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Operación Gedeón

Lorena Meléndez Dic 31, 2018 | Actualizado hace 10 meses
2018: El año del desquite
La imagen de un gobierno que se vio debilitado durante las manifestaciones de 2017 quedó atrás durante 2018. El año, más bien, sirvió no solo para que Nicolás Maduro se levantara, se reeligiera, sino para que endureciera sus castigos contra la disidencia, aplanada por el mazo del desquite

 

@loremelendez

MATAR A UN ICONO DE LA “RESISTENCIA”, mostrar a un preso político semi desnudo y lleno de excremento, arrasar con cualquier militar que suponga una amenaza. Estas son tres acciones que confirman que el gobierno de Nicolás Maduro, tan cuestionado en 2017 por reprimir a las millones de personas que protestaron en su contra y señalado porque las fuerzas leales a él ejecutaron al menos a 83 de las 158 que murieron en medio de los conflictos, no se quedó de brazos cruzados durante 2018. Todo lo contrario.

Aunque el año pasado ya acumulaba nueve denuncias ante la Corte Penal Internacional –incluida la del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra‘ad al Hussein, quien pidió la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad al mandatario venezolano- Maduro, lejos de asumir una postura que lo distanciara de estos delitos, en 2018 parece haber tomado una que lo reafirmó como violador de derechos humanos. Después de lo débil que se vio durante los cuatro meses de manifestaciones de abril de 2017 y de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en contra de su investidura y la de sus funcionarios más cercanos, Maduro mostró su lado más represivo.

El verbo “desquitar”, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como “tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota”. ¿Fue esto lo que hizo el primer mandatario? Aquí un repaso a los hechos que apuntan hacia esta hipótesis.

El castigo a los rebeldes: la muerte de Óscar Pérez


Apenas dos semanas después de que comenzara 2018, el gobierno dio su primera embestida. Durante la madrugada del 15 de enero, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, armados con fusiles, granadas y lanzacohetes, rodearon un chalet del Kilómetro 16 de El Junquito donde se había refugiado el piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros.

Fue ese el inicio de la “Operación Gedeón” (que en hebreo significa “destructor” o “guerrero poderoso”), que horas después mató a todos los insurgentes con disparos en las cabezas, de acuerdo con las actas de defunción de las víctimas. El mismo Pérez, antes de morir y con el rostro ensangrentado, hizo saber lo que pasaría a través de un video que se difundió en redes sociales: “No quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”.

Así acabó la historia del hombre que se había convertido en un emblema de la resistencia contra el gobierno de Maduro, aquel inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017, a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil en medio de las protestas antigobierno que ese año dejaron 158 caídos, de acuerdo a cifras y datos recolectados por Runrun.es. El mismo que asaltó un fuerte militar para robar armas y que planeaba una estrategia para derrocar al mandatario.

Horas después de lo que luego se conoció como “La masacre de El Junquito”, Maduro aplaudió la labor de las fuerzas de seguridad por acabar con lo que consideró un “grupo terrorista”. También lanzó una advertencia a cualquiera que intentara sublevarse: “Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República, tendrá la oportuna respuesta de nuestras fuerzas armadas y policiales”.

El suceso no acabó allí. Los familiares tuvieron que esperar una semana para que les entregaran los cuerpos de los caídos. Los obligaron a enterrarlos sin un funeral previo y en cortas ceremonias hechas solo con la presencia de los familiares directos a primeras horas de la mañana o en la noche, como fue el caso de Lisbeth Andreína Ramírez, la única mujer del grupo.

Ni uno libre: el año de los militares presos

Tras la masacre de El Junquito, el gobierno comenzó una purga en las filas de sus fuerzas de seguridad. Al menos nueve militares, entre ellos siete primeros tenientes, fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el piloto rebelde. Y la persecución continuó en los meses siguientes.

A finales de febrero, once soldados fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional, mientras que trece oficiales de alto rango fueron degradados “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. La orden, dictada por Nicolás Maduro, se publicó en Gaceta Oficial e incluía al general y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular en el exilio; Hebert García Plaza, exministro de Alimentación y al capitán Juan Caguaripano, quien en agosto de 2017 asaltó un fuerte militar.

Días después, ya en marzo, a otros nueve uniformados –entre estos seis tenientes coroneles, un primer teniente y dos sargentos– se les acusó de haber formado una célula insurreccional llamada “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”. A todos les imputaron los delitos de instigación a la rebelión y actos contra el decoro marcial.

En mayo, en días previos a las elecciones presidenciales, 18 efectivos corrieron la misma suerte.  La mayoría pertenecía a la Unidad de Operaciones Especiales (Uope), integrada por miembros de la Armada Venezolana y a la Aviación Militar.

La experta presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, ha señalado varias veces la gravedad del fenómeno. “No dudo en señalar que el gobierno de Venezuela enfrenta la peor crisis militar desde 1992 (cuando Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez). La del 2002 (cuando intentaron derrocar a Chávez) fue palaciega, de allí la diferencia”, escribió en su cuenta en Twitter en 1992.

