Marcos David Valverde, autor en Runrun

Marcos David Valverde

#MonitorDeVíctimas | Imputados por asesinato de Ángela Aguirre serán encarcelados en Rodeo II y el INOF
La audiencia preliminar por el caso de la adolescente, de 16 años, fue diferida por petición de la nueva defensa.

Marcos David Valverde/@marcosdavidv

Los siete imputados por el asesinato de la adolescente Ángela Aguirre (cinco hombres y dos mujeres) serán trasladados a las cárceles Rodeo II (Guatire) e Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF, en Los Teques).

La decisión la emitió este miércoles en la tarde el Tribunal Cuarto de Control en materia de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, luego del diferimiento de la audiencia de presentación (por petición de los nuevos abogados defensores de los imputados).

José Alberto Cedeño, de 18 años; José Zorrilla, de 44; Glauder Zorrilla, de 19; Orlando Salazar, de 35; Wilmer Díaz, de 30 años; Joselyn Barreto, de 18, y Dayana Nicieza, de 28 años están detenidos desde el 24 de marzo, un día después de lo que el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, catalogó como homicidio.

Tres meses de dilaciones

Aguirre, estudiante de quinto año de bachillerato y habitante de Los Alacranes, San Félix, desapareció en la noche del sábado 23 de marzo en el río Caroní. Estaba en una lancha junto con los siete detenidos celebrando el cumpleaños de José Alberto Cedeño.

El cadáver flotó tres días después cerca del balneario El Rey. La primera autopsia determinó que hubo lesiones por abuso sexual y que la causa de muerte fue asfixia mecánica por inmersión.

Desde el primer momento, la familia denunció que mediante sobornos el caso se estaba enfriando. Tenían otra razón para pensarlo: la Fiscalía General de la República ordenó una segunda autopsia que contradijo la conclusión de las lesiones por abuso sexual.

La filtración de un audio en el que la adolescente le dice a una amiga que José Alberto Cedeño la violó determinó que se dictara privativa de libertad para los siete imputados.

Los lugares de reclusión dictados entonces fueron el Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno, en San Félix (para las dos mujeres) y el Internado judicial de Ciudad Bolívar para los hombres. Sin embargo, todos fueron recluidos en el Eje de Homicidios de San Félix del Cicpc.

Los abogados de la familia Aguirre denunciaron esto como un ejemplo de que se estaba favoreciendo a los imputados.

La audiencia de presentación está pautada ahora para el 18 de julio. Este mes, Aguirre estaría graduándose de bachiller en el colegio Palúa, también de San Félix. (Publicado originalmente en Crónica Uno)

#MonitorDeVíctimas | El retardo procesal lleva a la AN a exigir justicia en el caso de Ángela Aguirre
La Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la Asamblea Nacional repudió que las “autoridades venezolanas pretendan cambiar y ocultar los hechos” por el caso de la adolescente, asesinada hace exactamente dos meses

 

@marcosdavidv

Este jueves se cumplen dos meses del día en el que la adolescente Ángela Aguirre, de 16 años, fue asesinada durante una fiesta en la isla La Terecaya, en el río Caroní (Puerto Ordaz, estado Bolívar).

Desde entonces hasta acá nada está claro en torno de su muerte. Ha habido dos autopsias, decenas de protestas de sus familiares y amigos y el apresamiento de siete personas (cinco hombres y dos mujeres) que estaban con ella en la noche en la que desapareció, la del sábado 23 de marzo.

Pero nada más. Fue por eso que este miércoles, la Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la legítima Asamblea Nacional emitió un acuerdo en el que rechaza las turbiedades que han salpicado el caso y en el que continúa exigiendo justicia.

La subcomisión, que presiden los diputados Manuela Bolívar y Miguel Pizarro, es parte de la Comisión permanente de desarrollo integral social. En el documento explican que desde que el cadáver de la adolescente flotó en el río Caroní el martes 26 de marzo, la justicia venezolana solo ha dado indicios de querer favorecer a los señalados como responsables de la muerte.

“Desde el principio del caso, sus padres han reportado una serie de irregularidades donde la justicia del Estado violento y patriarcal trata de invisibilizar el crimen. El caso se ha visto enredado en una serie de de soborno, cambio de fiscales y encubrimiento”.

También detalla que hubo una segunda autopsia con la que se pretendió cambiar los resultados de la primera, en la que se determinó que la muchacha, habitante de San Félix y estudiante de quinto año de bachillerato, había sido violada. El resultado del segundo examen habla de “muerte accidental”.

Protesta permanente

Al día siguiente de la desaparición de Aguirre, las siete personas involucradas (incluyendo a José Alberto Cedeño, de 18 años, a quien en un mensaje de voz que grabó antes de morir, Aguirre acusó de haberla violado) fueron detenidas. Los familiares y amigos de la víctima han denunciado que hubo pagos de sobornos a fiscales y a autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc) para favorecer a los responsables. De esa denuncia también es eco el documento de la AN.

