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Humberto Prado: Hay 300% de hacinamiento en las cárceles y 75% de retardo procesal

Nota de Prensa

HUMBERTO PRADO, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO Venezolano de Prisiones (OVP), ofreció este jueves una charla a miembros de Vente Venezuela sobre las “Reglas Mandela: normas mínimas para el tratamiento de reclusos”. En el marco de la actividad, llamó a los privados de libertad y familiares venezolanos a no botar lágrimas a “este gobierno represor”, sino a seguir luchando por la libertad que se está buscando.

Prado calificó como “mala” la gestión de Iris Varela al frente del área penitenciaria y señaló que muchas de las iniciativas que se están desarrollando no son nuevas. “Ella se queja y dice que todo lo que ha hecho es nuevo, pero cuando muestra a un preso haciendo artesanía, eso se hacía desde hace mucho tiempo. Iris Varela lo que muestra son presos uniformados y con la cabeza rapada, limpiando y pintando calles, cuando los presos deben ser personas productivas”, dijo.

Además, denunció que Varela no pudo resolver el retardo procesal, la corrupción, los muertos y heridos en cárceles, ni el hacinamiento, ni el tráfico de armas. Y agregó: “Tenemos en cárceles 57 mil presos y hay un 300% de hacinamiento, 75% de retardo procesal y en cárceles policiales hay 32 mil 262 personas y un 800% de hacinamiento”.

El representante de la OVP también insistió en la necesidad de descentralizar el tema penitenciario y aseguró que, con esta medida, serían los gobernadores quienes administren sus cárceles, por estar más cerca de personas que son de sus comunidades y cometen delitos.

“Una descentralización garantizaría la transferencia de las infraestructuras y un mejor presupuesto para la alimentación, para atención médica y personal para la educación y el trabajo”, sostuvo. Asimismo, explicó que en Venezuela deben aplicarse las Reglas Mandela, que incluyen el fin de los abusos con los reclusos y el cese del tratamiento de los centros de reclusión como una pena y castigo para el privado de libertad.

“Lo primero necesario es un cambio de ministro y que esté al frente alguien que sepa de cárceles, que haya una voluntad política para que los presos dejen de ser objetos y sean personas de derecho”, finalizó.

Todo pasa por la salida de la dictadura

Por su parte, Luis Tarbay, máximo representante del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, agradeció la visita de Humberto Prado y consideró que este tipo de actividades fortalecen las tesis políticas del partido de la libertad y diversifica el trabajo en materia de derechos humanos.

“Nosotros estamos convencidos de que la situación de DDHH es gravísima y eso se traduce no solo en la situación de los presos políticos, sino en la situación de las cárceles y por supuesto el sistema penitenciario. El sistema es un promotor de la violencia y la muerte y no cumple su objetivo”, aseveró.

Señaló que para mejorar la situación de los presos políticos y que se logre un respeto mínimo de los privados de libertad, hace falta la salida de la dictadura. En este sentido, agregó que respetan otras opiniones, pero insistió en que los DDHH están vinculados a la democracia y sin democracia, no están garantizados.

“Lucharemos por los DDHH, pero a la vez lucharemos por la salida de la dictadura y el resurgir de la democracia en Venezuela. Fortaleceremos la democracia porque solo así tendremos justicia, libertad y pleno respeto a DDHH”, sumó.

OVP: Cinco PoliCarabobo no pueden ser los únicos responsables de la muerte de 69 personas

EL 28 DE MARZO UN INCENDIO en la Comandancia General de la Policía de Carabobo ubicada en la calle Navas Spinola, de Valencia, dejó como saldo 69 personas muertas, 67 reos y 2 mujeres que visitaban a los reclusos.

