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Roberto Picón

¿Quiénes son los 55 presos políticos que han sido excarcelados desde el 1 de junio?

SALIERON DE LOS CALABOZOS Y REGRESARON A SUS CASAS, durmieron en camas limpias y desayunaron caliente. Pero siguen presos. Entre el 1 y el 2 de junio de 2018 fueron excarcelados 79 detenidos, de los cuales 38 son presos políticos, según el Foro Penal. Todos tienen una medida cautelar con régimen de presentación, prohibición de salida del país y de declarar a los medios.

El 13 de junio de 2018 fueron excarcelados 43 detenidos de los que 17 son presos políticos, de acuerdo con Foro Penal.

En autobuses fueron llevados desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide y desde otros centros de reclusión hasta la Casa Amarilla, sede el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Caracas. Allí asistieron a los actos de otorgamiento de medidas cautelares.

En la Casa Amarilla se encontraban los cuatro gobernadores de oposición (Laidy Gómez del estado Táchira; Antonio Barreto Sira de Anzoátegui; Ramón Guevara, de Mérida y Alfredo Díaz de Nueva Esparta), el dirigente de Copei Pedro Pablo Fernández, el excandidato presidencial Javier Bertucci, el fiscal general designado por la anc Tareck William Saab, la presidenta de la anc y de la comisión de la verdad, Delcy Rodríguez, entre otros funcionarios.

El 8 de junio de 2018, Ana Leonor Acosta, abogado y miembro de la coalición por los Derechos Humanos y la democracia, dio un balance del trabajo que ha realizado este último mes con la organización Proyecto Libertad tras la excarcelación de algunos presos políticos. Acosta informó que hasta el 8 de junio de 2018, Proyecto Libertad cuenta 400 presos políticos que continúan detenidos.

“Cada uno de los excarcelados ha tenido que ir a tribunal, algunos ellos no han podido presentarse ante los tribunales por diversas razones, hasta que no se hagan estas presentaciones no tenemos a ciencia cierta el tipo de medidas que se les ha dado”, aseguró Acosta.

La abogado afirmó que en el de dos mujeres, no especificó quiénes, que tienen medidas de arresto domiciliario fueron cambiadas por otras medidas sustitutivas de libertad, en el caso de Dylan Canache y Juan Pedro Lares se les otorgó liberación plena, y en la mayoría de los casos se dieron libertades con régimen de presentación entre 15 y 30 días.

De acuerdo con Acosta, todos los presos políticos excarcelados entre el 1 y 2 de junio tienen prohibición de salida del país, prohibición de salida de un estado (caso de José Vicente García), algunos con prohibición de declarar ante los medios de comunicación y otros con prohibición de declarar en redes sociales. 

El 1 de junio fue excarcelado el primer lote de 17 presos políticos:

  1. Daniel Ceballos

Fue detenido el 19 de marzo de 2014 por presuntos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando se encontraba en Caracas. Los funcionarios no presentaron orden de captura.

A Ceballos se le acusa del delito de “rebelión civil” e instigación a la violencia, de acuerdo con Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz en ese momento.

El 19 de marzo de 2014 fue llevado a la Cárcel Militar de Ramo Verde. Ceballos permaneció ahí hasta el 11 de agosto de 2015 cuando, faltando pocos minutos para las 11:00 p.m, fue trasladado a su casa, luego de que el Ministerio Público le otorgara la medida de arresto domiciliario por razones de salud.

El 27 de agosto de 2016 Ceballos fue trasladado a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros por un grupo comando del Sebin que se presentó en su residencia a las 3:00 a.m, con la excusa de una visita médica debido a sospechas de un plan de escape.

El 27 de septiembre de 2016 fue trasladado a la sede del Sebin de El Helicoide, hasta el pasado 1 de junio.

El ex alcalde de San Cristóbal estuvo preso durante cuatro años y dos meses.

Ceballos fue juzgado dos veces por los mismos hechos, lo cual viola principios fundamentales del derecho penal.

  1. Geraldine Chacón

Directora del Programa de Embajadores en la “Fundación Embajadores Comunitarios” fue detenida el 2 de febrero de 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en horas de la madrugada en su residencia. Los funcionarios no llevaban orden de aprehensión, ni de allanamiento. Ese día fue trasladada al Palacio de Justicia en Caracas.

Fue interrogada sin asistencia jurídica. No pudo recibir visitas durante más de 104 días de detención.

El 2 de abril de 2018 el Tribunal 31 de control emitió una orden de liberación a su favor, pero el Sebin no la cumplió. Chacón permaneció privada de libertad de manera arbitraria.

La audiencia de presentación se llevó a cabo el 5 de febrero ante el Tribunal 31º de Control, cuyo juez no se encontraba en el despacho, por lo que se encargó de la celebración de la audiencia la juez del Tribunal 30º en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial. En dicho acto la Representación Fiscal no imputó hechos y/o conductas concretas atribuibles a Geraldine Chacón.

  1. Gregory Hinds

El miércoles 31 de enero de 2018, presuntos funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de la Fundación Embajadores Comunitarios (FEC), sin orden judicial de allanamiento ni de detención emitida por ningún tribunal de la República.

La organización explicó que los efectivos allanaron su oficina sin la orden correspondiente y se llevaron a Hinds a las instalaciones de El Helicoide para realizarle una “entrevista”. Desde ese momento el director general de FEC y abogado egresado dela Universidad Católica Andrés Bello, quedó retenido e incomunicado.

En el momento de la audiencia de presentación ante el Tribunal 31 de Control, Hinds mencionó que fue sometido a un “proceso de entrevista de cinco horas”, sin oportunidad de contar con un abogado, ni Fiscal del Ministerio Público que garantizara el respeto del debido proceso y, en especial, el derecho a su defensa.

  1. María Elena Uzcátegui

Ama de casa. Fue detenida el 12 de septiembre de 2014 tras el allanamiento de su residencia durante las manifestaciones en Barquisimeto, estado Lara, por ayudar a los manifestantes que protestaban el 12 de septiembre de 2014 en las inmediaciones de la avenida Bracamonte.

Fue enviada a la cárcel de Uribana, estado Lara, donde permaneció recluida hasta el 19 de diciembre de 2014, cuando le fue otorgada medida humanitaria por su estado de salud y le fue concedido arresto domiciliario.

Durante su reclusión en el mencionado centro penitenciario perdió más de 20 kilogramos.

  1. Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo

Cosmetóloga de 48 años de edad y asesora de belleza en la cadena “Farmatodo”. Fue detenida tras un allanamiento de su residencia el 21 de enero de 2015. Es esposa del Teniente Coronel José Gámez (también detenido, acusado de ser un supuesto “conspirador” en cadena nacional).

  1. Melanye Álvarez

Bailarina. Fue detenida el 24 de enero de 2018 por una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Fue presentaba ante tribunales el 26 de enero de 2018. De acuerdo con abogados de Foro Penal, el juez ordenó como sitio de reclusión la sede del Sebin, El Helicoide. Estuvo cuatro meses y ocho días presa.

