisión

El juez Gray Miller, del Distrito Federal del Sur de Texas, impuso la pena por los tres cargos en los cuales Rincón admitió su culpabilidad, pero las tres sentencias serán concurrentes.

Rincón se declaró culpable de violar la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Exterior, de colaborar y ayudar en la violación de esa ley, y de hacer declaraciones falsas en sus impuestos federales.

Según la Fiscalía, Rincón y sus cómplices, entre quienes figura el venezolano Abraham José Shiera Bastidas, controlaban varias compañías que usaron para obtener contratos con Pdvsa.

Entre 2009 y 2014, Rincón y sus colaboradores conspiraron para obtener y retener esos contratos por medios «corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a funcionarios de pdvsa».

Según documentos de la Corte, los conspiradores pagaron por lo menos 1,6 millones de dólares en sobornos, además de fondos adicionales por un monto indeterminado para viajes, comidas y entretenimiento para 5 funcionarios de Pdvsa. 

*Con información de EFE

Soborno y abuso de autoridad son los delitos más cometidos por cuerpos de seguridad en las comunidades
El estudio reflejó que 47% de los consultados afirmaron que conocen de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, entre ellos sobornos, asesinato, trafico de armas y narcotráfico

 

 

Los sobornos y abusos de autoridad son los delitos que más cometen los cuerpos de seguridad del Estado, esto según el informe semestral “Vivir en Venezuela”, del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP). 

El estudio, publicado este miércoles, 26 de octubre, y realizado en 14 estados del país, se basó en una investigación comprensiva sobre cómo vive y resiste el venezolano una cotidianidad compleja. 

El estudio reflejó que 47% de los consultados afirmaron que conocen de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, entre ellos sobornos, asesinato, trafico de armas y narcotráfico, sin dejar de lado el abuso de autoridad, que es el segundo más reconocido por los entrevistados.

Entre los principales delitos identificados por las comunidades y que fueron perpetrados por los cuerpos de seguridad destacan: Sobornos (51.9%), abuso de autoridad (17.8%), robos (11.1%), asesinatos (8.9%), tráfico de armas (5.2%), y narcotráfico (5.2%). 

El informe del CIP determinó la presencia de bandas criminales en las comunidades estudiadas, en entidades como Zulia, Táchira, Guárico, Aragua, Bolívar, Sucre y Lara.

Entre los delitos comunitarios más documentados por el estudio destacan los robos, extorsiones y secuestros. 

En el estado Sucre, existe la trata de personas, según el informe. “Sí, una mujer y su familia se dedicaban a mentirle a jovencitas con falsas ofertas de trabajo en Trinidad y Tobago que terminaba en prostituirlas”, reflejó como comentario una persona encuestada.

Fallas en los servicios y delincuencia son los principales problemas en comunidades venezolanas

Según los resultados del informe, los servicios de agua, luz y gas representan un problema para el 90.1% de las personas entrevistadas durante todo el semestre.

En el período de tiempo estudiado, el 21.9% de las protestas que se produjeron estaban relacionadas con el agua potable. 26.7% por fallas eléctricas, 30.5% por aguas negras y 21% por la falta de gas doméstico. 

El estado de las vías, aseo, transporte y el alumbrado público, servicios que deberían ser garantizados por el Estado, presentan fallas que aquejan a las comunidades. 

Además de la presentación de los datos, el CIP lanzó oficialmente el Observatorio de las Dinámicas Comunitarias, una plataforma centrada en la presentación de una investigación basado en la convivencia humana.

*Puede leer el informe completo AQUÍ

AP: Luisa Ortega Díaz recibió 1 millón de dólares en sobornos
Aunque la exfiscal no es mencionada por su nombre en el caso, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares a un “fiscal de alto rango” en Venezuela a manera de “seguro»

 

Este viernes, 23 de abril, la agencia de noticias AP reveló que la exfiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, fue implicada en un importante caso de corrupción que involucra a Carlos Urbano Fermín, un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar sobornos por un millón de dólares.

La exfiscal, Luisa Ortega, no aparece mencionada por su nombre en el caso federal en Miami. Pero al declararse culpable el lunes de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares a un “fiscal de alto rango” en Venezuela a manera de “seguro” contra cualquier investigación de sus enormes contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA.

AP indicó que, de acuerdo con un documento de tres páginas extremadamente censurado que acompaña a su acuerdo de culpabilidad, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus compañías obtuvieron varios contratos importantes de parte de tres empresas de participación conjunta de PDVSA y petroleras extranjeras — incluyendo la China National Petroleum Company, la rusa Rosneft y Total SA de Francia.

Para 2017, Ortega llevaba una investigación sobre los contratos con los emprendimientos en la franja del Orinoco, según el acuerdo de Fermín. En esa época, fue contactado por un abogado cercano a un fiscal de alto rango con la promesa de que podría poner fin a cualquier pesquisa penal, dijo el empresario.

A principios de abril de 2020, se conoció que la Fiscalía Federal de Miami habría presentado una acusación contra Luisa Ortega Díaz, por supuestamente haber recibido un soborno por parte de Carlos Enrique Urbano Fermín, quien dice ser contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para que se desestimara un caso de corrupción abierto contra las empresas del hombre.

El fiscal federal adjunto Michael Berger acusó a Urbano Fermín hace 13 meses, pero el venezolano fue arrestado en abril de 2021. Después de declararse culpable esta semana, fue liberado con una fianza de garantía personal de $100,000, lo que presume una señal de que ha estado cooperando con los investigadores y se estima que su sentencia se imparta en septiembre.

Empresa española Ingelec pagó 2,7 millones de euros en sobornos a exministros chavistas
Entre 2009 y 2010, la empresa española Ingelec habría pagado 2,7 millones de euros en sobornos a una red dedicada a cobrar coimas a cambio de adjudicar contratos con empresas estatales venezolanas

 

La empresa española Ingelec, dedicada a la fabricación de generadores eléctricos, habría pagado un monto de 2,7 millones de euros en sobornos durante 2009 y 2010 a una red dedicada a cobrar estas coimas a cambio de adjudicar contratos con empresas estatales venezolanas durante la administración de Hugo Chávez, donde están implicados los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como también el empresario Diego Salazar, primo del entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez.

Según documentos investigados por el diario español El País, Ingelec fue imputado en mayo de 2020 por un presunto delito de blanqueo de capitales, usando como plataforma el Banco de Andorra, donde se ocultó una fortuna cercana a los 2.000 millones de euros.

Diego Salazar se ve salpicado directamente porque  Ingelec transfirió el dinero a una sociedad panameña, que acabó en una cuenta del Banco de Andorra que era usada para los gastos del empresario, quien resalta como uno de los cabecillas de la trama de corrupción y que es uno de las 28 personas que están procesadas en ese país desde 2018 por integrar la mencionada red.

Los fondos de Ingelec acabaron en una cuenta en la BPA que se utilizó para abonar en 2009 gastos de alojamiento de más de un millón de euros en el hotel de lujo Four Seasons de París y para enviar 834.000 euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble.

Quienes investigan en Andorra sospechan de la transferencia de Ingelec y creen que la empresa depositó los fondos en una empresa usada como mampara llamada Pessons Mountains, propiedad del empresario Roberto Cobucci, quien justificó ante la BPA que el dinero de Ingelec respondía a un contrato para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la compañía pública Electricidad de Caracas.

La trama de ilícitos que se atribuyen a Diego Salazar Carreño reventó primero en España a través del blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra, en 2016. El venezolano es señalado de desfalcar a Pdvsa por más de 2.000 millones de euros bajo el cobro de comisiones y sobornos. En estas maniobras estarían involucradas otras 28 personas.

