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Familiares de Óscar Pérez recibieron asilo político en Estados Unidos

LA MADRE, ESPOSA E HIJOS del exinspector Óscar Pérez, asesinado en enero de 2018 por el régimen de Nicolás Maduro, recibieron este jueves 10 de octubre asilo político por un juez de inmigración de California, en Estados Unidos. 

El abogado de la familia, Julio Henríquez explicó que el beneficio se produjo después de dos años de un largo proceso. “Ya que llegaron a Estados Unidos por la frontera con México, en lugar de entrar con una visa, estuvieron en proceso de deportación desde el principio, incluyendo un tiempo en detención. Por eso el caso fue atendido por un juez en lugar de un agente de asilo”, dijo. 

La madre del ex funcionario, Danahís Vivas, señaló que pocas personas sabían sobre las penurias a las que estuvieron expuestos.

“Poca gente sabe que estuvimos detenidos en la frontera, que pasamos un tiempo en centros de detención de inmigración desde septiembre de 2017, cuando Óscar estaba en la clandestinidad. Mis hijos no olvidan lo que implicó estar encerrados”, dijo Vivas.

Óscar Pérez fue ejecutado junto a otras seis personas más a pesar de haberse rendido durante la “Operación Gedeón”. 

 

 
[PERFIL] Rafael Bastardo Mendoza es el comandante que lideró operación contra Óscar Pérez

EL GOBIERNO DE EEUU REVOCÓ este 2 de agosto la visa al comandante de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) Rafael Bastardo Mendoza, la medida aplica también para sus familiares (esposa e hijos). Al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Iván Hernández Dala, también se le aplicó la misma medida.

Pero, ¿quién es Rafael Bastardo Mendoza?, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos decidió anular el documento y le impide ingresar a territorio estadounidense? Desde la Casa Blanca argumentaron que el comandante de la Faes ha incurrido en graves violaciones a los derechos Humanos. Previamente, en febrero de este año, ya había sido incluido en la lista Clinton, es decir, que la persona o empresa tiene señalamientos principalmente de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.

A continuación conozca en detalle quien es el funcionario:

1.- Es comandante y jefe de operaciones de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Este organismo es calificado por Estados Unidos y por organizaciones defensoras de derechos humanos como el grupo de exterminio de Maduro.

2.- El oficial egresó de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional.

3.- Es especialista en el área de francotirador y operaciones psicológicas.

4.- La abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Suju asegura que el funcionario es responsable de numerosas muertes, asesinatos y torturas dirigidas por la Faes.

5.- El 15 de febrero de 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton.

6.- Dirigió la Operación Gedeón en la que resultó masacrado Óscar Pérez y el grupo que lideraba y que intentó derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo una dictadura.

7.- El comandante de la Faes es conocido por ser quien le aseguró a Óscar Pérez y a su grupo, en medio de las negociaciones, que la orden presidencial era que los capturaran vivos. La promesa no se cumplió. La operación culminó con el asesinato del exinspector del Cicpc y sus acompañantes.

8.- Bastardo Mendoza también perteneció al Grupo de Acciones Especiales del comando de la Guardia Nacional.

9.- Se desempeñó como director de Operaciones y Acciones Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana.

El cuerpo de Acosta Arévalo tuvo el mismo destino que Óscar Pérez

A LA MISMA ALTURA DE Óscar Pérez quedó el cuerpo enterrado del capitán Rafael Ramón Acosta Arévalo. A ambos el Estado venezolano decidió darles sepultura de forma controlada, con la mínima participación de familiares y también que quedaran en lo más alto de las montañas que comprenden el Cementerio del Este. Pérez en la 42A, Acosta en la cima opuesta, específicamente en la 212 I – 266C.

Eran las 7:00 am de este 10 de julio cuando como pólvora empezó a correr la información de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana habían tomado la medicatura forense de Bello Monte. Los familiares, de acuerdo al abogado y defensor del capitán, Alonso Medina Roa, recibieron una llamada en la madrugada. La mujer que los despertó cuando no había aclarado el día decía que debían presentarse en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). No les dieron más detalles.