  1. Stefanny Salazar

Fue detenida el 21 de mayo de 2017. Acusada por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, de pertenecer a “un grupo terrorista” que quería desestabilizar el país, la detuvieron en el marco de las protestas antigubernamentales. Estuvo recluida en la sede del Sebin de El Helicoide durante un año de acuerdo con información de Foro Penal..

  1. Diannet Milagros Blanco Prieto

Licenciada en Educación. Fue privada de libertad el 22 de mayo de 2017. De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami, formaba parte de un grupo conformado por “terroristas”. En marzo de 2018 aún estaba a la espera de la primera audiencia. A pesar de ser civil, su caso fue llevado por un tribunal militar.

  1. Brigitte Herrada

Es profesora de Educación Especial egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel).Detenida el 2 de julio de 2017, . fue la única mujer entre los cinco jóvenes enviados a la cárcel 26 de Julio en el estado Guárico. Fue acusada de cometer los delitos de instigación pública, daños violentos y rebelión. Estuvo sometida a un arresto domiciliario desde el 13 de noviembre de 2017 hasta su liberación el 1 de junio de 2018, de acuerdo con información de Crónica Uno.

  1. Virgen Chiquinquirá Quintanillo

Fue detenida el 31 de julio de 2017 en Maracaibo y acusada por incendiar una vivienda en la urbanización Club Hípico, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, centro logístico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con material político y electoral. Estuvo recluida en la Policía Municipal de San Francisco durante diez meses.

  1. Erika Palacios

Detenida el 3 de enero de 2018, fue la primera mujer detenida por la Ley contra el  Odio en el estado Carabobo, por funcionarios de la policía municipal de Naguanagua, luego de participar en una protesta cuyos participantes trancaron la avenida Universidad de esta localidad con cauchos, piedras  y basura.

Fue condenada por la comisión de los delitos de detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos, previsto y sancionado en el artículo 296; instigación pública prevista y sancionada en el artículo 295; obstaculización de la vía pública, artículo 357, todos del Código Penal, así como instigación al odio, previsto y sancionado en el artículo 20 de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

  1. Juan Pablo Giraldo

Es TSU en informática y trabajaba en la Gobernación del Táchira. De acuerdo con Foro Penal, fue detenido en San Cristóbal el 19 de septiembre de 2014 por funcionarios del Sebin. Lo acusaron de ser “financista de planes desestabilizadores” y  lo vincularon con Antonio Ledezma. Estuvo recluido en El Helicoide, donde permaneció durante casi cuatro años.

  1. Fermín Coccione Castillo

Fue detenido arbitrariamente el 4 de mayo de 2017, en Colinas de Bello Monte, municipio Baruta y presentado ante el tribunal 4to militar con sede en Macuto (estado Vargas), tras sufrir una detención arbitraria por parte de la Policía Nacional Bolivariana y una desaparición forzada de tres días. Permaneció recluido en la Dirección Militar de Contrainteligencia Militar  (DGCIM).

La Fiscalía le imputó tres delitos: traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

  1. Juan Pedro Lares

Hijo del alcalde de Campo Elías (Mérida), Omar Lares. Fue detenido el 30 de julio de 2017 por funcionarios de la PNB y Tupamaros, cuando intentaban detener a su padre. Hasta el 29 de agosto de 2017, no había sido presentado en ninguna audiencia. El Sebin afirmó que estaba preso en calidad de testigo.

Estuvo recluido en la sede del Sebin, El Helicoide durante diez meses.

Su caso es uno de los dos excarcelados al que se le otorgó libertad plena.

  1. Dylan Canache

Fue detenido el 13 de enero de 2018. El jóven de 16 años fue acusado por “instigación a protestar” de acuerdo con Foro Penal. Estuvo recluido en El Helicoide hasta el 19 de mayo de 2018, luego fue trasladado al Retén de Menores de Coche.

Canache tuvo una fianza constituida desde el 15 de febrero de este año. Su boleta de excarcelación fue extraviada.

Su caso es uno de los dos excarcelados al que se le otorgó libertad plena.

  1. Diego Gomes de Caires

Fue detenido por funcionarios del Sebin. El 28 de febrero un tribunal emitió su boleta de excarcelación, a pesar de ello, el joven de 17 años continuó recluido en el Sebin.

  1. General Ángel Vivas

General de Brigada del Ejército Venezolano e ingeniero civil. Es acusado de haber incitado a la violencia durante las protestas de 2014 y 2017. Fue detenido el 7 de abril del 2017 en su residencia en Prados del Este y desde entonces recluido en la Cárcel de Ramo Verde y en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, hasta su excarcelación el pasado 1 de junio.

Su familia denunció el 10 de mayo de 2017, su esposa Estrella Vitora informó que el general Vivas sufrió torturas causadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Sufrió pérdida de audición generado por un arma blanca, pérdida de visión por un hematoma causado por un golpe contundente, dolor en el tórax y la columna.

21 presos políticos excarcelados el 2 de junio de 2018

El 2 de junio fue excarcelado un segundo grupo de presos políticos. De acuerdo con el abogado y director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero son los siguientes:

  1. Raúl Emilio Baduel

Dirigente de Voluntad Popular e hijo del General Raúl Isaías Baduel. Fue detenido el 21 de marzo de 2014 durante una manifestación en Maracay, estado Aragua, mientras hacían cadenas humanas para rechazar los hechos de violencia durante las protestas iniciadas en febrero de 2014. Sentenciado a ocho años de cárcel por el Tribunal Segundo de Juicio del estado Aragua por los delitos de intimidación pública, agavillamiento, e instigación a la desobediencia, le asignaron la cárcel de Tocuyito como sitio de reclusión. Baduel aparece en la lista de “excarcelados con medidas cautelares” del 2 de junio de 2018, sin embargo, familiares denunciaron que fue liberado el 3 de junio.

  1. Renzo Prieto

Diputado a la Asamblea Nacional. Fue detenido el 10 de mayo de 2014 por funcionarios del Sebin, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el DGCIM. Estuvo recluido en El Helicoide hasta el pasado 2 de junio de 2018. Lo imputaron por asociación para delinquir y fabricación de armas.

  1. Alexander “El Gato” Tirado

Al igual que Raúl Emilio Baduel, fue detenido el 21 de marzo de 2014 durante  una manifestación contra el gobierno en Maracay. Fue sentenciado a ocho años de cárcel por el Tribunal Segundo de Juicio del estado Aragua por los delitos de intimidación pública, agavillamiento, e instigación a la desobediencia. El sitio de reclusión asignado fue la cárcel de Tocuyito, donde permaneció 4 años y dos meses.

  1. Wilmer Azuaje

Diputado al Consejo Legislativo de Barinas, fue detenido el 2 de mayo de 2017 en el estado Barinas por funcionarios del Sebin. Estuvo recluido en El Helicoide durante un año y un mes. La Sala Plena del TSJ le otorgó la medida de arresto domiciliario mediante una sentencia publicada el 12 de julio de 2017, pero Azuaje nunca fue trasladado a su casa.

