Rocío San Miguel

Este jueves 28 de marzo vence el plazo para que la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pueda defenderse, denunció en su cuenta de X el abogado Joel García.

Desde que fue arrestada el pasado 9 de febrero, a la defensora de derechos humanos no le han permitido designar una defensa privada, como lo establece la Constitución de Venezuela redactada por el chavismo en 1999. 

Mañana 28/3 vence el lapso para que Rocío San Miguel pueda solicitar diligencias de investigación y promover medios de pruebas, pero esto ha sido impedido por el juez de la causa al no permitir designar su equipo de defensa. Igualmente, las Cortes declaran inadmisible los amparos

— Joel García (@joelgarcia69) March 27, 2024

“Mañana 28/3 vence el lapso para que Rocío San Miguel pueda solicitar diligencias de investigación y promover medios de pruebas, pero esto ha sido impedido por el juez de la causa al no permitir designar su equipo de defensa. Igualmente, las Cortes declaran inadmisible los amparos”, escribió García en su cuenta de X, este miércoles 27. 

San Miguel fue detenida junto a miembros de su familia en la víspera de un viaje en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Paso 60 horas en desaparición forzada y no fue sino hasta el 12 de febrero cuando el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre su presentación en un tribunal contra el terrorismo en Caracas. Fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Organizaciones por Rocío

Recientemente más de 80 organizaciones exigieron al régimen de Nicolás Maduro que se garanticen los derechos constitucionales y la defensa de San Miguel tras más de un mes de su detención.

“La política de represión afecta de forma diferenciada a las mujeres, el efecto silenciador y de amedrentamiento es pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar”, se desprende de un comunicado de Provea.

La ONG expuso que el acto de represión contra San Miguel busca un efecto paralizante en el movimiento de derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que se atreven a alzar la voz contra las injusticias.

“Hoy el Gobierno de Maduro la acusa de terrorismo y traición a la patria por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano donde documenta, investiga e informa sobre defensa, soberanía nacional y temas militares”.

La Misión de la ONU sobre Venezuela advirtió que junto con Rocío han registrado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones”.

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Al menos 82 Organizaciones No Gubernamentales denunciaron este 26 de marzo que la detención arbitraria, desaparición forzada y violación al debido proceso judicial de Rocío San Miguel no solo forma parte de la «violación» sistemática a los derechos humanos, «sino que también tienen implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela».

«La detención de su familia y la violencia psicológica hacia ella y su hija, hacen parte de los patrones de violencia política de género denunciados por organizaciones de la sociedad civil venezolana», dicen las instituciones de la sociedad civil en un comunicado.

En febrero el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a San Miguel, a cuatro de sus familiares y a su exesposo, Alejandro González. Ha pasado un mes y San Miguel y González siguen privados de libertad, sin poder acceder a sus abogados defensores ni recibir visitas. 

«Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la política de represión y cómo afecta de forma diferenciada a las mujeres, ya que, entre otros motivos, el efecto silenciador y de amedrentamiento es especialmente pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar o las personas a su cargo», reiteran las ONG, aludiendo que el caso de San Miguel «refuerzan y avalan este temor».

Advierten que el Estado venezolano está «criminalizando la labor de los defensores de derechos humanos, especialmente de las mujeres defensoras, (…), que llevan la carga desproporcionada de la emergencia humanitaria compleja, se ven más afectadas».

Hasta la fecha, el gobierno madurista ha detenido arbitrariamente a 20 mujeres, según la ONG Foro Penal. Todas ellas consideradas presas políticas: sin acceso a un proceso judicial acorde a los DDHH y las leyes venezolanas ni acceso a la salud y alimentación. 

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que en Venezuela se usa la ley contra el terrorismo para la  persecución política.

 A través de un mensaje, publicado en la cuenta en X, antes Twitter, Provea calificó como insólito que el gobierno de Nicolás Maduro haya dicho en el Consejo de DDHH-ONU estar “preocupado” porque “en muchos casos” la lucha contra el terrorismo se utiliza para fomentar el miedo y abolir derechos fundamentales.

Insólito.

Gobierno de Maduro dice en Consejo de DDHH-ONU estar “preocupado” porque “en muchos casos” la lucha contra el terrorismo se utiliza para fomentar el miedo y abolir derechos fundamentales. #HRC55

Realidad: En Venezuela se utiliza la Ley Contra la Delincuencia… pic.twitter.com/HBt1f0JvGB

— PROVEA (@_Provea) March 13, 2024

La ONG aseveró que la realidad es que «en Venezuela se utiliza la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Terrorismo para perseguir a personas opositoras o percibidas como tales por el gobierno, incluidos defensores de DDHH como Javier Tarazona y Rocío San Miguel». 

