Los 27 partidos opositores de Venezuela acordaron no participar en las próximas elecciones legislativas al considerarlas un fraude
Este domingo, 2 de agosto, los partidos políticos de oposición acordaron que no participarán en las próximas elecciones legislativas, previstas para el 6 de diciembre, por considerarlas un «fraude».
“Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo (…) las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos (…) que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Maduro”, expresó el comunicado divulgado por el Centro de Comunicación Nacional (CCN).
El documento fue firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, además de Alianza del Lápiz, Aprisal, Bandera Roja, Camina, Copei, Cuentas Claras, Encuentro Ciudadano, Fuerza Liberal, GuajiraVen, Izquierda Democrática, La Causa R, Moverse, Movimiento Republicano, NUVIPA, Parlinve, Movimiento por Venezuela, PDUPL, Proyecto Venezuela, Sociedad, Unidad NOE, Unidos Para Venezuela, UPP89 y Vanguardia Popular.
Aquí el comunicado íntegro de los partidos políticos democráticos:
Unidos debatimos y unidos decidimos:
NO participaremos en el fraude, SI lucharemos por verdaderas elecciones libres
Los partidos políticos democráticos de Venezuela, opuestos al régimen dictatorial de Nicolás Maduro; unidos ante la gravísima crisis humanitaria y las violaciones masivas de los Derechos Humano que sufre nuestro pueblo; enfrentando las últimas amenazas totalitarias en defensa de los principios democráticos de nuestra constitución; respaldando a la Asamblea Nacional y al Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaramos lo siguiente:
El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva.
· Para el proceso electoral parlamentario del año 2015 la unidad democrática consolidó su victoria con la utilización de la tarjeta de la UNIDAD. El uso de esta tarjeta fue secuestrado por el régimen impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares y los directivos que representan a la UNIDAD como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales.
· Entre la elección de los diputados en diciembre del 2015 y la instalación de la legítima Asamblea Nacional, la Sala Electoral del TSJ de Maduro, presidida en ese entonces por Indira Alfonzo, dictó una sentencia cautelar suspendiendo la elección parlamentaria del estado Amazonas, dejándolo sin representación por todos estos años. Nunca emitieron sentencia, con el único objeto de mantener a estos diputados fuera del ejercicio de sus cargos y pretender impedir que se conformara la mayoría calificada que le dio el pueblo de Venezuela a la oposición democrática.
· El TSJ de Maduro declaró inconstitucionalmente en desacato a la Asamblea Nacional y le ha impedido, por vía de los hechos, ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias.
· El régimen de Maduro este año colocó como Presidenta del ilegítimo CNE, a la misma ciudadana Indira Alfonzo que desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria al nunca decidir el fondo del juicio.
· Mientras que la Asamblea Nacional instaló un Comité de Postulaciones electorales, pluralmente integrado incluso con diputados de la fracción del régimen, con la finalidad de designar un nuevo CNE, el ilegítimo TSJ de Maduro, usurpando las competencias constitucionales del parlamento, designó írritamente a los 5 rectores principales y los 10 suplentes del ente rector electoral, abortando la posibilidad de que los venezolanos tuviéramos un árbitro comicial independiente y confiable, nombrando como rectores a personas leales al régimen.
· Desde las fuerzas democráticas y en la propia Asamblea Nacional, hicimos público el decálogo de condiciones electorales que hemos venido exigiendo en todos los ámbitos y procesos de conversación y negociación, con presencia de actores internacionales. Vale destacar que el régimen acostumbra a comprometerse con su cumplimento, pero jamás lo hace, tal como es característica de regímenes autoritarios. Estas condiciones para lograr elecciones libres, justas y competitivas, cumplen con los estándares mínimos aceptados por todos los países democráticos del mundo y son:
1) Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar (Registro Electoral confiable y auditado).
2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales.
3) Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.
4) Participación plena de todos los partidos políticos; restablecimiento de sus legítimas autoridades cesadas por la írrita intervención, así como el uso de sus símbolos y colores partidistas.
5) CNE independiente, nombrado por el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley. Designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como las Juntas Electorales y miembros mesa. Respeto al trabajo de los testigos electorales y demás funcionarios en todos los procesos.
6) Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria.
7) Campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas. Acceso equitativo a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional.
8) Adecuado comportamiento del Plan República respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de indebidas intervenciones en el proceso.
9) Auditorias de todos los procesos del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el sistema para el proceso automatizado.
10) Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral.