A Salazar Carreño, detenido en Venezuela desde diciembre del 2017 y quien estaría en el Sebin, se le atribuye la mediación para lograr que varias compañías chinas obtuvieran contratos con la industria estatal. En la hábil gestión, el también primo materno del exministro Rafael Ramírez, habría puesto como condición el peaje por comisiones y una ganancia neta de 10% de las transacciones.

En marzo de 2018 se descubrió que ocultó al menos 49 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra provenientes de negocios con China.

El documento señala que el empresario cobró 40 millones de euros en comisiones por servicios de consultoría e intermediación para que multinacionales asiáticas captaran adjudicaciones de infraestructuras del Ejecutivo de Venezuela.

 

Departamento de Estado de EE.UU. acusa a exenfermera de Chávez de lavado de dinero
Los cargos en contra de Claudia Díaz fueron presentados por una fiscalía del distrito sur de Florida

 

Este miércoles, 16 de diciembre, el Departamento de Justicia de EEUU informó que Claudia Díaz, la extesorera de Venezuela y exenfermera de Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados por el presunto delito de «soborno y lavado de dinero».

Díaz y su marido Adrián José Velásquez -quien fue miembro de la guardia personal de Chávez- fueron imputados en una acusación presentada en el Distrito Sur de Florida por los cargos de «trama de lavado de dinero y cambio de moneda» por valor de «miles de millones de dólares».

Este caso deriva de las acusaciones contra Raúl Gorrín, el empresario venezolano dueño de Globovisión, quien fue imputado en 2018 en EEUU por pago de sobornos y lavado de dinero. Tanto Díaz como Gorrín están sancionados por el Departamento del Tesoro.

La acusación alega que el dueño de la planta televisiva pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz, y a Velásquez, en beneficio de Díaz, «para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables».

Gorrín, señala en la acusación que, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda».

 

A diferencia de Raúl Gorrín, cuyo paradero se desconoce, Claudia Díaz y su esposo residen en España y están solicitados también por Venezuela por blanqueo de capitales.

Andrade, presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela entre 2007 y 2010, fue sentenciado en Florida a diez años de cárcel por lavado de dinero en noviembre de 2018 por su «participación en la conspiración para cometer lavado de dinero».

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, el «Tuerto» Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados «a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país».

Ante una corte federal de Miami ubicada en el estado de la Florida en Estados Unidos, Claudia Díaz, y su esposo, Adrián Velásquez fueron acusados a finales de octubre de 2020 por lavado de dinero y ​​de tomar al menos 4.2 millones de dólares en apoyo del esquema de soborno, según los cargos presentados.

La pareja, según la investigación de los Panamá Papers, se volvió diestra en el manejo de las empresas fachadas y como muestra de ello es que crearon la compañía Bleckner Associates Limited, en la República de Seychelles, con un capital de 50.000 dólares, una suma bastante ambiciosa para una dupla que aparentemente vivía de sus salarios militares. Esta operación se hizo bajo la mediación del bufete panameño Mossack Fonseca. La investigación de Panamá Papers se sustentó en millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

*Con información de TC e Infobae.

Tribunal de EEUU condena a prisión a empresario que dio sobornos a Corpoelec

UN TRIBUNAL DE LOS ESTADOS UNIDOS condenó a 51 meses de prisión al empresario venezolano Luis Alberto Chacín Haddad, quien participó en un esquema de corrupción que involucró sobornos a funcionarios de Corpoelec, principalmente a su antiguo jefe Jesús Motta Domínguez.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Chacín Haddah pidió al juzgado que considerara una pena de 18 meses, pero el tribunal no accedió.

El acusado, de 54 años, dio sobornos a funcionarios de Corpoelec a cambio de 60 millones de dólares en contratos para negocios con sede en Florida que poseía con otro empresario considerado como un conspirador por las autoridades del país norteamericano.

Según la nota, la actuación del empresario viola lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Para estos casos la legislación contempla una pena máxima de 60 meses.

Lea también: Delsa Solórzano sobre Comisión de la ONU: El tiempo de la impunidad terminó

Por otra parte, además de los 51 meses de prisión, Chacín Haddah tendrá que cumplir dos años posteriores de libertad supervisada y deberá perder 5.5 millones de dólares.

*Con información de El Pitazo

El último aguante de Maduro: “La supervivencia de Venezuela a través de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”

Muy apreciados lectores:

Tras haber incluido una breve resumen en nuestro portal y en mi columna www.runrun.es, la avalancha de interrogantes que nos enviaron fue de tal magnitud que decidimos presentar el trabajo completo. Por considerarlo de sumo interés para los venezolanos y el mundo presentamos aquí la traducción libre de la investigación que los profesores de IBI Consultants, LLC y la Universidad Nacional de la Defensa (INSS) Douglas Farah y Caitlyn Yates presentaron este mes de Mayo en los Estados Unidos bajo el título: «El último aguante de Maduro»

“La supervivencia de Venezuela a través de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”

Resumen ejecutivo

En 1998, el pueblo venezolano eligió a Hugo Chávez, iniciando un movimiento regional conocido como “La Revolución Bolivariana” en un esfuerzo por aislar a los Estados Unidos y promover su proyecto político del “Socialismo del Siglo XXI”. Chávez consolidó sistemáticamente el poder en la rama ejecutiva de su gobierno.

A su vez, transformó a PDVSA, la compañía petrolera nacional venezolana, en una empresa regional multimillonaria que opera en concierto con líderes políticos simpatizantes, élites económicas y organizaciones criminales.

Mientras Chávez dirigió el proyecto, fue ayudado por el liderazgo político en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.

En los últimos 20 años, esta red criminal creció para abarcar varias docenas de personas y cientos de empresas de fachada. Nicolás Maduro heredó luego este régimen criminal en 2013 después de la muerte de Chávez.

Veinte años después del inicio del proyecto político, la red abarca todo el mundo, desde El Salvador a los Estados Unidos, desde Rusia a Hong Kong, y a través de varios paraísos financieros en el medio.

Sin embargo, incluso después de que Estados Unidos sancionó a cientos de personas y entidades por cargos como el narcotráfico y el lavado de dinero, Maduro continúa sirviendo como el líder, de facto, de Venezuela.

Los resultados de este régimen criminal culminaron en una economía venezolana que se contrajo más del 50 por ciento, mientras que al menos el 10,5 por ciento de la población venezolana ahora vive como refugiados en otros países. Esta crisis, cada vez más visible, impone enormes costos a los vecinos regionales.

Mientras tanto, los fondos lavados ilícitamente socavan el estado de derecho y la democracia, causan estragos sobre las economías legales, fortalecen a los regímenes autocráticos corruptos y crean espacios donde las organizadas redes criminales transnacionales prosperan. Si bien la dinámica de las actividades delictivas conjuntas en Venezuela se mantiene prácticamente sin cambios, el régimen de Maduro está sintiendo cada vez más la presión doméstica e internacional para el cambio de su régimen.

Este informe destaca la escala de lo que llamamos la “Empresa criminal conjunta Bolivariana”.

Aquí nosotros resaltamos algunas de las tipologías criminales utilizadas por la red y exploramos el impacto más amplio de las acciones de esta red.

El informe recopila el trabajo de campo realizado durante cinco años en 11 países y aumenta este análisis cualitativo con investigación de código abierto y análisis de datos.

Por último, argumentamos que la empresa criminal conjunta bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, estructuras regionales e individuos históricamente vinculados que operan en todo el globo. A menos que la red sea atacada simultáneamente desde múltiples puntos, la alianza sobrevive y se transforma en una operación más dispersa y sofisticada.

