opinus archivos - Página 2 de 2 - Runrun

opinus

Periodistas y analistas políticos utilizan todos los días términos como “militarismo” y “pretorianismo” para definir el gobierno del Presidente Chávez, pero ¿significan lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias políticas entres ambos términos?

Para muchos, el siglo XIX marcó años de caudillos y refriegas localistas con trascendencia nacional. Tal vez, la primera mitad del siglo XX fueron años de “bota y cachucha”. Pero la segunda tercera parte del siglo pasado marcó la aparición de la Venezuela democrática, con un sistema de partidos políticos ejemplo del mundo por su estabilidad y legitimidad tanto de origen como de desempeño, cualidades que se fueron perdiendo por el escaso retorno de renta social de los últimos dos períodos previos al actual, que definitivamente desgastaron la credibilidad en el sistema, construyendo los cimientos del Estado cleptocrático, que hoy es absoluto en su justa dimensión.

Durante los últimos cuarenta años previos a este gobierno, las Fuerzas Armadas ocuparon un sitio en el quehacer nacional donde asumieron el rol de “gendarme de la democracia” en un sistema de partidos políticos que conviven en una tolerancia ejemplar, hasta que el exceso de expectativas versus los logros alcanzados transforma poco a poco el rol del militar hasta convertirlo en estos primeros años del siglo XXI en un “zoon politikon”, que es burócrata de un sistema de abierta participación política y donde la constitución de un movimiento militar proclive al gobierno de turno lo convierte en un factor deliberante que desplaza a las formas convencionales de asociación política hasta ahora conocidas en Venezuela.

El mayor problema que enfrentamos para comenzar este análisis es la utilización indebida del término “militarismo” por parte de motores opináticos en los medios de comunicación “especializados”. Encontramos que, con pasmosa ligereza, se acuña el adjetivo de “militarista” al presidente o al gobierno sin cuidar las formas y el fondo de lo que realmente este vocablo significa.

Según Bobbio, la definición de militarismo se transmuta en el caso latinoamericano, dando paso a una nueva versión del concepto original y que engloba la descripción del altisonante término de “gorilismo”. De allí proviene quizás la “non sancta” intención de descalificar a un gobernante o régimen asociándolo con las experiencias de dictaduras militares que en Latinoamérica se han cuajado en los últimos años.

Si el término “militarismo” es “vulgarizado”, o empleado en el coloquio como un término peyorativo e intencionadamente descalificador, al menos debemos conocer la definición del mismo y su eventual lógica aplicación.

El término “militarismo” no es tan antiguo como los militares. Apenas durante el siglo XIX comienza a ser incluido en los diccionarios de lenguas universales y en sus primeras definiciones se concibe como “… el predominio del elemento militar o intrusión de lo militar en lo civil”.

Entonces resulta obligatorio confrontar dos conceptos que sobre militarismo gravitan en los textos especializados. Uno, de carácter universal, difundido por L. Radway, que es considerado un clásico por los entendidos y otro presentado años más tarde por Mauro y Chanaguir, que busca localizar el término en la cultura latinoamericana.

Radway define militarismo como: «…la doctrina o sistema que valora positivamente la guerra y atribuye a las fuerzas armadas primacía en el Estado y la sociedad. Exalta una función-la aplicación de la violencia-y una estructura institucional: la organización militar.

Implica a su vez, una orientación política y una relación de poder. “En una sociedad plenamente militarizada, las fuerzas armadas determinan unilateralmente el carácter de las instituciones básicas, la forma de gobierno, los deberes y derechos de los ciudadanos y la parte de los recursos nacionales asignados a funciones militares».

Sin embargo Mauro y Chanaguir en 1975 señalan que el militarismo como término de uso frecuente en América Latina es “la tendencia de las instituciones militares y de los militares a extender su participación en el gobierno civil de una nación, con la obvia consecuencia política de sustituir y desplazar del gobierno a los elementos civiles”.

Como podemos observar, la polémica sobre la correcta utilización del término es de data reciente, lo que adelanta un juicio reservado en la aplicación del mismo. Ahora me permito incluir un vocablo alternativo para su análisis y discusión, cuyo significado pudiera encajar con formas alternativas de participación del sector militar en la vida política y que tal vez podamos aplicar en el contexto venezolano de algunas épocas y por qué no, de nuestros días.