  1. Gabriel Vallés

Ingeniero de sistemas de 30 años de edad es miembro de la organización Operación Libertad, red de resistencia venezolana creada el 9 de febrero de 2011 por Vallés y el preso político Lorent Saleh. Fue detenido el 4 de septiembre de 2014 en Cúcuta, Colombia, por funcionarios del servicio de inteligencia colombiano. Estuvo recluido en la sede del Sebin de Plaza Venezuela, conocido como “La Tumba”, durante 26 meses. Luego fue trasladado a El Helicoide y permaneció ahí hasta el pasado 2 de junio de 2018.

  1. José Vicente García

Concejal del Municipio San Cristóbal, estado Táchira por el partido Voluntad Popular. Fue detenido en la capital del estado andino el 18 de octubre de 2016 por funcionarios del Sebin. El 20 de diciembre de 2016 los tribunales emitieron su boleta de excarcelación pero nunca se le permitió la salida. Fue imputado por porte ilícito de armas y recluido en el Sebin El Helicoide desde el 21 de octubre de 2016, luego de haber estado tres días en la sede de la policía política en San Cristóbal.

Tiene prohibición de salida de un estado, según la abogada Ana Leonor Acosta.

  1. Gilber Caro

Diputado suplente del estado Miranda por Voluntad Popular. Fue detenido el 11 de enero de 2017 en el estado Carabobo. Fue excarcelado bajo medidas sustitutivas de libertad que aún no han sido anunciadas por el Ministerio Público. Estuvo recluido en la cárcel de Tocuyito hasta el 4 de marzo de 2017 cuando fue trasladado a la cárcel Fénix, en el estado Lara, donde permaneció durante un año y casi tres meses.

Caro fue acusado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y sustracción de efectos militares. No fue presentado ante un tribunal hasta 4 meses y 20 días después de su detención.

  1. Manuel Cotiz

Estudiante de 21 años. Fue detenido el 8 de mayo de 2014 durante un operativo militar que desmanteló el campamento instalado en la plaza Alfredo Sadel en las Mercedes. Estuvo recluido en la sede del Sebin de El Helicoide. Enfrentó un juicio por los delitos de instigación para delinquir, agavillamiento y uso de menores para delinquir.

  1. Gregory Sanabria

Estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Detenido el 7 de octubre de 2014 en San Cristóbal, estado Táchira, y luego trasladado a Caracas. Acusado del presunto delito de conspiración para la rebelión, estuvo inicialmente recluido en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), División de Capturas en El Rosal, en Caracas, junto a presos comunes. Después fue transferido a la sede del Sebin de El Helicoide.

  1. Franklin Hernández

Licenciado en Idiomas y entrenador de fútbol en Mérida. Forma parte de la plantilla de la Federación Internacional de Fútbol Amateur (FIFA). Fue detenido el 21 de enero de 2015 cuando unos funcionarios adscritos al Sebin llegaron a su residencia, asegurando  que tenían una orden de captura en su contra, emanada de un Tribunal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El tribunal decidió declinar la causa a un Tribunal con Competencia en Terrorismo, el día 26 de enero de 2015 finalmente se realizó la audiencia de presentación ante el Juzgado 1º en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional. Allí se le ratificó la medida privativa de libertad.

Estuvo recluido en la sede del Sebin de El helicoide durante tres años y cuatro meses.

  1. Jovanny González

Asistente del diputado al Consejo Legislativo de Barinas Wilmer Azuaje. Permaneció recluido en el Centro de Procesados 26 de Julio en el estado Guárico, durante un año y un mes. Fue detenido junto a Azuaje el 2 de mayo de 2017.  

  1. Roberto Picón

Asesor y colaborador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Fue detenido el 22 de junio de 2017 en Altamira, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su vivienda fue allanada el 25 de junio de 2017.

De acuerdo con información de Provea, Picón fue imputado por traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (artículos 464, 476 y 570, del Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela). Se decretó como medida cautelar la privación de su libertad y se fijó como lugar de reclusión la sede del Sebin ubicada en El Helicoide, donde permaneció hasta el 24 de diciembre de 2017 cuando fue trasladado a su casa. El 26 de diciembre de 2017 su esposa, Elizabeth Ball, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que a Picón se le colocó un grillete electrónico en el tobillo que tuvo hasta el pasado 2 de junio.

Picón no tuvo acceso a su abogado hasta el día 70 de su detención.

  1. Rolmán Rojas

Profesor de la Universidad de Carabobo y coordinador regional de Voluntad Popular en el estado Aragua. Fue detenido el 18 de Agosto de 2017 por por la División de Investigaciones y Estrategias Preventivas de la Policía de Aragua a la salida de una reunión en Ceproaragua junto a otras tres personas. El Tribunal Primero de Control, a cargo del juez Julio Urdaneta, lo privó de libertad por desacato a la autoridad y portar artefactos explosivos, informó El Pitazo. Estuvo recluido en el Centro de Procesados 26 de Julio, estado Guárico.

  1. Tonny Real

Dirigente de Voluntad Popular. Fue detenido el 1 de julio de 2017 por funcionarios del CICPC y acusado de supuesta sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) e instigación a la rebelión. Es el primer imputado por tribunales militares en Aragua.

Estuvo recluido en el Centro de Procesados 26 de julio. Tuvo que ser operado de la vesícula, luego de la operación fue regresado de nuevo a la cárcel en San Juan de los Morros, estado Guárico, hasta su excarcelación el 2 de junio de 2018.

  1. Juan Carlos Sosa Marquina

Hermano del diputado José Manuel Olivares. Fue detenido el 25 de septiembre de 2018 por funcionarios del Sebin, quienes no presentaron orden de captura, cuando se encontraba en la inauguración del quinto comedor de “Alimenta La Solidaridad” en el estado Vargas junto a su hermano.

Estuvo encarcelado en la sede del Sebin de, El Helicoide.

  1. Óscar Millán González

Detenido junto con Melanye Álvarez el 24 de enero de 2018 por funcionarios del Sebin cuando allanaron su casa sin ninguna orden judicial. Fue imputado por los delitos de obstrucción y alteración del orden público. Permaneció encarcelado en El Helicoide durante cuatro meses.

Su madre afirmó que en el expediente no hubo nada que sustentara la acusación, por lo que presume que fue detenido por participar en las protestas de 2017.

  1. Jefferson Rodríguez Zerpa

Escolta del diputado de la Asamblea Nacional Richard Blanco. Fue detenido el 19 de abril de 2017. Estuvo recluido en El Helicoide durante un año y un mes y se convirtió en el primer excarcelado en salir el pasado 2 de junio.

Fue imputado por traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

  1. Jerry Esteban Flores Czarnik

Fue detenido el 24 de enero de 2018. Estuvo recluido en el Sebin durante cuatro meses, hasta su excarcelación el 2 de junio de 2018.

  1. Edgar José Gamboa Pugas

Fue arrestado el 24 de enero de 2018. Durante cuatro meses, permaneció recluido en el Sebin, hasta su excarcelación el 2 de junio de 2018.

  1. Víctor Alfonzo Navarro

Lo detuvieron el 24 de enero de 2018. Permaneció encarcelado en el Sebin durante cuatro meses, hasta su excarcelación el 2 de junio de 2018.

