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OEV rechazó cambios parciales en el calendario electoral

 

Observatorio Electoral Venezolano (OEV) emitió un comunicado rechazando los cambios realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al cronograma electoral y asegura que estos anuncios no alteran la esencia ñas condiciones dadas para estas elecciones.

El Observatorio explica que, a mitad de camino para las presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó nuevos cambios que presuntamente mejoran las condiciones electorales argumentando además que los mismos derivaban de los supuestos (negados por la MUD), alcanzados en Santo Domingo, postergando los comicios presidenciales y retomando las postergadas elecciones para escoger a los miembros de los Consejos Legislativos Estadales y las Cámaras Municipales. 

A juicio del OEV, aunque se argumenta que con esta decisión se alarga el lapso de la elección presidencial 28 días, ese plazo adicional se queda corto respecto a los seis meses requeridos de acuerdo a la propia experiencia venezolana. Agrega que los anuncios y publicaciones del cronograma a cuenta gotas perjudican a los contendientes del oficialismo, porque nunca tienen un horizonte cierto que les permita prepararse políticamente y organizarse logísticamente.

Del mismo modo, el comunicado destaca que no puede dejarse de lado que las peticiones más relevantes para mejorar realmente las condiciones electorales, planteadas en el diálogo en República Dominicana, no se incluyen en el acuerdo, como por ejemplo el atropello a los derechos de la participación política: inhabilitación de dirigentes políticos y partidos, entre ellos la MUD.

“Adicionalmente, se incurre en la violación del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual establece expresamente que las elecciones municipales no pueden ejecutarse conjuntamente con elecciones del Poder Público Nacional, y llevarlas a cabo supone esfuerzos logísticos y técnicos por parte del CNE, así como una compleja tarea por parte de las agrupaciones a fin de escoger candidatos y hacer campaña, actividades ambas que no se pueden realizar adecuadamente en tan corto tiempo. En suma, dos meses y 19 días no alcanzan para este tipo de procesos”, afirma el comunicado.

“Igualmente, aunque se aprobó reabrir el Registro Electoral otros diez días, hasta el 10 de marzo, resulta difícil que ello permita votar a los venezolanos que radican en el exterior y aún no se han inscrito porque las condiciones ilegalmente impuestas en relación a la solicitud de requisitos adicionales no contemplados en la legislación vigente, tales como la residencia, terminan por contrariar este dictamen. En lo que respecta al registro de potenciales electores residentes en el país, el CNE debería redoblar capacidades y esfuerzos para motivar a que se inscriban quienes aún no lo han hecho”, agrega el documento.

Finalmente, el Observatorio Electoral Venezolano “considera que los anuncios realizados por el CNE, así como el acuerdo suscrito por algunos sectores políticos asoman cambios que en realidad no modifican sustancialmente las condiciones de participación de cara a las próximas elecciones, convertidas en una megaelección. Las modificaciones anunciadas no alteran la esencia de las reglas de juego, mantienen el ventajismo a favor de una de las partes, además de no permitir la realización de un proceso cuyos resultados sean confiables.”

*Con información de Prensa OEV

WSJ: Cómo el Gobierno cambió los votos a su favor en el estado Bolívar

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Oficina electoral regional del estado de Bolívar, donde la oposición dice que los votos fraudulentos se registraron manualmente en el sistema.
FOTO: ANATOLY KURMANAEV / THE WALL STREET JOURNAL

 

Aires Pérez Rodríguez viajó en canoa durante tres horas para entregar los recibos en papel que muestran un total de 225 votos emitidos para el gobernador del estado en El Casabe. Luego se los pasó a su tía, quien los condujo otros 150 millas hasta la capital del estado de Bolívar.

Sin embargo, cuando el recuento oficial se publicó días después de las elecciones del 15 de octubre, hubo 471 votos adicionales para el candidato del gobierno. No fue solo el Sr. Pérez, el representante electoral de la oposición, quien lo notó. El propio supervisor electoral del Partido Socialista en El Casabe también se dio cuenta.

“Esto es ilegal”, dijo Luciano Mendoza, el supervisor del CNE, quien le mostró a The Wall Street Journal los comprobantes de las máquinas de votación que contaban apenas un tercio de los votos de la aldea según lo informado por las autoridades electorales más tarde. “Dicen que traen justicia, pero lo que hacen es cometer fraude”.