“Rechazamos la pretensiones, por parte de las autoridades, de cambiar y ocultar los hechos del asesinato y exigimos justicia para Ángela Aguirre y para su familia”, apunta.

La semana pasada, la abogada de la familia Aguirre refirió que los siete detenidos tenían privilegios en el lugar en el que están: el Eje de Homicidios del Cicpc en San Félix. La familia continúa protestando para que haya justicia, una manifestación que ha acompañado la sociedad guayanesa.

 

 

 


 

#MonitorDeVíctimas. Una red de sobornos ha dilatado la justicia en el caso de Ángela Aguirre
Luego de tres semanas de lo que fue tildado por el director del Cicpc como un homicidio, la audiencia de presentación de los siete detenidos por el caso ha sido diferida cuatro veces. Mientras, la sociedad guayanesa sigue exigiendo justicia.

 

@marcosdavidv / FOTO CORTESÍA ÁNGEL AGUIRRE

MILES DE TUITS, CIENTOS DE DENUNCIAS, siete detenidos, cuatro postergaciones de las audiencias de presentación, tres semanas, dos autopsias y un caso sobre el que la justicia venezolana no ha dado respuestas, el del homicidio de la adolescente Ángela Aguirre.

Cada semana transcurrida sin que haya respuestas ha sido, al mismo tiempo, el incremento de las manifestaciones de indignación y de repudio a lo que ya es visto como un cangrejo.

Esta segunda semana de abril dejó tres novedades en torno del homicidio (el 23 de marzo en el río Caroní, estado Bolívar) de la adolescente de 16 años, estudiante de quinto año de bachillerato del colegio Palúa, en San Félix, y habitante de la urbanización Los Alacranes, de esa misma ciudad.

La primera fue que Yamileth Carvajal, abogada de la familia de la víctima, solicitó la recusación de Emily Hernández como fiscal del caso “porque hay mucha manipulación. ¿Tiene que haber dinero para que haya justicia?”.

La segunda fue la difusión de un audio que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encontró en el teléfono celular de la víctima. En ella, Ángela Aguirre dice, llorando: “José Alberto me dejó desnuda… José Alberto me violó, marica”.

 

Devaneos

El sábado 23 de marzo de 2019, los padres de Ángela Aguirre la llevaron al Club Ítalo Venezolano de Guayana para que celebrara el cumpleaños 18 de un amigo: José Alberto Cedeño.

Junto con ellos estaban José Zorrilla (de 44 años), Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28). Todos salieron a bordo de la lancha La Kaki, con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní. Regresaron al club antes de las 2:00 am. Todos menos Ángela.

Al día siguiente comenzó la búsqueda de la adolescente y los siete acompañantes fueron detenidos. Al cadáver lo encontraron el martes 26 de marzo, flotando cerca del balneario El Rey, en Puerto Ordaz. Esa misma noche, el director nacional de Cicpc, Douglas Rico, informó sobre el caso y lo calificó como homicidio.

Hubo dos autopsias. En el informe de la primera se determinó que el cadáver tenía golpes y signos de abusos sexuales. En la segunda, que la muerte había producida por asfixia mecánica.

El viernes 29, Douglas Rico declaró que las investigaciones continuaban y ordenó que el cadáver no fuese enterrado. Aunque entonces no utilizó el término homicidio sino, simplemente, muerte.

 

Causa común

La contradicción entre las dos autopsias levantó la indignación en Caroní. ¿Cómo un primer informe decía que hubo homicidio y el segundo, muerte accidental?

La sociedad guayanesa protestó. Las concentraciones en frente del Palacio de Justicia se volvieron frecuentes y las críticas se enfilaron hacia Emily Hernández, fiscal encargada del caso, a quien acusaron de haber recibido sobornos para favorecer a los detenidos. Por eso la familia de la víctima, con ayuda de la abogada Carvajal, decidió recusar.

“Una vez que es encontrada la menor muerta, violada y torturada hubo evidencias de que pegaron y dejaron fracturas en su cráneo. ¿Cómo es posible que la fiscal Emily Hernández, que tiene que llevar la investigación, le va a decir a los padres que se callen y que la niña no fue violada? La niña tuvo violación. ¿Cómo es posible que en la segunda autopsia dice que la muerte fue por asfixia?”, explicó después de solicitar la recusación y de corroborar que, según la información que maneja, en el caso hubo pagos en dólares y en oro.

Organizaciones y sociedad civil siguieron exigiendo justicia. “Recordamos la obligación que tiene el Estado venezolano de prevenir, investigar y castigar violencia sexual y el feminicidio, ambos delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso en un comunicado la Red Naranja de Mujeres.

