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Organización Mundial de la Salud

Sucre se mantiene entre los 10 estados más violentos del país
Tiene una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes

 

Durante el año 2019, Sucre fue el sexto estado más violento del país, de acuerdo al Informe Anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Con una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, la entidad oriental se ubicó detrás de Miranda, Bolívar, Aragua, Distrito Capital y Guárico.

El coordinador del OVV Sucre, Jesús Subero, indicó que los resultados no son alentadores frente a la emergencia humanitaria compleja que compromete el desarrollo del país, pues la criminalidad se ha adaptado a las oportunidades que le ofrece el  empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

De acuerdo al Informe Anual del OVV, Sucre se encuentra entre las diez entidades más violentas del país “en la lista decreciente de altas tasas, junto a territorios que no lo fueron históricamente como Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito con las rutas del tráfico de drogas y la minería ilegal que han modificado la geografía de la violencia”.

En la tasa del estado Sucre, el municipio Cajigal (Yaguaraparo) fue el más violento con 184 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, seguido de Valdez (Güiria) con 151 y Mariño (Irapa) con 143. Mientras Andrés Eloy Blanco (Casanay) registró 104 muertes, Cruz Salmerón Acosta (Araya) 68, Montes (Cumanacoa) 65 y Sucre (Cumaná) 53.

En ese sentido, Subero refirió que 90% de las víctimas pertenecían al sexo masculino y 87% tenían edades comprendidas entre los 15 y 39 años, con lo cual, la violencia e inseguridad compromete el desarrollo de hombres jóvenes en edades productivas.

En cuanto al horario en que se cometieron los delitos, el monitoreo arrojó que 70% de los sucesos ocurrieron durante la semana, 53% en horas del día y 84% ocurrieron en la calle, mientras 8% se registraron en la casa de la víctima.

La situación de violencia e inseguridad en el estado Sucre ha propiciado la presencia de una red delincuencial o circuito criminal, que tiene su ámbito de operaciones en la troncal nueve (desde Puerto La Cruz hasta Güiria) y 10 (Cariaco-Maturín-hasta Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar).

Las actividades criminales que se desarrollan en estos dos corredores viales tienen como norte el interés de desplazarse hacia la zona del Golfo de Paria en los municipios Valdez, Arismendi, Mariño, Cajigal y Libertador, en los cuales se ha fortalecido el comercio ilegal de contrabando de drogas, oro cobre gasoil y trata de personas, que tienen como objetivo su traslado hacia las islas del Caribe.

Letalidad policial

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela vive una epidemia de violencia policial, porque las muertes por homicidios duplican la tasa de diez víctimas por cada 100 mil habitantes y así lo refleja el Informe Anual del OVV.

“La epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial”, precisó el informe.

En el estado Sucre las acciones de letalidad policial han dejado cicatrices que la sociedad no olvidará, como consecuencia de la aplicación de programas de seguridad nacional por parte del régimen durante los últimos 20 años, aunado a los abusos implementados como mecanismos de exterminio de la delincuencia que se ha fortalecido para controlar pueblos y caseríos, que en otrora eran considerados tranquilos.

En 62% de los sucesos el victimario era desconocido y 29% perteneció a un cuerpo de seguridad. Mientras el móvil fue, en 27% de los casos, por resistencia a la autoridad y 24% por ajuste de cuentas. 84% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego.

La desinformación ha sido un factor clave para los abusos de autoridad cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues familiares de las víctimas no cuentan con prensa escrita en la entidad sucrense para denunciar públicamente los hechos y el panorama ha sido propicio para la manipulación por parte de las autoridades gubernamentales.

Los casos de ajusticiamiento y letalidad policial en territorio sucrense se han convertido en una constante difícil de documentar por los factores mencionados, así como por las dificultades de comunicación que retrasan el desarrollo de la entidad y son aprovechados por la delincuencia que se ha desplazado desde el interior del país para utilizar las poblaciones sucrenses como refugio y ejercer el control del territorio para el fortalecimiento de delitos como el tráfico de drogas, combustible, personas y rubros como el cacao.

