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Director del Cepella permanecerá en libertad a petición del MP
Al director del Cepella le imputaron el delito de tráfico de armas en grado de complicidad

Foto: Reuters

Carlos Toro, director del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepella) de Guanare, estado Portuguesa, quedará en libertad a petición del Ministerio Público.

De acuerdo con una nota de El Pitazo, el director del Cepella permanecerá en libertad tras lograr que el Tribunal de Control N° 2 de Guanare le otorgara una medida cautelar.

Según el texto, la medida se acordó en una audiencia especial de imputación que se efectuó el 14 de mayo, y a la que el funcionario acudió con abogados privados.

Vale recordar que al director del Cepella le imputaron el delito de tráfico de armas en grado de complicidad y deberá enfrentar la investigación penal fuera de los calabozos.

Al respecto, el fiscal impuesto Tarek William Saab dijo que este funcionario del penal sería “cómplice” en una presunta introducción de armas de fuego al lugar.

“Con base en la evidencia recabada, se decidió imputar al director del penal, Carlos Toro, por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios”, declaró.

 

Además, Saab señaló que el MP halló méritos para imputar a 10 personas, entre militares, reclusos y directivos, por los hechos ocurridos el pasado 1° de mayo en el Cepella.

En aquel motín asesinaron a 47 reclusos y resultaron heridos otros 67.

Con información de El Pitazo

Representantes de Lorenzo Mendoza presentan denuncia penal
La abogada Iskrey Pérez informó que en la denuncia solicitan a las autoridades realizar las investigaciones pertinentes sobre este caso

Representantes judiciales del presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público.

De acuerdo con una nota de prensa, la denuncia penal se realizó ante la atribución de audio a Mendoza que señalan no es de su autoría.

Ante el hecho, la abogada Iskrey Pérez informó que en la denuncia solicitan a las autoridades realizar las investigaciones pertinentes sobre este caso.

Asimismo, detalla que la denuncia señala que algunos portales digitales “lo acusan maliciosamente de supuestos hechos” que no se mencionan en el audio.

“Este señalamiento, basado en información falsa, solo busca desprestigiar a Lorenzo Mendoza, al pretender engañar y manipular a la opinión pública”, señaló la abogada.

 

Según la nota, durante las últimas semanas Mendoza ratificó que la empresa mantiene su producción y despacho de alimentos en el país.

Pese a los impedimentos, la empresa señala que supera los obstáculos que se presentan, gracias al esfuerzo de sus trabajadores.

Por último, la empresa llama “a no dejarse engañar por este tipo de campañas que ya han sucedido en anteriores oportunidades”.

Con información de Nota de Prensa

Transparencia Venezuela celebra decisión de la Asamblea Nacional de crear órgano contralor
Según el acuerdo, el organismo actuará también sobre las Juntas Administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial

 

Transparencia Venezuela celebra la decisión de la Asamblea Nacional de crear y designar a la máxima autoridad del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, órgano que -según lo acordado por la Cámara- “ejercerá funciones autónomas de contraloría especial sobre la Presidencia encargada de la República y la Asamblea Nacional”.

Según el acuerdo aprobado por los parlamentarios este organismo actuará también “sobre las Juntas Administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial”, al tiempo que garantizará “el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional y la correcta administración de los activos de la República que hayan sido rescatados a través de los mecanismos previstos en el Estatuto que rige la transición a la democracia”.

Consideramos un hecho positivo para todos los venezolanos que la Asamblea Nacional haya tomado esta decisión por unanimidad y en el marco de un debate público. A su vez, saludamos que el Parlamento busque establecer controles que permitan verificar la legalidad, exactitud, eficacia, economía, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de las entidades y funcionarios que manejan recursos públicos, y que se encuentran sujetos al control del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Apoyamos la iniciativa del Poder Legislativo de aprobar una ley que delimite claramente las competencias y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, en contraste con la opacidad, arbitrariedad e impunidad que se impone desde el Ejecutivo, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En ese sentido, hacemos votos porque el Parlamento apruebe la “Ley para la organización y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela” en el menor tiempo posible, para que todos los venezolanos puedan conocer con exactitud las atribuciones y áreas de mayor impacto sobre las cuales este organismo ejercerá control.

Solicitamos que los miembros del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela sean seleccionados de forma transparente y mediante concurso. Recordamos, además, que esta instancia debe contar con un presupuesto que indique origen y distribución de los fondos por proyectos, con objetivos y metas que permitan evaluar su desempeño.

Transparencia Venezuela reitera que es una buena noticia este primer paso para proteger los bienes y recursos públicos, y exhorta a la Asamblea Nacional a continuar profundizando las acciones para combatir la opacidad y la discrecionalidad que lamentablemente se han hecho norma durante los últimos 21 años en el país.

Tarek William Saab, fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente informó que el Ministerio Público (MP) comisionó un grupo de fiscales para esclarecer los hechos respecto al incendio ocurrido en horas de la tarde de este jueves en Cagua, estado Aragua.