Presidenciales adelantadas o cómo desmotivar a un votante

 

Luego de haber impuesto la elección de una asamblea nacional constituyente (anc) en 2017, dejar fuera de juego a los principales líderes de la oposición e invalidar a la mayoría de los partidos políticos no oficialistas, el gobierno dio una estocada letal a la voluntad popular de participar en comicios electorales: anticipar las presidenciales de 2018 para aprovechar el desánimo en las filas de sus adversarios y evitar que las condiciones económicas empeoraran y que se hiciera más cuesta arriba la conquista de los votos.

La convocatoria a las votaciones, hecha a través de un decreto de la anc, torpedeó el proceso de diálogo que se llevaba a cabo entre el Ejecutivo y un sector de la oposición venezolana. Uno de los puntos que se discutía en esas negociaciones era precisamente la fijación de la fecha de las presidenciales y las condiciones que acordarían ambos bandos.

Luego de realizarse, 19 países de la Organización de Estados Americano (OEA) desconocieron las elecciones. Lo mismo hicieron las naciones que conforman de la Unión Europea. Ambas instituciones argumentaron su decisión por la falta de garantías democráticas al momento de los comicios. Sin embargo, el oficialismo continuó adelante y espera la llegada de 2019 para la juramentación de Maduro en un nuevo período presidencial.

Requesens está desnudo… Y los represores también

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, se convirtió en el segundo semestre del año en otra víctima del allanamiento ilegal de la inmunidad parlamentaria que ha practicado el gobierno de Maduro contra los miembros clave de la oposición. Sin embargo, su caso sobrepasó el abuso de autoridad y dejó en evidencia a un Estado en el que se viola y humilla a quienes se oponen.

A Requesens se lo llevaron 14 funcionarios del Sebin del edificio en donde vivía, en Terrazas del Club Hípico, en Caracas. El arresto ocurrió el martes 7 de agosto y en ese procedimiento también fue detenida su hermana, Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios FCU-UCV (2017), quien fue liberada poco después.

El parlamentario, en cambio, fue enviado a los calabozos de la sede policial del Helicoide, lugar en donde se grabaron dos videos difundidos en redes sociales: uno, publicado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en el que el diputado confesó haber facilitado el paso fronterizo a Juan Monasterios, presunto implicado en el estallido de dos drones ocurrido durante un acto oficial presidido por Maduro; y otro, donde se ve al arrestado en unos boxers manchados de excremento, mientras se da la vuelta ante una voz que se lo ordena.

Horas después de la difusión de los audiovisuales, familiares de Requesens escribieron a través de su cuenta en Twitter que tales imágenes confirmaban que el parlamentario “había sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”. Más tarde, el mismo asambleísta le comentó a su abogado que no recordaba haber grabado esos videos.

“Esta es la actuación de un Estado que no es democrático, donde la arbitrariedad se ha convertido en la norma (…) y que la Asamblea Nacional Constituyente se abrogó una tarea para la cual no tiene facultades en nuestra Constitución, como es la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens”, denunció entonces, ante cámaras, el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.

Para el momento en el que todo esto sucedió, Requesens ya llevaba dos días y medio detenido y la situación continuó hasta casi una semana después cuando, en violación al debido proceso, fue presentado ante tribunales con más de 80 horas de retraso, sin que sus parientes pudieran verlo o hablarle. Este encuentro fue solo posible 40 días después del arresto.

Al diputado le imputaron los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y  traición a la patria. Defensores en derechos humanos han calificado lo sucedido como una muestra de “terrorismo de Estado”, es decir, una práctica oficial que busca manipular a la población a través de la generación del miedo y el terror en la sociedad.

Requesens sigue preso.

Albán y las ventanas del piso 10

El misterio sobre la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, continúa cuatro meses después de haber ocurrido. Su cuerpo cayó desde el piso 10 del edificio del Sebin en Plaza Venezuela y mientras el gobierno aseguró que se trató de un suicidio, dirigentes de oposición señalaron que fue un homicidio. Julio Borges, el ex presidente de la Asamblea Nacional que hoy está en el exilio, afirmó que lo lanzaron luego de matarlo.

Las versiones oficiales sobre el hecho se difundieron antes de que se practicara una autopsia al cadáver y fueron tanto diferentes como inconsistentes. Mientras que el fiscal general Tarek William Saab dijo que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, apuntó que el concejal se tiró desde un ventanal de la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales. Sin embargo, ex presos políticos y fuentes del cuerpo de seguridad confirmaron a Runrun.es que ningún prisionero está sin custodia en ese piso, ni siquiera cuando va a los sanitarios.

El suceso provocó que distintas organizaciones internacionales y diplomáticos se pronunciaran sobre el caso: desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la secretaría general de la OEA, hasta representantes de la Unión Europea y de gobiernos de países como Estados Unidos y Argentina. En Venezuela, el reclamo lo hicieron desde defensores de derechos humanos hasta la Arquidiósecis de Caracas.

Albán fue el tercer preso político que murió en custodia del Sebin. Lo antecedieron Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil que estuvo asociado a las protestas antigobierno de 2014 y a quien encontraron ahorcado en su celda de El Helicoide; y Carlos Andrés García, concejal del municipio Páez de Apure, que fue detenido en medio de las protestas de diciembre de 2016 tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares y murió al no recibir atención médica luego de haber sufrido varias crisis de tensión y un accidente cerebrovascular.

