El Parque Nacional El Ávila, la montaña que se ha convertido en un emblema de Caracas, recibió este año una doble amenaza pese a ser un área protegida. Su futuro está en vilo.
Los derrames petroleros y la contaminación que producen en cuerpos de agua siguen siendo una constante. Son de tal magnitud que, incluso, ahora la NASA pone su atención en ellos.
Y mientras en la capital del país, la tala de árboles está descontrolada, en otras regiones avanzan iniciativas de académicos e investigadores que buscan crear redes para garantizar la conservación de las áreas naturales.
Este artículo es una colaboración periodística entre Runrun.es y Mongabay Latam
El ruido de las motosierras se hizo parte de los sonidos de Caracas durante los últimos meses de 2021. Muy cerca de las elecciones regionales, en las que se escogerían a los alcaldes y gobernadores, las autoridades locales avalaron la poda de cientos de árboles, lo que llevó a la movilización de activistas que salieron a marchar para defenderlos.
También en la capital venezolana, nuevas acciones amenazaron al principal pulmón vegetal de la ciudad: el Parque Nacional El Ávila. El presidente Nicolás Maduro anunció que dentro del área protegida se construirá la “primera ciudad comunal de Venezuela”, plan sobre el que no se ha divulgado mayor información, pero mantiene en alerta a los distintos actores . Y, además, avanza una inminente actualización del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de este lugar, impulsada en parte por la acción de ciclistas que buscan levantar la prohibición de circular por las rutas de esta montaña.
Mientras esto sucedía en Caracas, hacia el occidente del país se repetía una constante: los derrames petroleros. La NASA agitó las redes sociales con una imagen del Lago de Maracaibo poblado de miles de torres petroleras y balancines, y una mancha aceitosa que mezcla el negro del hidrocarburo con el verde de las algas que cubren la superficie.
En 2021, además, el cambio climático dio una estocada al territorio venezolano. Las lluvias extremas provocaron deslizamientos en los andes del país y dejaron 20 muertos. En una decena de estados, las precipitaciones persistentes causaron numerosas inundaciones. Pese a las malas noticias, al menos hay dos notas positivas que abogan por la conservación.
Estos son algunos de los temas que activistas, biólogos y ambientalistas identifican como los principales hitos ambientales en Venezuela durante este 2021, y de los cuales hablan con Mongabay Latam.
Lo malo: guerra contra los árboles
“Una sociedad que destruye sus árboles, jamás su tronco endereza”. Eso se leyó en una de las pancartas que el 27 de noviembre se levantaron en Caracas, durante una movilización ciudadana en contra de la tala indiscriminada de árboles que sufrió la capital venezolana en los últimos meses del año. La acción, no obstante, no es nueva.
“La pérdida del arbolado urbano ocurre desde que yo estoy chamo”, aseguró José “Cheo” Carvajal, activista, director de la asociación civil Ciudad Laboratorio, y líder de Plantados, una plataforma-coalición de organizaciones ciudadanas que defienden los árboles de Caracas. Rememoró, por ejemplo, cuando en 2015 se talaron al menos 700 caobas por la ampliación de la autopista Valle-Coche. “¿Por qué sucede esto? Porque estamos defendiendo un modelo en el que lo más importante es el carro (coche)”, criticó.
La última tala de árboles se activó en el segundo semestre del año y se intensificó en los meses previos a las elecciones regionales de noviembre de 2021. El registro quedó en denuncias y comentarios que se publicaron tanto en chats vecinales como en las redes sociales. Videos y fotos de árboles mutilados comenzaron a verse en los timelines de los caraqueños.
El mayor problema que existe ahora, subrayó Carvajal, es la falta de protección del árbol. “Ahorita estamos en un momento muy particular porque no hay contención institucional, se supone que las alcaldías son las responsables de ese patrimonio verde, del arbolado urbano, y ahora parece que se están dedicando a gestionar en donde la gente quiere que talen (…) No hay instituciones que defiendan al arbolado urbano”, sentenció el activista.
La situación empeora si se toma en cuenta el momento que atraviesan los gobiernos locales, con bajísimos presupuestos y un personal que suele estar poco calificado, recordó Carvajal. Por esa razón, relató, las podas se retrasan mientras los árboles se enferman y, cuando finalmente se ejecutan, se hacen mal y los troncos terminan mutilados.