  1. Ignacio Porras

TSU en informática. Fue detenido el 22 de abril 2014 cuando allanaron su residencia. Estuvo recluido en cárcel El Rodeo II hasta el 3 de marzo de 2015 cuando se le otorgó arresto domiciliario. Perdió 50 kilogramos durante su detención en El Rodeo II. Fue imputado por obstrucción a la vía pública,  intimidación al público y desobediencia de las leyes.

Tercer lote de presos políticos excarcelados el 13 de junio de 2018

1. Héctor Guaicaipuro Fernández Revillas “Guaica”

Estudiante y dirigente juvenil de Primero Justicia (PJ). Detenido el 19 de julio de 2017 por el Sebin en el municipio Campo Elías, estado Mérida. Imputado de terrorista. Estaba recluido en el Área de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente en el Táchira.

  1. José El Hajale Rabah

Comerciante. Detenido el 10 de agosto de 2017 en el municipio Miranda, estado Mérida. Juzgado por un tribunal militar. Estaba recluido en el Área de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente en el Táchira.

  1. José Gregorio Morales Ultrilla

Entrenador deportivo y estudiante. Detenido el 10 de agosto de 2017 en el municipio Miranda, estado Mérida junto a José El Hajale Rabah. Juzgado ante un tribunal militar. Estaba recluido en el Área de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente en el Táchira.

  1. Fernando Alexi Dominguez Osuna

Detenido el 5 de septiembre de 2017. en el municipio Cardenal Quintero, estado Mérida. Juzgado ante un tribunal militar. Estaba recluido en el Área de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente en el Táchira.

  1. Carlos Contreras

Estudiante de 26 años. Detenido el 20 de mayo de 2017. Recluido en Ramo Verde. Fue juzgado ante un tribunal militar. Su madre, Ylsis Contreras informó que su hijo sufre de un acceso perianal que teme que provenga de “descargas eléctricas en los testículos”.

  1. Pedro Maury

Taxista. Detenido el 13 de febrero de 2015 en Maracay, estado Aragua. Inicialmente estuvo recluido en la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, luego fue trasladado a Ramo Verde el 1 de mayo de 2015. Civil juzgado ante un tribunal militar. Imputado de Instigación a la Rebelión y sentenciado a cinco años de cárcel.

  1. Luis Rafael Colmenares

TSU en Ciencias Fiscales. Detenido el 11 de febrero de 2015 en Maracay, estado Aragua. Recluido inicialmente en la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas. El 1 de mayo de 2015 fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, luego el 11 de enero de 2017 fue trasladado a la cárcel de La Pica, estado Monagas. Acusado de Instigación a la Rebelión y sentenciado a 5 años de prisión.

  1. Jesús Salazar

Carpintero. Detenido el 11 de febrero de 2015 en Maracay, estado Aragua. Inicialmente recluido en la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas. El 1 de mayo de 2015 fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, luego el 11 de enero de 2017 fue trasladado a la cárcel de La Pica, estado Monagas. Imputado de Instigación a la rebelión, con agravantes, uso indebido de condecoraciones y títulos militares. Condenado a 5 años y 6 meses de cárcel.  

  1. Gilberto Téllez

Exalcalde del municipio Sabaneta. Detenido presuntamente por la quema de la estatua de Hugo Chávez el 25 de marzo de 2018 por funcionarios del Sebin en Sabaneta, estado Barinas durante un allanamiento. Imputado por los delitos de asociación para delinquir, instigación al odio, incendio, daños a la propiedad pública y detentación ilícita de explosivos. La juez Solsiree Reinoso asignó como sitio de reclusión los calabozos de la Comandancia de la Policía Regional.

  1. Cristofer López

Detenido el 25 de marzo de 2018 por funcionarios del Sebin en Sabaneta, estado Barinas durante un allanamiento. Imputado por los delitos de asociación para delinquir, instigación al odio, incendio, daños a la propiedad pública y detentación ilícita de explosivos. La juez Solsiree Reinoso asignó como sitio de reclusión los calabozos de la Comandancia de la Policía Regional.

  1. Asciel Jiménez

Detenido el 25 de marzo de 2018 por funcionarios del Sebin en Sabaneta, estado Barinas durante un allanamiento. Imputado por los delitos de asociación para delinquir, instigación al odio, incendio, daños a la propiedad pública y detentación ilícita de explosivos. La juez Solsiree Reinoso asignó como sitio de reclusión los calabozos de la Comandancia de la Policía Regional.

  1. Mitchell Sosa

Estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Detenido el 2 de julio de 2017. Recluido en la cárcel 26 de Julio, estado Guárico. Fue presentado ante un tribunal militar.

  1. Kenny Colmenares

Estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Detenido el 2 de julio de 2017. El 5 de julio fue trasladado a la cárcel 26 de Julio, estado Guárico. Fue presentado ante un tribunal militar. Imputado por detentación de material inflamable, rebelión e instigación.

  1. Yonger Rosales

Estudiante de Comercio Exterior. 21 años. Recluido en la sede del Sebin, El Helicoide. Detenido el 10 de enero de 2018.

  1. Yeison Rodríguez

Vendedor de agua en las protestas de 2017. Detenido el 10 de junio de 2017 en Guarenas cuando salía del entierro de Neomar Lander. Recluido en El Helicoide. El director del Sebin Gustavo González López expresó que Rodríguez era el “organizador de las acciones terroristas de la derecha”. Hasta el 4 de junio de 2018 no había tenido audiencia preliminar.

  1. Michael Linares

Recluido en El Helicoide.

  1. Merino Rojas

Parte del Movimiento Estudiantil del estado Mérida. Detenido el 21 de mayo de 2017 en Caracas durante un allanamiento. El vicepresidente Tarek El Aissami aseguró que Rojas “forma parte de la estructura que da apoyo logístico a los guarimberos, a los terroristas, a los criminales”, de acuerdo a las declaraciones que dio para anunciar su detención. Recluido en El Helicoide.

Colectivos excarcelados

Dentro del grupo de los 79 detenidos, también fueron excarcelados los colectivos que participaron en los hechos ocurridos el 2 de abril en Catia, cuando el diputado Teodoro Campos junto a el ex candidato presidencial Henri Falcón se dirigían a un encuentro con vecinos de la zona y fueron interceptados por presuntos colectivos que hirieron a Campos.

Otorgan medidas cautelares a segundo lote de presos políticos

Este sábado fueron otorgados medidas cautelares a un segundo grupo de presos políticos.

Entre quienes fueron en esta oportunidad a la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y se estima reciban medidas cautelares en las venideras horas estuvieron: Raúl Emilio Baduel, Renzo Prieto, el diputado Gilber Caro, Wilmer Azuaje, el concejal concejal del Táchira José Vicente García y el experto en materia electoral de la MUD, Roberto Picon, quien ya gozaba de casa por carcel.

Por parte del gobierno estuvieron  Delcy Rodríguez, presidenta de la asamblena nacional constituyente cubana, y el fiscal designado por ese mismo órgano, Tarek William Saab.