Las pruebas del Sr. Pérez llevaron a los funcionarios de la oposición en Ciudad Bolívar a hacer más comparaciones de los recibos de votación con una cuenta oficial en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. En total, en los registros revisados  descubrieron que se agregaron más de 2.500 votos en todo el estado, cambiando el ganador de las elecciones estatales de Bolívar del candidato de la oposición -que figura brevemente como el ganador en el sitio web del Consejo Electoral- al candidato del Gobierno. El ganador declarado, Justo Noguera, un general de la Guardia Nacional que nunca ocupó un cargo político, asumió el cargo dos días después en una ceremonia sorpresa a medianoche.

 

 

“Aquí hay una manipulación clara”, dijo Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, un grupo no partidista en Caracas que sigue las elecciones después de examinar los comprobantes de las máquinas de votación que la alianza opositora publicó en línea. “Los resultados fueron alterados para permitir que el candidato perdedor sea declarado ganador”.

 

Bolívar fue uno de los 18 de los 23 estados venezolanos que el partido gobernante ganó en las elecciones del mes pasado y el único en el que ha surgido evidencia de fraude electoral. Una coalición de partidos de la oposición impugna algunos de esos resultados, alegando procedimientos de votación injustos.

La secuencia en El Casabe proporciona una mirada rara sobre cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro intenta garantizar su supervivencia política en medio de una crisis económica sin precedentes definida por la hiperinflación, la escasez de alimentos y el colapso de los servicios públicos, dicen grupos de derechos humanos y activistas de la oposición. Dicen que es un mal precedente para la  elección fijada para el mes de diciembre para elegir a 335 alcaldes en toda Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su administración, dice que Maduro está desmantelando las instituciones democráticas y cediendo más poder a los militares.

Los funcionarios de la oficina del gobernador de Bolívar y el gobierno de Maduro no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco han comentado públicamente sobre el asunto. No han cuestionado la autenticidad de 13 comprobantes de las máquinas de votación del estado Bolívar que mostraron una discrepancia.

Aldrin Torres, vicepresidente del Partido Socialista del Congreso estatal de Bolívar, dijo en una entrevista que “si hubo fraude, tienen canales adecuados de apelación a los que recurrir”.

El lunes, el Consejo Electoral incumplió el plazo legal para responder a una denuncia del candidato de la oposición Bolívar, Andrés Velásquez, un activista sindical conocido a nivel nacional cuyo equipo descubrió la evidencia del fraude.

Daniel Prieto, el máximo funcionario del estado boliviano del Consejo Electoral, declinó hacer comentarios y remitió las preguntas a la sede del consejo en Caracas, que no hizo ningún comentario. El general Noguera no respondió a las solicitudes de comentarios.

El estado de Bolívar es una potencia económica donde los militares están tomando un papel principal. Es el hogar de las principales plantas de acero y aluminio del país, la energía hidroeléctrica y los grandes yacimientos de oro y diamantes, por lo que es una fuente vital de divisas para el gobierno con problemas de liquidez.

El general Noguera sucedió a un gobernador del Partido Socialista, otro general retirado. Velásquez amenazó la continuidad representada por la elección del general Noguera, dicen algunos críticos.

“Un candidato de oposición como Velásquez amenazó los intereses comerciales de los militares”, dijo el general retirado Cliver Alcalá, que dirigió el distrito militar de Bolívar hasta 2013, pero desde entonces ha roto con Maduro. “Es por eso que el fraude para mantener el status quo allí era tan obvio, tan desesperado”.

Pero la coalición opositora no se ha unido a la queja de Velásquez debido a divisiones internas, otros problemas nacionales apremiantes y el temor de darle demasiada atención antes de las elecciones presidenciales planificadas, según Luis Salamanca, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela.

El voto en El Casabe ilustra lo que la oposición dice que es un patrón de prácticas electorales sospechosas que comenzó con una votación nacional a principios de este año para elegir a los miembros de una poderosa Asamblea Constituyente. Las autoridades venezolanas manipularon los votos durante ese proceso, de acuerdo con la compañía con sede en Londres que proporcionó el software de votación y las máquinas electrónicas para ello. El gobierno negó la acusación.

