Activistas de ONG e indígenas reclaman que el caso del asesinato del líder Uwottüja Virgilio Trujillo lleva más de un año sin una investigación formal del Estado
Provea advierte que 47 indígenas pertenecientes a distintas etnias han sido asesinadas en los últimos 13 años y sus casos no se han investigado por completo
En la mañana del 30 de junio de 2022 encontraron a Virgilio Trujillo Arana sin vida en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela. La ONG Kapé – Kapé informó que el líder indígena Uwottüja murió por impactos de bala en su cráneo. Pero nadie sabe quién, o quiénes, son responsables.
«Dos meses antes, Virgilio estaba denunciando la presencia de campamentos de grupos delictivos en la cuenca del río Sipapo, donde vive su comunidad. Denunciaba al Ministerio Público que los grupos armados estaban invadiendo territorios ancestrales para los Uwottüja e hicieron una pista de aterrizaje de aviones clandestina», recordó Eligio DaCosta, coordinador general de la Organización Regional De Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y líder indígena del pueblo Baniva.
Las denuncias para exigir justicia surgieron en horas. Organizaciones civiles como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la Odevida y la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al Estado venezolano la investigación del caso para el líder indígena de 38 años.
Nuestra solidaridad con la familia de Uwottujja V. Trujillo y los guardianes territoriales del Sipapo. Los responsables del crimen deben ser llevados ante la justicia. La justicia Intl debe investigar participación del régimen en la explotación de la minería ilegal en #Venezuela. https://t.co/5d9CEmbyan
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 1, 2022
Seis días después, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, anunció en su cuenta en Twitter que había enviado un equipo de investigación del organismo desde Caracas hasta Puerto Ayacucho. El Ministerio Público ya estaba en el caso.
Pero, cuando el mundo exigía celeridad en el caso, el Estado se silenció. La investigación se sumergió en la opacidad oficial.
1. Envié un equipo de la División de Investigaciones de Homicidios para el estado Amazonas, para apoyar en las investigaciones del atroz crimen de Virgilio Trujillo Arana (38), del pueblo indígena del municipio Autana, estado Amazonas@NicolasMaduro @CeballosIchaso1 pic.twitter.com/fM58r4KXLB
— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) July 5, 2022
Virgilio se había dedicado toda su vida a la defensa de la comunidad de la comunidad Sardinita, en el lugar donde nació y que está ubicada en la cabecera del río Autana, uno de los cuatro ríos que los Uwottüja habitan. De acuerdo con la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS), Trujillo siempre se dedicó a la defensa ambiental y cultural desde sus 18 años.
Incidencia para sus derechos
El 15 de agosto de 2022 varios líderes indígenas venezolanos protestaron ante la sede del Ministerio Público en Caracas. Desde entonces la comunidad internacional le exige al Estado la información de los avances de la investigación.
Alfredo Márquez indigena Uwottuja de la comunidad Sabanita de Pintao, parroquia Platanillal, municipio Atures estado Amazonas, declarando sobre la unión de varias organizaciones indígenas Uwottuja y la exigencia del esclarecimiento del crimen se Virgilio Trujillo Arana. pic.twitter.com/Q68ykI2m7G
— A.C. KAPE KAPE (@ackapekape) August 15, 2022
«Orpia presentó al Ministerio Público en dos ocasiones la celeridad para Virgilio. Pero la justicia no da información. Lamentablemente su caso no es el único en ese estado. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó el 4 de julio de este año que estarían atendiendo un caso de violencia sexual a una joven venezolana del pueblo Jivi y denunció una investigación imparcial para el caso de Virgilio Trujillo y la masacre en Parima B» dijo DaCosta.
Frente a la creciente presencia de grupos armados no estatales, Virgilio Trujillo se había organizado con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para establecer unos grupos de vigilancia comunitarios para proteger los territorios ancestrales y culturalmente relevantes para los indígenas venezolanos. Los «guardias territoriales» no usan armas, denuncian y buscan el diálogo para respetar sus demarcaciones ancestrales, un Derecho Humano avalado por la ONU y olvidado por el Estado venezolano.
