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Ministerio Público

Murió un hombre que había sido herido en una riña en San Josecito

Jefferson Adrián Fuentes Jaimes, de 31 años de edad, resultó herido durante una riña la tarde del sábado 16 de marzo de 2024, en la comunidad de San Josecito, municipio Torbes, estado Táchira.

La víctima estaba compartiendo con algunos amigos, esa tarde, cuando se acercó Wilfer Adrián Páez Sanabria, de 34 años de edad, a solicitarle un dinero, “30 mil pesos colombianos», equivalente a $8.

Esta situación originó una discusión entre ambos, que se fue tornando acalorada. Luego de unos minutos, las palabras pasaron a golpes, momento en el cual Wilder Páez, sacó un arma blanca, tipo cuchillo, y le infligió una herida en el abdomen a Jefferson Fuentes.

En el lugar, estaban familiares de la víctima, quienes lo trasladaron al Hospital Central de San Cristóbal.

Dos días después, el lunes, 18 de marzo de 2024, producto a la gravedad de la lesión, fue declarado muerto por los médicos.

El hombre que le causó la herida mortal fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones, Científica, Penales y Criminalísticas -CICPC-, y quedó a la orden del Ministerio Público.

@ingmaryrodrigu1

Misión ONU: Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela reiteró este miércoles, 20 de marzo, que el Ministerio Público (MP) «sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno». 

En la actualización oral del informe que presentó la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Marta Valiñas, presidenta de la organización, indicó que el ente, presidido por el fiscal impuesto por la constituyente cubana, Tareck William Saab actúa para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas.

La jefa de la Misión indicó que los numerosos eventos registrados durante el período de la actualización confirman que «Venezuela se encuentra en una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades». Añadió que observa un «patrón repetido de violaciones de derechos humanos contra personas de oposición que incluye a defensores de derechos humanos que se atreven a criticar o denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno».

«Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión», detalló Valiñas.

Cabe recordar que en la actualización que realizó la Misión en septiembre de 2023, la organización aseveró tener  «motivos razonables» para creer que el Ministerio Público, en algunos casos, «retrasó a sabiendas la fecha oficial de detención, y en otros, negó información a los familiares sobre personas que eran trasladas de un centro de detención a otro”.

En el informe del año pasado,  la Misión de la ONU también señaló a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional Electoral (CNE) de contribuir por “acción y omisión” a la represión en Venezuela. 

Sobre las fuerzas de seguridad del Estado implicadas en graves violaciones a los derechos humanos, el informe señaló a la Dirección del Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Otro ente estatal que mencionó el informe fue la Contraloría General de la República que aplicó inhabilitaciones políticas de manera selectiva a líderes de la oposición, violando normas internacionales y procedimientos internos aplicables.

GNB investigada por crímenes internacionales

En esta actualización de marzo de 2024, la Misión de la ONU informó que está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en «graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales en últimos 10 años,», con miras a dar cuenta «en la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales». 

Ministerio Público sigue operando

Ministerio Público imputó a jefe de campaña de María Corina Machado en Barinas

El Ministerio Público imputó este sábado 9 de marzo al jefe de campaña de la candidata presidencial María Corina Machado en el estado Barinas, Emill Brandt Ulloa.

Al dirigente político le acusan de supuestos hechos violentos ocurridos en Barinas el pasado 15 de enero 2024, «los cuales formaron parte del plan inicial de ejecutar acciones terroristas el 1 de enero en Táchira hasta escalar a Caracas«, escribió en su cuenta de X, Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.

«Fue presentado ante el Tribunal de Control de Barinas el sujeto Emill Brandt Ulloa, quien hace semanas había sido citado sin comparecer al despacho fiscal, por lo que le fue librada la respectiva orden de aprehensión, encontrándose hasta hoy evadido de la justicia», prosiguió el funcionario de Maduro.

De acuerdo con el Ministerio Público, Brandt Ulloa será imputado ante el Tribunal Segundo de Control contra Terrorismo por los delitos de conspiración, asociación, violencia de género (física) y ultraje al funcionario, este último por presuntas agresiones a mujeres policías y militares.