La mayoría de los 800 votantes registrados de El Casabe trabajan en remotas minas de oro ilegales, dejando solo una fracción de los posibles votantes diseminados en unas pocas docenas de chozas de madera el día de las elecciones el mes pasado, dijeron docenas de residentes en entrevistas. Eso hizo que los 667 votos que obtuvo Noguera en una participación récord del 85% fuera poco probable.

La mañana después de que los votantes emitieran sus votos, los resultados preliminares estatales publicados por el Consejo Electoral dieron a Velásquez una ventaja de casi 1 punto porcentual con el 97% de las encuestas contadas. Horas después, los resultados del estado de Bolívar desaparecieron del sitio web del CNE sin explicación.

Luego, los militares se movieron para rodear la oficina electoral en Ciudad Bolívar, mientras los soldados cargaban lo que parecían ser las boletas manuales y tarjetas de memoria de las 53 máquinas de votación de las 1.500 que no podían transmitir automáticamente, dijeron testigos, entre ellos Gustavo Lainette, representante de Velásquez ante el Consejo Electoral.

Dijo que los soldados le prohibieron entrar en el edificio, ya que los funcionarios electorales regionales registraron manualmente los resultados restantes en el sistema nacional sin la presencia de sus colegas, como lo exige la ley.

“Los soldados me dijeron ‘este es un evento privado del PSUV’ cuando traté de ingresar”, dijo Lainette.

En El Casabe, los funcionarios electorales le dieron a Noguera nuevos votos ficticios, mientras que en algunas otras ciudades le quitaron los votos a Velásquez, según una comparación de los recibos de votación con los resultados oficiales.

Un residente de El Casabe, José García, dijo que emitió un voto nulo en protesta contra todos los candidatos; sin embargo, el CNE muestra boletas con cero votos nulos para la aldea.

El partido Causa R dijo que las pruebas de fraude han debilitado la confianza en el sistema electoral y se ha unido a otros grupos de la oposición para pedir el boicot de la próxima votación para elegir alcaldes. “Hoy ya no se trata de la gobernación de Bolívar”, dijo José Prat, legislador de Causa Radical para el centro industrial de Puerto Ordaz.

El residente de El Casabe Braulio Méndez, un minero, dijo que votó a regañadientes por el partido gobernante para recibir una bolsa prometida de alimentos subsidiados, pero luego lo lamentó después de enterarse de los resultados. “Todos aquí están descontentos”, dijo.

Traducción de La Patilla

OEV: Solo 5 partidos de 30 han sido validados

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El Observatorio Electoral Venezolano considera como una lesión al pluralismo político del país al proceso de validación convocado por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual solo 5 partidos políticos han sido validados de los 30 que requerían el proceso, dejando a partidos medianos y pequeños sin poder ejercer su identidad política.

El Observatorio añade que esta revalidación “lesiona la democracia y compromete la imparcialidad del CNE al mostrarlo nuevamente como alineado con los intereses políticos del oficialismo”.

La infografía también ilustra hechos importantes que contextualizan las últimas jornadas de validación. Cabe destacar que estos datos no son oficiales puesto que el CNE no ha emitido un boletín al respecto.

Renovación de partidos politicos - 2

Hechos importantes OEV

 

TSJ sentencia contra la democracia: Observatorio Electoral Venezolano

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  • Las decisiones del TSJ usurpan el poder de los ciudadanos al desconocer las funciones de los diputados electos, quienes son sus representantes, a la vez que socavan el principio de la separación de poderes, desconociendo, así, un criterio esencial en el funcionamiento del Estado de Derecho.
  • No se limita, así pues, a un simple “impasse”, como señaló el Presidente. Es algo mucho más grave, como lo es la ruptura del hilo constitucional, hecho inocultable que se mantiene aún después de las referidas acciones.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contradicen inequívocamente lo dispuesto en la Constitución Nacional, generando consecuencias graves que lesionan seriamente la vida republicana, dado que usurpan el poder de los ciudadanos al desconocer las funciones de los diputados electos, quienes son sus representantes, a la vez que socavan el principio de la separación de poderes, desconociendo, así, un criterio esencial en el funcionamiento del Estado de Derecho.