Mapa del flujo de bienes y activos para la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana

 

Introducción

 

El 26 de julio de 2018, 12 personas vinculadas a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fueron acusadas en el Distrito Sur de Florida como partícipes en una conspiración para lavar $ 1,200 millones de la compañía petrolera a través de los bancos de EE. UU., firmas de corretaje y compañías de inversión inmobiliaria.(1)

La denuncia criminal detalla al menos una herramienta, en la caja de herramientas criminales del gobierno venezolano, para mover, en la última década, importantes sumas de dinero a refugios seguros. Mientras que la querella o demanda (y sus posteriores condenas) son importantes, este caso representa solo una faceta de la manera en que los fondos han sido movidos ilícitamente por las estructuras estatales desde que se lanzó la Revolución Bolivariana con la elección de Hugo Chávez. Con la orientación y asesoría de Fidel Castro (3).

Hugo Chávez fue elegido para ser presidente de Venezuela en 1998 como héroe popular después de su fallido golpe de Estado de 1992.(4) El proyecto bolivariano de Chávez fue, desde sus inicios, un esfuerzo para crear un nuevo modelo económico y político para América Latina, al mismo tiempo que para participar en la guerra política y económica contra la influencia de los Estados Unidos en la región.

Esta visión para crear el «socialismo del siglo XXI» incluía la creación, al menos en su espíritu, de una unión política integrada por Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia.

Esa propuesta corrió sobre la plataforma del populismo y vio la vasta riqueza petrolera venezolana como su medio de financiamiento para el anticipado plan político.

Con los precios del petróleo altos y una gran desilusión con la histórica elite gobernante de la región, Chávez aprovechó el momento para lanzar su movimiento populista en toda la región. Al hacerlo, entre 2005 y 2010 ayudó con éxito a financiar las campañas presidenciales de radicales con ideas afines a las suyas. Hombres fuertes, autoritarios y populistas. Estos líderes incluyeron a Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Mel Zelaya (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua), Mauricio Funes – financiado por José Luis Merino (6) quien fuera de la fracción Comunista del partido FMLN (El Salvador), y Desi Bouterse (Surinam). Chávez también mantuvo fuerte relaciones con el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y el gobierno populista radical de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

No es casualidad que la mayoría de los líderes de los estados miembros bolivarianos también compartieron historias de lucha en apoyo de las fuerzas guerrilleras armadas de la extrema izquierda. Mientras que la revolución bolivariana institucionalmente se iniciaba en 1998, las raíces de este movimiento comenzaron décadas antes, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua,  el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador (FMLN), la Revolución Cubana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (7)

Décadas después, los recuerdos y las relaciones que se desarrollaron durante estos conflictos civiles trajeron un profundo vínculo de confianza entre los líderes recientemente empoderados. La estatura de Chávez en el grupo bolivariano se derivó en parte de su experiencia militar y su ideología guerrillera, pero principalmente por su disposición a gastar miles de millones de dólares de PDVSA en todo el hemisferio.(8)

Esta alianza de estados bolivarianos junto con las FARC se ha fusionado en lo que definimos como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, o sea un consorcio de estados criminales y de otros actores no estatales en concierto con objetivos compartidos. Esta empresa criminal conjunta no solo se cogió Billones de dólares tomados de las arcas estatales de Venezuela, sino que también usó PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región.  El portafolio -o cartera- criminal utilizado por parte de los miembros de este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo fueron cayendo y la producción venezolana se estancaba. Tales condiciones obligaron al presidente entrante Nicolás Maduro a confiar aún más en actividades como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro, pero incluso con el declive de PDVSA el régimen sigue funcionando como una operación criminal.(9)

Este informe ofrece una visión general de una faceta de lo complejo, lo global y lo frecuente del patrocinio por parte del Estado de esta empresa criminal.  Basamos nuestros hallazgos en cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países, así como una minería de datos de código abierto y análisis de enlaces. Argumentamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana debe entenderse como una red de redes, no como un conjunto aislado de actividades no relacionadas entre si en diferentes países latinoamericanos. En total nosotros identificamos 181 personas y 176 empresas que operan en al menos 26 países. La suma total de estas acciones criminales no se conoce completamente, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos descubrió que Venezuela desvió $ 28 Mil Millones de dólares de PDVSA.($28.000.000.000) (10)

Hemos rastreado al menos $ 10 mil millones en fondos relacionados con Venezuela que se movieron a través de esta red criminal entre 2007 y 2018. En última instancia, argumentamos que el desafío más difícil para el desmantelamiento de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana está en el abordaje de la cartera criminal diversificada y el alcance global de la red.

Examinamos solo cinco de las muchas tipologías criminales bajo las cuales el grupo se involucra, incluyendo ventas y préstamos ficticios de petróleo; compras de activos físicos; megaproyectos de infraestructura estatal ficticia; minería ilegal de oro y transferencias de banco a banco. En última instancia, argumentamos que a pesar de las sanciones económicas de los EE.UU.

la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no se ha colapsado y puede que no lo sea durante un período de tiempo significativo. Acciones como la designación de directivos de PDVSA y líderes serios y respetados son críticos. Sin embargo, la capacidad de la red para adaptarse y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo hacia los cofres del régimen.

Tipologías 

De izquierda a derecha: a)PDVSA emite falsas ordenes de compra de petróleo subsidiado a sus empresas subsidiarias en Centroamérica que son también propiedad del estado. b) Esas subsidiarias falsifican ganancias de las ventas del petróleo de PDVSA para así introducir dinero sucio en las cuentas de esas empresas. c) Las subsidiarias dirigen préstamos falsos a una red de compañías fachadas. d) Las compañías fachadas declaran en “default” esos préstamos y dirigen el dinero recibido en ellos a cuentas de diferentes bancos privados en otros países. Siguiendo los colores de la lamina 2 se ven los movimientos del dinero perteneciente a cada segmento de la corrupción montada.

Mapa de flujo y distribución de las ventas falsas de petróleo

Ventas falsificadas de petróleo

Los esquemas de venta de petróleo falsificadas son la base sobre la cual la “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana” comenzó. PDVSA de Venezuela es el accionista mayoritario en varias empresas petroleras regionales que son sus filiales a través de PDV Caribe. PDV Caribe posee el 60% de Alba Petróleos en El Salvador y el 51% de Albanisa en Nicaragua.(11)

El control por parte de la compañía venezolana de cada compañía involucrada en el consorcio ALBA permite que los fondos se muevan a través de la empresa venezolana hacia sus filiales centroamericanas con suma facilidad. Por otra parte, las sumas de dinero que se mueven a través de PDV Caribe son muy significativas.

Entrevistas de los autores con personas cercanas a Alba Petróleos encontraron que la subsidiaria no recibió prácticamente ningún petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017, sin embargo, la subsidiaria salvadoreña registró ingresos de aproximadamente $ 200 millones al año, que suman alrededor de $ 1.2 Mil Millones a través de ese lapso de tiempo examinado.

En Nicaragua, Albanisa recibió algo de petróleo de PDVSA, pero la filial nicaragüense incluso recibió fondos muy por encima de las importaciones.

En el caso de Albanisa, el dinero proporcionado totalizó entre $ 400 y $ 600 millones al año, equivalentes a entre $ 4 Mil y $ 6 Mil millones en fondos ilícitos durante la última década.(12)

Estos fondos ”negros o sucios” fueron manejados por un pequeño número de miembros de la “élite política” aunque los fondos representaron entre el 16 y el 20 por ciento del Presupuesto Nacional en Nicaragua y el 15 por ciento del presupuesto de El Salvador cada año.