De acuerdo a la información suministrada por los fiscales, el siniestro que cobró la vida de 11 personas -al menos siete adolescentes- se produjo en un cañaveral aledaño a un lago cercano a Cagua donde periódicamente se quema parte de la cosecha “como parte de la zafra”.

Indicó que para determinar lo ocurrido, comisionó a la fiscalía 32 adscrita a la dirección de delitos comunes, la fiscalía 15 de la dirección de protección integral a la familia, la fiscalía 44 nacional de delitos comunes y la 79 nacional plena perteneciente a la dirección de protección integral a la familia.

“En esta ocasión, durante la quema cambió la dirección del viento y las llamas se extendieron de forma descontrolada, dejando atrapadas a las víctimas”, dijo Saab.

Según declaraciones del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, la quema fue accidental, sin embargo, seguirán realizando averiguaciones pertinentes para descartar que pudiese haber sido provocado. Informó también que dos de los heridos que se encuentran hospitalizados tienen 30% de quemaduras en todo su cuerpo  y lamentó la muerte de los 11 fallecidos, entre los cuales destacó el caso de los dos morochos de 18 años.

Un incendio de grandes proporciones inició durante la tarde de este jueves 23 de enero en el sector Cagua, municipio Sucre del Estado Aragua, y acabó con la vida de 11 personas. 

 

*Con información de TalCual y UR

Saab asegura que el MP investiga a grupo de diputados opositores por corrupción
Acusó a varios de los mencionados en la investigación periodística por la “retención de cuentas millonarias del Estado venezolano”

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó este 12 de diciembre que hay una investigación abierta en contra de un grupo de diputados opositores que fueron señalados de un supuesto caso de corrupción en una investigación periodística y aseguró que actuará inmediatamente.

El Ministerio Público “ya había iniciado una investigación”, dijo Saab tras recibir una solicitud de la bancada oficialista en la que le piden iniciar averiguaciones al respecto y determinar si es pertinente el desafuero de los legisladores señalados en una supuesta trama corrupta.

“Esta entrega que recibimos el día de hoy (confirma) que estamos ante la comisión de varios hechos punibles que obviamente vamos a investigar en el marco de la Constitución”, sostuvo.

El fiscal acusó a varios de los mencionados en la investigación periodística por la “retención de cuentas millonarias del Estado venezolano” pues, aseguró, se han “repartido” dinero público, principalmente el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.

Según informó el portal Armando.Info, una decena de diputados de la Comisión de Contraloría del Parlamento habían firmado cartas de buena conducta a favor de empresarios como Alex Saab, sancionado en Estados Unidos por sus vínculos con el chavismo, para que les levantasen las restricciones financieras.

Una de esas cartas fue a parar a la fiscalía colombiana, siempre según el medio, y pretendía detener cualquier proceso judicial contra una empresa, que supuestamente pertenece a Alex Saab, que vende toneladas de alimentos al Ejecutivo de Nicolás Maduro, y que son repartidos a través del programa subsidiado conocido en Venezuela como CLAP.

El portavoz del chavismo en el Parlamento, Francisco Torrealba, entregó la solicitud al fiscal Saab y declaró que no es jurídicamente correcto que los diputados señalados se autoinvestiguen, luego de que Guaidó creará una comisión legislativa, integrada por otros diputados, para esclarecer los hechos.

“Que se llegue hasta las últimas consecuencias, que si es pertinente que se proceda para poder avanzar de manera correcta en las investigaciones a las solicitudes de allanamiento de inmunidades que correspondan esto se haga conforme a la ley”, emplazó Torrealba al fiscal.

El dirigente oficialista aseguró tener información según la cual “algunos familiares y amigos” de Guaidó y otros opositores “han adquirido propiedades en el exterior” o tienen “abultadas cuentas” lo que confirma, dijo, “que todos ellos se están robando dineros del país, que todos ellos son responsables”.

Por ello, pidió a la Fiscalía establecer las responsabilidades a las que haya lugar en el menor tiempo posible puesto que los “diputados han decidido escudarse en su inmunidad parlamentaria”.

Fiscalía anuncia detención de ocho presuntos implicados en masacre de Ikabarú y líder indígena lo desmiente
Transcurrieron casi dos semanas para que las autoridades divulgaran información sobre la matanza que, de acuerdo con los pobladores de la zona, fue ejecutada por las fuerzas de seguridad del Estado y no por una banda criminal, como dice la versión oficial

@loremelendez / Foto: Correo del Caroní

 

Trece días después de la masacre de Ikabarú, el Ministerio Público venezolano informó sobre la detención de ocho presuntos implicados en el suceso que se registró en esa comunidad del sur del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, y que dejó ocho mineros asesinados. Se trata de la primera declaración pública que ofrece esta instancia sobre el hecho desde que ocurrió.

Tarek William Saab, fiscal general de la República nombrado por la asamblea nacional constituyente, informó que desde el 23 de noviembre, un día después de la matanza, su despacho designó a los funcionarios de la Fiscalía 6ª de Bolívar para que se encargaran del caso y estos se trasladaron al sitio el día 24 en la mañana. Posteriormente, añadió, fueron designadas 3 fiscalías nacionales y una regional con competencia en derechos humanos.