El miércoles 29 de marzo de 2017 en la noche, la Sala Constitucional del TSJ informó que asumirá por completo las competencias parlamentarias, argumentando como motivo principal el desacato del Parlamento Nacional. Acordó, igualmente, que esas competencias podrán ser delegadas al Poder Ejecutivo, en los aspectos que estime conveniente.

Mediante un comunicado, el OEV considera que, nuevamente, el TSJ deja de lado su imparcialidad al interpretar la Constitución Nacional de una manera sesgada, velando por los intereses del Poder Ejecutivo, autorizándolo para que legisle a discreción en una amplia gama de asuntos.

Señalado lo anterior, el OEV coincide con lo afirmado el pasado 31 de marzo en declaración pública por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que las sentencias recientes del TSJ (155 y 156) evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Visto lo anterior, el OEV opina que con su actuación el TSJ pone en cuestión a la democracia misma y genera una grave crisis política que se sobrepone y empeora la crisis económica y social que está viviendo actualmente el país.

Finalmente, el OEV considera que las conclusiones que el Presidente Maduro presentó en la media noche del día 1° de abril, surgidas de la reunión efectuada en el marco del Consejo de Defensa de la Nación a propósito de las sentencias Nro. 155 y 156, emitidas por la Sala Constitucional del TSJ, no cambian la esencia de lo que anteriormente se expuso. Aparte de no ser dicho organismo competente para discutir tal materia, al asunto planteado va mucho más allá de la así llamada “controversia” suscitada entre distintos poderes públicos, a raíz del pronunciamiento realizado por la Fiscalía General de la República.

No se limita, así pues, a un simple “impasse”, como señaló el Presidente, que pueda resolverse mediante conversaciones como las que él sugiere o nuevas sentencias “aclaratorias” del TSJ (Nro. 157 y 158) que modifiquen parcialmente las anteriores. Es algo mucho más grave, como lo es la ruptura del hilo constitucional, hecho inocultable que se mantiene aún después de las referidas acciones.

En definitiva, ellas no logran eliminar las graves violaciones constitucionales asociadas a la división de poderes, a la usurpación de la soberanía popular y al menoscabo de las funciones de la Asamblea Nacional, trasgresiones que, luego de las declaraciones presidenciales, hicieron aún más evidente la severa crisis por la que atraviesa nuestra vida republicana.

OEV: Decisiones del TSJ usurpan el poder de los ciudadanos y desconocen el Estado de Derecho 

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A través de un comunicado, el Observatorio Electoral Venezolano expresó que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no solo violan la Constitución Nacional, sino que profundiza la crisis política.

El OEV rechaza las sentencias 155 y 156 que desconocen el Estado de Derecho y violan el principio de separación de poderes.

 

A continuación el comunicado: 

El miércoles en la noche el TSJ informó que asumirá por completo las competencias parlamentarias debido al desacato del Parlamento Nacional y que las mismas podrán ser delegadas al Poder Ejecutivo si así lo estima conveniente.  El OEV considera que se trata de una clara violación de lo dispuesto en la Constitución que pone en riesgo la democracia y profundiza la grave crisis política que se vive en el país.

El OEV considera que nuevamente el TSJ deja de lado su imparcialidad al interpretar la Constitución Nacional de una manera que inequívocamente, favorece los intereses del Poder Ejecutivo.

El OEV considera que, con las últimas decisiones tomadas por la Sala Constitucional, el TSJ ahonda la crisis política en el país al violar el principio de la separación de poderes y como consecuencia desconoce el Estado de Derecho.

El OEV considera que las medidas anunciadas el día 29 de marzo por el TSJ atribuyéndole al Poder Ejecutivo competencias legislativas y judiciales, violan inequívocamente la Constitución Nacional, además de contradecir las pautas según las cuales se gobierna en democracia.

El OEV considera que al establecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decrete un estado de conmoción interno pudiera tener como propósito abrir una vía para la postergación indefinida de cualquier proceso electoral.

El OEV considera que el 29 de marzo el TSJ contravino los principios democráticos al abrir la puerta para que el Poder Ejecutivo legisle a discreción y sin control ni contrapeso alguno.

El OEV considera que las recientes decisiones tomadas por el TSJ en contra de la Asamblea Nacional usurpan el poder de los ciudadanos al desconocer las funciones de quienes son sus representantes, quienes fueron democráticamente electos en diciembre de 2015.