Sin embargo, los fondos nunca pasaron por un proceso de asignación de presupuesto del Congreso ni por ningún otro mecanismo c de rendición de cuentas o contable. (13)

Para crear algún rastro de papel correspondiente, tanto Alba Petróleos como Albanisa establecieron docenas de empresas de fachada y empresas que invirtieron fuertemente (al menos en papel) en la producción de alimentos, instituciones financieras, líneas aéreas, think-tanks, energía alternativa, proyectos, adquisiciones de terrenos, estaciones de gasolina y otras actividades. Todas estas empresas según se informa, operando bajo la bandera de la Alba que incluía juntas directivas corporativas entrelazadas, aunque rara vez cumplieran con los requisitos legales para la información financiera. En ambos casos, entrelazaban redes de dirigentes de partidos políticos, altos funcionarios del gobierno y funcionarios de PDVSA para comandar las agencias subsidiarias.(14)

Notorio es, sin embargo, que la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras afirman haber fundado, no existen físicamente ni producen bienes o servicios algunos.

En el caso de Alba Petróleos, José Luis Merino (Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador para Asuntos de Inversión y Desarrollo Financiero y ex comandante del FMLN) y algunos otros hombres de confianza y “propietarios de paja” (como denominan a quienes son solo fachada) se montaron en una serie de empresas con estructuras similares de propietarios en Panamá. Desde allí, Alba Petróleos y sus empresas relacionadas prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos $ 1.100 Millones entre 2007-2017.(15)

Estas empresas, a su vez, trasladaron el dinero a refugios financieros en el Caribe y Europa incluyendo: las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente, declararon que la mayor parte de la deuda era irrecuperable.

En el caso de Nicaragua, los fondos de Albanisa no están tan bien rastreados porque sistemáticamente el régimen de Ortega no archivó la información requerida y permitió solo a unas pocas personas de su absoluta confianza el acceso a los estados de cuenta bancarios y financieros. Sin embargo, el portal investigativo Confidencial (16) y otros investigadores documentaron partes de la estructura, que utilizaron con métodos similares para crear docenas de empresas de fachada, incluido un banco (que se analizará más adelante en el informe), para que Albanisa almacenara fondos mientras movía el dinero offshore. (17)

a) PDVSA autoriza la compra de equipos utilizando fondos públicos. b) PDVSA envía los fondos para adquisición de equipos a compañías fachada en Estados Unidos y Panamá. c) Las compañías fachadas usan esos fondos para comprar activos muy valiosos como mansiones, yates y aviones privados. d) Las compañías fachadas transfieren esos activos de alto valor a funcionarios corruptos de PDVSA y a la élite política venezolana.

 

Compra cíclica de activos fijos:

El 16 de agosto de 2018, el propietario de la cadena venezolana de noticias Globovisión, Raúl Gorrín fue acusado de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), conspiración para comprometer dinero lavado de otros y su propio lavado de dinero.(18)

Gorrín se declaró culpable de todos los cargos. Este caso sirve como un ejemplo de cómo un esquema de activos fijos puede lavar fondos estatales venezolanos fuera del país y en refugios financieros seguros o en ubicaciones deseables para ese fin en terceros países.

En la Empresa criminal conjunta Bolivariana el destino final de esta práctica de compra de activos fijos es a menudo los Estados Unidos.

En total, 12 conspiradores fueron nombrados en la denuncia por mantener el esquema de un sistema de cambio de moneda extranjera donde el Bolívar Venezolano era cambiado por un Dólar Estadounidense a un precio fijo significativamente mas alto que la paridad oficial de cambio.

El esquema presuntamente lavó entre $ 1.2 y $ 2.4 Mil Millones a través del sistema financiero de los Estados Unidos a lo largo de cuatro años. (19)

La participación de Gorrín en ese esquema ascendió a unos US $ 159 millones. (20) Si bien este esquema comenzó sólo en 2014, la participación de Gorrin se remonta a 2008 cuando comenzó a pagar sobornos para retener contratos comerciales.(21)

Como Gorrín era un socio confiable para funcionarios corruptos de Venezuela, pagó sobornos y fondos lavados durante al menos la última década a través de las cuentas bancarias de PDVSA que podría operar en dólares sin estar sujeto a controles de cambio o restricciones bancarias.

La tipología delictiva de la manipulación del tipo de cambio dio a los miembros del régimen acceso a dólares escasos y a tasas muy preferenciales. Luego se instruyó a los involucrados para que sacaran los dólares de Venezuela, a menudo disfrazado de fondos para importaciones o ganancias de exportaciones.

Los controles de cambio para los ciudadanos normales eran necesarios porque una inflación sin precedentes hizo que la moneda local, el Bolívar, valiera menos cada día y el régimen estaba desesperado por recolectar tantos dólares o cualquier otra moneda o valores que no fueran bolívares.

Gran parte de este dinero se movió primero a través de los Estados Unidos, luego a Suiza, y luego regresó a los Estados Unidos.

Para ocultar el origen de los fondos, Gorrín movió dinero a través de empresas fachada, que incluyeron la adquisición del banco dominicano Banco Peravia. (22) Desde allí, Gorrín ocultó el origen de los fondos lavados a través de inversiones inmobiliarias o con la compra de otros activos fijos y tangibles.(23)

La acusación constató que entre las compras que Gorrín hizo con fondos lavados, estuvieron «aproximadamente tres aviones, un yate, varios

caballos campeones y numerosos relojes de alta gama. (24)

Como los fondos ya no eran en efectivo o de otra forma trazable, el esquema de lavado fue más difícil de detectar que si el dinero se hubiera movido continuamente a través de bancos o transacciones financieras observables.

Como resultado de su declaración de culpabilidad, en noviembre de 2018, al menos 24 de las propiedades de Gorrín (ubicadas en los estados de Nueva York y Florida fueron incautadas.(25)

Los siete condominios, solo en Nueva York, tienen un valor estimado de $ 40 millones.(26)  Las autoridades también incautaron 17 caballos de alto valor y varios vehículos de lujo.(27)  En este caso, como en la mayoría de los casos de esta tipología criminal, Gorrín fue uno de múltiples participantes, cada uno llevando a cabo una parte de un fondo total más grande.

Esto sigue sirviendo como tipología criminal común en varios países para la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana

 

Minería ilegal

En los últimos años, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana ha diversificado sus operaciones en la industria minera de oro ilícita con fines de lucro y como una forma de lavar las ganancias y el flujo de ingresos de múltiples ilícitos a través de una industria poco regulada. Es decir, que la decisión de la ECCB de minar o extraer oro se debe, al menos en parte, a los altos precios del oro en el mercado internacional, la facilidad con la cual el oro se puede mover y convertir a efectivo, y el bajo riesgo de detección de las transacciones ilegales de oro.(28)

El ejemplo más claro del esquema de oro extraído ilícitamente en relación con esta empresa criminal es la Casa de la Casa de Moneda de Kaloti Suriname (KSMH) que opera cerca de Paramaribo, la capital de Surinam. Inaugurada en 2015, la compañía mantiene una asociación entre Suriname y Kaloti Metales Preciosos de los Emiratos Árabes Unidos.(29).

El KSMH opera bajo la protección del presidente Desi Bouterse, un traficante de cocaína condenado, proveedor de armas desde hace mucho tiempo para las FARC, y un individuo que fue elegido con el apoyo financiero de Chávez.(30)

KSMH, es un proyecto económicamente irracional y en gran parte ficticio que en papel cuesta $ 20 millones y se encuentra en el país más aislado del hemisferio. No hay ventaja competitiva para los comerciantes de oro de los países productores de oro, que envían su oro a Miami o Europa en forma directa y diaria en vuelos comerciales.

Sin embargo, mientras Surinam produce aproximadamente 28 toneladas de oro al año, la refinería dice tener la capacidad de refinar 60 toneladas de oro. En visitas múltiples en junio de 2016 a la KSMH en la ciudad de Wit Santi, cerca del único aeropuerto internacional del país, se encontró que ninguna refinería existió en el área. De hecho, el edificio que al parecer albergó el proyecto no dejó ver ninguna indicación de ocupación ni actividad comercial alguna. Las entrevistas con los comerciantes de oro en Surinam confirmaron la ausencia de la refinería.