Manuela Bolívar, diputada de la legítima Asamblea Nacional, anunció este viernes, 12 de abril, que “desde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género expresamos nuestras condolencias con la familia de Ángela Aguirre. Nuevamente, los derechos humanos de la mujer venezolana son violados. El caso de Ángela Aguirre es un feminicidio. No podrán cambiar la versión. Es urgente una investigación imparcial que atienda los estándares internacionales de protección de derechos de la mujer como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Ángel Aguirre, papá de la víctima, también acusó a la fiscal de querer ocultar el crimen y de liberar a los culpables. En medio de la hojarasca, en la tarde del viernes, el caso pareció tomar un cariz diferente con la tercera novedad de la semana: la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los siete detenidos serán imputados en el Tribunal primero de control con competencia en violencia contra la Mujer de la región.

Eso último significa que la tesis del homicidio no está desestimada y que, luego de las enmarañadas torceduras, el caso podría esclarecerse prontamente, mientras una sociedad en la que resuena el llanto acusatorio del audio de la víctima, clama que los culpables paguen sus culpas con una voz que es ahora común: Justicia para Ángela.

 

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#Monitor de Víctimas | Ciudad Guayana reclama justicia por la muerte de adolescente en el río Caroní
El Cicpc determinó que la muerte de Ángela Aguirre ocurrió por inmersión y que el cadáver tenía signos de violencia sexual. La desconfianza en las instituciones estatales ha llevado a la opinión pública a exigir justicia

 

@marcosdavidv

EL INFORME SOBRE LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal sitúa a Ciudad Guayana como la séptima urbe más violenta del mundo: en 2018 hubo 645 asesinatos (78,30 por cada 100 mil habitantes).

La violencia criminal es lo habitual entre Puerto Ordaz y San Félix, los dos enclaves que conforman Ciudad Guayana. Los asesinatos pasan, regularmente, como asunto rutinario.

Pero desde hace una semana hasta ahora, esa parsimonia se rompió. Al punto de que, tal como lo afirmó Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la presión de los guayaneses fue uno de los factores determinantes para que ahora el caso de la muerte de Ángela Aguirre esté a punto de esclarecerse.

¿Muerte? Esa fue la segunda versión de Rico, la de este viernes en una rueda de prensa en la sede de San Félix del Cicpc. La primera fue la del martes en la noche: homicidio.

¿Por qué la contradicción? Luego de haber asegurado que Aguirre, de 16 años, fue asesinada, el funcionario afirmó que serán las investigaciones las que determinen causas y responsabilidad de este hecho que agitó –que agita-, la opinión pública.

Inconsistencias

El sábado en la tarde, Ángela Aguirre contestó el mensaje de un estado de Whatsapp de José Alberto Cedeño, con una sola palabra: “Yo”. La pregunta de Cedeño: “¿Quién para salir al río ya?”.

Los padres de Aguirre la llevaron al Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG). Allí se encontró con Cedeño, quien celebraba su cumpleaños 18. Salieron en la lancha La Kaki, después de las 6:00 de la tarde, del puerto del club con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní, a pesar de que a esa hora están prohibidas las salidas.

Además de Ángela y de José Alberto, estaban José Zorrilla (de 44 años, tío del cumpleañero), Glauder Zorrilla (19 años), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28).

La lancha regresó a las 2:00 de la mañana al club. Fue entonces cuando dijeron que Ángela se había perdido. Todos fueron detenidos e interrogados. Se contradijeron en varias versiones salvo en una: que se descuidaron para buscarle un trago a la adolescente y que cuando se percataron, había desaparecido.

Movilización total

Los baches de la historia eran llamativos. ¿Cómo es que siete personas sirvieron un solo trago? ¿Cómo es que las siete no se percataron de lo que le pasó a Ángela? ¿Cómo es que esperaron varias horas para decir lo que había pasado?

Las redes de los guayaneses reprodujeron miles de veces las mismas preguntas. Y comenzaron a exigir justicia. El domingo en la mañana comenzó la búsqueda con el Cicpc, con la Gobernación de Bolívar y con dueños de lanchas que se unieron a la operación. No hubo resultados.

Hasta el martes en la mañana, cuando el cadáver de Ángela flotó bocabajo, con un traje de baño y un chaleco. El cadáver estaba enmarañado con algas y ramas, cerca del balneario El Rey.

Las certezas de la autopsia las explicó Rico en la rueda de prensa de este viernes. “Ella muere ahogada. Cuando la persona fallece y luego es lanzada al río no ingresa agua a sus pulmones. Y cuando se hace la autopsia, tenía agua en sus pulmones. Hay lesiones en las partes íntimas que revelan que hubo relaciones sexuales”, detalló.