 

Renovación podría ilegalizar a partidos en masa advierte Observatorio Nacional Electoral

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El proceso de renovación de partidos bajo las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son inéditas en Venezuela y deja un precedente negativo inclusive en Latinoamérica al retrasar las elecciones que la misma Constitución establece, advierte el Observatorio Electoral Venezolano (OEV). Por lo tanto, exige al organismo rector que establezca un cronograma electoral para aminorar las tensiones políticas que vive el país.

“Una ilegalización en masa acrecentaría las tensiones políticas por la alta polarización que vive el país. Las elecciones no pueden ser una cuestión técnica sino de derechos de los ciudadanos”, sostiene el OEV en un análisis.

El OEV observa que las condiciones impuestas por el CNE, especialmente el limitado número de máquinas para la validación y su distribución geográfica en jornadas de dos días, hacen imposible que todos los partidos convocados puedan lograr la validación. “Sólo los partidos grandes, con mayor militancia y capacidad de movilización tienen oportunidad de validarse. Este diseño de renovación atenta contra la existencia de partidos medianos o pequeños, que no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar una operación masiva de sus militantes en sólo 2 días”.

El OEV hace un recuento del proceso: el CNE convocó en un primer momento a 59 partidos a renovar su nómina de militantes a partir del 18 de febrero de 2017. El ente electoral se amparó en la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ Nro 878 del 21 de octubre de 2016 donde establece que aquellos partidos que no obtuvieron el 1% de la votación en las dos elecciones consecutivas anteriores deben recoger un mínimo de 0,5% del registro electoral de firmas de militantes en por lo menos en 12 estados para estar legalizados como partido nacional.

Los partidos políticos opositores y oficialistas manera casi unánime criticaron las condiciones del CNE para la renovación por considerarlas lesivas y regresivas de los derechos a la participación política. A una reunión el 9 de febrero en la sede del CNE en Plaza Venezuela, el ente comicial invitó a los 59 partidos para informales el cronograma y las condiciones para de la renovación. En 10 bloques organizados por el número de votos obtenidos en las Elecciones Parlamentarias de 2010 y 2015, los partidos deben llevar a sus militantes a 390 puntos ubicados en todo el territorio nacional, a una autenticación biométrica ante funcionarios CNE, con posibilidad de testigos de los partidos, para lograr la legalización.

“La democracia se sustenta en las elecciones y la participación ciudadana. Hay que esperar como se desenvuelve el proceso de renovación, ya que en su primer día, el dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla denunció retrasos en la instalación de las máquinas”, agrega el comunicado del OEV.

 

Exhortan al CNE a romper su silencio sobre amenazas electorales de Maduro

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El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) pidió un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que afirmó que el oficialismo ganará las elecciones legislativas del 6 de diciembre como sea.

El OEV dijo que esa y otras declaraciones de Maduro resultan “inconvenientes, por decir lo menos, pues atentan contra la esencia misma de un sistema electoral que funciona regido por reglas democráticas”.

En una declaración, la organización no gubernamental que trabaja el tema electoral enumeró los polémicos dichos del gobernante sobre los comicios del 6 de diciembre, en los que se renovarán los 167 escaños de la Asamblea Nacional.

Recordó que Maduro dijo en una reciente arenga política que los candidatos oficialistas ganarán las elecciones como sea y que ante un escenario hipotético, en el que la oposición ganara, no entregará la revolución bolivariana y gobernaría con el pueblo en “unión cívico-militar”.

El OEV señaló que el tono de los discursos de Maduro no bajó ante las propias autoridades del CNE, cuando el lunes pasado firmó un acuerdo para respetar los resultados electorales.

Señaló que siendo Maduro quien pronuncia esas polémicas frases “deja insinuada la posibilidad de emplear cualquier medio con tal de obtener la victoria en el próximo evento electoral y, adicionalmente, asoma la opción de que en el caso de que el oficialismo perdiera la mayoría en la Asamblea Nacional, se podrían adoptar medidas políticas orientadas a menoscabar el papel que desempeña el Parlamento”.

