Petróleos de Venezuela

El operativo iniciado esta semana contra funcionarios incursos en actos de corrupción  no es la primera purga madurista dentro de la industria petrolera. En 2020, 30 trabajadores de la estatal petrolera fueron detenidos por venta ilegal de combustibles 

Desde el viernes 17 de marzo, varios funcionarios públicos han sido detenidos por formar parte de una presunta trama de corrupción que habría desfalcado 3.000 millones de dólares de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El Ministerio Público, a través de la Dirección General contra la Corrupción, Delincuencia Organizada y Protección a los Derechos Humanos, informó que ha investigado algunas redes de corrupción y malversación de fondos que involucran a funcionarios públicos.

Tarek William Saab, fiscal designado por la constituyente, explicó a la estación radial Onda que las investigaciones iniciaron hace meses, junto a la Policía Nacional Anticorrupción, junto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y esta semana avanzaron a la fase «más trascendente», que implica «órdenes de captura, detenciones, allanamiento e incautaciones». 

El 21 de marzo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), informó que 19 altos funcionarios han sido detenidos en el marco de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en su «lucha contra cualquier acto relacionado con la corrupción». 

Según Saab, los detenidos en este proceso pertenecen a frentes de investigación distintos, sin embargo, tienen varios denominadores comunes de fondo: «corrupción, antiética y malversación». Las investigaciones en desarrollo han detenido a los siguientes funcionarios: 

• Frente por malversación y corrupción en Pdvsa: Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), y el coronel Antonio Pérez Suárez,  quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa.
• Frente por corrupción en el poder judicial: quienes figuran como detenidos por estas investigaciones son el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret; el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García; y el juez primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho.
• Frente de investigación en alcaldías municipales: hasta el momento, el único detenido es el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández, y es de quien se saben mayores datos sobre las irregularidades por las que se le señala. 
• Frente sobre supuestas redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios: la agencia AFP afirmó en despacho emitido este 21 de marzo las supuestas razones de la detención del diputado a la AN oficialista por Trujillo y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, cercano colaborador de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo.

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La información sobre las detenciones en muchos casos sigue siendo extraoficial y se ha dado a conocer a través de periodistas, medios y cuentas de redes sociales.

En el pasado, la administración de Nicolás Maduro ha realizado otros despliegues mediáticos para intentar mostrar su lucha contra la corrupción. A continuación alguno de ellos:

En oportunidades anteriores, Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, era el encargado de anunciar la creación de algunos operativos, tal como fue el caso en la Operación Manos de Papel, Operación Manos de Metal y Operación Mano de Hierro. 

Esta ola de la purga madurista no es la primera que pone tras las rejas a funcionarios vinculados con corrupción en Pdvsa. En 2020, 30 trabajadores de la estatal petrolera fueron detenidos por venta ilegal de combustibles y otros productos de la compañía petrolera.

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Los documentos a los que accedió Reuters indican que los 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por entregar, incluyen al menos 3.600 millones de dólares en facturas potencialmente irrecuperables

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) acumula más de 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar desde el año 2020, de acuerdo con una publicación de Reuters.

Según el texto, esto ocurre luego de recurrir a intermediarios poco conocidos para exportar el petróleo por las sanciones de Estados Unidos hacia la estatal petrolera.

La divulgación interna de la cantidad de ventas impagas, que suma alrededor del 84% del valor total de los envíos facturados de Pdvsa, revela la profundidad de las pérdidas de ingresos debido al retiro de los compradores establecidos de las petroleras desde 2020.

Asimismo, el artículo señala que la escala de esas cuentas sin cobrar explica el congelamiento en enero de los contratos de suministro por parte de Pedro Tellechea, quien buscó detener los cargamentos impagos inmediatamente después de asumir el cargo.

«Una serie de intentos de endurecer los términos del contrato se produjo después de que algunos barcos se fugaran sin pagar en los últimos años», añade el texto.

Vale recordar que Tareck El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo, en medio de una investigación de corrupción centrada en Pdvsa y el poder judicial.