Dos meses han transcurrido de dicha masacre y los entes Gubernamentales no han dado una respuesta contundente a las causas que originaron el incendio. A través de una nota de prensa del Ministerio Público indican que el fuego se originó “durante un supuesto motín que protagonizaron los privados de libertad, en protesta a una requisa organizada por los funcionarios policiales desde tempranas horas de la mañana”

Por los hechos acaecidos fueron acusados el subdirector de la Policía del estado Carabobo comisionado José Luis Rodríguez Ramírez (49) por homicidio calificado por medio de incendio en grado de complicidad, a cuatro policías como coautores del delito y a tres de ellos por corrupción propia, debido a que cobraban a los privados de libertad para permitir la pernocta de personas en el recinto.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se rechaza que el Ministerio Público maneja las causas bajo la palabra “supuesto”, sobre todo cuando se presentó una acusación formal, se deben hablar de hechos ciertos y reales.

Humberto Prado, director del Observatorio Nacional de Prisiones (OVP) manifestó que esperan las condenas para los responsables luego de un proceso debido y la reparación integral a las víctimas y sus familiares, señala que los cinco policías acusados no son los únicos responsables de estos hechos, “también existe responsabilidad en autoridades superiores que deben ser investigadas y procesadas”.

Recordó Prado que para el momento en los calabozos existía una población penal de 180 privados de libertad y la capacidad era para 30, presentando en el momento el 600 % de hacinamiento. Aclara que no son traslado a penales porque desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no se dan los cupos.

Aseguró que, desde el primer momento del hecho, las causas del incendio no están claras, pues según relatos de familiares y sobrevivientes indicaban que además de que los funcionarios policiales los encerraron cuando comenzó el fuego y no prestaron el referido auxilio, serían los causantes de rociar la gasolina para que se originara el mismo, “esos son hechos que deben ser investigados”

Así mismo en el momento el OVP exigió que las autopsias de los reos, las cuales fueron realizadas en condiciones infrahumanas fueran repetidas. Humberto Prado explica que era necesario descartar dudas, mismas que hoy siguen presentes, porque esas autopsias no fueron realizadas nuevamente; recordó el caso de la masacre del Internado Judicial de Ciudad Bolivar, mejor conocido como “Vista Hermosa”, en el que los protocolos de autopsia señalaban una causa, pero al repetir los procedimientos se reveló que los cadáveres presentaban tiros descendentes en la cabeza. “Cuando hay todo ese tipo de hechos, los únicos testigos son los policías y los presos que sobrevivieron”, dijo.

Los protocolos de autopsia entregados a los familiares en el caso de PoliCarabobo indicaban que los reos murieron por asfixia mecánica y sofocación, aun cuando los propios dolientes indicaron que algunos de sus seres queridos presentaban orificios por los pasos de proyectiles provenientes de armas de fuego.

Prado criticó que autoridades venezolanas se pronunciaron ante estos hechos dos días después de lo sucedido, cuando debió hacerse de forma inmediata, también se denuncia que los familiares no fueron atendidos de forma adecuada, porque fueron reprimidos el mismo día de los hechos irregulares en los calabozos, cuando tan solo querían obtener algún tipo de información.

Son muchas irregularidades que existieron durante el procedimiento y que desde el OVP se insta a que continúen las investigaciones sobre el caso y reitera el director de OVP que cinco PoliCarabobo no son los únicos responsables de la muerte de 69 personas.

 

OVP: Seis meses si visitas tienen reclusas en cárcel de Fénix en Lara

ESTE MARTES 19 DE JUNIO en horas de la noche madres, hermanas y familiares de las 258 mujeres que se encuentran recluidas en la Comunidad Penitenciaria de Fénix Lara comenzaron a recibir llamadas telefónicas.

Eran las internas quienes tenían 32 días sin comunicarse con su familia,  tan solo les permitieron entre dos y tres minutos para avisar que este viernes 22 de junio debían llevar los artículos personales al penal porque no tenían nada y es que el 17 de mayo día en que se registró el motín en el centro penitenciario ubicado al norte de Barquisimeto, estado Lara que dejó como saldo 11 fallecidos, entre ellos dos custodios y nueve reclusos, ellas fueron sacadas en calidad de resguardo para el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, el cual se encuentra a unos metros de distancia.