Aunque no se ha imputado a ningún funcionario por la muerte de Albán, el jefe del Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo poco después del suceso.

Un mal llamado reconversión monetaria

No hubo ningún economista reconocido en Venezuela que le diera un espaldarazo a esta decisión del gobierno de quitarle cinco ceros a la moneda sin tomar conjuntamente medidas para frenar la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de 2017. En lugar de comenzar “un gran proceso histórico de recuperación económica”, tal como lo prometió Maduro, la medida devastó el bolsillo ya ahuecado del venezolano.

La reconversión monetaria y el consecuente aumento de salarios impulsó todavía más el ascenso acelerado de los precios. Según las cifras publicadas por el Hambrómetro, provenientes de una firma de análisis económico, el costo de la canasta alimentaria básica se triplicó en los dos meses posteriores a la salida del nuevo cono monetario, cuyo billete de más alta denominación (500 bolívares soberanos) solo sirve a finales de 2018 para comprar seis huevos.

El efecto en la hiperinflación contribuyó incluso a que el dólar perdiera valor adquisitivo en el mercado venezolano. Según un informe de Econométrica publicado en noviembre, luego del aumento de salario mínimo decretado a raíz de la reconversión monetaria –subió 6.000 % en cuestión de horas (pasó de 30 a 1.800 Bs. S.)- ”algunos agentes económicos tuvieron que vender una mayor cantidad de divisas para hacer frente a sus obligaciones”. Hoy, con el más reciente incremento salarial, que lo situó en 4.500 Bs, solo pueden adquirirse cinco hallacas.

Mientras Maduro comió en 2018 el plato frío de la venganza, más de 3 millones de venezolanos emigraron para intentar alimentarse mejor.

Liberan a tres presos políticos detenidos en la “Operación Gedeón II”

Alfredo Romero y los familiares de los detenidos se mantuvieron en las inmediaciones de los tribunales militares

TRES PRESOS POLÍTICOS QUE SE ENCONTRABAN DETENIDOS tras la Operación Gedeón II  realizada por el Ejecutivo nacional fueron liberados en horas de la tarde del viernes, anunció el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.

A través de sus cuentas de Twitter e Instagram (@alfredoromero), el abogado señaló que los presos excarcelados son “Stefanie Chávez, Erick Suárez y Pedro Urbina”.

A través de otro tuit, informó que las otros siete personas encarceladas por la misma causa, se mantendrán privados de libertad.

 

Gedeón II

La Operación Gedeon II fue un operativo implementado por el Ejecutivo Nacional el mes de abril cuyo resultado fue anunciado el 18 de abril por el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

La operación habría logrado la desarticulación de una supuesta célula terrorista.

Entre los detenidos por esa acción se encuentran Vasco Da Costa, Alonso José Mora, Érick Anderson Villaba, Stephanie Madelein, José Luis Santamaría Vargas, Pedro Rafael Urbina, Ricardo David Cayama Centeno, Régulo José García Castro, Fraviel Bello González y Luis Felipe Leal Fernández, además se encuentra solicitada Mayra Isabel Rodríguez Briceño.

Esta operación parece ser el seguimiento del operativo realizado en El Junqiuito el 15 de enero de 2018 en el que fueron asesinados Oscar Pérez y siete de sus acompañantes, además de dos funcionarios del grupo FAES de la PNB, organismo que se encargó del ataque.

Esa operación fue denominada por el gobierno como la Operación Gedeón.

FOTOS | A seis meses de la masacre de El Junquito, así luce la casa donde asesinaron a Óscar Pérez

 

Este domingo 15 de julio se cumplen seis meses de la muerte de Óscar Pérez y sus aliados, José Pimentel, Daniel Soto, Abraham y Jairo Lugo, Abraham Agostini y Lizbeth Ramírez, en El Junquito durante la Operación Gedeón, por lo que la diputada Delsa Solórzano compartió, a través de sus redes sociales, fotografías de cómo luce en la actualidad la casa en la que se atrincheraba el grupo.

La también presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) reiteró que luego de la investigación realizada se puede “concluir que hubo una MASACRE, que los ciudadanos asesinados estaban ‘rendidos’, que hubo uso desproporcionado de la fuerza, que se utilizaron armas de guerra contra civiles, que se destruyeron evidencias”.

Solórzano informó también que fue remitido un informe de lo ocurrido a instancias internacionales, entre ellas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Criminal Internacional.

 

*Fotos Delsa Solorzano

Reverol anuncia desarticulación de “célula terrorista” que planificaba operaciones de “desestabilización”

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció este miércoles, 18 de abril, la ejecución de la “Operación Gedeón II”, la cual desmanteló una supuesta célula terrorista “que planificaba operaciones para atentar contra el orden interno” y estaba integrada por al menos 12 personas. Explicó el ministro que tal operativo consecuencia de las investigaciones realizadas luego de la primera Operación Gedeón en la que fue asesinado el piloto disidente Oscar Pérez y seis integrantes del grupo que lo acompañaba.