Aunque en medio de la poda masiva se rumoró que la madera cortada termina como leña en los hogares donde no llega el gas doméstico por la crisis del combustible que vive Venezuela, Carvajal insistió en que hay una “guerra contra el árbol” que proviene de muchos frentes: vecinos que quieren que los poden o eliminen por diversas razones (raíces que rompen muros o se meten en las tuberías); promotores inmobiliarios y los comerciantes que quieren más visibilidad de sus negocios. En ninguno de los casos, advirtió el activista, se hacen evaluaciones que permitan ver si estas acciones deben o no permitirse.
Lo trágico: deslizamientos por cambio climático
Paredes derrumbadas, coches arrastrados por la corriente, calles convertidas en caminos de piedras, vías convertidas en lodazales, ramas y troncos de grandes árboles en medio de aceras y calzadas. Esas eran las imágenes de destrucción del pueblo de Tovar, en el estado Mérida, a casi 800 kilómetros de Caracas, que llegaban la mañana del 24 de agosto de 2021 a los medios de comunicación y a las redes sociales. Las fuertes y persistentes lluvias habían provocado un deslizamiento allí y en otros siete municipios, dejando al menos una veintena de muertos y cientos de familias afectadas.
Dos días después, el sacerdote Vicente Arellano enviaba un reporte a la Arquidiócesis de Mérida para describir la situación: los heridos se trasladaron en camillas improvisadas, los servicios públicos colapsaron, los pueblos quedaron incomunicados porque las vías estaban tapiadas y los únicos que intentaron hacer una limpieza fueron los habitantes de la zona. La comida se agotó.
Si bien en Mérida ocurrieron las consecuencias más graves, hubo inundaciones en al menos 11 estados a lo largo de 2021. Las fotos de calles anegadas o desbordadas se convirtieron en una constante y provocaron que decenas de personas tuvieran que desplazarse.
El investigador y geógrafo Antonio De Lisio explicó que, debido al cambio climático, se prevé que Venezuela sea un país cada vez más caliente y más seco. Pero esas estimaciones no significan que las lluvias desaparezcan, sino que los eventos de precipitaciones o sequía sean cada vez más intensos como los ocurridos en Mérida.
“Recordemos que la ocurrencia de un evento extremo, no quiere decir que no haya recurrencias. Antes podíamos decir que estas situaciones se presentaban cada cuatro o cinco años, pero ahora ese período es más errático. Sin embargo, estos son eventos que pueden ocurrir”, afirmó De Lisio.
Tal situación preocupa al experto, exdirector del Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB) de la Universidad Central de Venezuela, porque no hay cómo predecirla. Llamó la atención sobre un punto clave: la carencia de un sistema de alerta temprana que nunca se instaló en ríos, cuerpos de agua e incluso en laderas, y que hubiese permitido llevar el registro de su comportamiento.
“A finales de los 90 y a comienzos de 2000 se anunció que se iba eliminar el sistema analógico meterológico e hidrométrico que tenía Venezuela, porque todo el monitoreo de los ríos, las lluvias y otros elementos del clima se iba a digitalizar. Entonces, el sistema se eliminó y nunca se sustituyó. Nuestra capacidad de predicción es realmente baja”, denunció el especialista en planificación, ecología y desarrollo sustentable.
Esta carencia, además del riesgo que representa, es una muestra del rezago tecnológico del país. De Lisio considera que, con respecto al tema ambiental, la nación está al nivel de los años 50 o 60, porque además hay un retroceso institucional debido a la pérdida de la capacidad de respuesta y estudio de este tipo de situaciones.
El problema se agrava con otras variables, como el escaso mantenimiento del alcantarillado y las quebradas. “No hay un trabajo de limpieza de drenajes y si no lo hago, si no limpio las quebradas que se convirtieron en basureros a cielo abierto, puede haber inundaciones. Por eso en Caracas con una lluvia de 20 milímetros se inundan todas las calles”.
Esta vulnerabilidad aumenta, según De Lisio, porque tampoco la población está preparada para estos eventos. “Si no logramos establecer nuestro sistema de monitoreo ni educar a la población, nuestra situación va a ser crítica, y ni lo uno ni lo otro se está haciendo”, sentenció.
Lo feo: parques nacionales a la deriva
Lo dice el artículo 28, numeral 9, del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional El Ávila, la gran montaña que está al norte de Caracas: la circulación de bicicletas está prohibida dentro de esta área protegida. Sin embargo, durante 2019, allí se realizó una competencia de ciclismo de montaña y en abril de 2021 se pensaba repetir. Solo las críticas y protestas por parte de ambientalistas y comunidad científica lograron detenerla.