Según denuncian las madres al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las mujeres fueron instaladas en un galpón ubicado detrás del anexo femenino de Uribana, a pesar que ellas lograron sacar sus cosas  y llevarlas consigo, al llegar los miembros del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC) se encargaron de botar todas sus pertenencias y hasta los uniformes dejándolas nada más con el que llevaban puesto. A los días de haber llegado duraron cinco días sin bañarse, luego que les dieron el baño la situación se volvió a repetir.

Fueron 31 días que estuvieron en el galpón totalmente incomunicadas, las madres quienes prefirieron no identificarse porque dar su nombre puede significar un castigo de aislamiento para sus hijas comentaron a OVP que además no las sacaban a llevar sol durante la mañana, lo hacían desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y sin tomar en cuenta que habían mujeres mayores y algunas enfermas, por cuatro horas las mantenían haciendo orden cerrado. Así mismo aseguraron que algunas fueron golpeadas y además recibieron maltratos verbales, al menos tres de las internas sufrieron convulsiones.

Durante las llamadas recibidas la familia podía escuchar como las custodias gritaban que se “apuraran”, pero en ese tiempo contaron que supuestamente no les darán la visita por seis meses. “Es injusto que sigan castigadas sin tener nada que ver en el motín, no sabemos porque la agarraron con ellas y estamos consciente que no quieren dejar que las visitemos para que no veamos los morados que deben tener en su cuerpo”, comenta la hermana de una detenida.

Las mujeres de Fénix además indicaron a OVP que durante los 31 días de estadía en el galpón de Uribana no les dieron acceso a un baño, a ellas les pasaban bolsas de azúcar, arroz o harina donde hacían sus necesidades, situación por la cual muchas salieron con infecciones vaginales debido a la falta de higiene diaria y ahora están presentando accesos en su cuerpo, piden que sean evaluadas por un médico y que por lo menos les permitan el traslado hacia un centro asistencial, exigen a las autoridades de la Comunidad Penitenciaria que la visita sea otorgada lo más pronto posible pues es violatorio a sus derechos el eliminar la visita por seis meses.

Baño restituido

Por otra parte los familiares de los hombres recluidos en la Comunidad Penitenciaria de Fénix informaron a OVP que las áreas de observación, mínima y máxima quienes si han recibido la visita familiar les fue restituido el baño. En el mes de mayo había sido clausurado para los familiares, quienes tenían que aguantarse, ir a áreas comunes o hasta irse del penal antes de concluir la hora de visita porque no tenían donde hacer las necesidades y dicha situación fue una de las que generó el motín del 17 de mayo, según expresaron los mismos internos en ese momento.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

May 19, 2018 | Actualizado hace 2 años

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó los hechos de violencia que ocurrieron en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.

Este jueves 17 de mayo se registró un motín en el penal que dejó 11 muertos y 25 heridos.

Hasta el momento solo han identificado a tres de los nueve presos asesinados y a dos custodios. Cuatro de las víctimas recibieron impactos de bala, cuatro heridas por arma blanca y uno falleció tras una severa golpiza.

Hasta el momento tres de los reos han sido identificados como Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Arteaga. Mientras que los custodios respondían a los nombres de Anderson Rivero y Yender Ramón León Ruiz. Aún falta conocer el nombre de seis.

De acuerdo con información de los familiares, la reyerta la inició un grupo de aproximadamente 70 internos, después de las 3:00 p.m. al culminar la visita. Presuntamente los privados de libertad se encontraban molestos porque desde el martes 15 de mayo fueron trasladados hasta el patio del penal, donde permanecieron por tres días seguidos bajo trato cruel.

Parientes denunciaron que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua. Por eso, exigen la destitución de la directora del recinto, Carla Sara.

“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado, porque no toma suficiente agua”, contaron al OVP.

Además las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de las visitas. Indicaron que se deben quitar la ropa luego saltar, o “pujar”, hasta que “la custodia quiera”.

Comentaron que el fin de semana del 5 de mayo una mujer se orinó encima, pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño del recinto.

Señalaron que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no dio el trato adecuado a los parientes víctimas, alegando que primero “resolvería” la situación de los custodios.