Entre los detenidos se encuentran Yorfrán Quintero, alias “Collar”, de 28 años de edad, capturado el pasado 15 de abril en el municipio Chacao, quien tendría como objetivo colocar explosivos en diferentes sedes de poderes públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral y la base aérea Francisco de Miranda (La Carlota), con el fin de sembrar zozobra en la población.

Dijo además que se evidenció que Quintero prestó servicio militar en la GNB  y sería el autor de los ataques con explosivos realizados en los alrededores de la Plaza Altamira en el año 2017.

Informó que se realizaron allanamientos en Los Teques, específicamente en “un centro de captación y entrenamiento donde se logró la detención de tres personas”, quienes presuntamente eran “ miembros activos de la resistencia de choque e insurgencia”.

En Los Teques fueron arrestados Alonso José Mora Alfonso (33), Erick Anderson Villalba Suárez (20) y Stefanie Madeleine Chávez (20)

El ministro aseguró además que Vasco Manuel Da Costa Corrales, quien fue detenido el pasado lunes en su residencia, era el “líder de estas células terroristas y financista de las operaciones” además señaló que la información aportada por Da Costa permitió la recuperación de un arsenal que se encontraba oculto.

Reverol recordó que Da Costa, quien había sido liberado el año pasado, “tiene antecedentes por estar vinculado en las guarimbas del año 2014, y estaba relacionado con el detenido Isaías Baduel”

Dijo que tras ser sometido a interrogatorios, Da Costa los llevó a la Quinta Vista Hermosa, en donde bajo tierra se encontraron municiones (…) Fueron incautados más 3 mil cartuchos 7 mm, metro y medio de mecha lenta para explosivo, 1 pistola calibre 9 mm con 6 cartuchos sin percutir, solicitada por el delito de hurto”.

En este allanamiento fueron detenidas otras seis personas identificadas como José Luis Santamaría Vargas (46), Pedro Rafael Urbina Rosales (37), Régulo José García Castro (25) y Luis Felipe Leal Fernández (33), así como dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, “quienes recibían instrucción y entrenamiento para posteriormente ser desplegados y planificar actos desestabilizadores y evitar las elecciones presidenciales del 20 de mayo”.

Reverol anunció la detención de Carlos Aristimuño (60) en el municipio Chacao, quien habría “sido contratado por la célula terrorista como instructor de diferentes cursos dirigidos al grupo de choque e insurgencia”.

Además dijo que se emitió una orden de captura internacional contra María Isabel Rodríguez Briceño (60) a quien señaló de ser financista de “los grupos de exterminio”.

 

 

Interactivo | Ellos son los detenidos por el caso de Óscar Pérez
Runrun.es explora las historias de quienes han sido arrestados por sus supuestos vínculos con el piloto rebelde. Mientras que la ONG Foro Penal Venezolano asegura que existen alrededor de 21 detenidos, la comisión de la AN que investiga la causa, señaló que estos ascienden a 31

 

@loremelendez

JUSTO ANTES DE PRONUNCIAR LOS NOMBRES de las víctimas de la Masacre de El Junquito – el ataque por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet privado en donde se escondía el piloto rebelde, Óscar Pérez, con seis de sus aliados – el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, reveló que previo al suceso habían sido apresadas seis personas que supuestamente formaban parte de esa “célula terrorista” que pretendía la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la información quedó incompleta: se habían hecho muchos más arrestos de los que él reconocía.

Antes, durante y después de los hechos del pasado 15 de enero, se ejecutaron una serie de detenciones a civiles y militares que supuestamente estaban vinculados a Pérez y su grupo. A muchos de ellos se les practicaron allanamientos ilegales, se les torturó y se les mantuvo en cautiverio sin informar a sus familiares a dónde habían sido trasladados, tres acciones que violan los derechos humanos y civiles contemplados en la Constitución venezolana.

Lee más: Interactivo | Caso Óscar Pérez: Las historias detrás de los caídos durante la “Operación Gedeón”

A través de búsquedas e informaciones provenientes de Foro Penal, Runrun.es pudo elaborar una lista de 26 detenidos por el caso. El número es mayor al que presentó la ONG el pasado jueves, 25 de enero, pero menor que el revelado por la diputada Delsa Solórzano, miembro de la comisión de la Asamblea Nacional que investiga el suceso denominado “Operación Gedeón”, quien aseguró que la cantidad de apresados superaba los 30.

Para conocer cada una de las detenciones, ponga su dedo o cursor sobre cada uno de los puntos azules que se despliegan en la siguiente infografía:

 

Lea también: Colectivo Tres Raíces: “Ha muerto el león más feroz del 23 de Enero”
¿Operación Gedeón o Masacre de El Junquito? Una aproximación legal

Jesús Loreto | @LoretoJA

HACE MUY POCO TUVO LUGAR un hecho al que muchos han decido llamar “La Masacre de El Junquito”. Sin duda estamos ante un acontecimiento de enorme repercusión aunque la volatilidad del acontecer nacional hará que, en breve, olvidemos lo que el gobierno nacional llamó “Operación Gedeón” y su lamentable resultado de nueve personas fallecidas, entre ellas el exinspector del CICPC, Óscar Pérez y dos funcionarios policiales. No sólo se trata de un fallido operativo judicial, sino también de los sucesos vinculados al manejo de los cadáveres, en razón de lo cual resulta oportuno enumerar las normas legales que pudieran ser aplicables a esos hechos para, entonces sí, hablar de masacre.