Con la aprehensión de Brandt Ulloa ya suman cuatro los jefes regionales de campaña de la ganadora de las primarias del pasado 22 de octubre detenidos en 2024 por el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el pasado 23 de enero fuesen arrestados Juan Freites (Vargas), Luis Camacaro (Yaracuy) y Guillermo López (Trujillo).

La medianoche del pasado jueves 25 de enero Camacaro y Freites fueron presentados en el Palacio de Justicia sin sus abogados y sin permitir el contacto con familiares y conocidos, luego de 72 horas de desaparición forzosa. Las audiencias se hicieron con defensores públicos impuestos.

 

 

 

Renny Amundaraín, el fiscal detenido que acumula un rosario de señalamientos por violaciones a DDHH
Renny Amundaraín está implicado en varios señalamientos por violaciones a los Derechos Humanos. Participó en casos como el femicidio de Ángela Aguirre, las averiguaciones por la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel y la investigación contra Javier Tarazona

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció este miércoles, 24 de enero, la detención del exfiscal Renny Amundaraín.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Saab indicó que junto a Amundaraín también fue detenido Adys Salcedo, quien fue defensor público. Ambos fueron imputados por «Retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir».

También, Saab aseguró que, según información del Ministerio Público, Amundaraín y Salcedo tienen una presunta vinculación con «grupos estructurados de delincuencia organizada» con quienes «colaboraban y mantenían comunicación con una peligrosa banda criminal».

Señalamientos por violaciones a los DDHH

En el pasado, el fiscal Renny Amundaraín estuvo vinculado con casos polémicos y fue señalado por violaciones a los Derechos Humanos. Zair Mundaray, exvicefiscal venezolano, recordó algunos de esos casos controversiales en los que Amundaraín tuvo participación. 

Según Mundaray, el fiscal ahora detenido «fue quien montó el caso de Carlos Lanz», profesor universitario adepto al chavismo, «en el que condenaron por homicidio sin prueba de la muerte (sin cadáver ni información del paradero del cuerpo)».

Amundaraín también fue el responsable de apresar al politólogo Nicmer Evans, así como al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. El propio Evans recordó este 25 de enero en redes sociales que fue el fiscal detenido el que ordenó su detención y lo imputó. 

También, el exfiscal emitió una prohibición de salida del país contra los defensores de derechos humanos Alonso Medina Roa y Ana Leonor Acosta.

«De acuerdo a informes preliminares, mantenía contactos con pranes a quienes vendía información sobre los casos. Maneja mucha información sobre las mafias de corrupción del sistema de justicia, algunos deben estar muy asustados», señaló Mundaray.

Manipulación de pruebas en el caso de Ángela Aguirre

Amundaraín también participó en el caso de Ángela Aguirre, una joven de 16 años que fue asesinada en el municipio Caroní, estado Bolívar, el 23 de marzo de 2019.

Según la madre de Aguirre, el exfiscal «actuó en complicidad» con la fiscal Emily Hernández para «favorecer» a siete personas que estuvieron acusadas del femicidio de la joven.

«Vimos la manipulación de todos los elementos de prueba, las telas de arañas que han tejido los fiscales», relató su madre.

Persecución contra periodistas

El exfiscal también tuvo participación en la persecución contra periodistas venezolanos. Uno de los casos en los que actuó fue luego de la publicación de una serie de trabajos de investigación sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández. Por este caso, el editor del diario de El Nacional, José Gregorio Meza, tuvo que declarar.

Meza fue citado e interrogado el 25 y 26 de enero de 2023 en compañía de dos de sus abogados. El fiscal principal del caso era Renny Amundaraín, quien indicó que la citación era por la denuncia de dos particulares por instigación al odio.

Investigaciones por amenazas de muerte a Delsa Solórzano

Previo a llevarse a cabo la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, la excandidata Delsa Solórzano recibió amenazas de muerte en su contra.

Tras conocerse esta situación, Tarek William Saab anunció que se investigarían los hechos y para eso había designado a Renny Amundaraín, lo cual la dirigente política cuestionó.