En febrero de 2024, el experto de la Misión de la ONU sobre Venezuela, Francisco Cox, afirmó que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos”.

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La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro para que la liberen.

A través del abogado Joel García la hizo la petición este viernes 8 de marzo en horas de la noche.

«Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz.y diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a las personas que toman las decisiones para que le concedan la pronta libertad», escribió García en su cuenta de X, antiguamente Twitter.

Mensaje de Rocío San Miguel
“Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz y de diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad”

— Joel García (@joelgarcia69) March 8, 2024

García indico que San Miguel pudo hablar con su hija, Miranda, y que todavía no le permiten acceder a una defensa privada.

La activista y defensora de derechos humanos fue detenida el pasado 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía y se encuentra en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

La Fiscalía General de la República liderada por el funcionario impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, la acusa de estar vinculada con un plan de magnicidio en contra Maduro.

Con Rocío nos acercamos a Nicaragua

De acuerdo con el sociólogo y director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui la detención y encarcelamiento de San Miguel evidencia de un patrón de represión y persecución a los derechos fundamentales en Venezuela.

Uzcátegui indicó en una entrevista concedida a El Pitazo que «el caso de la presidenta de Control Ciudadano refleja una reconfiguración interna en la coalición gobernante con un funcionamiento que acerca a Venezuela al modelo autoritario de Nicaragua,pues el oficialismo decidió asumir un inédito costo político con la detención de San Miguel».

“Nos estamos acercando al modelo de Nicaragua.Hay una teoría según la cual Rocío San Miguel se va a convertir en una ficha de la negociación, y eso ha ocurrido. Lamentablemente, una persona comoRocío San Miguel tiene un costo político y eso será puesto sobre la mesa de negociación cuando se reinicie”, destacó Uzcátegui.

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La ONG Espacio Público reportó que, durante febrero de 2024, se registraron 15 casos y 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, que incluyen la intimidación, censura, detención de la activista Rocío San Miguel y cierre de medios.

De acuerdo con el balance de la organización, los periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de actos de intimidación y censura.

En total, Espacio Público contabilizó 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros. Registraron, además, 6 medios de comunicación, 4 particulares y organizaciones de la sociedad civil o miembros de las mismas.

Detención y desaparición de Rocío San Miguel

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, junto a su hija. No se supo de su paradero sino hasta 72 horas después de su detención, constituyendo así una desaparición forzada.

El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de San Miguel dos días después en su cuenta de X por su presunta vinculación con el caso “brazalete blanco”.

En la noche del 12 de febrero San Miguel fue presentada junto con sus familiares ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, según un comunicado en X del Ministerio Público del día 13.

La Fiscalía solicitó medida de privación preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, dice el comunicado.

También, al ciudadano Alejandro González de Canales (expareja de San Miguel) se le acusó de “revelación de secretos políticos y militares”, entre otros cargos.

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Cierres y presión a medios

El pasado 2 de febrero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Onda 100.9 FM que operaba en Valencia, estado Carabobo, convirtiéndose en el tercer cierre en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en la entidad.

También, la emisora Ecos del Páramo 100.3 FM de Tuñame, municipio Urdaneta de Trujillo, cesó sus operaciones el 27 de febrero por órdenes del gobernador oficialista, Omar Márquez.

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Ciudadanía desprotegida

En Maracaibo, capital del estado Zulia, funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la policía regional detuvieron el 2 de febrero al modelo Marcos Caraballo por usar “vestimenta indecorosa” en una sesión de fotos frente a la Basílica de La Chinita.

Efectivos de Polizulia también detuvieron a Nerio Antonio Bello por proveer el disfraz de ángel que modeló Caraballo en una sesión que se viralizó en internet.

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Joel García fue hostigado y amenazado por un sujeto desconocido el 7 de febrero mientras asistía al cónsul general y el cónsul adjunto de Chile en Venezuela en el Palacio de Justicia.

“Me dijo que si seguía publicando en redes, ya veía lo que me iba a pasar, que me atuviera a las consecuencias en eso”, relató García.