Durante 2019, el OVV Sucre documentó casos de letalidad policial a través del testimonio de familiares de víctimas como parte de una serie de entrevistas y grupos focales que permitieron recopilar y confirmar la situación que se intensificó en julio de 2019 con la entrada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a la entidad y que, además, es monitoreada mensualmente por la institución a través del Observatorio de Prensa.

Con ello, el coordinador del OVV Sucre destacó la labor académica realizada por el OVV en ocho entidades del país, dentro de las cuales destaca Sucre a través de la Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente (UDO), “para vencer dieciséis años consecutivos de censura sistemática de la estadística oficial, manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones de la metadata”.

Cifras oficiales: Seis mil casos de dengue en primeros siete meses del año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado la voz de alerta: América Latina y el Caribe están atravesando uno de los ciclos epidemiológicos de dengue más graves de los últimos 30 años. Así lo reseña voanoticias.com

Según el organismo, Brasil, Colombia y Nicaragua son, en este orden, los países más afectados por la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. En los primeros 7 meses de 2019 ya ha afectado a más de dos millones de personas y dejado 723 víctimas mortales.

En el caso de Venezuela, según datos oficiales del ministerio de salud, se reportaron seis mil casos de dengue, en los primeros siete meses del año. Sobre papel, se trata de una cifra inferior a la de sus vecinos de la región.

Sin embargo, los expertos alertan que el alcance de la epidemia, en el país, podría alcanzar cotas más altas, si se tienen en cuenta los casos que pasan desapercibidos a las autoridades.

“Las cifras oficiales son las que reporta el ministerio de Salud de Venezuela a la OPS. Podría haber más casos”, aseguró la doctora Maria Eugenia Landaeta, Directora del servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, en el programa Foro, de la Voz de América.

La experta señaló que “no todas las personas consultadas van al médico cuando los síntomas son leves o moderados. Tampoco todas las instituciones de salud reportan al ministerio. Seis mil casos ya son alarmantes, pero más alarmante es si se considera el subregistro”, subrayó.

No solo el subregistro preocupa a los expertos. Una tardía detección de la enfermedad o la falta de insumos podrían incidir en el índice de mortalidad. Según Landaeta, “los pacientes deben conseguir el tratamiento por cuenta propia y realizarse los exámenes en hospitales privados, lo cual retrasa el diagnóstico”.

Para frenar la propagación de la enfermedad en el continente, la OMS exhorta a toda la sociedad a eliminar los criaderos de mosquitos. Una recomendación que enfrenta una dificultad extra, en Venezuela, debido a los frecuentes cortes de agua.

Ellos obligan a la población a almacenarla en depósitos o cisternas, siendo estos el hábitat natural de reproducción del mosquito. Es por eso que, “tapar herméticamente los envases, hervir el agua o usar tabletas de cloro” son solo algunas de las prácticas que la doctora Landaeta recomienda, para evitar el crecimiento de larvas del mosquito del dengue, cuando el almacenaje de agua resulte inevitable.

OVV denuncia epidemia de violencia en el Zulia

EL INFORME DEL AÑO 2018 sobre la violencia en el estado Zulia revela que la región zuliana continúa en una situación de epidemia de violencia en todos sus municipios.

Por epidemia de violencia se entiende la alta probabilidad de que numerosos miembros de una población puedan ser víctimas de la violencia, en este caso de tipo delictiva. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está en situación de epidemia de violencia cuando un país o territorio tenga una tasa de 10 o más fallecidos de forma violenta por cada cien mil habitantes. El Zulia cerró el 2018 con una tasa de 63 muertes violentas por cada cien mil habitantes, lo que significa seis veces más que la tasa que la OMS establece para referirse a una violencia epidémica.

El profesor Johel Salas, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Zulia (OVV Zulia), afirmó que todos los municipios del Zulia, unos más que otros, se encuentran en violencia epidémica. Por lo tanto, “todos los zulianos estamos en situación de riesgo en tanto que podemos ser víctimas, sin distingos, de la violencia delictiva”.