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Potencialmente irrecuperable

Los documentos a los que accedió Reuters indican que los 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar en Pdvsa, incluyen al menos 3.600 millones de dólares en facturas potencialmente irrecuperables.

Esas facturas, añade el texto, están «vinculadas a petroleros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, a pesar de que los clientes habían aceptado esos términos».

Además, esas cuentas por cobrar incluyen un saldo pendiente que Irán debe pagar por recibir cargamentos de Venezuela desde 2020 «como parte de un intercambio de petróleo entre los dos países».

De acuerdo con una fuente que citó Reuters, algunos clientes han proporcionado documentos de respaldo que no se habían registrado en el sistema de administración de contratos de la empresa estatal.

Departamentos de Finanzas Internacionales y Contabilidad de Pdvsa dijeron que ejecutivos de la división Comercial y Abastecimiento «habían estado autorizando la salida de cargamentos de aguas venezolanas sin completar el proceso de verificación de pago».

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El Gobierno estadounidense anunció este sábado que autoriza a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela como resultado de la reanudación del diálogo entre representantes de la administración de Nicolás Maduro y la oposición.

Según el Departamento del Tesoro, esta medida refleja la política de largo plazo de Estados Unidos «de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que rebajan el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia».

También queda prohibido desarrollar nuevos campos petroleros distintos a los permitidos para explotar hata enero de 2019. 

«Otras sanciones y restricciones relacionadas con Venezuela impuestas por Estados Unidos siguen vigentes», aclaró su comunicado, según el cual el país «hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela».

Desde el Ejecutivo estadounidense se había supeditado cualquier decisión sobre Chevron a que las partes volvieran a la mesa de negociaciones e impulsaran otros compromisos específicos en apoyo de la población venezolana.

En la misma firmaron el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del Estado del país caribeño bloqueados en el sistema financiero internacional.

«Los anuncios de la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro son pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia en el país. Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de negociaciones como parte de nuestra política de largo plazo de apoyo a la restauración pacífica de la democracia», añadió el Departamento de Estado.

La decisión sobre Chevron autoriza transacciones necesarias para ciertas actividades relacionadas con la gestión por parte de Chevron o sus filiales de sus empresas conjuntas que involucran a PDVSA o a cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50 % o más.

Una fuente oficial estadounidense añadió a la prensa que la licencia emitida estará en vigor seis meses y que el Ejecutivo estadounidense se reserva la potestad de modificarla o revocarla en cualquier momento si el régimen venezolano no negocia de buena fe o no mantiene sus compromisos.

Estados Unidos hizo saber a través de esa fuente que solicitará a la petrolera estadounidense informes detallados de las operaciones financieras de sus empresas conjuntas para garantizar la transparencia y recalcó que la decisión no se toma «en respuesta a los precios energéticos» debido al contexto geopolítico internacional, sino en apoyo a la democracia en ese país.

Otro alto cargo estadounidense incidió en una conferencia de prensa telefónica que su país hace tiempo que ha dejado claro «que la mejor solución en Venezuela es una negociada entre las dos partes», y que para fomentarla están dispuestos a proporcionar un alivio de las sanciones.

Fuentes oficiales estadounidenses habían avanzado este sábado que con la licencia contemplada, confirmada hoy, se pretendía cambiar «las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos, cortando el uso de firmas corruptas en la sombra que controlan el flujo de petróleo venezolano a países como China».

El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado estadounidense, subrayó este sábado que cualquier otra cosa que no conduzca por parte de la negociación en curso a la restauración completa de las instituciones democráticas, la liberación de prisioneros políticos y elecciones libres y justas debería verse «como un fracaso».

Con información de EFE

La fuente señaló que los funcionarios de la Casa Blanca quieren «cambiar las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos»

Un portavoz de Chevron no comentó sobre los términos de la licencia propuesta, pero dijo que sus operaciones en Venezuela están “en cumplimiento con el marco de sanciones actual”

El gobierno de Estados Unidos permitirá a Chevron Corp expandir sus operaciones en Venezuela mediante una nueva licencia, de acuerdo con una publicación de la agencia Reuters.