Para continuar con las investigaciones, Rico ordenó que el cadáver permaneciera en la morgue. El periodista y abogado Germán Dam reveló que la audiencia de presentación de los detenidos se postergó para este lunes porque el Cicpc espera “los resultados de pruebas de ADN que mandaron para Caracas. Se trata de una muestra de semen hallada en el cuerpo de Ángela y muestras de los cinco varones detenidos. Con esto, se tendrá al autor del crimen y se podrán establecer las responsabilidades de cada uno”.

Por ahora: esperar

El director del Cicpc apuntó que una segunda lancha, Escape, fue “registrada y sometida a experticias por el Cicpc. Por unas fotos de la occisa supimos que esa embarcación también era parte de la celebración”.

El nuevo dato novedoso es que ni Ángela ni los detenidos consumieron sustancias sicotrópicas en la noche del sábado. “Se hicieron todos los exámenes toxicológicos contra las personas que estaban detenidas. Quizás la cantidad de alcohol que había tomado no fue suficiente y además no hubo consumo de sustancias ilícitas”.

Daniel Aguirre y Yerlis Yaguare, padres de Ángela, no han querido declarar sobre el caso. Solo publicaron un comunicado en el que pidieron “claridad en los hechos y que se haga justicia, si en algo quieren colaborar es en dejar de llevarse por comentarios de redes sin fundamentos y de manera irresponsable”.

Douglas Rico prometió que la habría y, aunque no directamente, dijo que el de Ángela es un caso de femicidio. En 2018, de acuerdo con Ateneo Ecológico del Orinoco, a través de su Programa Observatorio Guayanés de Violencia Basada en Género, aumentaron 19 por ciento en 2018 en la zona.

Mientras tanto, en Ciudad Guayana muchísimos siguen exigiendo que la muerte de Ángela, quien en julio se iba a graduar de bachiller, no quede impune: es lo que más temen.

 

#MonitorDeVíctimas | Por represión militar en el sur de Bolívar se contabilizan cinco muertos

SON CINCO LOS ASESINADOS por la violencia represiva del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, al sur del estado Bolívar, entre viernes y el sábado.

La víctima más reciente es Kliver Pérez, de 24 años. Fue herido en la madrugada del viernes, durante la arremetida del Ejército contra la Guardia Territorial Pemón. 16 indígenas fueron heridos de bala.

Pérez era guía turístico en la Gran Sabana. Tenía una esposa y dos hijos. Ni en el ambulatorio de Kumarakapay ni en el hospital de Santa Elena de Uairén había insumos para atenderlo. Por eso fue trasladado al Hospital General de Roraima, en Boa Vista, Brasil, por un grupo de amigos.

La prensa brasileña reseñó que tenía dos balazos: uno en el tórax y otro en el abdomen. El hígado y el intestino resultaron lesionados. No resistió y murió en la noche de este miércoles.

Pérez es el tercer pemón asesinado en esta arremetida. Zoraida Rodríguez fue la primera: murió en la misma madrugada del viernes 22 de febrero por tres balazos en el corazón. Al día siguiente, José Elsey Pérez fue herido de bala en el pecho en la protesta en frente del Fuerte Escamoto, a medio camino entre Santa Elena de Uairén y la frontera con Brasil.

Incertidumbre que prevalece

El sábado también murieron José Hernández y José Barrios. Los dos, con heridas de bala en las cabezas. Testigos señalaron a funcionarios militares como responsables.

El miércoles, grupos oficialistas desalojaron a la fuerza a los pemones que custodiaban el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a pesar de que lo administraban desde hace tres años. El Ministerio para los Pueblos Indígenas no se ha pronunciado sobre estos hechos.

Hasta principios de la tarde de este jueves, la frontera con Brasil seguía cerrada.

#MonitorDeVíctimas | Santa Elena de Uairén atrapada entre balas, muerte y ayuda humanitaria

EN EL SENO IZQUIERDO del pequeño cuerpo de la mujer había tres heridas circulares que formaban un triángulo. Dos abajo, una arriba. Ninguna tocó la areola. No sangraban ya porque habían pasado más de doce horas desde su muerte. En ese lapso del viernes 22 de febrero —y hasta el otro día— el cuerpo estuvo en el mismo lugar: el piso del ambulatorio del caserío indígena Kumarakapay, municipio Gran Sabana, al sur del estado Bolívar.

Al cadáver lo pusieron en una esquina del ambulatorio y lo taparon con una sábana azul. En el medio había una silla ginecológica. Y en la esquina opuesta, un colchón ensangrentado. “Es que no hay camillas y los tuvimos que atender a todos ahí”, explicó el joven médico de la comunidad. El único, por cierto.

Esa fue la primera sala funeraria para Zoraida Rodríguez, quien doce horas antes vivía y estaba dedicada a su trabajo de freír las empanadas que vendía en la Troncal 10, la vía que atraviesa el sur de la región y conecta Venezuela con Brasil.