Todas esas condiciones, sin desmedro de otras exigencias fundamentales, tales como liberación de los prisioneros políticos venezolanos.
El régimen de Maduro, aplicando inconstitucionalmente normas de manera retroactiva, mantuvo por años a los partidos de oposición invalidados para participar en procesos electorales e inhabilitados administrativamente a sus principales dirigentes políticos violándoles su derecho a la participación política y ha impedido la inscripción de nuevas organizaciones políticas a menos que sean afectas al régimen.
El TSJ de Maduro ha violado la inmunidad parlamentaria de más de 30 diputados activos de la Asamblea Nacional, dictando además sobre la mayoría de ellos, medidas privativas de su libertad, quienes hoy se encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas. Hay 139 diputados sometidos a acoso o persecución política y 5 parlamentarios en prisión.
EL TSJ de Maduro dictó medidas cautelares -sin derecho a la defensa- mediante las cuales destituyó a las legítimas directivas de varios de los principales partidos de democráticos e impuso falsas directivas con el único objeto de cometer fraude al elector, para que estas inscriban candidatos y pretender exhibir así una ficticia participación plural en el proceso.
El ilegítimo CNE, nombrado por el TSJ de Maduro, aprobó por unanimidad y usurpando funciones legislativas, lo que denominó las “Normas Especiales para Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026”, faltando 5 meses para la fecha en la que han convocado al fraude electoral en abierta contradicción al artículo 298 constitucional que señala que la ley que regula la materia electoral no puede modificarse en los 6 meses anteriores a la fecha de la elección, en violación directa al principio de Seguridad Jurídica.
En esas inconstitucionales “Normas Especiales” dictadas por el CNE de Maduro, se incrementó en 110 curules el número de diputados y, de 167 se pretende llegar a 277 escaños, violándose lo dispuesto por el artículo 186 de nuestra Constitución, el cual establece que una parte debe provenir de la base poblacional del 1.1% de la población y otra parte corresponde a 3 diputados a cada uno de los estados y el Distrito Capital, y 3 escaños adicionales para los pueblos indígenas. Adicionalmente, sin ninguna base legal o constitucional, las mismas normas crean 48 escaños nacionales adicionales con base a una “lista de adjudicación” subjetiva y sin ningún criterio técnico.
No existe, además, ninguna información sobre el sistema automatizado ante la desaparición de las máquinas de votación y, el cronograma de actividades aprobado por el ilegitimo CNE de Maduro contiene 12 actividades menos que el que se ejecutó para la elección parlamentaria del año 2015, para evitar así los controles y auditorias indispensables en todo proceso electoral.
Eliminan la votación directa, secreta y universal para los diputados de los pueblos indígenas, violando la Constitución y la Ley.
Todos estos hechos subvierten el orden constitucional y legal, y anulan cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral.
Por lo tanto, habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo, las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, de manera unánime, decidimos NO PARTICIPAR EN EL FRAUDE ELECTORAL convocado por el régimen de Maduro.
No somos abstencionistas: no hay abstención cuando lo convocado no es una elección. Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela.
Nuestra lucha ha sido y seguirá siendo para que todos los venezolanos podamos tener elecciones libres, justas y verificables, y que se produzca el cambio para que nuestro pueblo salga de la crisis humanitaria y miseria en la que lo ha hundido la dictadura de Maduro. Somos la voz de la gran mayoría del pueblo de Venezuela que rechaza este nuevo intento de la dictadura para disfrazar de elección a un proceso que no lo es, tal como lo hizo en el año 2018 al secuestrarnos la elección presidencial que correspondía celebrar conforma a nuestro orden constitucional.
Hoy, nuestra nación hambreada, sometida a persecución, sin acceso a servicios básicos, víctima de una dictadura criminal opresora, debe saber que cuenta con una dirigencia política que no abandonará la lucha por lograr el cambio político que urge en nuestro país. Por ello, Invitamos al pueblo venezolano a no desmayar en nuestra lucha colectiva, todos unidos, para lograr la libertad y recuperar la democracia, única vía que nos conducirá a solucionar la inmensa tragedia humanitaria causada por el régimen de Maduro, que nos ha hundido en la peor crisis social, económica y política que hayamos tenido en nuestra historia republicana.
Invitamos a la comunidad internacional a rechazar este nuevo intento de fraude que pretende ejecutar el régimen de Maduro en violación a los principios democráticos y a que nos continúen apoyando en nuestra lucha hasta que todos los venezolanos podamos de nuevo votar, confiando en que nuestro voto será contado en elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.
*Con información del CCN