«Dejo constancia ante el país y ante el mundo de quién es ese señor fiscal 94, Renny Amundaraín, que es una persona que ha estado presente en muchos de los casos vitales, importantes, en materia de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad», dijo.

Sin avances en averiguaciones por muertes en custodia

El militar venezolano Raúl Isaías Baduel murió el 12 de octubre de 2021 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela exigió la apertura de una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Baduel en prisión, con apego al Protocolo de Minessota.

Para esa tarea, el Ministerio Público abrió una averiguación, la cual quedó a cargo del fiscal 94° Renny Amundaraín, pero los familiares no fueron informados sobre ningún avance.

Defensores también han denunciado que Amundaraín impidió que avanzara una investigación transparente por la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y que fue el responsable de archivar el caso de la muerte en protestas del joven Neomar Lander, ocurrida en el año 2017.

Jubilados, pensionados y educadores reclaman incumplimiento de derechos laborales ante el MP
Édgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (SVM) seccional Distrito Capital, reclamó las celebraciones que se realizaron en Caracas por la época decembrina, pero a los educadores no se les pagó lo que se les adeuda

Jubilados, pensionados y educadores acudieron este viernes, 5 de enero, al Ministerio Público en Caracas para exigir mejoras salariales y en las pensiones para poder cubrir sus necesidades básicas.

Quienes forman parte del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital (Sinvema) y Sitraenseñanza entregaron un documento a representantes de la Fiscalía para exigir el pago de los dos meses de bono de alimentación que se les adeuda.

Luis Cano, presidente del Frente Nacional de Jubilados y Pensionados, lamentó que aunque en el país existan leyes dedicadas a la atención de los jubilados, ninguno de esos mandatos se cumplen.

Cano se refirió a una Gaceta de septiembre del 2021, donde se aprobó en la AN la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral para las Personas Adultas Mayores. A su juicio, la ley no se ha cumplido.

«Más de 10 millones de personas están sometidas a una pobreza extrema porque están condenadas a vivir con un salario de 130 bolívares, que son 3 dólares pero no diarios sino mensuales”, denunció Cano.

Por su parte, Édgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (SVM) seccional Distrito Capital, denunció que el año 2024 comenzó con la deuda pendiente de dos meses del bono de alimentación que debió ser cancelado en diciembre de 2023.

Asimismo, dijo: «Estuvimos el 29 de diciembre en la Plaza Bolívar reclamando dos cestatíckets que nos debía el gobierno del Distrito Capital. No puede ser que el gobierno no haya cumplido con los trabajadores. No nos quisieron pagar los cestatíckets que equivalen a 80 dólares».

 

Machado reclamó las celebraciones que se realizaron en Caracas por la época decembrina, pero a los educadores no se les pagó lo que se les adeuda.

«Por culpa de usted (Delcy Rodríguez) nosotros vamos a seguir en las calles en este mes que es del educador, protestando», señaló Machado.

También, hizo un llamado a Yelitze Santaella, ministra de Educación, por no firmar un contrato colectivo porque «no había recursos».

*Con información de El Pitazo

Academia denuncia que acciones contra la primaria representan un atentado al orden constitucional
Según la Academia, la elección opositora fue un «evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones» de 2024

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales advirtió que la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la primaria opositora, así como la apertura de  una investigación por parte de la Fiscalía, representan un «atentado al orden constitucional y legal» y a la democracia.

En un comunicado, la institución rechazó las «actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia» que -señaló- tienen el objetivo de «judicializar y criminalizar» a la Comisión Nacional de Primaria, organizadora del proceso, lo que supone también un «atentado» a los «ciudadanos que, de manera cívica, participaron» en este proceso.

El presidente de la Comisión, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararon este lunes ante el MP, donde deben responder por denuncias de «fraude» en los comicios, ganados por la María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular hasta 2030.

También este lunes, el TSJ ordenó la suspensión de «todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido» por la CNP, luego de recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de «irregularidades».

 

Según la Academia de Ciencias Políticas, la elección antichavista fue un «evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones» de 2024, y «constituyó un evento cívico» con sustento constitucional, por lo que no hubo «una usurpación de las funciones» del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni «se cometieron ilegalidades».