Fueron las últimas empanadas que cocinó antes de que tres balas, las tres balas que no tocaron la areola de su seno izquierdo pero que sí se le clavaron en el corazón, la mataran en algún momento antes del amanecer.

La razón del asesinato estuvo, en buena medida, a unos metros de su casa. Se trataba de una pancarta que los lugareños habían colgado en plena vía y que tenía cuatro palabras: “Guaidó, presidente. Aretauka-La Gran Sabana”.

Era la consigna con la que había despertado Kumarakapay. El mensaje implícito, entonces, era el desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de la República. Querían calentar los ánimos para marchar al día siguiente hasta Santa Elena de Uairén —a una hora de camino en carro— para apoyar la llegada, por vía brasileña, de la ayuda humanitaria.

Soberanía perdida

Zoraida Rodríguez tenía 46 años y seis hijos. Fue la primera víctima de la violencia represiva que desplegaron las fuerzas militares durante el fin de semana en el sur de Bolívar.

Su hermano, Tony, no tenía mucho por decir en la tarde del viernes. Solo contó, una y otra vez, lo de las empanadas que cocinaba su hermana antes de que cayera herida en sus brazos.

Balbuceó algunas cosas antes de morir. A su esposo, Rolando García, también lo hirieron con un balazo en el abdomen. Se lo llevaron a un hospital de Boa Vista porque en el ambulatorio de Kumarakapay no había siquiera gasas para detener las hemorragias. Sobrevivió.

Richard Fernández, cacique de la comunidad, explicó que cuando llegó el Ejército nadie estaba cerrando la vía. “Vinieron disparando”, aseguró.

Los convoyes del Ejército iban con dirección a Santa Elena de Uairén entre las 3 y las 4 de la mañana del viernes. La Guardia Territorial Pemón trató de impedirles el paso porque sabía que esos uniformados iban a la frontera también a impedir un acceso: el de la ayuda humanitaria.

Los soldados dispararon y huyeron. En el caserío quedó un reguero de sangre y 16 heridos. “Primero llegaron tres pacientes con heridas de balas múltiples en el tórax. No teníamos los insumos necesarios para atender tal cantidad de gente. No teníamos gasas para hacer compresión en las heridas. Por eso, los que estaban decayendo era por hemorragias. Una de las primeras que trajeron fue a la señora Zoraida. Pero estuvo 30 minutos con vida nada más”, detalló el médico.

Si hubiese habido insumos, ¿ella tenía salvación?

—Difícilmente, por los impactos de bala en el área cardíaca.

En la mañana, una comisión de la Guardia Nacional llegó al pueblo. Los indígenas la bajaron de la camioneta. Les espicharon los cauchos, les rompieron los vidrios y les sacaron varias partes del motor. Retuvieron a los tenientes Roselino Jose Leal Contreras, Jose Antonio Gómez Sifontes y Grecia del Valle Roque Castillo; al sargento Carlos Alfredo Chirvita Marino y al general José Montoya, hasta el lunes 25 de febrero, comandante de Zona de la Guardia Nacional.

Los uniformados pasaron el día sentados delante de la comunidad, con los dedos entrecruzados y los hombros caídos. “¿Estás viendo cómo están matando a nuestra gente?”, le enrostraban los pemones.

En el piso del ambulatorio, el cadáver de Zoraida Rodríguez palidecía. Era la única víctima de la represión que desataron las fuerzas armadas.

Hasta ese momento.

Desconcierto enfatizado

Cuando amaneció el sábado, diputados a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar (Olivia Lozano, Ángel Medina, Freddy Valera, Francisco Sucre y Luis Silva) estaban reunidos, junto con los equipos de sus respectivos partidos (Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática), en el lobby del hotel Anaconda, en Santa Elena de Uairén. Todos notaron un par de ausencias: la de los diputados de La Causa Radical, Américo de Grazia y José Prat.

La meta era clara: llegar hasta la frontera, a unos 10 kilómetros de allí, para recibir los camiones con ayuda humanitaria. Pero no había —o al menos en ese momento no se comunicó al grupo de unas 100 personas en el lobby— una estrategia sobre cómo actuar. Los presentes asumieron que llegarían a la frontera como fuese. A las 9 de la mañana, cuando lo intentaron, se percataron de que iba a ser difícil: un piquete de la Guardia Nacional en frente de la entrada del Fuerte Escamoto impedía el paso hacia la frontera. Decenas de caminantes con morrales al hombro esperaban para cruzar.

William Itiho Amano, un brasileño de 34 años, era uno de ellos. Había entrado a Venezuela 10 días antes con tres amigos para subir el tepuy Roraima. De vuelta, se encontraron con que no los dejaban salir.

¿Se sienten secuestrados?

—Sí.

¿Presentaron sus identificaciones?

—Sí. Falamos con Consulado. Consulado está falando con Embajada. Estamos esperando.