“El municipio Rosario de Perijá, que resultó el de menor tasa de muertes violentas en la región zuliana (32 muertes violentas por cada cien mil habitantes), presenta una tasa tres veces más alta que la media establecida por la OMS. Es alarmante el caso del municipio Santa Rita, que con una tasa de muertes violentas de 210, está veinte veces por encima de la media establecida por la OMS. Con esta tasa, Santa Rita se ubica en el puesto número 17 como el más violento entre los municipios del país”.

Esta es una mejora, si se considera que para el 2017 ocupaba el lugar número 11 en la lista de las entidades más peligrosas de Venezuela. A pesar de esta mejoría en las tasas de muertes violentas, el profesor Salas señala que la situación en el Zulia en materia de violencia delictiva es de primer orden, dado que otros delitos se han expandido exponencialmente y territorialmente.

El OVV Zulia observó en 2018 un desplazamiento de la actividad delictiva de unos delitos a otros que crecieron como la extorsión, el abigeato (se estima entre 6500 a 8000 el robo de ganado, con énfasis en el municipio Machiques de Perijá), el contrabando y bachaqueo de gasolina, el robo de cables y de lo que se ha llamado material estratégico, que entre otras consecuencias han dejado sin servicio de telefonía fija y de internet a vastos sectores de los distintos municipios del estado, y el desmantelamiento de unidades productivas.

Por otra parte, señala el coordinador del OVV Zulia, que se produjo un aumento de la violencia en zonas rurales vinculadas con la producción de alimentos. “Los resultados de los estudios cualitativos realizados en este sector dejan claro una mayor victimización de la población rural en delitos como la extorsión, el robo de ganado, el robo de cosecha y el robo de materiales y equipos en las unidades productivas”.

Se estima que al menos el 70% de los productores ubicados en la vía Machiques-Colón paga vacunas. Este pago se hace en dinero o en especies, según el tamaño de la unidad productiva. Igual suerte corren los proveedores que deben pagar vacuna en dólares para poder comercializar sus productos en la zona, dice Salas.

En el informe presentado por el OVV Zulia se evidencia un incremento de muertes violentas en manos de los cuerpos policiales y militares en la región. La letalidad de la acción policial y militar superó a la de la acción delictiva. De las muertes violentas en el Zulia, el 30% tuvo como móvil la resistencia a la autoridad, mientras que por robo se obtuvo un 27%. Según testimonios, muchos de los casos que se presentan como resistencia a la autoridad no fueron realmente producto de enfrentamiento sino de ejecuciones extrajudiciales en las que los cuerpos policiales y militares asesinan delincuentes en una suerte de política de exterminio que violenta todo el estado de derecho y profundiza aún más el quiebre institucional que sufre el país.

Señala, también el profesor Salas, que se consolidan la Costa Oriental y el Sur del Lago como las zonas más violentas de la entidad zuliana. Entre los cinco municipios más violentos, tres de ellos se encuentran ubicados en la Costa Oriental del Lago y dos en el Sur del Lago.

Para finalizar, Salas expresó que “una política para la erradicación de la violencia necesariamente debe basarse en la recuperación de las reglas del juego, en el recobro de valores proclives a una convivencia armónica, en la producción de mayor equidad y en una mano firme frente al delito, pero que esa mano se encuentre dentro del guante de la legalidad y no a sangre y fuego como al parecer se ha entendido por estos lados”.

OVV: Tasa de suicidios en Venezuela sobrepasa la media mundial

LA FUERTE CRISIS QUE ENFRENTA VENEZUELA ha afectado de diferentes formas a su población. Algunos han abandonado el país, pero para aquellos que se han quedado, la situación los ha llevado incluso al suicido. La principal causa, según el Observatorio Venezolano de Violencia, es que las personas no logran llegar a fin de mes con los salarios que reciben.

En su más reciente informe, el Observatorio Venezolano de Violencia hace un llamado de atención: “en varias zonas del país se observa un incremento en el número de suicidios. Mérida sería el epicentro. Allí la tasa fue la más alta de los últimos 30 años, ocurren 19 por cada cien mil habitantes.”Roberto Briceño León, director del Observatorio, resalta que para el gobierno nacional esas cifras deben empezar a preocuparle, ya que en el informe sólo se tiene en cuenta hasta el mes de marzo y la crisis se ha agudizado en los meses recientes.