Así lo hicieron. La madre, hermana, una sobrina y dos primas de la víctima se trasladaron desde Maracay hasta Caracas. Aproximadamente a las 11:00 am pisaron la medicatura. La madre ingresó junto al abogado Medina Roa. La dama de cabello corto y ropas holgadas, no podía ocultar el miedo que le producían las cámaras de fotógrafos y de televisión. Tampoco podía disimular sus ojeras, propias de sus 80 años y del estrés vivido en los últimos días. Le tocaba protagonizar el momento, no tenía de otra. La esposa de su hijo, Waleska Gonzalo, no la pudo acompañar. La mujer salió del país por seguridad.

Sigue leyendo esta nota de Daisy Galaviz en El Pitazo

Wilmer Azuaje entregó a Almagro pruebas sobre la masacre de El Junquito

El exdiputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, Wilmer Azuaje entregó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un informe con imágenes y videos en los que se demuestra que lo ocurrido en El Junquito, con el asesinato de Óscar Pérez y su compañero, fue una masacre.

Azuaje difundió un video en el que se le ve en compañía de Almagro, a quien le explica, nuevamente, cómo fue la actuación de los organismos de seguridad del Estado y las razones por las que consideran se trató de una masacre en la que se violaron todos los derechos de los integrantes del grupo que se alzó contra Nicolás Maduro.

El parlamentario dijo además que estas mismas pruebas serán elevadas a la Corte Penal Internacional. “El mundo tiene que ver que somos un pueblo desarmado y necesitamos el apoyo de todos”, expresó Azuaje, quien indicó que en el informe también hay imágenes sobre las violaciones de los derechos humanos y torturas a los presos políticos.

En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se abordará la situación de Venezuela y la lucha que se mantiene en el plano internacional y nacional por el retorno de la democracia al país.

Familiares de GN sublevado piden que no se repita “lo que pasó con Óscar Pérez”

LA HERMANA DEL SARGENTO MAYOR de la Guardia Nacional José Gregorio Bandres, señalado como el cabecilla del alzamiento militar en Cotiza, pidió a los ciudadanos apoyar las acciones de los militares.

Rosangel Bandres, hermana del sargento de la GN, indicó que el alzamiento militar que protagonizó su hermano junto a más de 20 militares y que incluyó la toma de armas de los destacamentos de la Guardia nacional en Macarao y Petare “no es un pote de humo”.

La hermana de Bandres comparó la situación con lo ocurrido al expolicía rebelde Óscar Pérez, asesinado junto a seis miembros de su grupo el 15 de enero de 2018 bajo una operación de varios cuerpos de seguridad del Estado y que varias ONG calificaron como una ejecución extrajudicial.

“No dejen que pase lo mismo que pasó con Óscar Pérez. Hay que apoyarlos, ustedes son nuestra voz, son militares activos, por favor apóyenlos”, dijo la hermana del militar en un breve vídeo difundido por las redes sociales.

Este lunes 21 de enero, un grupo de al menos 20 funcionarios de la Guardia Nacional al mando del sargento mayor José Gregorio Bandres se sublevaron en armas y tomaron el Comando N 5 de ese componente ubicado en San José de Cotiza (municipio Libertador).

Alrededor de las siete de la mañana, los militares se entregaron a varios fiscales castrenses. Hasta los momentos se desconoce su lugar de traslado. A través de un comunicado, la Fuerza Armada deploró el alzamiento militar y vincularon a la oposición venezolana con este hecho.

 

Venezolanos recuerdan a Oscar Pérez a un año de la masacre de El Junquito

HOY SE CUMPLE UN AÑO de la masacre del Junquito en donde Óscar Pérez, un exinspector del CICPC y seis de sus compañeros, fueron asesinados en una operación militar y policial. A un año de lo sucedido, los políticos, civiles y otras personalidades se expresaron en Twitter para recordar una de las masacres más crueles en la historia del país.

En la sesión de la Asamblea Nacional, los diputados pidieron un minuto de silencio para honrar la memoria de Óscar Pérez y sus compañeros.

