La activista Lexys Rendón denunció que, a la fecha, han pasado 11 días sin que los abogados de Rocío San Miguel puedan verla. «El tiempo corre y es fundamental para poder hacer el ejercicio de la apelación», acotó.
Fotos y videos: @Andrea_GP21
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los DDHH se concentraron este martes, 20 de febrero, en la Embajada de España en Caracas, con el objetivo de solicitar al gobierno español que pida la liberación de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero y, según denunciaron las ONG, estuvo en situación de desaparición forzada. Al menos cinco familiares de San Miguel también fueron detenidos y solo cuatro fueron excarcelados. Sigue preso Alejandro González, expareja de Rocío.
«¿Dónde está Rocío?», era una de las consignas que entonaban los asistentes a la manifestación, donde además exigieron la libertad para todos los presos políticos de Venezuela, así como el cierre de los centros de tortura que operan en el país.
Lexys Rendón, codirectora del Laboratorio de Paz, informó que acudieron a la Embajada para entregar un documento en el cual, en primer lugar, agradecen las gestiones consulares que han hecho «para garantizar la integridad de Rocío y su familia».
«También, queremos insistir en que no desistan en la protección, que obliga por sus vínculos consulares para que se garantice el debido proceso. Es un llamado a la Embajada para que interceda por Rocío y su familia, pero también por los derechos y las garantías de los venezolanos», agregó Rendón.
La activista denunció que a la fecha, han pasado 11 días sin que los abogados de Rocío San Miguel puedan verla. «El tiempo corre y es fundamental para poder hacer el ejercicio de la apelación», acotó.
«Queremos que se cumpla el debido proceso para Rocío San Miguel, queremos su libertad plena. Y queremos también hacer un llamado para todas las personas privadas de libertad por razones políticas», añadió Rendón.
San Miguel no es una espía
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, calificó a Rocío San Miguel como una «espía», indicando que ella tenía mapas cartográficos de las Zonas de Seguridad.
“Se ubicaron 18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país”, dijo.
Ante esa acusación, la activista Lexys Rendón recordó que San Miguel es experta en el área militar, es profesora y ha sido asesora de instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Defensa.
«Por esta razón Rocío tiene mapas, que ya cuando se hizo el allanamiento en su casa, su abogado denunció que eran mapas del siglo pasado, que era cuando ella daba clases», aclaró Rendón.
«Eso no es delito. Además, los mapas son públicos, son publicados por el Estado. La información pública no es un delito de espionaje», sentenció.
«Lo que ha ocurrido con Rocío San Miguel no ocurre en un gobierno democrático»
Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, aseveró que en los gobiernos democráticos no ocurren cosas como la detención de Rocío San Miguel ni la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.
«Lo que ha ocurrido con Rocío San Miguel y en los días siguientes, no ocurre en un gobierno democrático», dijo.
Además, Murillo recordó que San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares del Sistema Interamericano.
«Si esto le ocurre a Rocío San Miguel, una reconocida dirigente y defensora de derechos humanos, con medidas cautelares a su favor ¿Qué está ocurriendo con el resto de los ciudadanos?», cuestionó.
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Plataforma Unitaria pide respeto al debido proceso
Omar Barboza, secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática, participó en la actividad y señaló que la coalición opositora pide que se respete el debido proceso en el caso de Rocío San Miguel.
«Es una defensora de derechos humanos, conocida en todo el país como una persona responsable, profesional, en quien creemos que es inocente, para quien reclamamos la libertad, una defensa propia y que el debido proceso se respete y la presunción de inocencia de acuerdo a la Constitución», señaló Barboza.
Asimismo, Barboza celebró que en las conversaciones del Acuerdo de Barbado se incluyeran temas como la detención de San Miguel y su exesposo, «y se le busquen soluciones».