Desde el OVP se hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios de los fallecidos, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos.

Prado recordó que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

OVP: En 2017 hubo 143 muertos, 120 heridos y 28 muertos por desnutrición o tuberculosis en las cárceles venezolanas

Este jueves 17 de mayo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó su Informe del año 2017, donde se evidencia el colapso del sistema penitenciario en todo el territorio nacional y cuyo panorama se agrava cuando las personas recluidas sucumben como consecuencia del mal funcionamiento de las prisiones, sin que el Estado adopte medidas contundentes para evitarlo o solucionarlo.

Así lo informó Humberto Prado, director del OVP, quien destacó que la crisis del sistema penitenciario se verifica no sólo con las cifras de personas fallecidas y heridas que año tras año se repiten, sino también en la falta de interés y compromiso en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los organismos internacionales.

“El funcionamiento de las cárceles se ve severamente afectado por una serie de problemas estructurales como el retardo procesal, hacinamiento, deterioro de las edificaciones, ausencia de una clasificación de presos, carencia de servicios básicos indispensables, posesión de armas y drogas por parte de la población reclusa, escaso número de funcionarios penitenciarios con poca o ninguna formación en el área, que no han sido atendidos de forma coordinada. La ministra de Servicios Penitenciarios prefiere ignorar nuestras recomendaciones”, sentenció Prado.

En tanto, el informe del OVP reveló que a cinco años del Plan Cayapa la mayoría de la población penal continúa siendo procesada. De un total 57.096 presos, 63% son procesados, 35% son penados y solo el 1% de encuentran bajo Destacamento de Trabajo.

El mismo informe reseña que para que las prisiones cumplan con la función preventiva especial de la pena y garanticen el respeto de los derechos humanos de los reclusos en general, es indispensable que los elementos que integran el Sistema Penitenciario: población, personal y edificaciones penitenciarias, sean gestionados armónicamente, pues la alteración de uno de ellos afecta automáticamente el funcionamiento de los restantes elementos. “El retardo procesal es el problema más alarmante, pues el hacinamiento carcelario, generado por la falta de celeridad de los tribunales, propicia no sólo el deterioro de las edificaciones, sino que también altera lo concerniente al número de personal penitenciario exigido para mantener el orden y preservar la seguridad de los detenidos y condenados”, añadió Prado.

Asimismo, se informó sobre la alarmante cifra del 161% de hacinamiento en las cárceles y los centros de prisión preventiva, pues a pesar de que hay 57.096 presos en todo el país, solo hay una capacidad instalada para 19.000 y el excedente es de 38.096. Las causas de esto son el hacinamiento, la falta de construcción de nuevos centros, las reformas al Código Procesal Penal y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva.

Los siete penales con mayor índice de hacinamiento son Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, Guanare, La Pica, Uribana y Coro. Entre todas tienen una capacidad instalada para 6.300 presos, pero realmente albergan a un total de 30.790, lo que se traduce en 3976% de hacinamiento.

Otro de los aspectos relevantes de la situación penitenciaria venezolana durante el año 2017 fue el referido a la violencia carcelaria, la cual es una constante dentro de las prisiones. En tanto, el año pasado se reportaron 143 muertos, 120 heridos y 28 muertos por desnutrición o tuberculosis.

En ese sentido, el informe reseña que si bien con respecto al año 2016 el saldo de heridos se redujo a un poco menos de la mitad (268) y la cantidad de fallecidos resultó similar (173), con relación al año 2015 se observa un alarmante incremento del 300% de personas heridas y 31% de fallecidos. En cualquier caso, la persistencia de las cifras de muertos y heridos confirma que dentro de las prisiones venezolanas los derechos a la vida e integridad física son reiterada y sistemáticamente violados. Ello lo avala también el hecho de que desde el año 1999 hasta el año 2017, 6.897 reclusos han fallecido y otros 16.805 han resultado heridos.