A continuación la lista extraoficial de presos completa:

1. Raul Emilio Baduel
2. Renzo Prieto
3. “El Gato” Tirado
4. Wilmer Azuaje
5. Gabriel Valles
6. José Vicente García
7. Gilber Caro
8. Manuel Cotiz
9. Gregory Sanabria
10. Franklin Hernández
11. Isaac Gonzalez
12. Victor vegas
13. José vegas
14. Oswaldo García
15. Giovanni Gonzàlez
16. Roberto Picón
17. Rolman Rojas
18. Tonny Real
19. Juan Carlos Sosa

Liberan a Roberto Picón en la madrugada de este #24Dic

RobertoPicón-

 

El asesor político de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Roberto Picón fue liberado en horas de la madrugada de este domingo 24 de diciembre.

La información la confirmó el  dirigente político ex secretario general de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, a través de su cuenta en Twitter.

“A las 4am se produjo la salida de Roberto Picón de la cárcel. Amanece en su casa, con su familia. Doy público testimonio de su coraje cívico, de su valentía ciudadana: “Esta fue una experiencia dura, de crecimiento”, me dijo a las 5:15 am vía telefónica. Sigamos en lucha! Palante!”, detalló Torrealba .

 

Picón fue presentado en la tarde del sábado ante la asamblea nacional constituyente, luego fue regresado a El Helicoide para la revisión médica y liberado en horas de la madrugada de este domingo. Formaría parte del grupo de 80 presos políticos que la anc habría recomendado liberar.

Los familiares de Picón esperaron hasta la madrugada en la puerta principal del Helicoide, en la que durante el final de la tarde y ya entrada la noche, fueron liberados más de 30 presos políticos que se encontraban recluidos, algunos desde 2014, por participar en protestas contra el gobierno.

 

 

Este asesor de la MUD fue detenido el jueves 22 de junio. Runrun.es pudo demostrar que el allanamiento y el proceso judicial que lo llevaron a él y a Arístides Moreno, están manchados por contradicciones y omisiones en cada documento del expediente.

 

El hombre número 19 y la granada pisapapeles: las irregularidades del expediente de Picón
El allanamiento y el proceso judicial que llevaron a prisión a los asesores de la MUD, Roberto Picón y Arístides Moreno, están manchados por contradicciones y omisiones en cada documento del expediente, al que tuvo acceso Runrun.es de manera exclusiva
Picón fue acusado con base en evidencias recogidas de una casa que no era suya, por objetos y documentos que no le pertenecían, y que fueron cambiados durante el análisis, realizado por el único funcionario sin autorización para el proceso

 

EL 22 DE JUNIO DE 2017 FUE UN JUEVES LARGO. En el día, en plena fase final de los cuatro meses de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, un militar adscrito al grupo de la policía aérea de la base La Carlota asesinó a David Vallenilla al dispararle con un arma larga; horas después, ya de noche, el Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo a los asesores de la Mesa de Unidad Democrática, Roberto Picón y Arístides Moreno, en la casa del segundo, en Altamira.

En los videos del allanamiento a la casa de Moreno se ven a los dirigentes opositores María Corina Machado y Freddy Guevara -hoy protegido en la Embajada de Chile en Caracas por acusaciones de instigación pública y asociación para delinquir- y a varios miembros del Sebin. Las imágenes son borrosas y confusas. Dos días después, el presidente Maduro se refirió al hecho y dijo que se habían incautado equipos con los que “se estaba preparando un proceso de hackeo, intervención y sabotaje a todo el sistema informático (del CNE)”. De acuerdo con el primer mandatario, Picón y Moreno tendrían entre sus planes sabotear la elección de constituyentistas el 30 de julio.

Picón y Moreno están presos en la sede del Sebin de El Helicoide. Los primeros días de su encierro, Picón vivió en un baño insalubre, sin luz ni ventilación, y tuvo que cuidar la limpieza del pequeño lugar para no enfermarse. Luego, por 17 días, compartió el baño de 2×8 metros con el magistrado Ángel Zerpa, antes de que le concedieran casa por cárcel. En total, los primeros 87 días no recibió luz solar de forma directa, declaró su hija Isabella Picón durante una entrevista a Tal Cual el 24 de septiembre.

La detención de Picón y Moreno, ambos imputados por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de objetos militares de la Fuerza Armada Nacional, cumple 5 meses. El caso, llevado desde el inicio por tribunales militares, pasó el 5 de octubre a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, más específicamente a la competencia del Magistrado Maikel Moreno, también presidente del máximo tribunal.

Ese expediente que tiene Moreno en sus manos fue obtenido en exclusiva por Runrun.es.

El motivo de allanamiento no se encontró

Una serie de particularidades llaman la atención en dos documentos fundamentales que integran el expediente judicial del caso de Roberto Picón y Arístides Moreno: la solicitud y la orden de allanamiento de la residencia de este último. Ninguno de los dos cumple con el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), pues no especifican la razón para requerir el allanamiento a la casa de Moreno más allá de una presunción, de una fuente no identificada, sobre la tenencia de objetos militares, los cuales nunca encontraron en el lugar.

Para llevar a cabo un allanamiento, el cuerpo de seguridad debe presentar una solicitud ante un tribunal, y luego la orden –absolutamente necesaria para realizar la operación– debe especificar “el motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a realizar”, según se explica en el numeral 4° del artículo 197 del COPP.

Los motivos que presentó la Fiscalía Militar para allanar la vivienda de Moreno están relacionados con la presunta tenencia de material de interés criminalístico para una investigación que no evidencia relación alguna con los dos acusados, según la información en el expediente.

El Sebin alegó que uno de sus funcionarios obtuvo información de que en el lugar había armas de fuego, chalecos antibalas, municiones, prendas y documentos militares así como explosivos pertenecientes a la FANB, pero ninguno de estos objetos fue encontrado en la morada. A pesar de ello, fueron incautados otros objetos, y tanto Moreno como Picón fueron detenidos.

La investigación penal con que vinculan a Picón data de mayo de 2017, cuando funcionarios del Sebin detuvieron a dos estudiantes y activistas del partido Voluntad Popular, María Andreina Montilla de 20 años y David Sosa Escalante de 21, por los delitos militares de traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.

Orden de allanamiento:

orden

Acta de Investigación Penal:

2

Tampoco argumentan como un documento de un obsoleto movimiento político, con fecha del viernes 3 de febrero de 2003, se relaciona con la presencia de Picón en casa de Moreno ese 22 de junio de este año, casi 14 años después de su creación.

El hombre #19 ¿Quién es Cristóbal Tirado?

La Fiscal Militar Segunda, teniente Yusnagry Pérez, solicitó permiso para que 18 funcionarios participaran en el allanamiento. Pero fueron 19 los que hicieron el procedimiento. Las actas posteriores tienen el nombre del integrante extra que no estaba autorizado, y este decimonoveno hombre fue quien manejó las evidencias incriminatorias del caso de Picón, las mismas que no coinciden en los diversos documentos.

Cristobal Antonio Tirado Duraman es primer inspector del Sebin, organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, en donde labora desde el 2009. Tiene 31 años y es originario de Ciudad Piar, estado Bolívar. Está inscrito en el Distrito Capital para votar.

En 5 de los 6 documentos de registro de evidencias físicas, Tirado fue el único funcionario que realizó todos los pasos de la cadena de custodia –la fijación, la colección, el embalaje, el etiquetaje y la preservación– a pesar de que cada fase debe ser manejada por un funcionario distinto.