Pese a la suspensión, un hecho preocupó a los defensores del Ávila. Inparques —institución que se encarga de la administración y protección de los parques nacionales de Venezuela— convocó a una discusión sobre la actualización del PORU del área natural. Alejandro Luy, coordinador de la organización ambientalista Tierra Viva, presenció la serie de encuentros que propició charlas y talleres. Sin embargo, hoy día se sabe que el instrumento aún está en evaluación.
Luy piensa que permitir el ciclismo masivo en el parque implicaría el deterioro de los suelos y las trochas, la apertura de nuevas rutas, el desplazamiento de la fauna porque habrá mayor intensidad en el uso del parque, y el riesgo de accidentes entre los visitantes que suben a pie y los que van en bicicleta por las mismas vías.
Además de los intentos de los ciclistas, hubo un anuncio presidencial que levantó múltiples críticas: la construcción de una ciudad comunal dentro del Ávila prometida por Nicolás Maduro en octubre pasado. Si esto ocurre, lo que podría esperarse es un mayor tránsito de personas, deforestación, más basura e instalaciones que puedan permitir que las nuevas edificaciones tengan servicios públicos. “Uno necesita estar alerta en función de conocer los impactos sobre el medio ambiente si eso llegara a ocurrir”, subrayó Luy. Sin embargo, todavía no se ha adelantado nada del polémico plan.
El Ávila no es el único parque nacional amenazado. En el archipiélago Los Roques se levantan construcciones con materiales y formas que también contravienen lo establecido en su PORU y en áreas en donde las nuevas edificaciones están prohibidas. En Canaima —tanto en el sector occidental, donde está la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel; como en el oriental, donde está la Gran Sabana—, declarado Patrimonio de Humanidad por la Unesco, hay zonas en donde se practica la pequeña minería con el uso de motobombas y mercurio.
El Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, por otro lado, uno de los cinco humedales venezolanos reconocidos y protegidos por el Acuerdo de Ramsar, podría perderse por el dragado de un canal de navegación de un gigantesco complejo hotelero que se edifica a muy pocos kilómetros de allí. Todos estos planes se realizan con la venia del Ejecutivo venezolano que aprueba proyectos turísticos sin mostrar públicamente los impactos ambientales.
Para Édgar Yerena, biólogo, abogado y profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar (USB), en parques como Los Roques, El Ávila (sector Galipán), Mochima y Morrocoy “hay una presión muy fuerte por un turismo de elite (…) Hay construcciones ilegales girando en torno a demandas por parte de gente con mucho dinero y poder político”.
La minería, recordó el experto, también ha hecho estragos en estas áreas protegidas. “Ha entrado como perro por su casa por todos los parques del sur del Orinoco. No hay ninguno donde no haya un foco minero, el más desastroso es el Parque Nacional Yapacana (Amazonas), donde las minas superan las 1.000 o 2.000 hectáreas”, lamentó.
A las construcciones ilegales y la minería se suman otros problemas como la extracción ilegal de la madera o los intereses políticos por construir carreteras de penetración agrícola, señaló Yerena. “Hay una política de no oponerse a los ilícitos ambientales de los parques o de restar o hacer poca resistencia a esas presiones. Esa es la política que prevalece, porque hay poca decisión por parte de Inparques en salir en defensa de las áreas protegidas”, apuntó.
Además, desde 2018, el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) no difunde cifras forestales. En sus informes, la institución señala que las casi 68 millones de hectáreas de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae) se mantienen incólumes, pese a las denuncias sobre áreas protegidas deforestadas por la minería y otras actividades. Mientras, las áreas para la producción forestal permanente pasaron de poco más de 16,3 millones de hectáreas en 2013 a 11,2 millones en 2018. La iniciativa MapsBiomas Amazonía reveló que solo el sur Venezuela perdió entre 1,1 millones de hectáreas de cobertura vegetal nativa en los últimos 35 años, lo que representa un 2,5% de la Amazonía del país.
Fuera de la Amazonía, en parques como El Ávila, Guatopo, Henry Pittier, Terepaima y Yacambú han sufrido deforestación. “Son deforestaciones de pocas hectáreas pero que son importantes. En un parque nacional debería haber cero deforestación. Cuando hablo de pocas hectáreas me refiero a dos hectáreas por aquí, ocho por allá y así”, agregó el biólogo. Las consecuencias de este fenómeno va desde la pérdida de la cobertura vegetal hasta la erosión de los suelos y las afectaciones a la biodiversidad.