También por años han pedido el desalojo de los grupos irregulares de sus territorios y han rechazado la violencia, la invasión de tierras, la introducción de máquinas para explotación minera y el porte de armas, entre otras actividades ilícitas.
— María RamírezCabello (@mramirezcabello) July 1, 2022
«Virgilio siempre estuvo atento a la protección del medio ambiente», recordó DaCosta. «Desde los 20 años estaba tratando de crear la figura del guardia territorial. Y lo logró en 2020. Él le enseñó a muchos jóvenes Uwottüja a ser garantes de sus derechos bajo su cultura».
Aumenta la vulnerabilidad
Mientras el caso de Virgilio sigue en silencio y sin identificar a sus responsables, la presencia de grupos armados no estatales degradan la amazonia venezolana. A principios de agosto un grupo de 37 periodistas de Sudamérica documentó que la presencia de bandas delincuenciales aumentó en toda la selva del Amazonas.
En el caso de la cuenca del río Sipapo, donde Virgilio era guardián territorial, las denuncias por la presencia de grupos armados en el territorio se remontan desde el año 2013.
«Las comunidades indígenas hemos hecho incidencia con el Estado venezolano para proteger nuestro territorio, y estamos dando pasos para ello. Pero la minería en el Amazonas va más rápido que la justicia. Cada vez se degrada más la selva y se vulnera más a nuestras poblaciones», denunció DaCosta.
De acuerdo con el proyecto periodístico «Amazon Underworld», en Venezuela, de los 22 municipios que conforman los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 13 están bajo la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y 12 están con el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En el caso específico del estado Amazonas, tanto el ELN como las Farc tienen presencia en todo el territorio y, además, se incluye la presencia del grupo paramilitar colombiano La Segunda Marquetalia. Todos ellos manejan la extracción y comercio ilícito del oro y el narcotráfico.
En algunos casos reclutan a jóvenes indígenas venezolanos para participar en actividades ilícitas contra su voluntad. Un activista humanitario en el municipio Atabapo del estado Amazonas, que prefirió proteger su identidad, informó a Runrun.es que Virgilio Trujillo había denunciado los reclutamientos forzados a los funcionarios del ZODI N° 63 (Zonas Operativas de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas Venezolanas) un par de semanas antes de su muerte.
Esperanzas en la ONU y la CIDH
«El Estado también tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos por violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos aunque los responsables sean agentes externos», afirmó Luis Bello, miembro del Programa de promoción de los derechos indígenas de la Amazonía venezolana Wayamou Teri. «En el caso de Virgilio ni siquiera ha habido una audiencia de presentación o una labor de imputación del responsable, entonces se cristaliza una responsabilidad del Estado por omisión».
El experto en derechos humanos indígenas estableció que las comunidades pueden llevar el caso de Virgilio Trujillo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la jurisprudencia internacional respete la celeridad.
«No solo hablamos de la violación al debido proceso, también hablamos de las invasiones a los territorios ancestrales que aún no han sido demarcados por el Estado y la pérdida de autonomía interna de los consejos de ancianos para hacer valer sus leyes bajo su cultura. Estamos hablando de una vulneración a los derechos individuales y colectivos presentes en la Constitución de Venezuela y que se han olvidado», concluyó Bello.
Pese a que los Estados que conforman la Amazonía se reunieron para establecer un consenso en la protección de la selva sudamericana y sus habitantes originarios el 7 y 8 de agosto del 2023, la sociedad civil y los pueblos indígenas mostraron su descontento ante la falta de políticas claras para frenar la minería, la deforestación y la violencia contra los pueblos indígenas en los próximos 5 años.
«Mientras tanto seguiremos haciendo incidencia, hablando con el Estado venezolano para mejorar la seguridad y bajen las amenazas a nuestros hermanos indígenas. Si bien han bajado las represalias contra los familiares y amigos de Virgilio en los últimos meses, no quiere decir que aún no estamos expuestos», afirmó DaCosta.