(Recomendamos ver los documentos en pantalla completa)

Específicamente, el funcionario analizó pruebas que pesan en la acusación a Picón, como los “dispositivos de almacenamiento” en que encontraron documentos supuestamente creados por Moreno y Picón para presuntamente “sabotear al sistema electoral”. Realizó también un análisis a 18 teléfonos móviles y 2 computadoras portátiles, como afirma el registro de las evidencias, a pesar de que en el acta de allanamiento solo fueron incautados 7 teléfonos móviles y 1 computador portátil.

Al no estar Tirado autorizado por la orden de allanamiento para realizar el proceso, como indica el artículo 197 del Copp, el funcionario faltó al artículo 184 del Código Penal por “abuso de sus funciones y faltar a las condiciones establecidas por la ley” al introducirse en la vivienda y realizar pesquisas, considerado como un delito contra la inviolabilidad del domicilio que puede ser penado con prisión de 6 a 30 meses. De ser comprobado que el funcionario del Sebin actuó por algún interés privado, la pena aumentaría en una sexta parte, advierte la legislación.

¿Quién abrió la puerta la noche del 22 de junio?

Las piezas del rompecabezas que forman el allanamiento a la casa en Altamira el 22 de junio de 2017 no coinciden entre sí. Distintos documentos que conforman el expediente del caso cuentan distintas historias, por lo que ni siquiera se conoce con exactitud quién abrió la puerta de la vivienda esa noche.

El acta del allanamiento indica que la operación inició a las 10:20 p.m. y cuando alguien identificado como “Arístides Méndez” abrió la puerta al cuerpo de seguridad. El nombre probablemente fue una de las equivocaciones del Sebin, ya que “Méndez” es el segundo apellido del acusado Arístides Moreno.

La información de ese documento la contradice el testimonio del “Testigo Uno”, un trabajador de una empresa de seguridad contratada por Moreno que prestaba servicio en la casilla principal a la entrada de la residencia, cuando afirma haber abierto la puerta “como a las 7:20 p.m”. En su testimonio, el “Testigo Dos” indica que el procedimiento comenzó a las 07:30 p.m., mientras que el “Testigo Tres” asevera que todo inició a las 7:10 p.m.

Fuentes cercanas al caso afirman que el proceso comenzó efectivamente entre las 7:10 p.m. y las 7:30 p.m., ya que cuando los líderes opositores se acercaron a Altamira para denunciar la actividad, los funcionarios estaban por terminar.

El fantasma de la Coordinadora Democrática recorre el Sebin

La antigua coalición opositora contra el gobierno de Hugo Chávez, la Coordinadora Democrática, fue disuelta en 2004 tras apenas dos años de su formación. 13 años después, un documento supuestamente hallado en la gaveta de un mueble en la casa de Moreno revivió al olvidado movimiento para acusar a Picón, quien solo estaba allí de visita.

“Defensa Nacional”, un cambio estratégico en el posicionamiento del grupo político de “OPOSICIÓN” es literalmente el nombre que lleva el documento sobre la Coordinadora Democrática, a la cual se hace referencia 6 veces dentro de las 21 páginas que lo conforman. El impreso fue considerado como “un elemento de convicción adecuado e idóneo para determinar la existencia de un hecho punible”, tras un análisis de expertos del mismo Sebin.

El análisis de contenido y mensajes, realizado por una funcionaria del Sebin de la Sala de Análisis Prospectivo Estratégico, y el informe de experto de otro funcionario de la Dirección de Contrainteligencia, coinciden en que el documento evidencia ”el planteamiento de unos objetivos centrales con miras a fracturar y dividir el apoyo al Gobierno Bolivariano, que planificaba el acusado Roberto Picón”.

Pero los expertos no argumentan cómo vinculan a Picón con el presunto documento que no se encontraba en su posesión, y no presentan evidencias de que alguna vez estuviese en sus manos.

Tampoco argumentan como un documento de un obsoleto movimiento político, con fecha del viernes 3 de febrero de 2003, se relaciona con la presencia de Picón en casa de Moreno ese 22 de junio de este año, casi 14 años después de su creación.

De hecho, el expediente cuenta distintas descripciones sobre el lugar en que fue encontrado el documento. El acta de allanamiento dice haberlo encontrado en la gaveta superior de un mueble en la habitación principal, aunque las fotografías de las evidencias la ubican en la sala principal de la casa, e indican que bajo las hojas se encontraba una granada de mano que otros documentos alegan fue hallada en la oficina.

Fotografía del allanamiento:

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Acta de allanamiento:

ACTA Doc Defensa Nacional

Interior del documento anexado al expediente:

CD

 

Siete celulares incautados en la casa de Moreno están descritos en el acta de allanamiento. Pero en el registro de todas las evidencias aparecen 18 teléfonos. De los 11 móviles restantes se desconoce su procedencia

El pisapapeles explosivo

La habitación que funge como oficina en casa de Arístides Moreno tenía una objeto particular: un pisapapeles sobre su escritorio, que en otra época fue una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial, pero que lleva décadas desactivada y no sirve para más que decoración sobre la mesa.

La granada fue uno de los elementos que el Sebin no dudó en incautar, registrándolo bajo el delito militar de Sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Pero las descripciones y las fotografías muestran, en dos oportunidades, dos granadas distintas obtenidas de dos lugares diferentes, a pesar de que funcionarios del Sebin solo afirman haber encontrado una.

La primera imagen apunta a que el explosivo, una “granada fragmentaria de material metálico color negro” estaba en la oficina, sobre el escritorio de Moreno. La segunda indica que el “presunto artefacto explosivo de tipo granada fragmentaria, envuelto con cinta adhesiva de color beige” estaba debajo de la carpeta donde encontraron el documento “Defensa Nacional”, cuya ubicación tampoco queda clara.

Registro Granada 1         FOTO GRANADALos teléfonos de nadie

Siete celulares incautados en la casa de Moreno están descritos en el acta de allanamiento. Pero en el registro de todas las evidencias aparecen 18 teléfonos. De los 11 móviles restantes se desconoce su procedencia, y el único funcionario que podría saberlo es quien los analizó: Cristóbal Tirado, el mismo decimonoveno hombre que procesó demás pruebas que no coinciden entre sí.

Tres fotografías respaldan el acta: el Iphone de color blanco fue encontrado en la sala de estudio u oficina, y en el closet del pasillo que lleva a la habitación principal había otros seis teléfonos móviles: un Motorola blanco, dos Blackberry Q10 negros, un Blackberry Curve negro, un Vtelca blanco, un Alcatel negro y un Logic negro.

Es en el registro de las evidencias físicas colectadas donde fueron analizados 18 teléfonos móviles, con sus debidos seriales y especificaciones, pero sin identificar el lugar en que fueron encontrados: tres Blackberry Q10 negros, un Blackberry Limited Classic, dos Blackberry Curve 9320, un Blackberry 9300, un Blackberry 9360, un Logic Naranja y otro negro, un Philips E103, un Alcatel One Touch PIXI, un Nokia Negro y rojo con una tarjeta SIM de Movilnet, un Vtelca x991 Blanco y Naranja, un Vtelca V865M Negro y rojo con una tarjeta SIM de Movilnet, un Motorola G blanco con una tarjeta SIM de Movistar, un Nobux Flame 2 Negro con una tarjeta SIM de Digitel y finalmente un Iphone blanco y plateado con una tarjeta SIM de Verizon.