La versión oficial señala que el crimen fue perpetrado por la banda liderada por Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo (apodado El Ciego), quien tiene orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, pobladores de la zona insisten en que los victimarios fueron funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado.

Las primeras averiguaciones, según Saab, condujeron a la detención de Braunis González Miranda, quien fue capturado en Los Caribes, a unos 15 kilómetros de Ikabarú; y de Jhonny Youseth López Marcano, arrestado en Santa Elena de Uairén. Ambos fueron presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

En las últimas horas fueron detenidos otros seis implicados en el caso, informó el Ministerio Público. Entre ellos están Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña), a quienes se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

El miércoles en la tarde fue el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, quien habló sobre el caso desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos.

Según Noguera, para aprehender a los presuntos autores materiales de la masacre se aplicaron “maniobras de desgaste”. Explicó que, en lugar de dispararles, los efectivos de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional, aislaron a los supuestos victimarios y les conminaron a estar sin comida ni posibilidad de movilización hasta que se rindieron.  

“Poco a poco se fueron entregando”, afirmó Noguera Pietri quien insistió en que en medio de los trabajos de inteligencia y las operaciones “no letales”, ocurrieron enfrentamientos entre la presunta banda armada y los funcionarios, pero no se registraron muertos ni heridos.

Para el gobernador, la masacre se produjo por “una disputa entre grupos por querer apropiarse de lo que hay en el entorno minero”. “Es posible que haya sido para apropiarse del tráfico de oro, combustible o drogas, pero ya eso queda en manos del Ministerio Público”, indicó.

Horas antes de esta declaración, el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde de Gran Sabana ahora en el exilio, aseguró que las detenciones eran un montaje hecho por el gobierno y que a cada uno lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

Vía redes sociales, Delgado afirmó que López fue herido durante la masacre y el gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado al momento de pasar la frontera.

El líder indígena señaló que la versión sobre la detención de José Ángel Morales es que este iba desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y lo apresaron en la entrada del pueblo. “Ese mismo libreto cubano”, apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

MP en el exilio investigará presunta corrupción en la Comisión de Contraloría
Ortega Díaz solicitó al presidente encargado Juan Guaidó que envíe a su despacho toda la documentación emanada de esta comisión desde hace tres años

La fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, informó este lunes 2 de diciembre que el Ministerio Público en el exilio investigará los presuntos hechos de corrupción cometidos por varios diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

A través de su cuenta de Twitter, Ortega Díaz también solicitó al presidente encargado Juan Guaidó que le envíe toda la documentación sobre esa Comisión durante los últimos tres años.

Ortega Díaz iniciará estas investigaciones a propósito del reportaje publicado por Armando.Info que señala a varios parlamentarios de haber emitido cartas para exculpar a los responsables de los negocios turbios relacionados con los CLAP.

Según el reportaje, esas cartas tenían como objetivo que esos organismos “absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido”.

Se venció el plazo para que la Fiscalía presentara acusaciones contra Luis Carlos Díaz
De acuerdo con los plazos de la legislación venezolana, la Fiscalía dispone de ocho meses para presentar acusaciones contra Luis Carlos Díaz

Este martes 12 de noviembre venció el plazo legal para que la Fiscalía investigara y presentara la acusación contra Luis Carlos Díaz, periodista y activista por los derechos humanos.

Luego de ocho meses de su detención y del allanamiento de su vivienda, el fiscal no presentó pruebas que sustentaran la continuación del proceso, por lo cual se ha solicitado que sea concluida la investigación declarando su inocencia.

En un artículo publicado por Espacio Público, señalan como otra exigencia la eliminación de las medidas cautelares que afectan su libertad o en última instancia se fije la audiencia para escuchar a las partes.

El pasado 12 de marzo funcionarios del Sebin interceptaron a Díaz cuando se dirigía en bicicleta a su casa, lo detuvieron, y horas más tarde allanaron su vivienda.

Luis Carlos es acusado de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión, el Tribunal de Control le impuso prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, y régimen de presentación.

De acuerdo con la legislación venezolana, la Fiscalía tiene ocho meses para hacer la investigación y presentar ante el Tribunal las pruebas que sustenten la acusación contra Díaz; de no conseguir suficientes, el caso puede ser archivado y reabierto hasta 20 años después.

 

En tal sentido, si la Fiscalía no presenta pruebas en contra Díaz en esta situación particular, el Tribunal debe aplicar el control difuso de la constitucionalidad y declarar el sobreseimiento de la causa: la suspensión del proceso legal por falta de pruebas, que equivale a la inocencia y libertad plena.

La tercera posibilidad era que el fiscal, Farik Mora, obtuviese suficientes elementos para afirmar que Díaz cometió un delito, lo que habría iniciado un proceso de juicio. Por consiguiente, la falta de independencia en el sistema judicial empaña la investigación: Mora también está involucrado en los casos políticos contra Juan Requesens, Roberto Marrero y Fernando Albán.