Lo persistente: el lago negro en la NASA
Un mensaje corto y unas fotos demoledoras bastaron para crear el revuelo en las redes sociales. En su cuenta en Twitter, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA por sus siglas en inglés, dedicó en octubre un post al lago más grande de Suramérica y el más importante para la industria petrolera venezolana. “Aguas turbulentas: el Lago de Maracaibo en Venezuela se asfixia con mareas negras y algas”, publicó la agencia espacial estadounidense con imágenes satelitales donde el agua se ve como una mezcla viscosa y arremolinada de tonos de verde que van desde el más oscuro hasta el más incandescente.
De inmediato, la comunidad científica venezolana comenzó a aclarar la situación. Sí, el Lago de Maracaibo está así de contaminado. Pero eso no es nuevo: lleva años en esa condición y empeora cada día con los múltiples derrames que ocurren en la zona.
“Es raro ver al Lago de Maracaibo de esa forma. Es una imagen muy impactante porque, aparte de que es muy clara, muestra un ‘bloom’ de algas”, explicó Eduardo Klein, biólogo, profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar (USB). Ese crecimiento extremo de plantas es la muestra de una condición eutrófica de la superficie de este cuerpo de agua: la cantidad de nutrientes presentes alimenta y expande las algas, pero también provoca la muerte de otras especies.
“Cuando se forman esas capas verdes, esa masa de fitoplancton verde impide el paso de la luz hacia las partes más profundas del lago, lo que hace que no haya producción de oxígeno y se generen zonas anóxicas que limitan el crecimiento de las especies que sí necesitan oxígeno para vivir. Fauna y flora del lago puede estar afectadas por ese crecimiento de algas. Es un lago contaminado”, recalcó Klein.
Otro de los aspectos que impactó a Klein en la fotografía satelital fue el detalle: allí se pueden apreciar los orígenes de las manchas negras. “El lago tiene miles de kilómetros de tuberías submarinas, parte de ellas tiene unos 60 años de edad, y esas tuberías fallan, se rompen, y así sale un derrame (…) Muchas de ellas, todos los días, en diferentes puntos del lago, siempre están derramando”, acotó.
De acuerdo con el boletín de septiembre de 2021 de la asociación civil Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), la falta de mantenimiento que sufren las maquinarias abandonadas e instalaciones desmanteladas de la industria petrolera nacional ocasiona “fugas de diversas intensidades”, con brotes que “se extienden hasta 40 kilómetros por las costas del Lago y manchas de hidrocarburos de hasta 30 metros de ancho”. En junio pasado, la Asociación para la Conservación del Lago de Maracaibo (Aclama) contabilizaba entre 15 y 30 derrames de petróleo mensuales en el lago.
“La diferencia entre los derrames que ocurrían antes y ahora es que, en el pasado, Pdvsa (la estatal Petróleos de Venezuela) los atendía, tenía un equipo de personas, un sistema de detección con vuelos aéreos, helicópteros. Cuando detectaban una fuga, inmediatamente se activaba la cuadrilla y la detenían en muy pocas horas. Lo que pasa ahora es que esos derrames no se contienen, hay eventos de derrames recurrentes que no son atendidos y eso se ha venido agravando en los últimos años”, precisó Klein.
El Lago de Maracaibo no es el único que padece los derrames petroleros que suceden en Venezuela. Klein, también director del Laboratorio de Sensores Remotos de la USB y colaborador en el Instituto de Ciencias Marinas de Australia, precisó que la mayoría de los vertidos ocurren en el occidente del país.
El informe preliminar “Derrames petroleros en las costas venezolanas: afectaciones al derecho a la libertad académica, a la salud y al medio ambiente”, de la organización no gubernamental Aula Abierta Venezuela, contabilizó que solo en el primer trimestre del año se reportaron 12 fugas y, de estas, dos ocurrieron en el centro de la nación (estado Carabobo y Vargas) y una más en el oriente (Anzoátegui). Los restantes se registraron en dos estados de occidente: siete en Falcón y dos en Zulia. Hasta septiembre, el Observatorio de Ecología Política aseguró que, vía redes sociales, se habían reportado al menos 53 vertidos, y que 33 (62%) de estos fueron en Falcón.
“Lo de las refinerías de Punta Cardón y Amuay (en la Península de Paraguaná, estado Falcón, al noroccidente de Venezuela) es un caso crónico (…) porque están descargando, sin ningún tipo de control, aguas aceitosas al Golfo de Venezuela”, afirmó Klein, quien detalló que la mancha de hidrocarburos se extiende hasta 60 kilómetros desde la costa.