Recordemos que el Ejecutivo Nacional, a través de una rueda de prensa del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y luego de algunos dirigentes oficialistas -que no son policías o fiscales-, dieron a conocer aspectos vinculados a la “Operación Gedeón” sobre la cual la Fiscalía General de la República aún no ha emitido un comunicado oficial. La difusión de información, la revelación de detalles sobre el procedimiento y la participación de personas ajenas a los organismos de prosecución penal, merecen ser analizados a la luz de la legislación procesal penal:

  1. La dirección de la investigación penal, específicamente ordenar y supervisar a la policía, es una atribución del Ministerio Público (Artículo 285 de la Constitución Nacional y 111 del Código Orgánico Procesal Penal [COPP]).
  1. La policía puede realizar diligencias de investigación, pero siempre bajo la dirección del Ministerio Público, de manera que cualquier información que obtenga deben darla a conocer a la fiscalía o al tribunal de la causa en un lapso menor a 12 horas. (Artículos 114, 115 y 116 del COPP)
  1. Los funcionarios policiales, tienen expresamente prohibido informar a terceros sobre las diligencias que practiquen, de sus resultados y de las ordenes que reciben en el marco de una investigación (Artículo 117 del COPP).

Ahora bien, tenga presente que de acuerdo a la versión oficial las 9 personas que fallecieron durante la ejecución de la “Operación Gedeón” habrían muerto debido a un enfrentamiento provocado por un ataque “artero y mal intencionado” de Óscar Pérez y su grupo. Es decir, la conclusión apresurada es que los funcionarios policiales murieron en el cumplimiento del deber y fueron asesinados por los imputados. Dicho esto, es preciso indagar sobre la planificación del procedimiento policial, pero por sobretodo, acerca del objetivo de la “Operación Gedeón”. En este sentido merece la pena hacer alusión a lo que establece el artículo 119 del COPP:

  1. La policía de investigaciones penales tiene el deber de detener a los imputados contra quienes se haya dictado una orden de captura.
  2. El uso de la fuerza para ejecutar la detención es excepcional y debe ser proporcional a la resistencia que oponga el imputado.
  3. El uso de armas está expresamente prohibido, excepto para proteger la vida o la integridad de las personas.
  4. El uso de armas está destinado a conseguir la captura de los imputados, por lo que el uso de armamento de guerra es cuestionable.

Lo anterior invita a preguntarse por qué no pudieron capturar a Óscar Pérez y a su grupo pues previamente, y en contradicción a la versión oficial, Pérez difundió unos videos en los que se le ve a él y al resto de los miembros de su grupo, armados, ensangrentados y diciendo que estaban dispuestos a entregarse. Adicionalmente, se puede ver en las imágenes a una mujer y se oye cuando se dice que en el lugar hay civiles y que las personas que allí se encontraban temían ser asesinadas. El desenlace fue fatal, murieron por igual policías y presuntos delincuentes, de manera que esas muertes deben ser sometidas a un profundo escrutinio, a propósito de cual podemos señalar lo obvio:

  1. El que mate a una persona intencionalmente merece pena de presidio hasta 18 años (Artículo 405 del Código Penal)
  2. El que haya matado a una persona por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones debe ser castigado con prisión de hasta 5 años (Artículo 409 del Código Penal)

Es evidente entonces que las contradicciones entre la versión oficial y los videos difundidos por redes sociales generan tres grandes y muy evidentes interrogantes que deben responderse en el marco de una averiguación penal sobre la ejecución de la “Operación Gedeón”: (i) ¿Quiénes son los asesinos?; (ii) ¿Quiénes fueron las víctimas?; y (iii) ¿Los homicidios fueron intencionales o accidentales?

En cualquier caso, lo que luce incuestionable es que sí hubo un asesinato. Sin embargo, para determinar la identidad de los autores y de las víctimas, además de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar este homicidio debió atenderse también a ciertas normas. Veamos:

  1. En caso de muertes violentas, el levantamiento del cadáver en el lugar del deceso debe realizarse con el auxilio de un médico forense, quien debe realizar una inspección corporal preliminar en el sitio, describiendo la posición y ubicación del cuerpo, además de una evaluación de las heridas (Artículo 200 del COPP).
  1. El levantamiento de los cadáveres y la inspección del sitio debe ocurrir en presencia de los habitantes del lugar y de ello debe ser notificado el Ministerio Público (Artículo 186 del COPP)
  1. Las características y la naturaleza de las autopsias practicadas hacen imposible que puedan reproducirse posteriormente en un hipotético juicio, por lo que debieron realizarse ante un juez y en presencia de los familiares y abogados de todos los fallecidos (Artículo 289 del COPP)

Dicho de otra forma, la verdad será creíble y se podrá hablar de justicia en tanto y en cuanto la averiguación se desarrolle en el marco de ciertas normas, de allí que debe hacerse alusión al revuelo que ha causado en la opinión pública el manejo de los cadáveres y la manera como se llevaron a cabo los sepelios de los fallecidos y su inhumación.