En el siglo XVI ya se conocía el término “pretorianismo” como “…soldados al servicio de un poder tiránico”. Si buscamos una definición un poco más formal, a través de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana encontramos que el pretorianismo es el “estado político en que los pretorianos o soldados tenían o tienen una influencia predominante” y este concepto es reforzado por Mudell quien en 1933 se refiere a que el “pretorianismo es una palabra de uso frecuente para caracterizar una situación en la cual la clase militar de una sociedad dada ejerce un poder político independiente, recurriendo a la fuerza o amenazando recurrir a ésta”

Pero, realmente en qué radica la diferencia entre ambos conceptos previamente definidos:

El militarismo, en su acepción latinoamericana, según Bobbio, supone un deseo de la clase militar por desplazar a la clase civil en el ejercicio del poder, rompiendo el equilibrio político y generando un espectro de participación política creciente y dominante.

Mientras tanto, el pretorianismo es definido como un ejército al servicio de un tirano, o lo que es lo mismo, el sector que según Weber debe ejercer el monopolio legítimo de la violencia en funciones de un estado represor y antagónico a los intereses colectivos, desafiando principios democráticos y proponiendo una opción de coerción con arreglo a fines políticos específicos.

Dejo al lector la decisión al respecto. Venezuela, ¿es militarista o pretoriana?

Gabriel Reyes

@greyesg

Sendai Zea Nov 16, 2011 | Actualizado hace 12 años

De una confrontación amistosa entre precandidatos presidenciales con absoluta convergencia de intereses nacionales se desprende un hecho que tal vez marcó el “valor agregado” de esta inédita cita.

Diego Arria, tal vez uno de los venezolanos con carrera diplomática más exitosa de nuestra historia reciente, utilizó su derecho de palabra para mover los cimientos de quienes pensaron que este encuentro de disidentes del régimen era un mero ejercicio de retórica doméstica.

La amenaza explícita, con fecha y hora, de presentar ante la Corte Penal Internacional una denuncia documentada contra los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por el presidente Chávez y algunos de sus colaboradores ha generado expectativa local y foránea sobre el alcance de tal medida y desde ya se formulan escenarios que intentan descifrar nuestro futuro como país, en caso de que la misma prospere.

Este tribunal representa una instancia internacional permanente para juzgar a quienes son acusados debidamente de cometer crímenes de guerra, genocidio y crímenes de “lesa humanidad”. Su personalidad jurídica es internacional, aunque no forma parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Países como Cuba, China y Rusia, “amigos” del gobierno, no la reconocen ni han suscrito compromiso alguno con ella, pero Venezuela sí lo ha hecho, constituyéndose en norma de acatamiento legal obligatorio.

En fechas recientes, el mundo ha seguido los casos que han expuesto a mandatarios de otras latitudes al escarnio internacional por el dictamen de la llamada Corte de La Haya y por la aplicación del Estatuto de Roma, norma taxativa que rige las sentencias de esta corte. Las eventuales decisiones del Tribunal de La Haya impactan de manera decisiva la gobernabilidad de los Estados afectados.

Con este anuncio, Arria se posicionó como un hombre de coraje y de capacidad propia para entablar causa contra un gobierno que históricamente ha desestimado y desacatado cualquier pronunciamiento de organismos como la CIDH, la ONU, la OEA, la OIT y otros. El comportamiento oficial será el mismo esta vez?

Los próximos días serán claves para analizar la capacidad del gobierno venezolano de inocularse contra el efecto “La Haya”. Tal vez a través del recurso petrodiplomático, tal vez mediante la descalificación sistemática de la instancia asociándola a los antivalores “revolucionarios”. Algún creativo del “proceso” intentará utilizar el hecho reciente de la acusación ante esta corte que un grupo de ciudadanos presentó contra el Papa Benedicto XVI, y entonces nuestro prócer se comparará con el Vicario de Cristo en la Tierra. De lo que estoy seguro es que no podrán decir que es un tribunal pitiyanki porque Estados Unidos no está entre los países que ratificaron el Tratado de Roma, y el Vaticano tampoco.

Más allá de la dinámica electoral actual, Diego Arria ha construido agenda en un país acostumbrado al seteo del inquilino de Miraflores.

Amanecerá y veremos…

Gabriel Reyes

@greyesg