La publicación señala que esta licencia estadounidense estará diseñada para evitar que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) «se beneficie de las ventas», según una persona familiarizada con el asunto. 

Por otra parte, se espera que la petrolera Chevron obtenga aprobación de EEUU para expandir «enormemente» las operaciones en Venezuela, tan pronto como el próximo sábado.

«Cualquier aprobación le permitiría reanudar la producción y exportación de petróleo crudo que ha sido prohibido por las sanciones de Estados Unidos», añade la nota de la citada agencia.

Según pudo conocer Reuters, los términos de la licencia estadounidense bajo consideración «evitarán que Pdvsa reciba ganancias de las ventas de petróleo de Chevron», dijo la persona.

A su vez, se informó que esta licencia se otorgaría una vez que el gobierno venezolano regrese a la mesa de negociación con los líderes de la oposición.

Los detalles de los términos se conocieron después de que algunos senadores cuestionaran el miércoles a funcionarios del gobierno de EEUU sobre la licencia ampliada.

Asimismo, la fuente señaló que los funcionarios de la Casa Blanca quieren «cambiar las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos».

En ese mismo orden de ideas, un portavoz de Chevron no comentó sobre los términos de la licencia propuesta, pero dijo que sus operaciones en Venezuela están “en cumplimiento con el marco de sanciones actual”.

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El impago sigue generando preocupaciones debido a los pocos recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos pactados en estos últimos 20 años 

Un informe de Cedice Libertad estima que la deuda venezolana en el exterior asciende a 162 mil millones de dólares, de los cuales 80 mil 920 millones corresponden a capital e intereses que se dejaron de pagar por bonos de la República y de Pdvsa emitidos en el mercado internacional.

A criterio de la ONG, tal endeudamiento sigue generando preocupaciones debido a los pocos recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos pactados en estos últimos 20 años y ante la posibilidad de perder activos valiosos para el país.

Si bien el ritmo de crecimiento de la deuda externa venezolana ha disminuido, el monto se acumula a medida que se dejan de cancelar los intereses de los bonos y mientras se condene a la República a pagar indemnización por demandas producto de las expropiaciones.

Cedice Libertad detalla que los 80 mil 920 millones corresponden a los bonos de deuda externa de la República, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Corpoelec, de los cuales, 58 mil 800 millones corresponden a capital y 22 mil 120 millones en intereses a octubre de 2022.

La administración de Nicolás Maduro dejó de honrar los pagos de los títulos de deuda a finales de 2017, y desde entonces el país fue objeto de demandas por parte de bonistas, los cuales se sumaron a las causas ya existentes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial abiertas por empresas extranjeras luego de la política de estatización y nacionalización ejecutada en la presidencia de Hugo Chávez.

Están pendientes 11 demandas

Desde 2018 se encausaron 16 juicios o demandas en cortes internacionales por parte de los bonistas: 15 en tribunales de Nueva York (EEUU) y uno en Londres (Inglaterra), de ellos 13 son contra la República y tres contra Pdvsa. Andrés Carrasquero, abogado experto en derecho internacional y laboral, indicó que aún están pendientes y en curso 11 de estos casos.

Recordó que los bonos en default o impago corresponden a las 25 emisiones que hicieron la República, Pdvsa y Corpoelec (antes Elecar) desde 1997 y hasta 2016.

“A partir de ese último año el mercado internacional se encontraba saturado de colocaciones de papeles de deuda venezolana y se hizo más caro emitir, es por ello que una de las últimas colocaciones se utilizó a Citgo como colateral”, dijo el también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un foro organizado por Cedice en donde se presentó el informe.

Son muchos los bonistas de deuda venezolana, pero su identificación se desconoce debido a que esta información no es pública. Sin embargo, se han identificado inversionistas institucionales y grupos de varios, entre ellos: BlackRock Inc., Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Greylock Capital, Pimco y T Rowe Price.