“La violencia dentro de las cárceles es consecuencia directa de la impunidad imperante en estos recintos, pues este tipo de hechos son pocas veces investigados y casi nunca enjuiciados. Estos hechos son propiciados también por la pretensión del Estado venezolano de resolver el problema delictivo dentro y fuera de las prisiones mediante la represión penal, la cual se ha venido agudizando escalonadamente desde el año 2001 a partir de las reformas que sufridas por la legislación penal y procesal penal”, sentenció el director del OVP.

Según la data investigada, del total de la población penal 53.670 son hombres (94%), y 3.044 son mujeres (6%). Al respecto, los coordinadores regionales del OVP reportaron dificultades para el cumplimiento de la visita conyugal, pues observaron disparidades notorias entre el trato que se le da a la población masculina y a la femenina, alegando que mientras que para los primeros las visitas de sus parejas son permitidas, para las mujeres este tipo de visitas se encuentran suspendidas en la mayoría de los recintos.

En cuanto a la alimentación, tanto mujeres como hombres realizan una sola comida diaria debido a la ineficiencia del Estado en garantizar el acceso a la misma, así como a las dificultades de los familiares para llevarles alimentos. En el presupuesto del año 2017 se aprobaron partidas para la alimentación de los reclusos, pero estas cifras resultan insuficientes para mantener a la población reclusa con un estándar calórico que garantice su desarrollo y calidad de vida.

Y la situación es igual de deprimente en cuanto al derecho a la salud, pues la escabiosis, la tuberculosis, el VIH y las enfermedades respiratorias atacan a los presos sin importar su género, quienes en su mayoría no reciben atención médica oportuna.

En cuanto a los casos más relevantes del 2017, el OVP menciona el hallazgo de los restos humanos luego de un desalojo en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico; el fallecimiento de 13 presos en la masacre de Puente Ayala y otros 39 fallecidos en el retén de Amazonas.

Presupuesto 2017

El presupuesto total del MPPSP para el año 2017, contando presupuesto inicial y créditos adicionales, alcanzó la cifra de Bs. 733.933.958.943, con una variación de 828% entre el presupuesto inicial y el total. Ese presupuesto total convertido en dólares asciende a USD 219.412.245 (tasa dicom) y USD 7.339.340 (tasa dólar paralelo).

El monto total estipulado para alimentos y bebidas del 2017 fue de Bs.294.340.182.927. Si consideramos el número de privados de libertad para diciembre de 2017, tenemos que a cada uno le fue asignado para todo el año Bs. 5.155.180, lo que resulta en la irrisoria cifra de Bs.14.124 diarios, Bs.4.708 por comida.

Recomendaciones del OVP

En torno a todo lo expuesto anteriormente, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, liderado por Humberto Prado, emitió las siguientes recomendaciones:

  1. Darle cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 189 y 272.
  2. Reformar el Código Orgánico Penitenciario, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal y demás leyes concernientes al tema penitenciario.
  3. Ajustar las normas a las Reglas Mínimas de las Naciones. Unidas para el de Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
  4. Evitar la prisión como sanción casi exclusiva y aumentar el empleo de medidas no privativas de libertad para reducir el hacinamiento y el número de personas procesadas.
  5. Incrementar el presupuesto para la alimentación y atención médica.
  6. Conformar Comités de Derechos Humanos para la Paz en cada penal.
  7. Revisar y adaptar a la realidad nacional las Normas Penitenciarias Europeas que fueron aprobadas en el año 2006, ya que estas constituyen el instrumento más innovador en la materia.
  8. Investigar y sancionar a los responsables de homicidios perpetrados contra la población penitenciaria.
  9. Ubicar a los presos en situación de procesados en recintos cercanos de la jurisdicción del tribunal que los procesa y prescindir de los traslados arbitrarios.
  10. Adoptar medidas adecuadas para reducir el retardo procesal.
  11. Dar fin a los atropellos contra los familiares de los presos y adoptar medidas que garanticen la humanización de las requisas.
  12. Proscribir el trato discriminatorio contra las mujeres y garantizar recintos penitenciarios adecuados que les permita permanecer con los niños menores de tres años si así lo desean.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Humberto Prado: Familiares de los presos deben comprar hasta los uniformes