Antonio Ledezma se pronunció asegurando que “Hoy la memoria del corazón de los venezolanos, recuerda a Oscar Pérez, Abrahan Lugo, José Díaz, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Agostini y a Lisbeth Ramírez. Por ellos, por sus ideas vivas es la lucha”.

La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado dijo a través de la red social que Pérez y su grupo son héroes de Venezuela.

El partido político Voluntad Popular, Bonny Pertiñez, Rafaela Requesens y otros también se expresaron por lo sucedido. Aquí las reacciones:

 

 

 

 

Lorena Meléndez Dic 31, 2018 | Actulizado hace 10 meses
2018: El año del desquite
La imagen de un gobierno que se vio debilitado durante las manifestaciones de 2017 quedó atrás durante 2018. El año, más bien, sirvió no solo para que Nicolás Maduro se levantara, se reeligiera, sino para que endureciera sus castigos contra la disidencia, aplanada por el mazo del desquite

 

@loremelendez

MATAR A UN ICONO DE LA “RESISTENCIA”, mostrar a un preso político semi desnudo y lleno de excremento, arrasar con cualquier militar que suponga una amenaza. Estas son tres acciones que confirman que el gobierno de Nicolás Maduro, tan cuestionado en 2017 por reprimir a las millones de personas que protestaron en su contra y señalado porque las fuerzas leales a él ejecutaron al menos a 83 de las 158 que murieron en medio de los conflictos, no se quedó de brazos cruzados durante 2018. Todo lo contrario.

Aunque el año pasado ya acumulaba nueve denuncias ante la Corte Penal Internacional –incluida la del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra‘ad al Hussein, quien pidió la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad al mandatario venezolano- Maduro, lejos de asumir una postura que lo distanciara de estos delitos, en 2018 parece haber tomado una que lo reafirmó como violador de derechos humanos. Después de lo débil que se vio durante los cuatro meses de manifestaciones de abril de 2017 y de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en contra de su investidura y la de sus funcionarios más cercanos, Maduro mostró su lado más represivo.

El verbo “desquitar”, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como “tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota”. ¿Fue esto lo que hizo el primer mandatario? Aquí un repaso a los hechos que apuntan hacia esta hipótesis.

El castigo a los rebeldes: la muerte de Óscar Pérez


Apenas dos semanas después de que comenzara 2018, el gobierno dio su primera embestida. Durante la madrugada del 15 de enero, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, armados con fusiles, granadas y lanzacohetes, rodearon un chalet del Kilómetro 16 de El Junquito donde se había refugiado el piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros.

Fue ese el inicio de la “Operación Gedeón” (que en hebreo significa “destructor” o “guerrero poderoso”), que horas después mató a todos los insurgentes con disparos en las cabezas, de acuerdo con las actas de defunción de las víctimas. El mismo Pérez, antes de morir y con el rostro ensangrentado, hizo saber lo que pasaría a través de un video que se difundió en redes sociales: “No quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”.

Así acabó la historia del hombre que se había convertido en un emblema de la resistencia contra el gobierno de Maduro, aquel inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017, a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil en medio de las protestas antigobierno que ese año dejaron 158 caídos, de acuerdo a cifras y datos recolectados por Runrun.es. El mismo que asaltó un fuerte militar para robar armas y que planeaba una estrategia para derrocar al mandatario.

Horas después de lo que luego se conoció como “La masacre de El Junquito”, Maduro aplaudió la labor de las fuerzas de seguridad por acabar con lo que consideró un “grupo terrorista”. También lanzó una advertencia a cualquiera que intentara sublevarse: “Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República, tendrá la oportuna respuesta de nuestras fuerzas armadas y policiales”.

El suceso no acabó allí. Los familiares tuvieron que esperar una semana para que les entregaran los cuerpos de los caídos. Los obligaron a enterrarlos sin un funeral previo y en cortas ceremonias hechas solo con la presencia de los familiares directos a primeras horas de la mañana o en la noche, como fue el caso de Lisbeth Andreína Ramírez, la única mujer del grupo.