Lo que hace que el KSMH sea tan valioso, es la facilidad con la que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana puede exportar su oro como originario de Surinam, disfrazando el origen real del metal y así evitar escrutinios y sanciones. El oro que se mueve a través de KSMH es poco probable que sea legalmente producido en otros países suramericanos pero es ideal para albergar flujos ilícitos de recursos y el posterior lavado que lo acompaña. Además,  en el trabajo de campo de IBI Consultores se encontró que KSMH, ahora oficialmente encargado de certificar las exportaciones de oro de Surinam, probablemente también exporte oro inexistente, certificando exportaciones sin que realmente se mueva oro. En la práctica entonces, uno puede obtener un certificado de exportaciones de oro de Surinam sin tener que exportar oro, creando un mecanismo para justificar depósitos en efectivo que de otro modo serían sospechosos. (31)

Como el movimiento de fondos bolivarianos está bajo escrutinio, el régimen de Maduro hace de esta una elección cada vez más popular para adquirir dinero en efectivo que de otra forma estaría bloqueado por las sanciones financieras.

Solo en 2018, el estado venezolano vendió 73.2 toneladas de oro en Turquía y en los Emiratos Árabes Unidos llegando ese mineral a sitios tan lejos como Uganda. Dado que las reservas de oro del Banco Central de Venezuela aumentaron 11 toneladas en 2018 a pesar de la venta masiva en curso, es probable que una cantidad significativa de la mercancía fue minada ilegalmente por grupos disidentes de las FARC y el ELN.(32)

La venta de oro, diamantes y coltán extraídos ilegalmente y otros minerales fáciles de distribuir son productos -que de otra manera serían difíciles de rastrear- son una tipología criminal cada vez más importante y creciente para la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

 

a) PDVSA emite contratos para refinerías y otras infraestructuras que nunca se materializan. b) Se emite dinero para “pagar” productos inexistentes. c) Fondos para esos proyectos falsos son dirigidos a compañías fachada lo que provee una ruta de dinero lavado. d) A través de falsas facturas o pago de salarios los fondos públicos son integrados a cuentas bancarias privadas.

 

Proyectos de infraestructura falsificados

La transferencia de grandes sumas de dinero estatal a través de proyectos de infraestructura no existentes, es una metodología importante utilizada por los estados criminalizados para el lavado de fondos. Porque el estado asigna los fondos para estos proyectos y controla los cuerpos de investigación del Estado, la supervisión y la rendición de cuentas por parte de los vigilantes estatales no existe. Ni PDVSA, ni sus subsidiarias centroamericanas, podrían ser investigadas por auditores fiscales, entidades encargadas de hacer cumplir la ley o de control financiero porque todos están bajo el control de los Estados cuyos líderes permitieron que las operaciones se desarrollaran y son quiénes se beneficiaron de esas actividades.

Como esta tipología criminal ha sido perfeccionada con el tiempo, esta es ahora una de las metodologías más efectivas y menos riesgosas para que la use la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

 

Uno de los más grandes de estos casos fue el programa de firmas anunciado entre Albanisa y PDVSA en Nicaragua. En 2007, los presidentes Chávez y Ortega pusieron conjuntamente la piedra ceremonial donde Nicaragua construiría una gran refinería de petróleo para refinar el petróleo crudo pesado de PDVSA. Los presidentes anunciaron que el proyecto costaría un estimado de $ 6,6 mil millones (33) una absurda e irracional cantidad de dinero absurdo para tal empresa.

Grandiosamente llamada «El Supremo Sueño de Bolívar » (“The Supreme  Dream of Bolívar”), la refinería en papel recibió una inicial de $ 32 Millones en fondos iniciales en 2008 y $ 60 millones adicionales en los próximos tres años.

En 2012 y 2013, el programa recibió $ 341.2 millones adicionales. (34) Desde 2013, la suma exacta de dinero dedicada al proyecto no se conoce pero los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aportaron varias decenas de millones de dólares hasta el 2015.

En ese momento, el rastro del papel financiero se terminó y no se supo más.(35)

Sin embargo, los casi 500 Millones de Dólares en inversiones en papel, que ya se han movido a través de este proyecto, han dejado pocos resultados visibles. Múltiples visitas al sitio entre 2014 y 2016 encontraron solo un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento oxidados, una valla de madera hundida, sin signo alguno de una refinería.

En realidad, la cadena financiera criminalizada movió los fondos de PDVSA a través de su subsidiaria Albanisa y luego redistribuyeron los fondos como pagos por trabajos y materiales inexistentes a una serie de empresas contratistas vinculadas a los gobiernos de Ortega y Chávez.

Estas compañías de fachada movieron luego el dinero «limpio», ahora imposible de rastrear, de nuevo al control de las estructuras criminales nicaragüenses y venezolanas.(36)

Si bien la Refinería fue uno de los proyectos ficticios de infraestructura de estado a estado más grande, descubierto en nuestra investigación de campo, fue solo una de las docenas de empresas similares que finalmente blanquearon cientos de millones de dólares con el apoyo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

Otros grandes proyectos incluyeron contratos para la extracción de petróleo que nunca se llevaron a cabo, la construcción de una planta de vacunación que nunca produjo una vacuna, una fábrica de paneles solares que no produjo paneles, una empresa embotelladora de agua que no produjo agua embotellada y docenas de otras empresas en toda la región. Esta sigue siendo una de las tipologías criminales más utilizadas por la ECCB hoy día.

Transferencias de banco a banco

Finalmente la tipología criminal a explorar en este informe son las transferencias de banco a banco.

A principios de 2014, el flujo de fondos ilícitos que fluyeron a través de la red de PDVSA estuvo en su punto máximo. Esta inundación de dinero en efectivo comenzó a sobrepasar la estructura de PDVSA centroamericana y la cantidad física de dólares en circulación hizo que la acumulación de billetes en las estructuras bancarias tradicionales fuera casi imposible de depositar sin activar las alarmas. Esta abundancia de recursos obligó a la empresa a optar por una solución audaz disponible para los estados que participan en actividades delictivas. Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del estado nicaragüense. Este banco fue controlado por el presidente Ortega y supervisado por sus socios financieros más confiables, que ya controlaban el consorcio Albanisa.

En octubre de 2014, las autoridades nicaragüenses registraron oficialmente a Banco Corporativo (Bancorp) como entidad financiera, ubicando la sede de ese banco en la misma oficina que Albanisa. En la declaración inaugural del banco se dijo que la institución se especializaría en fideicomisos y servicios de administración de dinero, y los medios locales informaron que el banco era propiedad de Albanisa. (37 ). Sin embargo, el banco llevó a cabo pocas actividades bancarias normales, optando por no ofrecer cuentas corrientes, préstamos o hipotecas entre su repertorio de herramientas financieras. Sin embargo, Bancorp recibió un fideicomiso de $ 1.500 Millones de Albanisa y empresas relacionadas y $ 1.000 millones en otros fideicomisos. (38)

Las actividades de esta institución financiera recién acuñada parecían tan inusuales que los líderes del sector bancario establecido en Nicaragua se reunieron con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos para destacar su distanciamiento profesional de la entidad Bancorp. (39)

Las preocupaciones crecieron cuando Bancorp recibió en depósito $ 16 millones en efectivo solo en el mes de diciembre de 2016. (40)

Sin embargo, las alarmas se dispararon cuando el banco declaró que sus depósitos aumentaron a $ 340 millones en 2017, un 237% de aumento porcentual con respecto al año anterior, a pesar de la falta de clientes o de una clara actividad comercial.(41)