El aspecto central del cual debe partir toda averiguación de homicidio es precisamente el cuerpo sin vida de la víctima, pues a través de una autopsia bien realizada se puede obtener certeza científica sobre cómo, cuándo y dónde tuvo lugar la muerte. Los bochornosos hechos relacionados con los funerales y el entierro de las víctimas no tienen razón de ser desde el punto de vista de la investigación penal, por lo que sólo puede especularse. En ese sentido deben tenerse presente tres normas del Código Penal:

  1. El que impida una ceremonia religiosa para ofender algún culto establecido licitamente en la República, enfrenta una pena de hasta 15 meses de arresto. (Artículo 167 del Código Penal)
  2. Los actos de profanación en el cadáver de una persona acarrean hasta 20 meses de prisión. (Artículos 171 y 172 del Código Penal)
  3. Ayudar a eludir las averiguaciones por la comisión de un hecho punible merece pena de hasta 5 años de prisión. (Artículo 254 del Código Penal)

La verdad de lo ocurrido está y ha estado ante todos los que hemos visto con estupor lo que sucedió. Sólo resta rescatar la verdad con rigor científico y luego aplicar la ley con sentido de justicia.

 

Colectivo califica de

heykervasquez_tresraices

El “Movimiento Popular 7 de Octubre” hizo circular entre sus contactos un comunicado que califica a la “Operación Gedeón” – hecho en el que murió Óscar Pérez junto a seis de sus aliados – como una “masacre”, y que indica que Heyker Vásquez, uno de los dos integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que cayó en el operativo, fue “sacrificado” durante el suceso.

Vásquez, quien también era líder del colectivo Tres Raíces, es mencionado como un “combatiente revolucionario” y su muerte es comparada en el documento con la de Juan Montoya, el coordinador del Secretariado Revolucionario (una coalición de grupos armados pro gobierno) que fue asesinado el 12 de febrero de 2014 por un miembro de su colectivo, y con José Odreman, la cabeza del Colectivo 5 de Marzo que fue ejecutado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en octubre de ese mismo año.

Aunque una imagen que circuló del cadáver de Vásquez indica que, por las características de la herida de bala que recibió fue atacado a sus espaldas, el vice presidente de Tres Raíces, Eudi Otaiza, aseguró que el disparo lo recibió de frente por parte de los “terroristas”, cuando iba a combatirlos dentro del chalet en donde se escondían.

La versión de Diosdado Cabello, diputado y primer vicepresidente del PSUV, difiere de este señalamiento y añade que Vásquez estaba negociando con Pérez y su equipo cuando, al acercarse a la vivienda, lo balearon.

De acuerdo con el comunicado, que critica la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, en el suceso nunca hubo intención de establecer un mecanismo de mediación que permitiera que los rebeldes, comandados por Pérez, salieran con vida de la emboscada. Para el Movimiento, el hecho fue la “expresión de un comportamiento fascista” que pretendía enviar un mensaje desde el Ejecutivo: quien lo enfrenta, se muere.

“No se le dio tiempo a la negociación, no se quería negociar, no se querían vivos. Se dio la orden de asesinarlos porque se necesitaba una acción ejemplarizante”, apunta el comunicado.

El “Movimiento Popular 7 de Octubre” se define como una coalición de colectivos “de trabajo revolucionario”. Su nombre proviene de la fecha de los sucesos de Quinta Crespo, ocurridos en octubre de 2014, donde Odreman y otro miembro de su colectivo, Maikol Contreras, murieron a manos del Cicpc en el edificio Manfredir, en la avenida Baralt de Caracas.

Aquí el comunicado completo:

PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO 7 DE OCTUBRE ANTE LOS HECHOS DE LA MASACRE DE EL JUNQUITO

(Todos los integrantes del Movimiento Somos de Izquierda Revolucionaria Radicales)           

*Masacres: Señal Inequívoca de la caída de Gobiernos*

La primera masacre de nuestra Quinta República fue la de Quinta Crespo, donde asesinan cobardemente a nuestros hermanos combatientes José Odreman y Maikol Contreras.

No conocimos a Oscar Pérez ni a nadie de su grupo. No compartimos su ideología  (que aparentaba ser de derecha) ni los métodos foquistas que asumieron estos ciudadanos. Por sus videos nos parecía un joven con mucho show y preparación mediática, con posturas de poca profundidad ideológica y muchas consignas. Llegamos incluso a valorar la posibilidad de que fuese creación del propio Gobierno. Luego nos enteramos, por la vía de una vieja amiga, que a uno de sus familiares, una persona que Oscar Pérez conocía, lo habían detenido y torturado ferozmente para tratar de ubicarlo. La única vinculación que tenía esta persona con Oscar Pérez es que ambos eran masones. También nos enteramos que detuvieron a varias personas que trabajaron con él en una película, entre ellos a un fotógrafo de Santa Rita, Aragua. Luego vimos afiches pegados en alcabalas donde se decía que Oscar Pérez era un asesino, a pesar de que en ninguna de las operaciones que hizo hubo algún asesinato. A estas alturas comenzamos a pensar que no podía ser una creación del Gobierno por el nivel de despliegue que se estaba haciendo con allanamientos, inclusive en nuestra parroquia combativa del 23 de enero y la furia con la cual estaba actuando el Gobierno.