Si algo le queda claro a los privados de libertad y a sus familiares es que al Gobierno venezolano le importa poco cuáles son sus necesidades. Y es que aunado a la crisis económica, que atraviesa su peor momento, al hacinamiento, a la desidia y a un montón de problemas que aqueja a la población reclusa, ahora los deudos tienen que sacar dinero de donde no tienen para comprarles uniformes y otros objetos que les exige el ministerio de Servicios Penitenciario.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció que tras perpetrarse la masacre del 15 de agosto de 2017 en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA), donde fallecieron 37 reclusos durante una requisa perpetrada por las Fuerzas Armadas y grupos especiales del Estado venezolano, la ministra Iris Varela resolvió trasladar a la población de este penal hasta el Internado de San Fernando de Apure.

En ese entonces, los familiares se mostraron angustiados porque no contaban con los recursos económicos para trasladarse a otro estado. Obviamente el Gobierno les prometió traslados gratuitos hasta el penal, entre otras cosas para calmar las aguas, pero la ayuda nunca llegó y muchas madres se vieron obligadas a dejar a sus hijos a merced del hambre y el abandono.

Ahora, meses después de ese primer traslado, más de 500 presos fueron nuevamente trasladados hacia La Carcel 26 de Julio en Estado Guárico y al Internado Judicial de Barinas. Esto después de que la ministra Varela ordenara el desalojo del Internado para evitar “incidentes de inseguridad”.  “Últimamente se empezaron a registrar aquí algunos incidentes de inseguridad, pretendían utilizar estas instalaciones para extorsionar al pueblo de San Fernando. Se trata de combatir mafias penitenciarias”, acotó la ministra que en ningún momento escuchó las plegarias de los deudos, quienes simplemente no tienen dinero para trasladarse de un sitio a otro.

Por si fuera poco, a los familiares les entregaron una lista de objetos que deben llevarle a los presos, o de lo contrario podrían ser trasladados a otros penales aún más lejanos. El detalle a continuación

* Agua mineral (máximo 5 litros).

* Una comida preparada (sin hueso o espina). En este caso piden una comida por cada visitante más la del privado de libertad, los cuales deben estar depositados en un envase de plástico o anime.

* Un refresco o jugo de 2 litros.

* Una poción de postre.

* 2 franelas de color amarillo.

* 2 shorts de color amarillo.

* 2 pantalones deportivos de color amarillo.

* Un par de zapatos deportivos de color negro y sin trenzas.

* Un par de chancletas plásticas.

* 3 pares de medias blancas.

* 3 boxers de color claro.

* Una toalla de baño de color claro.

* Una colchoneta sin resorte.

* Un juego de sabanas de color claro.

* Crema dental.

* Un cepillo dental.

* Un desodorante.

* 2 jabones de baño.

* Un champú.

“Un uniforme no hace la diferencia ni logra la reinserción los estigmatiza al privados de libertad en sociedad. En vez de fortalecer el sistema carcelario eliminan las cárceles trasladando el problema a otra región. Los reclusos de Venezuela deberían estar sembrando, criando ganado estudiando en núcleos universitarios ¿Por qué no están trabajando, por qué no elaboran uniformes para estudiantes, de primaria par los más pobres, a los policías o por qué no se dedican a la carpintería, ganadería o artesanía?”, sentenció Prado

Cabe destacar que según la data del Presupuesto 2017, asignado al ministerio de Servicios Penitenciarios, un total de 2.608.506.289 bolívares fueron otorgados para la compra de uniformes para 167.000 reclusos. Entonces ¿Cómo se justifica que los familiares deban comprar los uniformes cuando hay un presupuesto asignado para esto?

“No solo estigmatizan a los privados de libertad con el uso de un uniforme, con el que los ponen a limpiar las calles y además con la cabeza rapada, sino que también obligan a sus familiares a comprarlos. Es un descaro, aunque no nos sorprende y es una raya más para la crisis del sistema penitenciario, la cual evidentemente no saben como solucionar”, puntualizó el director del OVP.