Pero a las 9:55 de la mañana pasó lo que nadie esperaba: los uniformados se retiraron y un grupo de civiles —que estaba en el fuerte— levantó las barricadas. Todos celebraron por partida doble: ellos saldrían y la ayuda humanitaria entraría. Mujeres con bebés en brazos, hombres con cavas y niños con morrales caminaron para completar los 6 kilómetros hasta el punto de control fronterizo.

A esa misma hora, en Santa Elena, se reavivaron las protestas que habían comenzado en la madrugada —y que dejaron dos carros oficiales y un puesto de vigilancia de la Guardia Nacional quemados—. Se reavivó también la represión militar.

En el Casco Central, una protesta exigía la entrada de la ayuda humanitaria. Nadie de su familia sabía que José Hernández estaba allí, en medio de los perdigones y de los gases lacrimógenos. Allí, donde un balazo lo mató. Era mediodía.

Leidy Bravo, de 22 años, apuntó que los funcionarios de la Guardia acorralaron a los manifestantes. Y, sin dudas, dijo que “un guardia le disparó en la cabeza. Él les gritaba: ríndanse. Y el guardia le disparó en la cabeza, al frente de la plaza”.

En ese momento, la Guardia Nacional había puesto de nuevo los piquetes en la vía hacia la frontera. Al frente de ellos no había caminantes esperando cruzar hacia Brasil, sino manifestantes que quería apoyar la entrada de la ayuda humanitaria. Uno de ellos era José Pérez, de 20 años: a la postre, la segunda víctima del día.

“Nosotros nos concentramos allí y comenzaron las lacrimógenas y los perdigones. A este chamo le dispararon en ese momento en el pecho. Cayó pálido. Cayó hacia atrás”, detalló Erick Noguera, testigo.

Verónica Manzano también lo vio caer: “Le pregunté que en dónde le dieron pero no me decía nada”. Pérez murió al momento.

Varias versiones coincidieron en que había civiles escondidos a los lados de la vía. ¿Acaso los mismos que horas antes habían ayudado a levantar las barricadas? ¿Acaso dispararon también?

“¿Y el dolor de uno?”

La convulsión abandonó, luego de la 1:00 de la tarde, el Casco Central y las inmediaciones del Fuerte Escamoto y se instaló en el Hospital Rosario Vera Zurita.

Los que antes gritaban consignas a favor de la ayuda humanitaria ahora vociferaban improperios contra los que bloqueaban la entrada a los carros (particulares todos) que trasladaron a los heridos.

La sangre manchaba a gotas el piso de la entrada de cemento. Mujeres y hombres se igualaron en que gritaban, lloraban y suplicaban información sobre si allí estaba algún familiar. Cada cinco minutos llegaba otro carro con un alarido recurrente: “¡Coño e la madre, quítense!”. Los curiosos también querían su puesto en primera fila.

“Esta es una brutal agresión a este pueblo noble que se niega a rendirse. Aquí estamos sin anestesia. Solo tenemos propofol vencido. No podemos atender a los pacientes con traumatismos. Ya tenemos tres referidos a Boa Vista”, explicó en la puerta de la emergencia el doctor Humberto Guevara, epidemiólogo del hospital.

José Hernández fue el primero en ser anunciado como muerto. Minutos después, a sus hermanas les dijeron que no era así. Confusión: uno de los enfermeros se confió porque un tal Jorge Hernández estaba vivo y fuera de peligro. Su mente cambió de José a Jorge y anunció la buena nueva. Pero más tarde lo corroboraron: José sí había muerto por un balazo en la frente.

“Él tenía un puestecito en Cuatro Esquinas. Ahorita, según, pasó la ayuda humanitaria y la gente aplaude, ¿pero y el dolor de uno?”, dijo una de sus hermanas, quien en el antebrazo izquierdo tiene un tatuaje: “Familia es familia”.

Cada hora había un corte de luz en Santa Elena. Las comunicaciones por teléfonos celulares eran asunto imposible. Eso silenció verdades y avivó rumores. Afuera no había certezas sobre la cantidad de víctimas y sobre si, al fin, entraron camiones con el cargamento humanitario.

En la noche se confirmó el tercer asesinato del día: el de José Barrios, de 23 años, herido de bala en la cabeza en frente de un comando de la Guardia Nacional de centro del pueblo.

Mientras tanto, un toque de queda se impuso sin decreto: los militares reprimieron cualquier vestigio de protesta. Los diputados opositores se fueron de donde estaban alojados porque temían una persecución —quizá basados en que la GNB instaló dos tanquetas durante algunas horas en el hotel.

En Kumarakapay, de acuerdo con testigos, la comisión que buscó a José Montoya apresó a 10 pemones: Luis Díaz, Simón Afanador, Lima Sánchez, Kelvin Rodríguez, Víctor Vásquez, Jesús Vargas, Wilfredo Londoño, Isaac Castro, Radamel Yanti y Roger Fernández. Luego de eso, otros líderes pemones decidieron salir por la vía de las trochas a Brasil.