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El ciudadano e ingeniero jubilado de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Carlos Salazar, fue llevado por sujetos desconocidos en Punta Piedra, estado Nueva Esparta, y estuvo desaparecido durante más de 20 días tras publicar un video en el que muestra y critica al expresidiario Alex Saab.

Familiares del ingeniero Salazar lograron verlo 20 días después de su desaparición en la sede del Sebin de El Helicoide, aunque se desconoce si fue presentado ante algún tribunal.

Ataques a la sociedad civil

Visibles Venezuela, organización defensora de las personas LGBTIQ+, informó sobre una pausa temporal en sus actividades debido a actos de hostigamiento y acoso que está recibiendo por parte de grupos adeptos al partido de gobierno.

En el estado Barinas, el gerente regional de la empresa estatal Corpoelec, Danny García, acusó ante el Ministerio Público al sindicalista Marcos Vargas, el periodista Dimas Medina y el ingeniero Carlos Azuaje por denunciar actos de corrupción y negligencia en la prestación del servicio eléctrico de la entidad.

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El pasado sábado, 2 de marzo, se realizó el evento «Las 100 protagonistas», donde se dio un reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la defensa de los derechos humanos en el país.

Durante el evento, que se realizó en la Concha Acústica de Bello Monte, municipio Baruta, «Las 100 protagonistas» premiadas exigieron la libertad de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.

San Miguel cumple 24 días detenida este lunes, 4 de marzo. Su detención, además de considerarse arbitraria, ha estado llena de irregularidades. Por ejemplo, defensores de DDHH denunciaron que la activista fue víctima de desaparición forzada.

En el evento, que se realizó a propósito del «Día de la Mujer», las mujeres alzaron carteles en los que se exige la liberación de San Miguel.

#Las100Protagonistas | Las galardonadas no olvidaron a Rocío San Miguel y de forma simbólica la tuvieron presente en el escenario de la Concha Acústica haciendo uso de carteles y mensajes que denuncian su detención arbitraria por parte del Estado venezolano y exigen su libertad. pic.twitter.com/webmDXOnmO

— LA TV CALLE (@LaTvCalle) March 3, 2024

Entre #Las100Protagonistas destacan notables defensoras y activistas por los DDHH como @lauralouzas @marthagresia @elloverah @lyaisabell @amilagrosparra pic.twitter.com/v6uHqNDd68

— LA TV CALLE (@LaTvCalle) March 3, 2024

Hoy en las #100protagonistas mujeres honradas y de reconocida trayectoria en el país no dejaron de recordar a Rocio San Miguel.
Libertad para Rocio pic.twitter.com/uVPiZh2XhW

— Lexys Rendón (@lexysrendon) March 3, 2024

Hoy en las #100protagonistas mujeres honradas y de reconocida trayectoria en el país no dejaron de recordar a Rocio San Miguel.
Libertad para Rocio pic.twitter.com/uVPiZh2XhW

— Lexys Rendón (@lexysrendon) March 3, 2024

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Se vulneró el debido proceso

La organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que San Miguel fue víctima de desaparición forzada por más de tres días, desde el 9 de febrero, cuando se disponía a viajar con su hija Miranda.

Fue «detenida ‘oficialmente’ desde la noche del lunes 12 de febrero, cuando fue presentada en el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber designado a sus abogados de confianza», denunció Provea.

Pero además, cinco familiares de Rocío también estuvieron desaparecidos: Miranda San Miguel, hija; Miguel San Miguel, hermano; Alberto San Miguel, hermano; Víctor Díaz, padre de Miranda; Alejandro González, exesposo (quien sigue detenido junto a Rocío).

Cuatro de esos familiares fueron liberados bajo régimen de presentación, prohibición de salir del país y tampoco declaraciones sobre el caso.

Actualmente, San Miguel está en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide y González en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. Ambos son ciudadanos españoles.

«A Rocío tampoco le permitieron su derecho a la defensa cuando fue presentada a tribunales con una defensa pública impuesta, vulnerando el debido proceso», denunció Provea.

Rocío San Miguel es una defensora detenida injustamente desde hace 24 días.

Javier Tarazona es otro defensor detenido injustamente desde hace 976 días.

Ambos fueron víctimas de desaparición forzada. Ninguno debería estar preso por defender y exigir derechos humanos en… pic.twitter.com/XTxrRPGXhm

— PROVEA (@_Provea) March 4, 2024

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Un grupo de venezolanos se reunió este 27 de febrero en Madrid para exigir la liberación de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, detenida el pasado 9 de febrero en Venezuela. El gobierno la señala de estar vinculada con una trama para «atentar» contra el presidente Nicolás Maduro.