Nota de prensa

OVP exige repetir autopsia a víctimas de la tragedia de Carabobo

El Observatorio de Prisiones criticó la premura en la realización de las necropsias

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), instó a que se repitan las necropsias practicadas a las 68 personas, 66 presos y 2 mujeres que visitaban a reclusos, que murieron el miércoles 28 en la madrugada en el calabozo de la Comandancia de la Policía de Carabobo.

Las autopsias a los presos, realizadas por patólogos del Senamecf que se trasladaron desde Caracas a Valencia, determinaron que la causa de muerte, en todos los casos, fue asfixia por inhalación de gas, sofocación debida al confinamiento en espacios cerrados y quemaduras en las vías respiratorias, según el informe médico forense que se conoció extraoficialmente.

No obstante, argumentó a El Nacional, que es necesario descartar dudas y recordó el caso de la masacre de Vista Hermosa, en el que los protocolos de autopsia señalaban una causa, pero al repetir los procedimientos se reveló que los cadáveres presentaban tiros descendentes en la cabeza. “Cuando hay todo ese tipo de hechos, los únicos testigos son los policías y los presos que sobrevivieron”, dijo.

A cuatro días del incendio que cobró 68 vidas, aun no hay una versión oficial sobre los hechos, se desconocen las causas de la protesta que protagonizaron los presos y las causas del fuego que arrasó los calabozos.

Prado recordó que hay al menos muchas versiones sobre los hechos, desde el supuesto intento de fuga; el motín por el control de los calabozos en rechazo al retiro de las mujeres que pernoctaban en el centro penitenciario; el secuestro de un funcionario, el uso de una granada, el estallido de una bomba lacrimógena y un ataque con gasolina.

“En un país con cultura de respeto de los Derechos Humanos, hace tiempo se habría dado la versión oficial de los hechos, lo único que tenemos son conjeturas y muchas versiones”.

El activista por los derechos de los presos criticó que el gobierno ofreció declaraciones al respecto dos días después de lo ocurrido y que “durante el primer día, en vez de informar sobre la situación a los familiares, lo que hicieron fue reprimirlos con golpes y bombas lacrimógenas”.

Prado: “En vez de informar a los familiares lo que hicieron fue reprimirlos”

Prado indicó que en esos calabozos policiales había una población de 180 presos a pesar de que solo tenían capacidad para 30 personas, 600% de hacinamiento.

Prado recordó que en el país ha habido, incluido este último, cuatro casos de muertes de presos por incendio. El primero de ellos ocurrió en Sabaneta en 1993, en el que murieron 109 privados de libertad en un enfrentamiento entre bandas. En 1996 acaeció el de La Planta, en el que funcionarios de la GNB quemaron a los presos, y hubo también el que se propagó en la sede del Instituto Nacional de Menores en San Félix, estado Bolívar, en 2005, donde murieron siete menores de edad calcinados.

El OVP afirmó que en los calabozos policiales del país hay 32.600 detenidos y apenas cuentan con una capacidad para 8.000 personas.

OVP: Seis meses después de la masacre de Amazonas el Estado no ha demostrado voluntad política para investigarla

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) rechazó este viernes, mediante un comunicado, que seis meses después de la masacre de Amazonas, ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía General de la República hayan iniciado las investigaciones correspondientes en torno a los hechos en los que murieron 39 presos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

Los sucesos, que ocurrieron el pasado 16 de agosto, fueron tratados oficialmente como una intervención militar y policial en la que participaron cientos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional. Sin embargo, un informe elaborado por OVP concluyó que en tal operación no se hubo intentos de negociar con los privados de libertad para que entregaran sus armas, ni tampoco se agotaron los mecanismos alternativos al uso de la fuerza.

El mismo reporte del Observatorio apuntó que la masacre se perpetró con armas de guerra, ya que los uniformados ingresaron al retén con fusiles R15 y Kalashnikov, además de granadas, bombas lacrimógenas y aturdidoras, y otros explosivos no identificados. Además, dispararon contra la población carcelaria desde un helicóptero y utilizaron una tanqueta de la GNB durante el ataque.