Ni uno libre: el año de los militares presos

Tras la masacre de El Junquito, el gobierno comenzó una purga en las filas de sus fuerzas de seguridad. Al menos nueve militares, entre ellos siete primeros tenientes, fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el piloto rebelde. Y la persecución continuó en los meses siguientes.

A finales de febrero, once soldados fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional, mientras que trece oficiales de alto rango fueron degradados “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. La orden, dictada por Nicolás Maduro, se publicó en Gaceta Oficial e incluía al general y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular en el exilio; Hebert García Plaza, exministro de Alimentación y al capitán Juan Caguaripano, quien en agosto de 2017 asaltó un fuerte militar.

Días después, ya en marzo, a otros nueve uniformados –entre estos seis tenientes coroneles, un primer teniente y dos sargentos– se les acusó de haber formado una célula insurreccional llamada “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”. A todos les imputaron los delitos de instigación a la rebelión y actos contra el decoro marcial.

En mayo, en días previos a las elecciones presidenciales, 18 efectivos corrieron la misma suerte.  La mayoría pertenecía a la Unidad de Operaciones Especiales (Uope), integrada por miembros de la Armada Venezolana y a la Aviación Militar.

La experta presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, ha señalado varias veces la gravedad del fenómeno. “No dudo en señalar que el gobierno de Venezuela enfrenta la peor crisis militar desde 1992 (cuando Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez). La del 2002 (cuando intentaron derrocar a Chávez) fue palaciega, de allí la diferencia”, escribió en su cuenta en Twitter en 1992.

Presidenciales adelantadas o cómo desmotivar a un votante

 

Luego de haber impuesto la elección de una asamblea nacional constituyente (anc) en 2017, dejar fuera de juego a los principales líderes de la oposición e invalidar a la mayoría de los partidos políticos no oficialistas, el gobierno dio una estocada letal a la voluntad popular de participar en comicios electorales: anticipar las presidenciales de 2018 para aprovechar el desánimo en las filas de sus adversarios y evitar que las condiciones económicas empeoraran y que se hiciera más cuesta arriba la conquista de los votos.

La convocatoria a las votaciones, hecha a través de un decreto de la anc, torpedeó el proceso de diálogo que se llevaba a cabo entre el Ejecutivo y un sector de la oposición venezolana. Uno de los puntos que se discutía en esas negociaciones era precisamente la fijación de la fecha de las presidenciales y las condiciones que acordarían ambos bandos.

Luego de realizarse, 19 países de la Organización de Estados Americano (OEA) desconocieron las elecciones. Lo mismo hicieron las naciones que conforman de la Unión Europea. Ambas instituciones argumentaron su decisión por la falta de garantías democráticas al momento de los comicios. Sin embargo, el oficialismo continuó adelante y espera la llegada de 2019 para la juramentación de Maduro en un nuevo período presidencial.

Requesens está desnudo… Y los represores también

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, se convirtió en el segundo semestre del año en otra víctima del allanamiento ilegal de la inmunidad parlamentaria que ha practicado el gobierno de Maduro contra los miembros clave de la oposición. Sin embargo, su caso sobrepasó el abuso de autoridad y dejó en evidencia a un Estado en el que se viola y humilla a quienes se oponen.

A Requesens se lo llevaron 14 funcionarios del Sebin del edificio en donde vivía, en Terrazas del Club Hípico, en Caracas. El arresto ocurrió el martes 7 de agosto y en ese procedimiento también fue detenida su hermana, Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios FCU-UCV (2017), quien fue liberada poco después.

El parlamentario, en cambio, fue enviado a los calabozos de la sede policial del Helicoide, lugar en donde se grabaron dos videos difundidos en redes sociales: uno, publicado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en el que el diputado confesó haber facilitado el paso fronterizo a Juan Monasterios, presunto implicado en el estallido de dos drones ocurrido durante un acto oficial presidido por Maduro; y otro, donde se ve al arrestado en unos boxers manchados de excremento, mientras se da la vuelta ante una voz que se lo ordena.