En el operativo también fue incautada una laptop Sony Vaio gris que, a pesar de no aparecer en las fotos, está incluida en el registro del acta del allanamiento. Pero el documento muestra otra laptop, una Canaima modelo MG101A3 de color blanco que no está nombrada en ningún documento previo. El acta también menciona un grabador digital de video (DVR) que no es nombrado en ninguna otra parte de la investigación.

 

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¿Computadoras o disco duro?

El caso sustenta parte de los delitos de traición a la patria y rebelión en una carpeta digital llamada “Plan ANTCON” que el Sebin afirma fue creada por Picón y Moreno y presuntamente encontrada en una de los dispositivos electrónicos recabados como evidencia en la casa de este último.

En la supuesta carpeta hay ocho documentos con listados de centros electorales dispuestos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio, y nombres de supuestos militares, lo que llevó a expertos del Sebin a presumir que los dos acusados planeaban un boicot al proceso electoral. Pero los funcionarios fallan en detallar de qué equipo extrajeron los documentos, y las pocas descripciones que ofrecen en los análisis no coinciden entre sí.

En tres de las actas de la investigación aparecen tres descripciones distintas del dispositivo que contenía la carpeta. En el acta de allanamiento con orden se describen “tres unidades de almacenamiento masivo portátil de color gris”. En las fotografías tomadas durante el allanamiento se pueden ver tres CPU, hallados en el sótano de la vivienda, descritos como “tres unidades de procesamiento central”. El siguiente documento, el registro de cadena de custodia de evidencias físicas, realizado un día después del allanamiento por Cristóbal Tirado, detalla cuatro disco duros portátiles de diferentes colores: un Toshiba rojo, un WD rojo, un Seagate azul y un LG blanco. Finalmente la acusación, con fecha 10 de agosto, habla de “tres dispositivos de almacenamiento de color gris”.

En el lugar no apareció tampoco ninguno de los “servidores” que el presidente Nicolás Maduro describe en su alocución del domingo 25 de junio.

Acta de allanamiento:
Acta DD

Fotografía: 

FOTO CPU

Registro de cadena de custodia:

reg 1

 

Acusación:

Acusacion DD

El expediente lleva algunas semanas en manos del presidente del TSJ, Maikel Moreno. Sin embargo, el caso no ha sido revisado y sus irregularidades tampoco han sido investigadas, a pesar de que el expediente pasó de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 05.10.2017: MEDIO: OLP
MEDIO
A PRIMER NIVEL GLOBAL:

Así es la investigación exhaustiva, rompiendo barreras y cercos gubernamentales, realizada por un equipo de www.runrun.es y www.connectas.org, la Plataforma Periodística para las Américas, en torno a las llamadas OLP, iniciales de “Operación de Liberación del Pueblo” implementada por el gobierno nacional “para combatir la delincuencia y el paramilitarismo colombiano”. El excelente y minucioso trabajo descubre como esa operación se tradujo en al menos 44 masacres y el asesinato de 560 personas. El título del trabajo es “La máscara del terror oficial en Venezuela”. La iniciativa del International Center for Journalists denominada “Periodismo de Investigación en las Américas” sirvió de soporte al desarrollo de la pesquisa. El ICFJ tiene como su premisa “darle forma al futuro del periodismo global” y aquí muestra un ejemplo. Enhorabuena a todos los colegas que participaron. Se puede leer en este link: https://runrun.es/especiales/olp/

 

¿GRAVI$IMO?:

La detención desde el pasado 22 de junio del asesor electoral de la MUD, el ingeniero Roberto Picón, tiene visos de convertirse en un caso para la CIDH y la CPI. Presentado ante un tribunal militar por “traición a la patria e instigación a la rebelión”, entre otras acusaciones, lo cierto es que buscando pruebas para “montarle un expediente” han detenido a otros socios y familiares. Como Picón es socio en una empresa de computación (Concein) de Isaac Eduardo Saias Esayag y éste es directivo de 100% Banco y primo de Fortunato Benacerraf Saias, el presidente del banco, decidieron apresarlos. Igualmente, a otro funcionario del banco, Freddy Farache. El caso es que luego de la detención de Picón determinaron que “en una camioneta de Fortunato presumen se habrían movilizado cantidades de dinero para financiar el referendo opositor del 16J”. Ahora, supuestamente, estarían obligando al banquero a que delate a otros $ocios del banco y de Concein para involucrarlos en todo este proceso y a cambio le darían $u libertad no sin antes pagar caro peaje. Recientemente, la colega Sebastiana Barráez en el semanario “Quinto Día” narraba, supuestamente, una historia parecida con varios detenidos en la policía política. Ella atribuía algunas situaciones por la división de poder entre Maduro y Cabello. La MUD pareciera haberlos abandonado en su defensa. Picón es un serio demócrata, un estratega de las acciones que en paz buscaban desde el referendo revocatorio hasta el referendo que demostró que los demócratas eran mayoría el pasado 16 de julio. Eso no se lo perdona el régimen. Ninguno de los detenidos en ese caso, cuatro personas, son golpistas, conspiradores, o terroristas -mucho menos traidores a la patria- como los señalaron desde el Tribunal Militar Tercero de Control. En torno a esa justicia uniformada recordemos la denuncia que ante la Secretaría General de la OEA hizo recientemente el capitán Igor Nieto: “…el uso de la justicia militar para enjuiciar a civiles y que la jurisdicción militar esté controlada por el presidente de la Corte Marcial, quien, junto con fiscales y defensores militares, recibe órdenes del ministro de la Defensa”. Cansados de las presiones crematísticas estos presos decidieron pelear por su defensa y libertad. Sus abogados informarán muy pronto …

 

runrunesalto

https://goo.gl/BcbaxZ

Roberto Picón: Caso emblemático de justicia militar contra civiles

RobertoPicón

 

Roberto Picón, Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la Mesa de la Unidad (MUD), fue detenido el 22 de junio de 2017, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según informan a Provea fuentes confiables. “Desde entonces no solo ha habido violación a su libertad personal sino también al debido proceso”, asegura la organización.

Califican su detención como arbitraria porque no hubo ni orden judicial ni delito flagrante, que son las únicas dos razones que establece la ley por las cuales se puede privar a alguien de su libertad. Por esta razón, a Picón se le violó su derecho a la libertad personal.

Cuatro días después de la detención fue celebrada la audiencia de presentación ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas, a cargo del Juez Militar Capitán Mickel Amézquita. Todo ello constituye una violación al debido proceso en tanto que nuestras leyes establecen un margen de 48 horas, dos días, para que el detenido sea presentado. Además se violó el derecho al juez natural al ser presentado ante tribunales militares. Cabe señalar que durante esos cuatro días no se supo oficialmente sobre los cargos ni sobre el lugar de reclusión de Picón.