Convocados por la comunidad venezolana, opositores y amigos de la activista hispanovenezolana acudieron a una vigilia organizada en la céntrica parroquia de la Milagrosa para pedir “su libertad y la de los presos políticos en Venezuela”.

San Miguel, abogada, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida por “entregar información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y de ejercer como “espía”, según dijo hace unos días el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. También la señaló de “desatar una serie de acciones contra la soberanía nacional”.

A pesar de las irregularidades de su detención, la política de España para con Venezuela «no va a variar», afirmó este lunes a EFE el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Albares, tras mostrar su apoyo a la activista hispanovenezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«Estamos haciendo todo lo posible, sabemos que por fin ha podido ver a su familia, tenemos una información puntual y detallada y nuestra política no va a variar, no ha cambiado desde el principio», señaló en los márgenes de su visita a Ginebra para participar en el citado Consejo de Derechos Humanos y en la Conferencia de Desarme.

Abogados no han podido impugnar su privativa de libertad

Este martes, 27 de febrero, Juan González Taguaruco, abogado defensor de Rocío San Miguel, denunció que no han podido impugnar la privación de libertad de la activista y tampoco asistirla con la defensa privada. 

«Se ha vulnerado el derecho de la doctora San Miguel y del señor González de Canales a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. El retardo en la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional y es que no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad de los detenidos, lo que es una violación grave al derecho a la defensa», enfatizó el abogado en declaraciones a VPItv.

Con información de EFE

El abogado explicó que el 26 de febrero se venció el plazo para que el  Tribunal 2° de Terrorismo se pronunciara ante la solicitud de la hija de Rocío San Miguel de que se le permitiera juramentar a la defensa de la activista; pero ello no ocurrió. No hubo respuesta.

«A 19 días de su detención forzada, todavía sus abogados privados no han podido realizar este procedimiento que garantizaría una asistencia legal», dijo González.

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Este martes, 27 de febrero, Juan González Taguaruco, abogado defensor de Rocío San Miguel, denunció que no han podido impugnar la privación de libertad de la activista y tampoco asistirla con la defensa privada. 

«Se ha vulnerado el derecho de la doctora San Miguel y del señor González de Canales a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. El retardo en la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional y es que no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad de los detenidos, lo que es una violación grave al derecho a la defensa», enfatizó el abogado en declaraciones a VPItv.El abogado explicó que ayer se venció el plazo para que el Tribunal 2° de Terrorismo se pronunciara ante la solicitud de la hija de Rocío San Miguel de que se le permitiera juramentar a la defensa de la activista; pero ello no ocurrió. No hubo respuesta.

«A 19 días de su detención forzada, todavía sus abogados privados no han podido realizar este procedimiento que garantizaría una asistencia legal», dijo González.

González Taguaruco subrayó que no existe ningún elemento probatorio que compruebe los señalamientos que ha hecho de forma pública el fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab.

«Las diligencias de la fase preparatoria tienen carácter reservado, si respetamos la ley no podemos revelar el contenido del expediente. Con mucha ligereza, el ciudadano Tarek William Saab ha mostrado los mapas que tenía Rocío San Miguel, por supuestamente tener evidencia de interés criminalístico relevante. Esa información de los mapas está en la Gaceta Oficial y además la doctora es investigadora y fue profesora de la Escuela Superior de Guerra», indicó.

El abogado de la presidenta de Control Ciudadano también considera un absurdo pretender vincular a Rocío San Miguel con un plan para asaltar unidades militares «por el hecho de que aparezca en el directorio telefónico de un oficial».

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Detenidos y presentados ante Tribunales Contra el Terrorismo

San Miguel permanece detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. El 12 de febrero, la abogada fue presentada ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo, donde fue imputada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y sin la presencia de sus abogados.

Por su parte, Alejandro González de Canales, coronel retirado de la Aviación, está recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. El militar fue acusado por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

La ONG Encuentro, Justicia y Perdón informó el lunes 26 de febrero que la defensa de la presidenta de Control Ciudadano presentó un recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado 2do. de Terrorismo, que limita el ejercicio del derecho a la libertad de los ciudadanos Miranda Díaz San Miguel, Luís Alberto San Miguel, Miguel Ángel San Miguel y Víctor Díaz Paruta.

*Con información de TC

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