Horas después de la difusión de los audiovisuales, familiares de Requesens escribieron a través de su cuenta en Twitter que tales imágenes confirmaban que el parlamentario “había sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”. Más tarde, el mismo asambleísta le comentó a su abogado que no recordaba haber grabado esos videos.

“Esta es la actuación de un Estado que no es democrático, donde la arbitrariedad se ha convertido en la norma (…) y que la Asamblea Nacional Constituyente se abrogó una tarea para la cual no tiene facultades en nuestra Constitución, como es la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens”, denunció entonces, ante cámaras, el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.

Para el momento en el que todo esto sucedió, Requesens ya llevaba dos días y medio detenido y la situación continuó hasta casi una semana después cuando, en violación al debido proceso, fue presentado ante tribunales con más de 80 horas de retraso, sin que sus parientes pudieran verlo o hablarle. Este encuentro fue solo posible 40 días después del arresto.

Al diputado le imputaron los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y  traición a la patria. Defensores en derechos humanos han calificado lo sucedido como una muestra de “terrorismo de Estado”, es decir, una práctica oficial que busca manipular a la población a través de la generación del miedo y el terror en la sociedad.

Requesens sigue preso.

Albán y las ventanas del piso 10

El misterio sobre la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, continúa cuatro meses después de haber ocurrido. Su cuerpo cayó desde el piso 10 del edificio del Sebin en Plaza Venezuela y mientras el gobierno aseguró que se trató de un suicidio, dirigentes de oposición señalaron que fue un homicidio. Julio Borges, el ex presidente de la Asamblea Nacional que hoy está en el exilio, afirmó que lo lanzaron luego de matarlo.

Las versiones oficiales sobre el hecho se difundieron antes de que se practicara una autopsia al cadáver y fueron tanto diferentes como inconsistentes. Mientras que el fiscal general Tarek William Saab dijo que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, apuntó que el concejal se tiró desde un ventanal de la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales. Sin embargo, ex presos políticos y fuentes del cuerpo de seguridad confirmaron a Runrun.es que ningún prisionero está sin custodia en ese piso, ni siquiera cuando va a los sanitarios.

El suceso provocó que distintas organizaciones internacionales y diplomáticos se pronunciaran sobre el caso: desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la secretaría general de la OEA, hasta representantes de la Unión Europea y de gobiernos de países como Estados Unidos y Argentina. En Venezuela, el reclamo lo hicieron desde defensores de derechos humanos hasta la Arquidiósecis de Caracas.

Albán fue el tercer preso político que murió en custodia del Sebin. Lo antecedieron Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil que estuvo asociado a las protestas antigobierno de 2014 y a quien encontraron ahorcado en su celda de El Helicoide; y Carlos Andrés García, concejal del municipio Páez de Apure, que fue detenido en medio de las protestas de diciembre de 2016 tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares y murió al no recibir atención médica luego de haber sufrido varias crisis de tensión y un accidente cerebrovascular.

Aunque no se ha imputado a ningún funcionario por la muerte de Albán, el jefe del Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo poco después del suceso.

Un mal llamado reconversión monetaria

No hubo ningún economista reconocido en Venezuela que le diera un espaldarazo a esta decisión del gobierno de quitarle cinco ceros a la moneda sin tomar conjuntamente medidas para frenar la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de 2017. En lugar de comenzar “un gran proceso histórico de recuperación económica”, tal como lo prometió Maduro, la medida devastó el bolsillo ya ahuecado del venezolano.

La reconversión monetaria y el consecuente aumento de salarios impulsó todavía más el ascenso acelerado de los precios. Según las cifras publicadas por el Hambrómetro, provenientes de una firma de análisis económico, el costo de la canasta alimentaria básica se triplicó en los dos meses posteriores a la salida del nuevo cono monetario, cuyo billete de más alta denominación (500 bolívares soberanos) solo sirve a finales de 2018 para comprar seis huevos.

