Alfredo Espinoza, de 23 años, fue buscado por la policía en su casa en horas de la madrugada mientras dormía. Los funcionarios llegaron tocando la puerta de su hogar a las 6:00 a. m. en un operativo antinarcóticos en su comunidad.
“Vinieron encapuchados, lo único que se le veían eran los ojos y sus armas largas, me preguntaron por una foto de un muchacho que se parecía a mi hijo, pero no era él, supuestamente lo estaban buscando por tráfico de drogas” comentó María de 55 años, madre de Alfredo quien vivía con él en una casa de dos habitaciones.
Dos ciudades bajo el terror de Estado
Alfredo muere en las escaleras fuera de su casa en manos de la policía. Los funcionarios alegaron haber encontrado en su cuarto sustancias ilícitas, armas y que se había resistido al arresto. María fue sacada a la fuerza de su hogar mientras que los funcionarios buscaban a su hijo. Lo próximo que supo de Alfredo es que llegó al hospital sin signos vitales.
La anécdota previamente descrita es una reconstrucción a partir de diferentes testimonios que se escuchan a diario en estas dos ciudades. Urbes cuyos habitantes difieren en cultura y lenguaje, pero que comparten experiencias muy similares con sus cuerpos de seguridad.
De acuerdo con Monitor de Víctimas, en 2019 fueron registradas 340 muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad del Estado. En Río de Janeiro, 1814 fueron asesinadas por estas mismas razones el año pasado. Sus tasas de homicidio a manos de la policía por cada 100.000 habitantes son similares: 11.6 en Caracas y 11 en Río.
La muerte se ceba en los jóvenes
En ambas ciudades, las circunstancias donde usualmente ocurrieron este tipo de sucesos fueron similares. Petare fue, en el caso de Caracas, el lugar donde ocurrieron con mayor frecuencia estos eventos. En esta parroquia está el mayor conjunto de asentamientos espontáneos dentro de la ciudad. En la zona norte de Río de Janeiro, también conformado por comunidades populares, es donde ocurren la mayoría de las muertes en manos de la policía.
A su vez, en ambas ciudades la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15-29 años que viven en este tipo de comunidades. Tomando en cuenta estas similitudes, también observamos coincidencias y diferencias en la manera como los discursos de las autoridades, y la conformación de las fuerzas de seguridad están concebidas en estas dos ciudades.
El discurso de las autoridades: entre los criminales y la “paz”
Cuando observamos declaraciones de las autoridades detrás de los 1814 cariocas y 340 caraqueños que perdieron la vida a manos de la policía en el 2019, vemos dos formas distintas de comunicar las violaciones de derechos humanos.
De las autoridades brasileñas Wilson Witzel, gobernador del estado de Río de Janeiro, y de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, escuchamos declaraciones directas y confrontativas como las siguientes:
“Un criminal bueno es un criminal muerto”
“Los delincuentes morirán como cucarachas”
“Cavaremos sus tumbas de ser necesario”.
Por otra parte, desde Venezuela, Néstor Reverol y Nicolás Maduro hacen las siguientes afirmaciones:
“Nuestra premisa inquebrantable fue, es y será siempre garantizar seguridad ciudadana y la paz social, respetando los derechos humanos”
“Hay que fortalecer al grupo FAES para defender al pueblo, para construir la seguridad del país junto al, los consejos comunales, vamos a fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarla cada vez más”
Como podemos notar, en Venezuela el discurso pareciera apuntar a mantener una institucionalidad, búsqueda de garantía del bienestar ciudadano y correcto proceder, para garantizar la “paz del pueblo”. Observamos, de esta manera, la convivencia de dos ideas que parecieran incongruentes: una paz a través de lo bélico.
A pesar de las diferencias entre las declaraciones de los diferentes funcionarios, parece haber una conclusión identificable: sin importar si el discurso es confrontativo o busca mantener una mentira con una paz bélica, se busca justificar el uso de la fuerza como forma de proceder en la seguridad ciudadana.
Cuerpos policiales armados para la guerra
En Río o en Caracas, al escuchar términos como: “escuadrones de la muerte”, “el batallón de la muerte” o “el terror de los delincuentes” para ningún ciudadano quedan dudas de a quién se refieren: al Batallón 41 de la Policía Militar o a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), respectivamente. Ambos han sido los responsables de la mayor cantidad de casos de letalidad policial en Río y Caracas.
Al evaluar sus formas de actuar, encontramos muchas similitudes que traen como consecuencia violaciones sistemáticas de derechos humanos.
A nivel interno, la situación de las FAES es preocupante. Se tiene conocimiento incluso de que funcionarios previamente condenados como delincuentes forman parte sus filas. De acuerdo a Monitor de Víctimas, en 2017 la proporción del uso de armas largas apenas era de 1 %. En 2020, asciende hasta el 20 %.
En Río de Janeiro, hay múltiples denuncias que apuntan al deficiente entrenamiento de los funcionarios y, ademas, la Policía Militar ha hecho propio el uso del ParaFAL, un fusil de combate. Con capacitación deficiente, ningún tipo de filtro a lo hora de elegir sus integrantes y haciendo uso de armas propias de una guerra, estos cuerpos de seguridad son los encargados de “proteger y salvaguardar la paz” en sus respectivas ciudades.
Trabajos periodísticos, investigaciones y cientos de testimonios de familias brasileñas y venezolanas son prueba de lo antes descrito.
Ya sea en un barrio o en una favela, la policía mata. Y el ciudadano está vulnerable ante ella.
Se rompe el nexo entre Estado y ciudadanía
El desarrollo de este tipo de discursos y políticas públicas trae como consecuencia aumentar la desconfianza de la población hacia el Estado, sobre todo en las comunidades donde mayor se concentra el crimen.
Hacer referencia a la seguridad ciudadana con un lenguaje bélico, como si fuera una guerra de las fuerzas del Estado contra sus propios ciudadanos, y armar a la policía con armas largas para subir a comunidades populares, tapándose la cara, con la excusa de buscar delincuentes, genera miedo y rompe los lazos de cooperación entre los ciudadanos y los funcionarios.
Según los últimos resultados de ENCOVI, en Venezuela el 64 % de la población no denuncia cuando es víctima de un delito y el 57 % califica la labor de la policía como mala o muy mala. En Brasil, de acuerdo con la Fundación Getúlio Vargas, apenas el 35 % de la población confía en los funcionarios policiales.
Esto significa que al menos 6 de cada 10 víctimas de crimen en nuestro país nunca llegan a ser reconocidas por el Estado y recibir la justicia que merecen. Adicionalmente, si las fuerzas policiales nunca se enteran de cuáles son los crímenes, aunque tengan la intención de darle respuesta, no tienen manera de prevenirlos o presentar a los culpables ante la justicia.
En el 2018, el equipo de Caracas Mi Convive realizó una investigación con familiares de personas que fueron asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado. Un padre, con mucho dolor y rabia, nos comentó lo siguiente acerca del rol de las policías:
“De verdad que son peor que el hampa, porque al menos el hampa no se mete en tu casa… Roban, secuestran por ahí, pero no se meten en tu casa, estos tipos sí.”
Esta frase nos refleja la dura realidad de las familias que viven en las comunidades más afectadas por la violencia.
Necesitamos transformar la cultura policial, a una policía aliada de la comunidad. Que en vez de sacar un arma de fuego, escuche a la gente honesta y trabajadora para protegerla.