Una de las anomalías más significativas de Bancorp es la falta de relaciones con algún banco corresponsal con acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. En esencia, esto corta la posibilidad del banco de realizar negocios en la mayor parte del mundo. Los investigadores de campo de IBI Consultants encontraron que Bancorp obtuvo una solución para mover dinero fuera de Nicaragua abriendo una cuenta en la sucursal de Panamá de un banco asiático con sucursales en Hong Kong, Corea del Sur y Panamá. Los fondos de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana fueron luego transferidos de Nicaragua en la cuenta de Bancorp con el banco asiático en Panamá, antes de finalmente aterrizar en la sucursal de Hong Kong. En Hong Kong, los fondos fueron saneados y distribuidos en diferentes cuentas controladas por Ortega y sus aliados. El dinero podría entonces ser fácilmente movido desde Hong Kong y transferido por la web a cualquier parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mecanismo de transferencia de banco a banco cambió en enero de 2019, cuando Estados Unidos sancionó a Bancorp. (42)

En respuesta, el presidente Ortega optó por su opción más audaz hasta ahora (al menos con respecto a la banca) acelerando una propuesta legislativa a través de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido FSLN de Ortega, para que el estado nicaragüense comprara Bancorp por aproximadamente $ 23 millones y convertirlo en el Banco Central de Nicaragua. La jugada pasó, amalgamando así los fondos existentes de Bancorp, lo que dificulta la identificación y el corte del flujo ilícito de dinero en el sistema bancario de Nicaragua.

Impacto humano y ecológico

Los costos humanos de las acciones de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana son brutales, pero al menos hasta cierto punto medibles.

En 2018, la tasa de inflación de Venezuela superó UN millón por ciento y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que esta tasa se elevará más allá de los 10 millones por ciento para el final de 2019.(43) Además, un estudio venezolano de 2017 estimó que el ciudadano venezolano promedio perdió durante ese año 11 kilos (24.1 lb) debido a la escasez de alimentos en el país. (44)  Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IAHCR) estimó que solo el 20% de los medicamentos necesarios todavía eran accesibles para los venezolanos en 2018. (45) La falta sistémica de alimentos y medicinas son solo dos tipos de los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro. (46)

Amplias y crecientes sanciones de los Estados Unidos contra empresas estatales de Venezuela e individuos asociados a ellas han sido culpados por la catástrofe humanitaria. Sin embargo, los efectos de estas acciones en el venezolano promedio probablemente hayan sido marginales. Estimaciones del daño hacia el pueblo venezolano es escaso, pero una estimación encontró que entre Septiembre de 2017 y septiembre de 2018, las sanciones de los Estados Unidos resultaron en aproximadamente $ 6 mil millones en pérdidas para el gobierno de Maduro.(47).

Los efectos se aceleraron desde enero de 2019, cuando Estados Unidos anunció sanciones contra PDVSA. Sin embargo, S&P Global estima que estas sanciones recortarán la producción de crudo en más del 50 por ciento en febrero, una pérdida de alrededor de $ 6 millones en ingresos por día.(48)

Si bien son significativas, estas pérdidas son marginales para los costos explorados en esta sección. Además, dichos ingresos probablemente se distribuirían entre las elites políticas cuyo apoyo es vital para el régimen de Maduro, y no al pueblo venezolano. En resumen, el saqueo sistemático del régimen y la mala gestión puso de rodillas a la economía formal, no fueron las sanciones específicas.

Una posible métrica de la crisis es a través del éxodo de refugiados y los costos asociados con la migración. A partir de 2014, y poco después de la elección de Maduro,  un éxodo de refugiados salió de Venezuela, principalmente a los países vecinos de la región. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) estima que para enero de 2019, al menos 3.4 millones de refugiados venezolanos -o el 10.5 por ciento de la población de Venezuela (medida en 2014)- vivía fuera de su país.

Esto hace de la crisis de refugiados de Venezuela la mayor migración masiva forzada en la historia de América Latina y en igualdad de condiciones para igualar o superar los flujos de refugiados sirios en los próximos años. (50) Colombia es el país mas afectado por la crisis en números absolutos. ACNUR estima que antes del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela a fines de febrero de 2019, unos 5,000 venezolanos entraban a Colombia todos los días.(51) Los otros países más afectados por el flujo de refugiados, en números, son Perú y Ecuador.

Mientras que los vecinos occidentales de Venezuela están hospedando a más refugiados en números crudos, algunos de los países más pequeños del hemisferio occidental albergan una proporción proporcionalmente mayor de refugiados en comparación con sus poblaciones. Curazao alberga a 16,147 (por 100,000) refugiados venezolanos que es aproximadamente ocho veces más alto que Colombia. Aruba sigue de cerca con 15.200 y el tercero es el país más proporcionalmente afectado, el vecino oriental de Venezuela, Guyana, con 4.500. La crisis de los refugiados venezolanos afecta a todo el hemisferio y, por lo tanto, debería ser considerada al analizar los costos más amplios de esta crisis. ACNUR está solicitando $ 201 millones para gastos de reasentamiento de refugiados, (52) y las Naciones Unidas están solicitando $ 738 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para 2019.(53)

Es razonable suponer que la ayuda humanitaria y los costos de reasentamiento asociados con la crisis venezolana serán de al menos $ 1.5 mil millones.


La data de refugiados venezolanos por 100.000 residentes en los países receptores de América Latina hasta febrero de 2019. (Fuente: United Nations High Commissioner on Refugees)

 

Otro conjunto de costos asociados con esta crisis es la deuda externa que Venezuela debe a países extranjeros y organizaciones internacionales que deberán pagarse con intereses. A principios de 2019, Venezuela debía a China aproximadamente $ 20 mil millones.(54) Le debían a la compañía petrolera estatal rusa, Rosneft, aproximadamente $ 2.3 mil millones. Otras estimaciones sugieren que el total de la deuda externa pendiente de Venezuela es de aproximadamente $ 100 mil millones.(55) Como resultado, sostenemos que la deuda de Venezuela es de entre $ 22.3 mil millones y $ 100 mil millones. Un tercer conjunto de estimaciones de costos, como mencionamos anteriormente, son los fondos lavados por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, que estimamos en $ 10 mil millones entre 2007-2018. Esta es una estimación de bajo rango en comparación con el informe reciente que estima $ 28 mil millones.(56) Una persona entrevistada para este informe, que participó directamente en el movimiento de los fondos de PDVSA, estimó que la cifra está más cerca de $ 43 mil millones.(57) Estimamos, por tanto, que entre $ 10 y $ 43 mil millones en fondos estatales fueron sacados de Venezuela.

Finalmente, según la Asamblea Nacional de Venezuela (que está dirigida por la oposición), la economía de Venezuela se contrajo en un 53 por ciento entre 2013 y 2019. (58) Si bien se reconoce que estas pérdidas probablemente se reportan con sesgo y son imprecisas, es posible aproximarse a las pérdidas económicas basadas en la producción del PIB anterior de Venezuela. En 2013, la economía de Venezuela generó aproximadamente $ 381 mil millones en PIB.(59) Suponiendo un descenso promedio de 8 a 8.5 por ciento en el PIB anual desde 2013, Venezuela perdió entre $ 411 y $ 434 mil millones en PIB desde 2013 hasta 2018. Esta estimación favorece más la posición de la oposición de Venezuela, pero sirve como una aproximación a las pérdidas económicas reales dada la falta de informes oficiales por parte del gobierno.