El efecto en la hiperinflación contribuyó incluso a que el dólar perdiera valor adquisitivo en el mercado venezolano. Según un informe de Econométrica publicado en noviembre, luego del aumento de salario mínimo decretado a raíz de la reconversión monetaria –subió 6.000 % en cuestión de horas (pasó de 30 a 1.800 Bs. S.)- ”algunos agentes económicos tuvieron que vender una mayor cantidad de divisas para hacer frente a sus obligaciones”. Hoy, con el más reciente incremento salarial, que lo situó en 4.500 Bs, solo pueden adquirirse cinco hallacas.

Mientras Maduro comió en 2018 el plato frío de la venganza, más de 3 millones de venezolanos emigraron para intentar alimentarse mejor.

Lo más leído de 2018 en Runrun.es

EL 2018 TERMINÓ, O ESO PARECE. El año comenzó con la masacre en la que fue asesinado el expolicía Óscar Pérez y termina con la incertidumbre sobre la toma de posesión de Nicolás Maduro. En el interín, los venezolanos protagonizaron la ola migratoria más grande del continente americano: alrededor de 4 millones se han ido, buena parte hacia países vecinos. Puede decirse que 2018 fuimos testigos de la desintegración de un país.

El interés de los lectores estuvo marcado por el caso de Pérez, las sanciones internacionales, la merma de los viajes de Maduro al exterior y el código QR del carnet de la patria como modelo de control social. Esto es lo que se desprende lo más visto estos últimos 12 meses en Runrun.es. Hubo temas de investigación que marcaron la agenda nacional y se repitieron, como es el caso de la muerte del piloto e inspector del CICPC Óscar Pérez y la lista de funcionarios venezolanos sancionados por varios países.

Pero nuestros lectores también tuvieron curiosidad por personajes enigmáticos como Osmel Sousa, o quiénes son los socios de la empresa detrás de los carnet de la patria.

Que 2019 no comience sin que te enteres de todo esto tú también.

10) Un larga lista

El 2018, sin duda, estuvo marcado por un recrudecimiento de la presión internacional al gobierno del presidente Nicolás Maduro y las sanciones, una medidas que desde hace años no se veían en la región, su eje principal.

La situación política, social y económica llevó que Estados Unidos, Canadá, los países miembros de la Unión Europea y Panamá tomaran medidas sancionatorias contra más de 90 funcionarios venezolanos señalados por socavar la democracia o los derechos humanos en el país.

En nuestro especial “Detrás de las sanciones | El ojo de la comunidad internacional está en 92 funcionarios venezolanos”, hacemos un recuento de cuándo y cómo comenzó esta oleada de presión, que incluye congelamiento de bienes y prohibición de hacer negocios con los señalados y quiénes están en la lista.

9) “Destructor”

Un recuento de este año no se podía dejar de mencionar un evento que acaparó las noticias por semanas, días después de la visita de los Reyes Magos: el asesinato del piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez el 15 de enero.

En Runrun.es quisimos contar la las historias detrás de los caídos durante la “Operación Gedeón”, como se le llamó la operación en la que, además de Pérez, murieron dos exguardias nacionales, un expolicía, un antiguo miembro de Contrainteligencia Militar, dos funcionarios de las FAES y dos civiles en un chalet ubicado en El Junquito.

8) Un polémico zar de la belleza

El Miss Venezuela siempre ha sido un evento mediático importante en el país, pero este 2018 acaparó más atención después de que su presidente, Osmel Sousa, renunciara en febrero después de casi 40 años definiendo el patrón de belleza del exitoso certamen.

Este repentino cambio dio paso a muchas especulaciones sobre las razones y su presunta relación con funcionarios del Estado En una entrevista exclusiva para Runrun.es, el zar de la belleza hizo afirmaciones como “yo no llevo ninguna red de prostitución. Si yo fuera celestino, sería millonarísimo”.

Su renuncia llegó también con su primera biografía “Osmel: un hombre desconocido”, escrita por Diego Arroyo Gil y en runrun.es publicamos extactos del primer capítulo.

7) Problemas en el paraíso

Nadie ha ostentado por más tiempo el cargo de canciller de la República que Nicolás Maduro, entre 2006 y 2012, pero muy poco se ha dicho de su gestión. Hasta ahora. Runrun.es tuvo acceso al punto de cuenta número 1009 fechado el 2 de noviembre de 2017 donde esboza los principios de un “programa de reorganización del servicio diplomático bolivariano”.

