Afirman que la actividad y expansión del Arco Minero del Orinoco se salta los estatutos legales de la Constitución venezolana sobre la protección de los pueblos indÃgenas y la protección del medio ambiente
Créditos a Radio Fe y AlegrÃa Noticias
El director general del Grupo de Investigaciones sobre la AmazonÃa (GRIAM), Luis Betancourt, informó que el pueblo indÃgena yanomami está siendo desplazado forzadamente de su territorio ancestral debido a la minerÃa ilegal que se extiende hasta el estado Amazonas.
«Cuando hablamos de minerÃa ilegal estamos hablando de la invasión de grupos vinculados a este negocio y eso, a su vez, significa desplazamiento de comunidades que tenÃan cientos de años en esos sectores, como por ejemplo el pueblo indÃgena yanomami que tiene aproximadamente 30 mil años de existencia en la región», expresó Betancourt durante una entrevista al programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y AlegrÃa Noticias.
El experto en derechos humanos explicó que las actividades extractivas sin control generan un impacto social con la devastación de los rÃos por el uso del mercurio, que genera la muerte de varios indÃgenas y la contaminación del ecosistema.
Resaltó que el decreto del Arco Minero del Orinoco violenta todo lo que tiene que ver con el capÃtulo octavo de la Constitución, el cual refiere sobre los derechos de los comunidades indÃgenas: la autonomÃa que tienen los pueblos originarios para decidir sobre los asuntos de interés de su propia comunidad.
«Lo que llaman la consulta previa, libre e informada en la mayorÃa de las comunidades donde se está ejerciendo actualmente la minerÃa ilegal ha sido mal empleada través de las comunidades», dijo.
Ilegal aunque sea legal
Para Betancourt, la minerÃa que se está ejerciendo en el estado BolÃvar a través del Arco Minero del Orinoco es «legal» porque está establecida en un decreto. Sin embargo, al revisar el documentos donde se constata que los principios constitucionales, legales y sublegales en el paÃs y a nivel internacional, se salta los estatutos legales. «Allà entra la contradicción».
«Cuando revisamos el decreto del Arco Minero del Orinoco y lo contrastamos con lo que tiene que ver con los derechos ambientales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, evidentemente hay una contradicción clarÃsima y eso lo hace ilegal porque, como bien se sabe, la norma suprema en nuestro paÃs es la Constitución y nadie puede ir en contra de ella, ni siquiera un decreto presidencial. A todas luces es una actividad ilegal, aunque tenga ese matiz de legalidad a través de un decreto», expresó.
El director de GRIAM aseveró que cuando la minerÃa se ejerce a través de un decreto con toda una serie de normas y estándares internacionales en materia de extracción de minerales, se puede hablar de minerÃa legal, pero cuando no está amparada bajo esta figura y de los estándares internacionales es minerÃa ilegal. «Que es lo que se ejerce actualmente en el estado Amazonas venezolano y también en el estado BolÃvar», recalcó.