Para lapsiquiatra Belinda Labrador, los casos de pacientes con depresión han aumentado en los últimos seis años, principalmente por la crisis y las afectaciones esta ha traído, “la falta de alimentos, medicamentos, de dinero está llevando a la población al colapso.” Para Labrador, quien ha estudiado la tendencia de suicidios en la última década, el suicidio se está viendo como la salida a lo que se está viviendo.

“La depresión, que debe tratarse con terapia psicológica y, en los casos de mayor gravedad con medicamentos, se ha vuelto tendencia en Venezuela por la carencia de dinero para pagar las terapias y por la ausencia de medicamentos en el territorio”, afirma el abogado criminalista Fermín Mármol García al hacer una evaluación de los casos recientes de Venezuela.

Situación en Latinoamérica

La tasa de suicidios en Venezuela para el año 2017 cerró en 19,09 por cada cien mil habitantes, la más alta del país en los últimos 30 años. Solo 17 países registran una tasa superior a la de país suramericano, teniendo en cuenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud con datos de 2015, entre los que se encuentran: Bélgica (20,5), Guyana (29,0), Japón (19,7), Corea del Sur (28,3) y Rusia (20,1).

Si se considera la situación que vive Venezuela, no es de sorprender que, con la tasa registrada en 2017, también ocupe un lugar desalentador en la región. “En general la tasa de suicidios en América Latina es de tres o de cuatro por cada cien mil habitantes. Distinto ocurre en el sureste asiático o en el norte de Europa donde es de 19 o 20. Una tasa de suicidios en 19 es una cosa abismal; y empezamos a ver que se trata de un fenómeno social y no estrictamente individual”, afirma Briceño León.

Según el mismo informe de la OMS, la tasa de suicidios media en el continente americano es de 9.8 por cada 100 mil habitantes, situándose por debajo de la media europea que es de 15.4 por cada 100.000 habitantes. En el continente, el país con la mayor tasa de suicidios es Guyana, con 29 por cada 100 mil habitantes, siendo una de las tasas más elevadas del mundo.

Bolivia y Uruguay le siguen con tasas de 18.7 y 17 respectivamente. Sin embargo, ahora Venezuela, con el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, se ubica sobre estos dos países. Además, pone un nuevo país latinoamericano sobre la media europea. La media mundial se ubica sobre 11.4 suicidios por cada 100.000 habitantes.

En un análisis hecho por Labrador, con los datos de la OMS, se encontró que la población más vulnerable a esta situación en América Latina es la mayor a los 70 años, y aquella que oscila entre los 18 y 34 años. “La depresión sigue siendo la mayor causa de este tipo de muertes”, resalta Labrador. Esta psiquiatra también menciona que es importante anotar que por cada suicidio que se comete en Latinoamérica, hay un promedio de 6.3 intentos fallidos.

Venezuela registra el mayor número de casos de malaria en el continente

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Venezuela está a la cabeza de 55 países en la proporción de casos de malaria capturados por el sistema de vigilancia en 2016, de acuerdo con el Reporte Mundial de Malaria difundido este jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este detalla que el año pasado 91 países reportaron un total de 216 millones de casos de malaria, un aumento de 5 millones de casos respecto del año anterior.

En el continente americano, Venezuela, que atraviesa una “crisis humanitaria en curso” -según reconoció la OMS- desplazó a Brasil como el mayor contribuyente a la carga de la malaria en las Américas “y los casos informados en 2016 fueron los más altos en la historia del país”.

La investigación detalla que la tasa de incidencia de malaria a nivel mundial disminuyó 18% de 2010 a 2016; pero específicamente entre 2014 y 2016, la tasa de incidencia de casos de malaria se mantuvo sin cambios a nivel mundial y aumentó en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), excepto en Europa.

El mayor aumento porcentual en este periodo se produjo en la región de las Américas, donde la incidencia de la malaria comenzó a aumentar en 2013, en gran parte debido a los aumentos en Brasil y Venezuela.