Una suma de los costos incurridos por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana y el posterior declive económico dio lugar a costos entre $ 473 mil millones y $ 633 mil millones desde que Nicolás Maduro Moros asumió el cargo en 2013. Como resultado, las acciones de la elite política venezolana crearon un efecto espiral con severos efectos financieros secundarios y terciarios en la población venezolana. Las estimaciones de la crisis de Venezuela son incompletas e imprecisas, pero sí demuestran la magnitud de la situación venezolana. Además, gran parte de las acciones, y los resultados posteriores no habrían sido posibles sin la ayuda de un equipo mucho más amplio en la red de actores ilícitos que operan en posiciones de poder en todo el mundo.

 

CONCLUSIONES

 

Este informe destaca la interconexión de diferentes actores y mecanismos económicos que facilitan la resistencia de la empresa, aunque actualmente en un estado debilitado. La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es una estructura única basada en la participación directa del Estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones de aplicación. Este portafolio criminal se basa en el apoyo de entidades estatales, empresas lícitas y grupos delictivos organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el estado de derecho, la gobernanza en democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

La estructura bolivariana ha demostrado ser resistente y adaptable, con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando se presiona una faceta de la red criminal, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es experta en trasladar operaciones a nuevas áreas o encontrar nuevos aliados, a menudo alimentando las diferentes fortalezas y conexiones de la historia compartida de la Empresa con los objetivos comunes de sus socios. El gobierno de los Estados Unidos ha emprendido recientemente un esfuerzo más holístico y unido para enfrentar a estos actores criminales, dando resultados muy significativos. Esfuerzos para canalizar algunos de los fondos que fluyen desde PDVSA y la estructura bancaria bolivariana al legalmente reconocido Gobierno interino de Guaidó -y fuera de las manos del régimen de Maduro- es innovador y necesario.

Pero como dijo el ex comandante del USSOUTHCOM, el almirante James Stavridis: “se necesita una red para luchar contra otra red ”.

La clave para combatir esta red, argumentamos, es la integración de las autoridades y las capacidades en todo el gobierno de los Estados Unidos, y en colaboración con socios de confianza como Colombia, para abordar el alcance de la red bolivariana. Este enfoque incluye la combinación de recursos y autoridades de los departamentos de Hacienda, Estado, Justicia, Seguridad Nacional y Defensa, junto con la Comunidad de Inteligencia para enfrentar los múltiples nodos de la empresa. Sin embargo, abordar el tema de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana también requiere respuestas a los actores en países más allá de Venezuela y abrazar un compromiso más sólido y a largo plazo con políticas alineadas con las demás naciones socias en el hemisferio occidental. Como los impulsores ideológicos de la revolución bolivariana, han sido ampliamente desacreditados, esta es una oportunidad para que Estados Unidos se comprometa audazmente con la región para abordar el alcance y la complejidad que esta empresa criminal abarca.

 

NOTAS FINALES

1″Dos miembros del plan venezolano de lavado de dinero de miles de millones de dólares arrestados». Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 25 de julio de 2018.

2 Basado en investigaciones y entrevistas de campo con personas con conocimiento directo de la estructura financiera de PDVSA, IBI. Consultores estiman que aproximadamente $ 10 a $ 43 mil millones se han lavado de Venezuela en la última década.

3 Peter Millard, Cindy Hoffman, Marisa Gertz y Jeremy CF Lin. “El ascenso y la caída del chavismo en Venezuela”. Bloomberg. 16 de febrero de 2019.

4 Diana Jean Schemo. «Venezuela saca la revolución en las urnas». The New York Times. 9 de diciembre de 2013.

5 Expansión americana – EE. UU. Y Gran Colombia. Servicio de radiodifusión pública.

6 José Luis Merino, un ex combatiente en la facción del Partido Comunista del FMLN durante la guerra, nunca se postuló para Presidente pero sigue controlando y financiando el FMLN. Merino se desempeña actualmente como Viceministro de El Salvador. de Inversión y Desarrollo Financiero. Ver: cristian meléndez. “José L. Merino para diputado con fuero de viceministro. ”La Prensa Gráfica. 23 de diciembre de 2017.

7 Todos los líderes de estos partidos políticos también lucharon en las guerras civiles y revolucionarias de sus países con la excepción del ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, quien fue un gran protagonista. Las actividades y operaciones del partido del FMLN están controladas principalmente por Merino, que fue un veterano de combate.

8 Julia E. Sweig, «Lo que construyó Hugo Chávez: El legado del chavismo latinoamericano» El Atlántico, 14 de enero 2013.

9 William Neuman. «Venezuela le da a Chávez proteger una victoria estrecha». The New York Times. 13 de abril de 2013.

10 «Petrofraude: El descalabro chavista continental con el dinero de los venezolanos». Conectas.

11 «PDVSA en el mundo».

12 Carlos F. Chamorro y Carlos Salinas Maldonado, “Las cuentas secretas de Albanisa”, Confidencial, 5 de marzo. 2011; y Carlos F. Chamorro, «Los petrodólares de Venezuela: Desvió de más de tres millones de dólares de la Cooperación venezolana a las arcas de Daniel Ortega, Confidencial, 11 de junio de 2105. Accedido en: https://confidencial.atavist.com/los-petrodlares-de-venezuela918v4.

13 Farah, “Convergencia en Estados criminalizados: El nuevo paradigma”, Ibid.

14 Ambos conglomerados anunciaron públicamente muchas de las formaciones de sus compañías y sus directores. El autor está en posesión de los documentos de registro originales para la mayoría de las empresas que ya no están disponibles públicamente.

15 Consultores IBI realizaron entrevistas con miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá, funcionarios de EE. UU., Fuentes con conocimiento directo de las operaciones de Alba Petróleos. Antonio Soriano. “Funcionarios, sociedades de ALBA y empresarios, en el listado de los deudores, «El Mundo, 27 de noviembre de 2017.

16 Carlos F. Chamorro, “El derecho a saber sobre Albanisa: ¿Dónde están los $ 3.5 mil millones y quién está detrás de lo nuevo? ¿Capital? ”Confidencial, 14 de abril de 2016.

17 Antonio Soriano, “Alba Petróleos envío $ 165.9 millones a Panamá”, El Mundo, 12 de abril de 2016.

18 “Propietario de la red de noticias multimillonarias de Venezuela, ex tesorero nacional de Venezuela y ex propietario de «El Banco de la República Dominicana está conspirando en el lavado de dinero que involucra más de $ 1 billón en sobornos». EE. UU. Departamento de Justicia. 20 de noviembre de 2018.

19 Estados Unidos de América v. Francisco Convit Guruceaga, et. Alabama. Ibídem.

20 “Quién es Raúl Gorrín, el magnate de Venezuela acusado en EE.UU. de lavar millones de dólares junto a un Exguardaespaldas de Hugo Chávez. ”BBC Mundo. 21 de noviembre de 2018.

21 Estados Unidos v. Raul Gorrin Belesario (2018).

22 “Propietario de la red de noticias multimillonarias de Venezuela, ex tesorero nacional de Venezuela y ex propietario de «El Banco de la República Dominicana fue conspirador en el lavado de dinero que involucró más de $ 1 Billón en sobornos». Ibid.

23 Jay Weaver y Antonio Maria Delgado. “El magnate de la televisión venezolana con fortuna de bienes raíces de Estados Unidos cobró en el Sur de la  Florida. ”Miami Herald. 21 de noviembre de 2018.

24 Estados Unidos v. Raul Gorrin Belesario (2018). Ibid, página 5.

25 Estados Unidos v. Raul Gorrin Belesario (2018). Ibid, páginas 15-16.

26 Jennifer Gould Keil, Adam Schrader y Bruce Golding. “Apartamentos de lujo en la ciudad de Nueva York vinculados a $ 2.4B venezolanos

Estafa de moneda «boligarchs». NY Post. 11 de febrero de 2019.