La academia, que reafirmó su «defensa de los principios y valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades políticas», solicitó a los poderes públicos respetar y proteger a las «manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven».

*Con información de EFE

Detenidos de Comandancia de Policía en San Felipe iniciaron huelga de hambre
Reclaman que los custodios los sacan al patio a llevar sol sin razón aparente 

 

Detenidos en la Comandancia General de la Policía en San Felipe, estado Yaracuy, iniciaron una huelga de hambre la mañana de este jueves.

Los reos denunciaron que los funcionarios encargados de la custodia los sacan al patio central del centro de detención y los tienen bajo el sol

Los detenidos aseguraron que no los dejan entrar a sus calabozos sin razón aparente, o al menos, no se les informa las razones de esta medida. 

La información se conoció por medio de familiares y allegados de los reos, quienes dijeron que además de está situación los maltratan, por ello fue que decidieron no recibir alimentos, además exigen la presencia de fiscales del Ministerio Público. 

Autoridades de la Policía del estado aseguran no estar autorizados para ofrecer declaraciones a la prensa. 

Desde hace días en el centro de detenciones yaracuyano vienen ocurriendo irregularidades ya que a raíz de una requisa, los uniformados hallaron armas, drogas y teléfonos celulares

En la requisa del pasado 9 de septiembre, funcionarios informaron que consiguieron tres armas de fuego, 28 chuzos, presunta marihuana y varios teléfonos celulares.

Según la versión policial, la requisa se efectuó debido a una presunta huelga que originaron los reos ya que están exigiendo traslado al Internado Judicial de la entidad

El cuerpo policial también afirmó que el procedimiento se ejecutó bajo supervisión de la Fiscalía del Ministerio Público

Tras la finalización del procedimiento, los familiares de los reos denunciaron que no les permitieron el ingreso de alimentos y agua como se hace de manera cotidiana. 

Pidieron a las autoridades de la Policía Estadal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que garanticen los derechos humanos de sus seres queridos.

De igual manera trascendió que después de la requisa se habrían ejecutado algunos traslados, entre los que se menciona al que era líder del recinto, pero esta información no ha podido ser corroborada. 

 

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Imputan tres delitos a periodista Luis Alejandro Acosta
A Luis Alejandro Acosta le acusan de ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir

 

Según expusieron voceros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), el Ministerio Público (MP) le imputó tres delitos al periodista Luis Alejandro Acosta la tarde de este martes 12 de septiembre en el marco de su audiencia de presentación. 

Los delitos de los que acusan a Acosta son el ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir.

La cuenta del SNTP en X expuso que en el tribunal estuvieron presentes un fiscal de flagrancia, otro de ambiente y la fiscalía primera.

Abogados del periodista informaron al SNTP que aunque la jueza otorgó libertad con medidas cautelares, la Fiscalía solicitó efectos suspensivos de esa medida, por lo que seguirá detenido hasta que la corte de apelaciones se pronuncie en relación a los alegatos de los fiscales.

La detención del periodista ocurrió el domingo pasado, cuando fue trasladado desde el lugar donde lo mantenían privado de libertad, en el parque nacional Yapacana, hasta Puerto Ayacucho, capital de Amazonas.

«El periodista Luis Alejandro Acosta se encuentra detenido desde el pasado viernes, 8 de septiembre, en la mañana. Hemos podido confirmar que resultó aprehendido en las minas de Yapacana, en el puerto La 40 en el estado Amazonas», dijo el SNTP a través de un mensaje publicado en su cuenta en la X (antes Twitter).

En un comunicado firmado por periodistas de la región amazónica, el SNTP denunció la detención del comunicador social e hizo un llamado a las autoridades para que resguarden su integridad y derechos humanos.

Desde hace varios meses, Acosta se encontraba en la zona haciendo cobertura de las operaciones militares activas en Yapacana para combatir la minería ilegal, donde los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han desalojado a más de 11 mil personas, quienes supuestamente se dedicaban a esta actividad.