Varios de estos bancos de inversión han apuntalado las demandas contra Venezuela. Informaciones de agencias de noticias señalaron que han hecho lobby con el gobierno norteamericano, para levantar las sanciones que les impide negociar deuda venezolana. Mientras que la administración de Maduro ha intentado negociar sin éxito con los tenedores de bonos.

Un reportaje de investigación da cuenta del botín de 15 millones de dólares proveniente de fondos de PDVSA, con el que Alvarado presuntamente adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami

Una investigación publicada en el diario español El País, da cuenta de cómo Javier Alvarado, viceministro de Energía del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), recurrió a una alambicada madeja societaria en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Cartagena de Indias (Colombia), Madrid y Miami, y desviar 15 millones de dólares (12,4 millones de euros) a Suiza, Luxemburgo y Dominica.

El que fuera también hasta 2010 director de la compañía pública Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela se sirvió para estas inversiones de los fondos que presuntamente saqueó de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según la policía de Andorra. El exfuncionario chavista figura desde septiembre de 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por participar en el supuesto expolio de 2.000 millones de euros de la petrolera venezolana. Alvarado está acusado de blanqueo de capitales y de pertenecer a una red que cobró comisiones a empresas entre 2007 y 2012 a cambio de adjudicaciones de la energética.

Alvarado usó Lairholt Finance Limited, su sociedad en el paraíso fiscal de Belice, para comprar por 1,1 millones de dólares (970.000 euros) una vivienda en España en noviembre de 2009. También, recurrió a esta mercantil para conseguir en abril de 2011 otro inmueble en Miami a través del testaferro Michael Freeman por 950.000 dólares, según documentos internos de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Las transferencias revelan también que Alvarado utilizó su compañía de Belice para comprar en septiembre de 2011 un apartamento en Madrid por 700.000 dólares a través de un banco de Panamá.

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Lea el reportaje completo en El País. 

Esta semana, Estados Unidos incautó cuatro buques con combustible iraní que tenían como destino a Venezuela

A Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se le acaban las opciones para suministrar gasolina al mercado interno. La situación se agrava luego que Estados Unidos incautara cuatro cargamentos presuntamente iraníes que se dirigían al país.

A esto se suma un incendio que se registró este viernes, 14 de agosto, en la refinería El Palito, en Carabobo, y la paralización de las otras empresas petroleras por años de mala gestión.

Las seis refinerías de Pdvsa están en capacidad de procesar unos 1,3 millones de barriles por día (bpd) de crudo, pero debido a años de desinversión están prácticamente detenidas.

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De acuerdo con la institución boliviana, la decidión tiene como objetivo que Pdvsa sea sometida a una investigación

El Ministerio Público de Bolivia ordenó congelar la cuenta de Pdvsa en ese país , dentro de la investigación por el intento de sacar 100.000 dólares de territorio boliviano a Argentina, según informó el fiscal Marco Villa.

“Se ha encontrado un manejo económico en PDVSA, lo que ha hecho el Ministerio Público es congelar la cuenta de esa empresa, a efecto de que sea sometida a una investigación”, dijo en conferencia de prensa el investigador.

Asimismo, señaló que son unos 44 millones de bolívares que maneja Pdvsa en Bolivia y que se recaban datos de manera conjunta con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

La decisión surge tras la detención y envío a la cárcel de Obrajes de María P. A., excolaboradora de Juan Ramón Quintana, detenida el pasado miércoles en el aeropuerto de El Alto, luego de que de manera ilegal pretendía sacar $us 100 mil del país, presuntamente para financiar un evento político del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Argentina.

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“Lo que la defensa de la señora Palacios dijo en audiencia es que ese dinero debía ser dirigido al pago de honorarios y otros ítems de PDVSA Argentina, pero en audiencia se extrañó la forma en la cual estos montos no fueron declarados”, acotó el fiscal.

Con información de El Deber