27 Jay Weaver y Antonio María Delgado. Ibídem.

28 Douglas Farah y Kathryn Babineau, “Una visión estratégica de América Latina: identificando una nueva convergencia «Centros, territorios olvidados y centros vitales para la delincuencia organizada transnacional», Perspectivas estratégicas, 28, INSS, Universidad de Defensa Nacional, enero de 2019.

29 Kaloti abre la primera refinería de oro de Suriname. «Kaloti metales preciosos. 3 de marzo de 2015.

30 Kaloti UAE fue excluido de la bolsa de oro de Dubai por no cumplir con los estándares de la bolsa y fue acusado de aceptar oro que fue falsificado por el proveedor con documentación falsa. Ver: Simon Bowers.»Un mercado de oro de mil millones de dólares en Dubai donde no todo era lo que parecía». The Guardian. 25 de febrero de 2016.

31 Douglas Farah y Kathryn Babineau, “Suriname: El paradigma de un estado criminalizado”, Centro para una Seguridad Sociedad libre, marzo de 2017.

32 Lorena Meléndez y Lisseth Boon, «Cómo terminó el oro robado de Venezuela en Turquía, Uganda y más allá» InSight Crime, 21 de marzo de 2019.

33 Gisella Canales Oeste, “Sueño Supremo de Bolívar costó $ 6.620 millones”, La Prensa, 9 de septiembre de 2012.

34 José Denis Cruz, «El Supremo Sueño de Bolívar no avanza», La Prensa, 25 de marzo de 2013.

35 Entrevistas de IBI Consultores de campo.

36 El financiamiento para la refinería proviene de la investigación de campo del IBI Consultores, la recopilación de documentos y múltiples entrevistas a fuentes directamente involucradas en las operaciones.

37 “¿Nuevo banco en Nicaragua, nerviosos los actuales?” La Jornada, 17 de septiembre de 2014; y Raúl Arévalo Alemán, “Nació el Banco Corporativo Bancorp: Es propiedad de la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa),” La Jornada, 10 de junio de 2015.

38 La existencia de los fideicomisos se reveló por primera vez en un libro blanco de Freedom House en 2018, Una auditoría bancaria privada en la posesión del autor en 2018 encontró que la suma total en fideicomisos en poder de Bancorp era de $ 2.6 mil millones. «Albanisa: Cooperación Venezolana en Nicaragua 2008-2017. ”Casa de la Libertad. 2018.

39 Entrevistas de IBI Consultants con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Managua, Nicaragua, 2016.

40 Iván Olivares, “Depósitos de BanCorp crecieron 236% en diciembre”, Confidencial, 29 de enero de 2018.

41 Ibid.

42 “Bancorp de Nicaragua alcanzó las sanciones de EE. UU. A PDVSA y Albanisa”, Havana Times, 19 de febrero de 2019.

43 Patricia Laya y Andrew Rosati. «La inflación de 2018 en Venezuela llegó a 1,37 millones por ciento, dice el FMI». Bloomberg. 8 de octubre de 2018.

44 Patricia Laya. «Maduro Feasts on Steak de Venezuela, Fuma cigarros en el restaurante Salt Bae». Bloomberg. 17 de septiembre de 2018.

45 “Venezuela: Las eorganizaciones de derechos humanos dicen que el sistema de salud está en crisis”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1 de octubre de 2018.

46 “Venezuela: Eventos de 2018.” Human Rights Watch. 2019.

47 Joe Emersberger. «Las sanciones económicas de Trump le han costado a Venezuela aproximadamente $ 6BN desde agosto de 2017». Análisis de Venezuela. 27 de septiembre de 2018.

48 Brian Schedi y Jeff Mower. «Caja de datos: las sanciones de PDVSA afectan los flujos, acelerando las caídas de la producción». S&P Global. 13 de febrero de 2019.

49 “Refugiados y migrantes de Venezuela” ACNUR. 1 de febrero de 2019.

50 Ishaan Tharoor. «El éxodo de refugiados de Venezuela es la mayor crisis en el hemisferio». The Washington Post. 23 de agosto de 2018.

51 “Situación de Venezuela: respuesta a las necesidades de las personas desplazadas de Venezuela”. Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Comisario de Refugiados. 2019.

52 “Situación de Venezuela: respuesta a las necesidades de las personas desplazadas de Venezuela”. Ibid.

53 Stephanie Nebehay. «NACIONES UNIDAS. busca $ 738 millones para ayudar a los vecinos de Venezuela a manejar las inundaciones de inmigrantes «. Reuters. 4 de diciembre de 2018.

54 Stephen Kaplan y Michael Penfold. “China y Rusia tienen profundos lazos financieros con Venezuela. Aquí está lo que está en «El Washington Post. 22 de febrero de 2019.

55 “The World Factbook: deuda de comparación de país: externa”. Agencia Central de Inteligencia. 2017.

56 «Petrofraude: El descalabro chavista continental con dinero de los venezolanos». Ibid.

57 Entrevista de Farah con fuente en la ciudad de Panamá, Panamá, diciembre de 2018.

58 Peter Millard, Cindy Hoffman, Marisa Gertz y Jeremy CF Lin. Ibídem.

59 “Banco Mundial: PIB (US $ a precios actuales).” Banco Mundial.

Las noticias económicas más importantes de hoy #30M

Producción industrial cayó 77,13% entre 2013 y enero de 2019

La producción manufacturera cayó 77,13% entre abril de 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder tras ganar por escaso margen las elecciones posteriores al fallecimiento del ex presidente Hugo Chávez, y enero de 2019, mientras que el indicador de precios del sector subió 5.194.246,7% en el mismo período. Si alguien se pregunta por qué se registra una ya crónica situación de escasez de bienes en Venezuela, la data revelada sorpresivamente, este martes 28 de mayo, por el Banco Central de Venezuela (BCV), muestra una respuesta incuestionable; la industria venezolana vive una situación de postración, en términos productivos. Banca y Negocios

 

Ventas comerciales se derrumban 50,4% durante el primer gobierno de Maduro

El volumen de ventas de los comercios registró una caída de 50,4% entre abril de 2013 y enero de 2019, primer periodo constitucional del presidente Nicolás Maduro, una muestra del impacto de la crisis en ese sector de la economía venezolana, según datos publicados por el Banco Central de Venezuela. Las ventas al mayor reportan la mayor contracción con una baja de 85,9% en el lapso revisado, mientras al detal la caída es de 33,3%. Banca y Negocios

 

Empresario venezolano se declaró culpable de sobornos vinculados a Pdvsa

José Manuel González Testino, de 49 años de edad, reconoció su participación en el pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa y su subsidiaria Citgo, con sede en Houston, Texas, para asegurar y mantener “de manera corrupta” contratos de energía y logística. Admitió que desde noviembre de 2012 y hasta junio de 2013 pagó junto con un cómplice 629.000 dólares en sobornos a César Rincón David Godoy, ex gerente general de Bariven, subsidiaria de adquisiciones de Pdvsa. Mencionó también que abonó junto con un cómplice sobornos a Alfonso Eliezer Gravina, quien se desempeñaba como funcionario de Pdvsa Services Inc, otra subsidiaria de la estatal venezolana basada en Houston. El Nacional

 

Argentina: El fin de Petrolera del Cono Sur, filial local de PDVSA

La compañía fue desalojada del predio que ocupaba en el Puerto de Dock Sud. Con las cuentas embargadas y pocos empleados, ya casi no tiene actividad Mientras Nicolás Maduro busca continuar en el poder a pesar de la presión internacional para terminar con tantas décadas de un régimen político cada vez más cuestionable, en Argentina todo parece indicar que los negocios del chavismo están a punto de ser un recuerdo. América Retail