Entre los 55 países en los que se estimó la carga de la malaria, la proporción de casos notificados por los sistemas de vigilancia fue más baja en Gabón (8%) y más alta en la República Bolivariana de Venezuela (84%). Estos países, indica el informe, representan más del 90% de la carga mundial de malaria. “Priorizar las inversiones en vigilancia en estos países generará un rendimiento sustancial en la optimización de los recursos y un seguimiento preciso del progreso”.

El Programa Mundial contra la Malaria, en colaboración con el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, presta mucha atención a la situación de la enfermedad en entornos complejos y facilita la respuesta, destacó. La organización incluye a Venezuela en un reducido grupo junto a Nigeria (Estado de Borno), Sudán del Sur y Yemen a los que apoya en respuestas de emergencia a la malaria.

En estos, puntualiza, “las crisis humanitarias en curso plantean graves riesgos para la salud”.

 

Más información en Correo del Caroní.

 

Venezuela encabeza lista de países con malaria en América, según la OMS

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El número de casos de malaria registrados en América en 2016 aumentó un 22 % en relación con el año anterior, un dato en el que influyó la mayor incidencia en Colombia, Nicaragua y Venezuela, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su Informe Mundial sobre el Paludismo 2017 difundido hoy en la India, la OMS alertó de que el pasado año se registraron 875.000 casos en el continente, frente a los 684.000 de 2015 y los algo más de un millón de 2010.

En la región de América de la OMS, que incluye Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, también se incrementó el número de muertes por paludismo hasta alcanzar los 700 decesos, 300 más que el año precedente.

Entre los países que registraron importantes subidas en el número de casos está Colombia, que pasó de 74.100 enfermos en 2015 a casi el doble, 134.000, en 2016, una trayectoria similar a la de Venezuela, donde los casos pasaron de 171.200 a 300.900 en ese periodo.

En el caso de Venezuela, que junto a Brasil concentra el 65 % de los registrados en la región, la subida se tradujo en un aumento de los fallecimientos, 280, 120 más que un año antes.

También Nicaragua registró un fuerte aumento de pacientes, con 12.460 en 2016 frente a los 5.000 del periodo anterior, y Ecuador, que tuvo 1.200 enfermos de paludismo, el doble que un año antes.

Países como República Dominicana, Ecuador, Guayana, Honduras, México y Panamá registraron incrementos de casos menos pronunciados.

“A pesar de los aumentos en algunos países, la transmisión está concentrada; en particular en Chocó, en Colombia; Loreto, en Perú, y Bolívar, en Venezuela. De forma similar, casi el 45 % de los casos en Brasil vienen de 15 municipios en Acre y Amazonas”, dice el informe.

La OMS atribuye los incrementos en otros países a una mejora en los procesos de monitorización y a brotes focales.

El estudio advierte, paralelamente, de un estancamiento en la financiación dedicada a la lucha contra la malaria en América, donde hay una población de casi 127 millones en riesgo de contraer la enfermedad y se han invertido apenas 167 millones de dólares (140 millones de euros) para combatirla en 2016.

Este monto supone una caída del 13 % con respecto a 2010, cuando la financiación contra el paludismo ascendió a algo más de 192 millones de dólares (161 millones de euros) en el continente.

A pesar de ello, una docena de los 18 países donde el paludismo es endémico están en camino de alcanzar el objetivo de reducir la incidencia de casos un 40 % antes de 2020, mientras que otros cinco podrían lograr un descenso de entre el 20 y el 40 %.

A nivel mundial, la OMS advirtió de que los progresos contra la malaria llevan estancados tres años, con un aumento del 2 % en el número de casos registrados en 2016 con respecto al año previo.

“Estamos en una encrucijada, sólo a través de acciones urgentes y coordinadas de nuestros depositarios -con los países en el asiento del conductor- recuperaremos el ritmo para alcanzar los objetivos de nuestra estrategia global de la malaria”, alertó.