“En los primeros cinco años que siguieron a la elección del comandante Hugo Chávez, se llevó a cabo un programa general de ascensos, traslados, rotaciones y capacitación de los funcionarios con el objeto de que los mismos obtuvieran las herramientas para un mejor desempeño internacional en la defensa de los fines y objetivos de la patria”, se lee en el análisis, firmado por el ahora canciller Jorge Arreaza.

En este escrito, Arreza no solo reconoce que Maduro destruyó la Cancillería, sino que asegura que se registró un proceso de “desprofesionalización” en Casa Amarilla.

6) Las últimas horas

Llegando a la mitad de la lista, se repite el tema del asesinado de Óscar Pérez y en esta oportunidad, la Unidad de Investigación de Runrun.es reconstruyó a través de una infografía y video la última operación de Oscar Pérez y sus compañeros aquel 15 de enero.

El trabajo gráfico demuestra que el operativo compone una secuencia de violaciones de derechos y uso desproporcionado de la fuerza perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado.

5) El león más feroz

En lo más leído también hay temas que pudieron haber pasado desapercibido para algunos entre tantos titulares, pero no para los lectores de runrun.es. Es el caso de la muerte de Heyker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces.

“Ha muerto el león más feroz del 23 de Enero”, así lo decribió Eudi Otaiza, vicepresidente del grupo armado en un entrevista para Runrun.es. Vásquez, cuyo velorio duró 24 horas y se realizó en su parroquia, al Oeste de Caracas. Vásquez murió cuando presuntamente se enfrentaba a Óscar Pérez, también el 15 de enero.

4) Otra parte de la historia

Continuando con los acotencimiento de aquel 15 de enero, Runrun.es exploró las historias de los detenidos por el caso de Óscar Pérez. Se trata de un grupo de civiles y militares que, durante o después de la operación, terminaron detenidos por supuestamente estar vinculados a Pérez y su grupo.

En ese momento, fueron unos 26 detenidos. No fue hasta este 19 de diciembre, informó el Foro Penal, que salieron 4 civiles y 4 militares bajo libertad plena. Otros tres detenidos por el caso pasaron ese mismo día a tribunal de ejecución por admisión de los hechos, mientras que otros tres van a juicio privados de libertad.

3) Behind the sanctions

Siguiendo el tema de las sanciones, por el que los lectores de Runrun.es mostraron particular atención este año, de tercero en la lista de los más leídos está un documental para el que viajamos hasta Washington para preguntarles a funcionarios del Departamento de Estado, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y expertos “¿Qué hay detrás de las sanciones?”

Esta producción fue realizada en el marco del programa Media Co-Ops del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Runrun.es también pudo conversar con un grupo de venezolanos no espera a la apertura del canal humanitario para ayudar a otros compatriotas.

2) Viajero no tan frecuente

Los viajes al exterior del presidente Nicolás Maduro también entraron en lo más visto por los “runruneros” este año. Nuestro trabajo revela, a partir de una base de datos hecha por el periodista venezolano Franz von Bergen, que hasta abril de este año Maduro tuvo un promedio de 15 días fuera del país, lo que significa una significativa reducción en su itinerario de viaje.

Debido a las sanciones por parte de varios países, tanto a Maduro como a sus funcionarios se les ha puesto estrecha la frontera y por ende los viajes han experimentado un aterrizaje forzoso.

1) La empresa creadora del carnet

Y en el tope de la lista de los más visto este 2018 en Runrun.es está un trabajo de investigación en el que se revela que un trabajador de la vicepresidencia Ejecutiva de la República es uno de los accionista de JMT Solution Technology, la empresa que ofrece la aplicación del Carnet de la Patria.

El trabajo también revela cómo y porqué este grupo, provenientes de la Universidad de Los Andes, son personajes claves que han estado encargados de introducir cambios en las políticas de identificación venezolana y su vínculo con el ahora vicepresidente del área económica Tareck El Aissami.