“El OEV considera muy graves estas declaraciones, más aún si se las ubica en el contexto de una campaña adelantada, fuera del lapso fijado por el CNE, en la que el gobierno ha hecho un proselitismo abierto”, añadió.Puntualizó que considera necesario que el CNE “se manifieste con relación a estas declaraciones del presidente Maduro”.

“El OEV considera que su silencio genera mucho ruido en el país de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre”, dijo.

 

Observatorio Electoral exige el mayor consenso para lograr elegibles al CNE

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A través de un comunicado, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) exigió al Comité de Postulaciones Electorales “alcanzar el mayor consenso posible” para lograr la lista de elegibles a ser presentada en la Asamblea Nacional para escoger a los rectores que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Urge, por el bien del país, fortalecer la confianza y credibilidad en el árbitro electoral ante toda la sociedad venezolana. La selección de los nuevos integrantes del CNE es una oportunidad de oro para avanzar en esa dirección. El que la AN aplique a cabalidad el procedimiento contemplado en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) sería garante de que los rectores designados no despierten de entrada aprensión y/o desconfianza en algún sector de la sociedad”, reza textualmente el comunicado.

La organización recordó que los rectores “deben ser designados por una mayoría calificada de dos tercios de los diputados integrantes de la AN, es decir, por 110 votos”, y dada la composición actual del Parlamento, “es indispensable  el diálogo y la construcción de un consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el parlamento”.

A continuación comunicado completo

El pasado 20 de noviembre finalizó el plazo fijado por el Comité de Postulaciones Electorales para que organizaciones de la sociedad postularan candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Muchas respondieron postulando a 245 venezolanas y venezolanos que, de acuerdo a su parecer, cumplen con los requisitos fijados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) para optar a rectores y que, además, están capacitados para cumplir adecuadamente las respon-sabilidades que tan altos cargos conllevan.

Es una lista amplia y variada que deberá ahora ser revisada por el Comité para verificar que efectivamente los postulados cumplen rigurosa y plenamente con los requisitos legales pautados y que las organizaciones postulantes sean cier-tamente organizaciones activas de la sociedad. Una revisión que no debe ceñirse sólo a la formalidad de una interpretación estrecha de la letra de la ley, sino atender además al sentido de su espíritu. Para la confección de la lista de elegibles a ser presentada a la Asamblea Nacional (AN), el Comité debería procurar alcanzar el mayor consenso posible entre sus in-tegrantes, siguiendo el espíritu claramente expresado tanto en la CRBV como en la LOPE y para transmitir la necesaria confianza y transparencia en este trascendente proceso de selección.

Tocará luego a la AN designar a los tres nuevos rectores y sus seis suplentes respecti-vos. Urge, por el bien del país, fortalecer la confianza y credibilidad en el árbitro electoral ante TODA la sociedad venezolana. La selección de los nuevos integrantes del CNE es una oportunidad de oro para avanzar en esa dirección. El que la AN aplique a cabalidad el proce-dimiento contemplado en la CRBV y la LOPE sería garante de que los rectores designados no despierten de entrada aprensión y/o desconfianza en algún sector de la sociedad.

Esos procedimientos establecen que los rectores deben ser designados por una mayoría calificada de dos tercios de los diputados integrantes de la AN, es decir, por 110 votos. Dada su composición actual, para alcanzar esa mayoría calificada es indispensable el diálogo y la construcción de un consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el parlamento.

Para alcanzar ese acuerdo, más que pensar en cuotas para una u otra fuerza, los diputados deberían considerar nombres de venezolanas y venezolanos honestos que, por no ser incondicionales a ninguna línea partidista, no despierten desconfianza a ningún actor político relevante y sean vistos por los electores como capaces de llevar adelante los procesos electorales en condiciones de “igualdad, confiabilidad, transparencia y eficacia” (art. 4 LOPE).

Sin duda entre los más de doscientos ciudadanos postulados hay suficientes con el perfil requerido y que podrán realizar una buena labor al frente del CNE, fortaleciendo ante TODO el país la necesaria confianza en el Poder Electoral. Le corresponde a la AN cumplirle al país.

 

El equipo de Investigación de RunRun.es realizó un trabajo donde explica la posibilidad de que Tibisay Lucena y Sandra Oblitas repitan como rectoras al CNE. Vea más de este trabajo aquí:

Postulación de Lucena y Oblitas modifica lista de “fijos” al CNE