La otra incógnita del sábado y de todo el domingo era el destino del alcalde de Gran Sabana, Emilio González. Solo declaró este lunes para decir que no había sido destituido, que había salido a Brasil por seguridad y que había designado como encargado a Abraham Moreno, director de Servicios públicos de la Alcaldía.

Desde el sábado, diputados como De Grazia y Romel Guzamana afirman que hubo, al menos, 15 asesinatos. Pero hasta este martes no había familiares reclamando los cuerpos. Los cuatro asesinados, los más de 30 heridos y al menos 25 detenidos (entre Kumarakapay y Santa Elena de Uairén) son la única certeza que hay después de un fin de semana que se auguraba de celebración y terminó siendo de muertes y sufrimiento. Aunque el chavismo se haya empeñado en maquillarlo todo con un templete que incluyó tarima y música. Era domingo. Los cuatro cadáveres baleados yacían en la morgue.

#MonitordeVíctimas Fuerzas militares matan a siete integrantes de la banda “El Coporo” en Tumeremo
Los habitantes de Tumeremo habían escuchado rumores de que este fin de semana podrían ser testigos de nuevos hechos de violencia. Y así fue: desde las 6:00 de la mañana de este sábado  y a menos de quince días de la masacre de Los Candados (Sifontes), fuerzas estatales e integrantes de la banda El Coporo se enfrentan, con balas y granadas, en La Caratica. Hasta la noche del sábado había siete muertes confirmadas (todas las víctimas, integrantes de la pandilla) en un hecho que ventila el descontrol gubernamental sobre las armas en las zonas mineras

 

Jhoalys Siverio, María Ramírez y Marcos Valverde

LOS HABITANTES DE TUMEREMO, municipio Sifontes, estaban advertidos: desde el viernes recibieron mensajes de Whatsapp y panfletos por debajo de sus puertas. Ambos les advertían que pronto comenzaría una guerra.

Pues el combate comenzó en la mañana de este sábado, cuando ellos mismos reportaron la militarización del pueblo y cierre de comercios luego del enfrentamiento entre miembros de la banda de “Coporo” y fuerzas estatales que ingresaron al sector La Caratica.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (Redi Guayana), Jesús Mantilla, confirmó a Correo del Caroní que en el operativo mataron a siete personas, integrantes de la banda de Josué Zurita Arévalo, apodado “El Coporo”.

“Desde esta mañana hay operaciones contra las bandas armadas que operan en el sector. Han resultado muertos siete delincuentes, presuntamente de la banda de El Coporo y hay cuatro efectivos nuestros con heridas leves producto del lanzamiento de dos granadas que usaron los delincuentes, pero están fuera de peligro”, dijo.

El operativo militar inició a primera hora de la mañana de este sábado, cuando los uniformados llegaron por la zona residencial de El Pariche, adyacente a La Caratica. Lo relató un habitante de la comunidad que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

“Se metieron por detrás para rodearlos. Cuando los rodearon, sacaron a dos malandros enconchados. Allí fue cuando se metieron a La Caratica y empezó la balacera. Nadie corrió, se enfrentaron. Los malandros les lanzaron una granada e hirieron a unos guardias. En esa lanzadera, hubo una casa afectada con un niño, dos mujeres y un señor afectados”, informó el vecino del sector.

“Ninguno de los duros de la banda de El Coporo cayó. Estaban enfrentándose pero no cayeron. Murieron los que estaban resguardándolos a ellos”.

 

“Han resultado muertos siete delincuentes, presuntamente de la banda de El Coporo y hay cuatro efectivos nuestros con heridas leves producto del lanzamiento de dos granadas que usaron los delincuentes, pero están fuera de peligro”. General Jesús Mantilla, jefe de la REDI Guayana

 

Sector sin ley

Una minuta oficial detalló que en el procedimiento los funcionarios incautaron “dos fusiles, una escopeta, tres pistolas, dos granadas, varias municiones. Esta organización criminal está vinculada con los delitos de extorsiones, sicariatos, robos, cobros de vacunas y otros”.

Pasadas las seis de la tarde, la operación conjunta de la Fuerza Armada y la subdelegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) continuaba. Los muertos no habían sido identificados aún. “Ellos enfrentaron a las fuerzas del orden público y fue necesario repeler el ataque”, dijo el jefe de la REDI Guayana.

La minuta detalla, además, que tres militares ingresaron heridos al hospital Doctor José Gregorio Hernández, en Tumeremo.