La ONG afirmó que, pese a que la política penitenciaria tiene un discurso aparentemente “humanista”, la negación de los derechos humanos tanto a los internos como a sus familiares se ha convertido en una constante.

“Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos, ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales, no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad”, indica el documento hecho a seis meses de la masacre.

A continuación, el comunicado completo:

A seis meses de la Masacre de Amazonas

El 16 de agosto de 2017, 39 presos resultaron asesinados luego de la intervención de fuerzas militares y policiales en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas. Testimonios brindados por sobrevivientes han confirmado que la mayoría de los reclusos fueron ejecutados.

A la fecha ni la Defensoria del Pueblo ni la Fiscalía han dado muestras de tener voluntad política de investigar la masacre y establecer responsabilidades de autores materiales e intelectuales.

Los familiares acompañados por el Observatorio Venezolano de Prisiones han solicitado en reiteradas oportunidades a las dos instituciones que se adelanten las investigaciones. Al igual como ha ocurrido con otras masacres como la de Vista Hermosa, El Rodeo y Uribana para nombrar solo tres de varias perpetradas, en la de Amazonas pareciera existir la misma disposición a no castigar a nadie por los homicidios realizados.

Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad.

Día tras día se evidencia el fracaso de una política penitenciaria que tiene su fundamento en un discurso aparentemente humanista, pero que en realidad se caracteriza por la indolencia, la arbitrariedad y la negación constante de los derechos humanos tanto a los reclusos y sus familiares victimas de constante maltrato.

En lo que va de año se ha realizado varias protestas por parte de internos de distintos recintos penitenciarios. En todos los casos han denunciado maltrato por parte de las autoridades, muy mala alimentación y prácticamente ninguna asistencia de salud. Los familiares igualmente vienen denunciando los reiterados maltratos a los cuales están sometidos.

La última protesta realizada en la cárcel de Tocuyito, donde lamentablemente los presos tomaron como rehenes a presos políticos y personal administrativo del penal, expresa la situación de angustia y desespero a la cual han llevado a los presos que terminan afectando a otros presos.

Llamamos igualmente la atención sobre la grave situación de las personas que se encuentran en los centros de detención preventiva, una situación que cada vez empeora. Son muy graves los problemas de alimentación, salud y hacinamiento existentes. Recordemos que durante 2017 se reportó la muerte por desnutrición de ocho presos.

Las exigencias que vienen realizando los presos en los últimos meses en los centros penitenciarios y los recintos de detención preventiva no se diferencian en mucho de las exigencias que mantenían los privados de libertad en el Centro de Detención Amazonas antes de la masacre.

Los meses pasan y la situación carcelaria empeora. Insiste el gobierno en seguir aplicando las mismas políticas que han fracasado. La militarización de los centros penitenciarios imponiendo regímenes cerrados pensando que el asunto fundamental es una disciplina forzada sigue desviando la atención en problemas como alimentación, salud, trabajo y otros aspectos claves obligación del Estado venezolano.

Se incrementan las denuncias de los presos de las torturas y otros malos tratos que se practican en los recintos penitenciarios. Aumentan las denuncias de los familiares de los malos tratos que reciben.

El gobierno debe cesar en su política de abuso contra los presos y sus familiares. Debe incrementar el presupuesto para garantizar alimentación. Ubicar los privados de libertad en centro de reclusión cerca de los tribunales que los procesan. Coordinar con el Poder Judicial para reducir el retardo procesal e implementar políticas para combatir el ocio y garantizar que los presos puedan estudiar, trabajar y realizar actividades deportivas varias.

Debe desarrollar una política urgente para descongestionar los centros de detención preventiva y atender los graves problemas de alimentación existente que continúan reportando en lo que va de año, presos muertos por desnutrición y por falta de atención médica.

Los reclamos de los presos deben escucharse. Los reclamos de los familiares también. No es represión lo que requieren los presos, necesitan adecuadas políticas penitenciarias donde el eje sea la dignidad de las personas.