El Nacional Nov 28, 2017 | Actualizado hace 1 año
Tuberculosis asedia prisiones venezolanas

LA POBLACIÓN CARCELARIA EN VENEZUELA es la que más se ve afectada por esta patología, debido a las condiciones como hacinamiento, malnutrición y deficiencias en el sistema sanitario

Desde 2015 los casos de tuberculosis se han incrementado debido a la escasez de medicamentos y al mal funcionamiento del sistema de salud pública por parte del Estado venezolano. La patología se ha propagado en diferentes entidades del país, donde se han presentado fallecidos por no contar con las medicinas o por no ser diagnosticados a tiempo.

El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) reconoció un incremento entre las personas afectadas: en 2010 se reportaron 2.190 casos, mientras que en 2015 se elevaron hasta los 7.278. Ello se traduce en que la incidencia pasó de 21,9 casos por cada 100 mil habitantes a 23,5 por cada 100 mil habitantes, acotaron en una nota de prensa publicada en octubre de 2017.

‘‘Mientras las cifras oficiales del Ministerio de Salud revelan un ligero aumento de los casos, los registros alternativos advierten que la enfermedad se ha duplicado silenciosamente’’, contrastó el boletín de la OVS.

Una persona enferma con tuberculosis puede contagiar en un lapso de un año a un promedio de 10 a 15 personas por contacto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El médico neumonólogo José Luis Porras explicó que los síntomas pueden variar dependiendo de la edad. Sin embargo, los indicios de la enfermedad en todos los pacientes son tos en exceso por 15 días, con o sin hemoptisis (flema con sangre), pérdida de peso, dolor en el pecho, fatiga y fiebre.

El especialista indicó que existen dos variantes: la tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis en sí misma. Acotó que en el caso de la primera, el paciente no desarrolla los síntomas pero puede contagiar a otras personas. Asimismo, cuando no es latente, el paciente sí padece los síntomas.

‘‘Puedes vivir con la bacteria durante muchos años pero cuando tu sistema esté inmunosuprimido (débil) es cuando la vas a desarrollar’’ aclaró Porras.

Bacteria tras las rejas

Un brote de tuberculosis contagió a 14 presos en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, estado Zulia, de los cuales 11 murieron debido a la enfermedad, que se propagó gracias a las condiciones de hacinamiento, malnutrición y falta de prevención, reseñó el diario El Panorama en octubre de 2015.

En 2016 la situación se mantuvo y otros diez reclusos fallecieron por la misma patología en la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico) por falta de medicamentos, detalló El Nacional Web.

En agosto de 2017, en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia, una mujer de 19 años perdió la vida en su celda luego de agonizar durante tres meses. En octubre otra mujer de 27 años murió tras contraer tuberculosis pulmonar y neumonía avanzada, lo que le causó una insuficiencia respiratoria, reportó La Verdad de Anzoátegui.

En el mismo mes, el director de la policía del estado Miranda, Elisio Guzmán, denunció que varios detenidos han presentado esta afección puesto que, Polimiranda no cuenta con las condiciones sanitarias correctas para mantener reclusos en ese estado, constató El Nacional Web.

Para impedir que presos se contagien, las personas diagnosticadas con tuberculosis deben permanecer por un lapso de 15 días aisladas mientras reciben el tratamiento con los antibióticos correspondientes, explicó la doctora Ana Marcano, coordinadora del Programa de Salud Respiratoria del Distrito Sanitario N° 7 de La Urbina.

En el caso de las cárceles venezolanas, debido a la sobrepoblación que presentan los recintos, es complicado mantener en aislamiento completo a los infectados con tuberculosis, por lo que se facilita que la enfermedad se prolifere rápida y silenciosamente.

El investigador, especialista en Desarrollo, Planificación y Políticas de Salud e integrante de la OVS, Jorge Díaz Polanco, reveló que la comunidad penitenciaria del país es la más vulnerable a contraer este tipo de infección respiratoria.

‘‘Una de las poblaciones sometidas a riesgo o a mayor riesgo, son las poblaciones carcelarias. En los estados donde tienes cárceles y hacinamiento hay tuberculosis’’ aseveró Díaz Polanco.