Los habitantes de Tumeremo había recibido advertencias de lo que ocurriría Foto: William Urganeta

 

El miedo se impone

Desde la llamada masacre de Bochinche, ocurrida el 14 de octubre en una vía cercana a la mina Corregente (en el sector Los Candados), donde fueron muertas siete personas, se ha mantenido la tensión en Tumeremo por los enfrentamientos armados. El lunes, un grupo de motorizados obligó a comerciantes a cerrar sus negocios, al igual que las escuelas. Este sábado, también cerraron los negocios.

Incluso, en ese ínterin, tres personas fueron muertas en distintos sectores en menos de un día.

Aunque familiares de los siete mineros asesinados en El Candado aseguraron que se trató de una emboscada de “la guerrilla”, el jefe de la REDI Guayana, Jesús Mantilla, y el director del Cicpc, Douglas Rico, desestimaron esta versión y afirmaron que se trató de enfrentamiento entre la banda de “El Coporo” y la del “Gordo Lisandro”, pran muerto en Aragua.

La banda de Zurita Arévalo, apodado El Coporo, tiene su centro de mando en el sector La Caratica, en donde habitan los cabecillas del grupo delictivo que controla varias minas del municipio Sifontes. Fue en esa zona, donde decenas de familiares protestaron el lunes 15 de octubre para exigir la búsqueda de sus parientes en la mina Corregente, tras conocerse de la masacre de siete personas en la vía de Los Candados, a kilómetros del yacimiento aurífero.

El intercambio de disparos, contó el habitante de La Caratica, se escuchaba en el centro de Tumeremo, lo que obligó a comerciantes a mantener sus santamarías abajo. “Hay como un toque de queda. No hay nadie en la calle. Todo está cerrado”, dijo un habitante de la comunidad, pasadas las cinco de la tarde de este sábado.

Tanto en el centro de la localidad como en los barrios cercanos como La Caratica hay presencia militar.

Los cuerpos de los muertos fueron trasladados en la noche del sábado a la morgue de la sede de San Félix del Cicpc.

 

Este enfrentamiento ocurre a menos de dos semanas de la masacre de Los Candados Foto: William Urdaneta 

 

#MonitordeVíctimas | Confirman hallazgo de siete cadáveres en mina del sur de Bolívar
Desde el lunes, habitantes de Tumeremo (municipio Sifontes, de Bolívar) protestan para exigir una investigación acerca de una masacre ocurrida el domingo en la mina Los Candados. Los manifestantes, al igual que el diputado a la Asamblea Nacional Américo de Grazia, endilgan el hecho al Ejército de Liberación Nacional.

@marcosdavidv

Ciudad Guayana. Una comisión militar llevó al Fuerte Tarabay, en el municipio Sifontes, del sur de Bolívar, siete cadáveres descompuestos de cuatro hombres y tres mujeres durante la noche de este martes: son los cuerpos que sacaron de la mina Los Candados, sector Bochinche (cercano a la zona del Esequibo) de ese municipio, luego de una masacre que ha sido denunciada por las familias del pueblo como responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), publica el portal Crónica.Uno.

La información la confirmó el diputado Américo de Grazia, representante del sur de Bolívar en la Asamblea Nacional, quien es otra de las voces que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de permitir el ingreso de las células guerrilleras a las zonas mineras.

Pobladores y familiares de las víctimas aguardan en Tumeremo el traslado de los cuerpos desde las minas Los Candados para darles sepultura. Hasta el momento, no se conoce las cifras exactas de muertes ocurrida”, explicó.

Este miércoles, una comisión del Ejército, junto con consejos comunales de Sifontes, regresará a la mina tal y como lo hizo el martes, en helicóptero, para continuar el rescate de los cadáveres que todavía quedan.

Asunto cotidiano

De Grazia aseveró que, de acuerdo con las opiniones que recabó, la masacre se originó por el enfrentamiento entre la banda de “El Coporo” y el ELN por el control de la mina. Sobrevivientes de la balacera, 10 en total, fueron atendidos en el hospital Doctor José Gregorio Hernández.

Hasta ahora hay 18 personas desaparecidas. Por eso, pobladores de Tumeremo cerraron nuevamente la Troncal 10, la única vía terrestre que comunica Venezuela con Brasil, para exigir una investigación sobre el caso y los rescates de los cadáveres.

Además del Ejército, participan la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Esta nueva matanza reaviva los temores de los habitantes de Sifontes en torno al hecho que, en marzo de 2016, dejó en evidencia los asesinatos que ocurren por el control de las minas de Bolívar: la masacre de Tumeremo.

En aquel suceso, negado originalmente por el gobernador de entonces, Francisco Rangel Gómez, al menos 17 personas murieron baleadas en una mina de ese mismo municipio. Fue, además, la advertencia que más altamente ha sonado acerca del desorden y la impunidad de ese proyecto con un sinfín de fisuras llamado Arco Minero del Orinoco, inaugurado por Nicolás Maduro pocos días antes de dicha masacre.