Hay otras instalaciones con derrames constantes y poca vigilancia. El biólogo, que monitorea constantemente estos eventos, comentó que también en el golfo, en las casi 18 millas náuticas que separan a la población de Río Seco de la Refinería de Punta Cardón, hay un oleoducto submarino que se ha roto siete veces en los últimos 14 meses. “Pareciera que está fuera de control. En cualquier momento puede haber una ruptura del gasoducto o un accidente de planta en alguna de las refinerías que pudiera generar un derrame mucho mayor. Esto es lo más preocupante, el riesgo de un evento de dimensiones mayores que no va a poder ser controlado, porque ni siquiera la industria puede responder a los derrames puntuales”, alertó.
Lo bueno: un ecólogo como agente de cambio
En noviembre, justo en los días de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la edición británica de la revista National Geographic eligió al investigador y académico venezolano Luis Daniel Llambí como uno de los 26 agentes de cambio que trabaja contra el cambio climático, una lista en la que destacan personajes como Greta Thunberg, la primatóloga Jane Goodall, el actor Leonardo Di Caprio o el empresario Bill Gates, entre otros científicos, inventores y activistas.
Llambí, ecólogo, biólogo, profesor de la Universidad de los Andes, con postgrados en la Universidad de York, en Reino Unido, determinó por medio de su proyecto “El último glaciar de Venezuela”, financiado por National Geographic, que el glaciar “La Corona”, en el pico Humboldt del estado Mérida, en el occidente venezolano, está a punto de desaparecer debido al cambio climático. Así, el país se convertirá en el primero de la zona de los Andes en perder sus glaciares, con el agravante de que este es una importante fuente de agua para los alrededores.
Llambí también ha estudiado cómo ha sido la transformación de esos espacios que anteriormente eran glaciares. Así, ha observado los cambios en la diversidad y en la estructura de las comunidades vegetales y cómo estas se establecen y colonizan otros territorios.
Lo esperanzador: una constelación de áreas conservadas
Además del reconocimiento al científico venezolano, se avanzó en otra acción que abre caminos para continuar con la conservación de, al menos, media centena de áreas naturales.
En medio de la pandemia, un proyecto académico enfocado en la sociedad civil echó frutos y este 2021 obtuvo sus primeros resultados. Se trata de Econservación Ciudadana, que involucra a profesores e investigadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB), Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) y de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, quienes a partir de la identificación de áreas conservadas del país pretenden crear una red que las fortalezca y eduque a quienes están detrás de ellas.
El equipo comenzó a trabajar con un inventario preliminar de áreas protegidas que en 2015 determinó la existencia de 60 espacios en todo el país en donde se hacía conservación. Pero con las visitas de campo a solo cinco estados de la zona central del país (Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Carabobo, Aragua y Yaracuy) lograron ubicar 50 áreas conservadas potenciales.
Los investigadores se encargan de visitar estos sitios, levantar información físico-natural de cada uno, validar si se trata o no de un área conservada y prestar apoyo a los conservadores por medio de formación y creación de redes. Hasta ahora, han recabado datos de 16 de estos espacios, lo que se traduce en el reconocimiento de 6 800 hectáreas de bosque que han sido protegidas, tanto por acciones comunitarias como de entes privados.
“Nos interesa fortalecer la gestión que ellos hacen o que inicien una gestión del área, que terminen de reconocerse como manejadores de espacios naturales, tengan los fundamentos de la planificación de la conservación y las herramientas para proyectar el manejo del espacio”, señaló Vilisa Morón, presidenta de la SVE y coordinadora principal del proyecto. Además, persiguen que los responsables de aquellas zonas protegidas que colindan con otras puedan trabajar juntos.
“Esta constelación de áreas conservadas tiene como actores a universidades, productores agrícolas, comunidades de vecinos rurales y urbanos, y abarca variedad de ecosistemas naturales, desde matorrales xerofíticos y bosques estacionales, hasta bosques húmedos y nublados, en diversidad de paisajes costeros y montañosos de la Cordillera de La Costa venezolana (…) Muchas de estas iniciativas han surgido en medio de la crisis del país, como respuesta y contribución ciudadana al mejoramiento de la conservación del patrimonio natural”, refiere una nota de prensa sobre el proyecto.
Para 2022, la iniciativa continuará su labor de empoderar a los responsables de las áreas conservadas y lograr que las autoridades puedan prestarles apoyo y reconocimiento. Además, seguirán con el levantamiento de información hacia otros estados de Venezuela.