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Homicidios, victimización y expansión de la violencia reinan en Mérida durante 2017

YIMMY SÁNCHEZ, UN RECONOCIDO COMERCIANTE de la ciudad de Mérida, de 40 años de edad, nunca pensó que el 24 de octubre la muerte le acechaba desde muy temprano y en su propio hogar. Aquel día, como todos los demás, se levantó a iniciar su jornada; abrió el portón de su garaje para salir a llevar a sus hijos al colegio, cuando velozmente cinco sujetos armados le sometieron, lo obligaron a entrar a su casa y le amordazaron junto a su esposa e hijos. Les robaron electrodomésticos, computadoras, dinero en efectivo, entre otras cosas. Mientras unos delincuentes hacían “mercado”, los otros le golpeaban para que dijera si había más bienes que robar. Ya contentos con el botín, los antisociales le quitaron la llave de su carro, pero no contentos, por alguna desconocida razón, uno de ellos se regresó y le dio un disparo en la cara a Yimmy. Murió en el instante, amarrado sin poder hacer nada, frente a su esposa e hijos.

Como este suceso, son más de 300 los que se han registrado en Mérida entre enero y octubre de este año. Exactamente: 321 casos, de los cuales en 189 la víctima ha perecido en el momento y en 132 han sobrevivido al ataque, aunque en más de la mitad de ellos perecen a los días del suceso.

Se habla entonces que en estos diez meses del 2017, Mérida ha registrado una tasa de homicidio de 34 víctimas por cada cien mil habitantes, seis veces mayor a la media que la Organización Mundial de la Salud considera como límite máximo, a partir del cual el homicidio debe considerarse un problema de salud pública.

Esta información la dio a conocer el criminólogo, profesor de la Universidad de Los Andes y Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, Mérida (OVV Mérida), Freddy Crespo, en una charla que sobre la violencia en la entidad andina se dio en los espacios de esta casa de estudio.

La violencia en cifras

Según los registros del OVV Mérida, apuntó Crespo, febrero, julio y agosto fueron los meses que reportaron mayor cantidad de víctimas fatales (ver gráfico 1). El homicidio, aparece como el delito más frecuentes en los registros del observatorio, los cuales se basan en los reportes de sucesos de los diarios Pico Bolívar y Frontera. “Este registro implica el estudio sistemático de las características generales de los sucesos publicados en la prensa regional, lo cual nos permite tener una idea e imagen, aproximada, de la magnitud y distribución de la violencia en el estado, con lo que buscamos compensar la ausencia de cifras oficiales sobre este fenómeno. Si no se intenta conocer el fenómeno desde diferentes fuentes, difícilmente habrá una política anti delictiva exitosa en cualquier región”, explicó Crespo.

Total de homicidios y tentativas de homicidios mensuales registrados. Mérida: enero – octubre, 2017

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En cuanto a la distribución geográfica, los municipios Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías son los que mensualmente acumulan más de la mitad de los registros de sucesos. Sin embargo, llamó la atención el doctor Crespo, hay un repunte importante en los registros de delitos violentos en los municipios rurales y pequeños de la entidad, por lo que también es frecuente observar reportes de homicidios y robos en municipios como Julio César Salas, Obispos Ramos de Lora, Tulio Febres Cordero o Cardenal Quintero, entidades locales cuya población representa menos de 5% del total de la entidad.

Las víctimas de los delitos son principalmente hombres, aunque esta proporción se hace casi exclusiva a los hombres cuando se trata de homicidios y en siete de cada diez para este género, al hablar de los robos. Las víctimas tienen una media de edad de 24 años, victimizadas principalmente en horas del día, mayormente entre semana. Los delitos, en 75% se registraron con arma de fuego, variando igualmente el porcentaje cuando se detalla esta cifra según el delito: los homicidios se cometen en 90% con arma de fuego, mientras que los robos y lesiones en 65%, apuntó Crespo en su disertación.

Victimización y cifra negra: la urbanización de lo rural

Además de llamar la atención sobre el aumento y registro constante de delitos violentos en zonas rurales de la entidad, el profesor Crespo adelantó algunos resultados de la encuesta de victimización y percepción de seguridad ciudadana que el OVV Mérida realizó en el mes de septiembre en algunos municipios de la entidad merideña.