A Roberto Picón lo imputaron por: traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (artículos 464, 476 y 570, del Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela). Se decretó como medida cautelar la privación de su libertad y se fijó como lugar de reclusión la sede del Sebin ubicada en El Helicoide

Resumen de hechos subsiguientes

  • Elementos de convicción pobres: La Fiscalía Militar a cargo de la teniente de fragata Yusnagry Dahilis Pérez sólo ofreció como elementos de convicción: a) Cuatro teléfonos móvil celular, cuyo contenido y propiedad no fue acreditado, b) un laptop cuyo contenido y propiedad no fue acreditado, c) un pisapapel que emula una granada fragmentaria y d) un documento de fecha 2003 con referencias a la Carta Democrática Interamericana cuya autoría o destinatario no fue acreditado.
  • Negación del derecho al juez natural: El juez de la causa, rechazó la petición de la defensa de que se declinara competencia a favor de los tribunales ordinarios y por ello el proceso seguirá instruyéndose ante la jurisdicción militar, lo cual es ilegal.
  • Negado acceso a la familia: Los abogados tuvieron acceso a Picón durante la audiencia de presentación, pero no se le dio acceso a la familia.

Roberto Picón sigue detenido y privado de su derecho al debido proceso, a la defensa y con ello a la libertad personal. El domingo 2 de julio se niega la visita a su esposa e hijos, el lunes 3 de julio se niega la visita de su abogado, el doctor José Domingo Campos; los días miércoles 5, jueves 6, sábado 8, domingo 9, lunes 10 y jueves 13 se niegan las visitas tanto a su familia como a sus abogados Jesús Loreto y José Domingo Campos, del escritorio jurídico Echeverría & Asociados.

Sus abogados defensores siguen sin tener acceso al expediente a pesar de que han introducido escritos, ante la Fiscalía Militar 2da del Ministerio Público y ante la Fiscalía Superior Militar para solicitarlo. El 11 de julio introdujeron un documento ante la Fiscalía Militar 2da del Ministerio Público para denunciar la incomunicación a la que tienen sometido a su cliente con respecto a sus abogados y para de nuevo solicitar acceso al expediente.

El día lunes 17 de julio una vez más se negó la visita a los abogados.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 06.07.2017: BAJO: Mentiras con patas cortas
BAJO
COMPLOT:

Tras la detención de Arístides Moreno y Roberto Picón el gobierno trata de montar todo un esquema de complot golpista contra la MUD y el plebiscito a convocar. Revisando las finanzas y los aportes de varias ONG internacionales en los archivos de los detenidos quieren utilizar esas evidencias, abiertas y democráticas con el origen de los fondos como parte de un plan de los Estados Unidos y algunos países europeos y latinoamericanos que han querido ayudar a los partidos políticos venezolanos a sobrevivir en medio del caos político y económico del país. Uniendo correos de todo tipo han venido deteniendo a personas muy serias a las que hasta con tortura física y psicológica quieren quebrar. Intentan ligar a Julio Borges, María Corina Machado y otros dirigentes de la MUD en el caso. Ya hasta el propio M/G Miguel Rodríguez Torres escribió en su cuenta de twitter [email protected] alertando a la Fiscalía General, al ministro de Defensa y al Fiscal Militar sobre el montaje que desde el SEBIN le están estructurando para ligarlo a ese falaz complot: “Al Sr. Arístides Moreno lo metieron en la celda del confeso narcotraficante Walid Makled. A Makled le prometieron medidas sustitutivas si convencía a Moreno de vincularme en su caso. Incluso a Moreno le dieron un celular para generar llamadas y contaminar mi teléfono. Ese expediente lo tiene el CONAS para juicio militar”. La mentira tiene patas cortas. El desespero no es el mejor consejero por estos días…

SIN SORPRESAS:

De instalarse la Asamblea Constituyente Comunal eliminarían a todos los gobernadores que no estén de acuerdo con ella y nombrarían lo que ha sido la norma desde Chávez: los “protectores de los estados” como hicieron con los inefables Jaua en Miranda y Reyes Reyes en Lara. En www.runrun.es un trabajo sobre ZODI-Lara y francotiradores contra manifestantes…

runrunesalto

runrunesmedio

MUD pide a Fiscal General y al Defensor a pronunciarse por caso Roberto Picón

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El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó la manera “inconstitucional, arbitraria y violatoria de los derechos humanos” en que fue detenido el Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, el pasado 22 de julio.

“Denunciamos que de nuevo el régimen penaliza y militariza la disidencia política al violar la Constitución Nacional y presentar a Roberto Picón ante un tribunal militar, acusándosele sin prueba alguna de los absurdos delitos de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares,” agregó el parlamentario.

El diputado, quien leyó el comunicado en nombre la MUD, informó que solicitaron a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo su inmediato pronunciamiento sobre las “irregularidades” cometidas por funcionarios del Sebin y exigir su inmediata liberación.
Asimismo, Borges resaltó que la familia del asesor técnico electoral de la MUD, Picón, ha podido visitarlo y constatar que se mantiene “fuerte y estable” en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide, Caracas.

A continuación el comunicado leído por el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges:
MESA DE LA UNIDAD DENUNCIA DETENCION
ARBITRARIA DE ROBERTO PICON HERRERA
La Mesa de la Unidad Democrática denuncia y rechaza la manera inconstitucional, arbitraria y violatoria de los derechos humanos en que fuera detenido nuestro Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico, el ingeniero venezolano Roberto Picón Herrera.
El pasado jueves 22 de junio funcionarios de los servicios de inteligencia SEBIN violentaron la vivienda privada donde se encontraba Roberto Picón Herrera, sin tener ni presentar orden judicial y sin ninguna evidencia de que se estuviera cometiendo delito alguno.
Denunciamos que de nuevo el régimen penaliza y militariza la disidencia política al violar la Constitución Nacional y presentar a Roberto Picón ante un tribunal militar, acusándosele sin prueba alguna de los absurdos delitos de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares.
Roberto Picón Herrera es un venezolano digno, profesional de la ingeniería con reconocidos aportes al desarrollo y la modernidad de nuestro país, ejemplar padre de familia y un activo y permanente colaborador de la Mesa de la Unidad Democrática. Nunca ha estado vinculado a actividades militares, y jamás se ha relacionado con causas contrarias a la vigencia del sistema democrático.
De igual manera rechazamos el proceder, propio de regímenes dictatoriales, al utilizar los recursos del Estado para atentar contra la dignidad y vida privada de los ciudadanos, como ha sido el caso del propio presidente de la Republica Nicolás Maduro y del diputado y primer Vice Presidente del PSUV, Diosdado Cabello, quienes han utilizado arbitrariamente el sistema de medios radioeléctricos del Estado venezolano para denigrar y propagar mentiras y falsedades sobre el desempeño profesional y la vida privada de Picón Herrera.
En la Mesa de la Unidad apoyaremos todas las diligencias que sean necesarias para lograr la plena e inmediata libertad de Picón Herrera. Así mismo, solicitamos a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo su inmediato pronunciamiento sobre las irregularidades cometidas por los funcionarios del SEBIN y exigir la inmediata libertad de Picón Herrera.

Mesa de la Unidad Democrática