Somos de izquierda, con trayectorias revolucionarias y expresos políticos, porque la izquierda mundial defiende la democracia, la vida, las ideas, el respeto a los DDHH, el respeto a las mayorías populares, la justicia social. Son principios irreductibles del pensamiento de izquierda y progresista en general.

Cuando el gobierno de Luis Herrera Campins, ese 4 de octubre de 1982 ejecutó el despliegue militar por tierra y aire en Cantaura contra un campamento guerrillero, toda la izquierda y organizaciones de DDHH alzaron su voz y calificaron de masacre este hecho, entre otras razones, por el uso desproporcionado de la fuerza. Todos los años se reúnen en Cantaura sectores de izquierda para conmemorar esta fecha.

Cuando el 6 de noviembre de 1985, el ejército colombiano inició la incursión en el Palacio de Justicia de Colombia en contra de la operación realizada por el M19, con el trágico saldo de 103 personas muertas. También allí, la izquierda latinoamericana condenó el hecho como una masacre.

En 1989, frente a la aplicación de un paquete neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez que disparó los precios de los alimentos y el aumento del pasaje, el pueblo venezolano se lanzó a las calles a saquear los comercios. En ese momento, la decisión del Gobierno fue sacar el ejército a la calle y ametrallar a miles de ciudadanos para luego meterlos en fosas comunes.

Cuando Fujimori ordenó el 22 de abril del 1997 la incursión armada a la residencia del embajador de Japón y en la misma se ajusticiaron a los militantes del MRTA que tenían tomado el edificio, toda la izquierda latinoamericana se pronunció condenando el hecho.

Recuerdo también que cuando Uribe introduce las acciones paramilitares en Colombia, todos los tratados de guerra, como el estatuto de Roma, fueron violentados. A las guerrilleras las violaban y a los guerrilleros apresados los torturaban y asesinaban. Así actúa la derecha en el poder.

Hace varios años, un profesor de la UCV, exiliado chileno y buen amigo, me decía “una de las diferencias de la violencia que administramos los revolucionarios a la violencia que ejecutan las policías, paramilitares, etc, es que nosotros respetamos la vida”, y me ponía como ejemplo el atentado que el 7 de septiembre, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizara al dictador Augusto Pinochet, en el que quedan heridos varios de sus escoltas. El FPMR no ajustició a ninguno de ellos.

Cuando en 2004 se detectó la presencia de 135 paramilitares, se realizó un operativo de disuasión y negociación que trajo como consecuencia la detención, sin un solo tiro, de los paramilitares. Toda esta operación fue coordinada por el presidente Chávez y dirigida por el general Miguel Rodríguez Torres. Luego, Chávez perdonó los delitos y devolvió a esos jóvenes a Colombia. Así actúa la izquierda en el poder.

Dicho esto, para una persona de izquierda queda bien claro que nosotros militamos en la vida, en el respeto mas profundo a la humanidad. Las acciones de ajusticiamiento extrajudicial, venganzas, torturas, tratos crueles a prisioneros, adversarios, políticos, disidentes o combatientes rendidos no solo son inaceptables, sino claro símbolo de prácticas fascistas.

Lo ocurrido ayer en El Junquito, en donde un grupo insurrecto (es decir, alzados contra el Gobierno y movidos por ideales políticos) de 10 jóvenes miembros de organismos de seguridad, luego de haber anunciado públicamente su rendición y estar negociando las condiciones de su entrega (pidiendo las mismas condiciones que exigió Chávez en el 92: fiscales y medios), son atacados con lanza cohetes anti tanques, con explosivos y con cientos de hombres elites, sin haber agotado los procedimientos de negociación en este tipo de situaciones (que hasta días podría haber durado), es un mensaje claro del gobierno a cualquier revolucionario que no defienda lo indefendible, o civil o militar que decida desafiarlo: quien nos enfrenta se muere. Pero es, en última instancia, la clara expresión de un comportamiento fascista del sector del gobierno que dirigió esa operación. No se le dio tiempo a la negociación, no se quería negociar, no se querían vivos. Se dio la orden de asesinarlos porque se necesitaba una acción ejemplarizante.

El Gobierno tratará de huir hacia adelante diciendo que ellos abrieron fuego primero, lo cual a todas luces es descontextualizado porque nadie negocia disparando ni entregando las armas. Si se negocia, se mantienen distancias y cuando se llegan a acuerdos, se produce el desarme. Si hubo muertos en medio de la negociación, es que estaban tratando de incursionar las fuerzas externas. Si se hubiese apostado realmente a la negociación, ni un solo muerto tendríamos que lamentar. Quizás algunos funcionarios afuera querían negociar y otros querían asesinar. Pronto se sabrá qué ocurrió afuera realmente. También tratarán de confundir vinculando a los insurrectos con personalidades nacionales para que los no experimentados en política salgan corriendo detrás del palo y distraigan la atención del hecho central: el gobierno de Maduro realizo nuevamente otra masacre.