Desde finales del siglo pasado, autores como Graeme Newman han advertido sobre las deficiencias que existen en el registro de las cifras delictivas y como tales deficiencias pueden llevar a una calificación errada de la violencia como un asunto exclusivo de la ciudad. De hecho, en el texto compilatorio Global report on crime and justice publicado por el Centro Internacional para la Prevención del Delito de las Naciones Unidas, varios autores, entre ellos Newman y Van Dijk, indican que los fuentes oficiales sobre la criminalidad, aun cuando son confiables, tienden a presentar un registro diferenciado según las zonas urbanas y rurales, lo cual trae como consecuencia que se genere un sesgo importante en la magnitud de la cifra delictiva en cada una de estas zonas. Su conclusión fue que no es que la violencia es asunto exclusivo de la ciudad o de lo urbano, sino que cada zona tiende a tener su propia manifestación de la violencia.

Según Crespo, esta conclusión se corrobora en el caso venezolano con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad ciudadana que aplicó el INE en 2009 y publicó en 2010. De acuerdo a estos resultados, las ciudades grandes y pequeñas presentaron una tasa de homicidio similar (50 y 49 por cien mil habitantes, respectivamente), mientras que la tasa de lesiones personales en las ciudades grandes, medianas y pequeñas fue también homogénea, pero mayor en las ciudades pequeñas (266 por cada cien mil habitantes, frente a 259 y 217 en las ciudades medianas y grandes, respectivamente). Por otro lado, la tasa de robo fue tres veces mayor en las ciudades grandes que en las medianas y pequeñas, en las que se presentó similar.

“Esto puede interpretarse sosteniendo que en las ciudades pequeñas prevalecen los conflictos interpersonales más que los delitos contra la propiedad, lo cual evidenciamos en la encuesta de victimización aplicada en septiembre de este año” expuso Crespo. Este tipo de encuesta busca medir directamente en las personas, si han sido víctima de un delito, en caso positivo, de qué delito y si efectuó la denuncia, entre otras cosas. Además, mide la percepción de seguridad ciudadana y la calificación de la actuación de los organismos de seguridad. Estos estudios se vienen efectuando desde el 2010 por un grupo de investigadores de la ULA y el OVV Mérida.

“Este año encontramos el nivel de victimización más alto en el período en estudio. 67% de las personas entrevistadas manifestó ser víctima de un delito. El municipio Libertador tiene este nivel, el más alto entre los cinco municipios estudiados, pero cuando se desglosa por tipo de delito, el panorama varía: El robo en el municipio Libertador es el más frecuente (80%), mientras que en los demás municipios la distribución parece ajustarse a su condición urbana: Campo Elías (urbano y rural), registró un nivel de victimización para el robo de 65% y lesiones en 20%; Sucre y Rivas Dávila, presentaron niveles de robo en 58% y 56%, respectivamente, y lesiones en 30% y 35%. En Rivas Dávila y Obispos Ramos de Lora el homicidio (victimización de un familiar directo) se registró en 6%, cifra alarmante”. Describió el investigador.

Nivel de victimización en muestra de ciudadanos. Mérida, 2010 – 2017

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La ausencia de denuncias, de acuerdo a Crespo, corrobora lo comentado por otros investigadores: en las zonas rurales 93% de las victimizaciones no son denunciadas, mientras que en las urbanas (municipios Libertador y Campo Elías) esta cifra es de 75%.

“Parece que la expansión de la violencia en Mérida y en el país, es inconmensurable. Pensar que en la actualidad la violencia e inseguridad es un asunto exclusivo de las grandes ciudades o localidades más urbanizadas, implica negar la existencia de la violencia que se vive en las zonas menos pobladas o localidades pequeñas y cuyo impacto es mayor por la mayor desprotección institucional y gubernamental a la que este sector geográfico está sometido. Las expresiones de la violencia han cambiado, como consecuencia de los cambios sociales, poblaciones e institucionales que ha sufrido el país. Los resultados de los estudios están dando pie a nuevas reflexiones para pensar en la violencia y de ahí, tomar decisiones para su intervención desde las políticas públicas, concluyó Crespo.