Ya ha habido bastantes señales de profunda descomposición ética y política de este gobierno. Sin embargo, jamás creímos que serían tan gorilas como para hacer algo que los expusiera en su plena condición reaccionaria. Jamás creímos que harían una masacre públicamente como la primera que fue en Quinta Crespo contra nuestros compañeros de lucha Odreman y Maikol (porque las OLP son masacres sin medios). Ayer (el 15 de enero), se traspasaron todos los límites de las zonas confusas, de la permisividad ética, de la elasticidad de los principios. Ayer, el gobierno demostró su militancia en el abuso, en el autoritarismo, en la soberbia y mandó un mensaje con su muerte colosal. Ayer se demostró que no hay constitución ni garantías al derecho mas importante de todos, el derecho a la vida. La constitución es el gobierno. Luego, hay que preguntarnos ¿Quiénes nos están gobernando?, ¿qué mecanismos legítimos y reales le quedan a la sociedad para controlar a este gobierno que perdió toda capacidad de autoregulación? ¿acaso si llega a haber un estallido social como en 1989, El Caracazo, este Gobierno también ordenara ala FAN que se ametralle al Pueblo como lo hizo CAP? Y que muchos de estos militares que están en el Alto Gobierno salieron a ametrallar a nuestro pueblo desarmado en el Sacudón del 89.

Los hechos de El Junquito también comprueban que este gobierno está actuando con mucho miedo a su caída, con pánico, porque si se sintiese fuerte hubiese negociado con este puñado de jóvenes rodeados y sin mayor incidencia orgánica o programática en las masas. Siente esta pequeña dirigencia que se les acaban las alternativas, que la mayoría del pueblo ya no cree sus mentiras, que su salida inevitable del gobierno hará público cosas muy oscuras que los condenará. Por eso están dispuestos a todo, incluso a sacrificar al pueblo, y como les pasó a nuestros combatientes revolucionarios: Danilo Anderson, Juan Montoya ( Juancho), Jose Odreman, Maikol Contreras, Eliézer Otaiza, a Robert Serra y, ahora, Heiker Vásquez, a quien sacrificaron en esta nueva masacre y a los valores humanos más elementales.

Pero de todo esto, lo que nos deja sin palabras, no es que la lógica mafiosa haya tomado control de los hechos del 15 de enero en El Junquito, sino el silencio que han guardado cientos de “camaradas” que históricamente lucharon en contra de las masacres, que entienden perfectamente la diferencia del ejercicio de la violencia de la izquierda y el de la derecha, que se les hace imposible justificar tan grotesco hecho. Allí está el naufragio ético más desconcertante para el pueblo.

Pero después de los hechos de ayer, ya no puede haber ingenuos de izquierda, confundidos de la vieja guardia, “guerrilleros” luchando internamente, internacionalismo solidario automático. Esto rebasó todos los limites y exige pronunciamientos claros. O se está con el respeto a la vida, a la libertad de disentir, a la justicia, o se esta con la muerte, con el atropello, con el abuso, con la injusticia.

Podemos fallar como amigos, como padres, como hijos, como vecinos, como militantes de izquierda revolucionaria de causas justas, pero no podemos fallar como seres humanos. Es hora de pronunciarnos en defensa de la vida.

Movimiento Popular 7 de Octubre ​​

JUANCHO VIVE, ODREMAN VIVE, MAIKOL VIVE, HEIKER VÁSQUEZ VIVE CARAJO

Entierran sin consentimiento de familiares a dos de las víctimas de operación que mató a Óscar Pérez

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Foto: El Pitazo

Los cuerpos de dos de los caídos durante la “Operación Gedeón”, que mató al piloto rebelde Óscar Pérez y a seis de sus compañeros, fueron enterrados en el Cementerio del Este, en Caracas, durante la mañana de este sábado 20 de enero, luego de que los sacaran y trasladaran desde la sede principal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en la capital venezolana (morgue de Bello Monte) hasta el camposanto ubicado en el municipio El Hatillo, sin permiso de los familiares.

Los parientes de Abraham Agostini Agostini y José Alejandro Díaz Pimentel denunciaron que no les permitieron hacer los actos velatorios y que los obligaron a sepultarlos sin la presencia de más allegados.

Tras el traslado de los féretros, el Cementerio del Este fue tomado por efectivos de la Guardia Nacional que impidieron el paso de familiares, dolientes, políticos y medios de comunicación que se intentaron llegar hasta el lugar en donde estaban las fosas.

Horas después, los congregados pudieron arribar al sitio. Desplegaron banderas de Venezuela y gritaron consignas a los caídos, a quienes consideran héroes.

Los cadáveres de cuatro de las víctimas, Lisbeth Andreína Ramírez, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos y Daniel Soto Torres permanecían, hasta el mediodía de este sábado, en la morgue de Bello Monte a la espera de ser trasladados en un helicóptero militar a los estados en donde están sus familiares: Táchira y Zulia.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, familiares de Óscar Pérez desconocían si seguía en la morgue.