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Aixa López: Apagones no son por sabotaje, se deben a la negligencia y abandono
La dirigente condenó enérgicamente el asesinato del joven Rafael Hernández, quien fue masacrado vilmente mientras reclamaba en la calle por deficiencias del servicio eléctrico en el estado Mérida

 

Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por Apagones, desmintió la versión oficial que atribuyó el apagón nacional, suscitado el pasado martes y que afectó a 21 estados del país, al sabotaje contra la administración de Nicolás Maduro.

“El apagón ocurrido en fecha 5 de mayo no tiene nada que ver con sabotaje, fue producto de la negligencia y del abandono del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” subrayó en un video difundido a los medios de comunicación, la especialista en materia eléctrica.

Aixa López precisó que el último gran apagón se debió una gran falla en la línea de transmisión La Horqueta, Arenosa, San Gerónimo. Detalló además que no es la primera vez que se produce esta deficiencia.

La portavoz del grupo de víctimas de la emergencia eléctrica destacó que el interior del país pasa a diario 12, 16 y hasta 24 horas sin el mencionado servicio. Ante ello, instó al Ejecutivo a dejar las excusas y abocarse a atender la crisis del sector.

Se agrava crisis eléctrica en cuatro estados de Venezuela

La nueva falla eléctrica registrada en el país durante la tarde noche del martes 18 de febrero en el país, provocó el agravamiento de los problemas de luz en las regiones central, occidental, oriental y andina de Venezuela.

En la región andina, específicamente en el estado Táchira, pasaron 22 horas sin luz el martes 18 de febrero. Al día siguiente, los habitantes se quejaron de que despertaron sin servicio eléctrico y, sumado a esto, tampoco cuentan con gas ni agua.

En Mérida denunciaron una situación similar. Sus habitantes aseguraron a El Pitazo que sufren interrupciones en el servicio de electricidad por 14 horas continuas.

En la región llanera, específicamente en el estado Apure, los habitantes de los municipios Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos de Alto Apure cuentan que los apagones se pueden prolongar hasta por 21 horas.

Los apureños denuncian que viven diariamente con dos o tres horas de energía, agua potable y servicio telefónico, por lo que exigen al gobierno de Nicolás Maduro optimizar la prestación de estos importantes servicios públicos.

 

*Vea más en El Pitazo

Fe y Alegría denuncia amenazas de invasión en internado de Mérida
En la finca crían animales y tienen cultivos que son para el consumos de los más de 400 estudiantes del centro educativo

El sacerdote Gerardo Rosales, rector del internado San Javier del Valle de Fe y Alegría, en el estado Mérida, alertó este domingo 26 de enero, mediante un comunicado, las amenazas de invasión que enfrentan los terrenos de la institución.

En el escrito, Rosales advirtió que las tierras del internado son propiedad privada y que están dentro de un Área bajo régimen de administración especial (ABRAE), que ha permitido mantener protegidos los nacientes de agua de la zona.

En el lugar funciona una finca con animales como vacas y conejos, además de cultivo que son usados casi exclusivamente para la alimentación de los estudiantes del centro educativo y el sostenimiento de las propias instalaciones.

Advirtió el sacerdote que actualmente el internado recibe apoyo de instituciones de varios países extranjeros, por lo que cualquier agresión sería considerada dentro de una “categoría internacional”.

“Violentar el internado San Javier con una invasión es un crimen contra los 420 niños, niñas y adolescentes que de lunes a viernes viven aquí; es un delito contra la propiedad privada, es un crimen ecológico contra el ABRAE del Valle, es acabar con el lugar de descanso de fines de semana de cientos de familias merideñas” concluye el comunicado.

Este es el comunicado completo:

Internado San Javier del Valle-Fe y Alegría:

Frente a las evidencias y rumores amenazantes de querer invadir terrenos del internado, el rector y el equipo directivo quieren comunicar a las comunidades de El Valle, a todos los organismos del Estado que hacen vida aquí y a todo el Municipio Libertador del Estado Mérida que:

1ro. El internado San Javier del Valle es PROPIEDAD PRIVADA.

2do. San Javier conserva virgen el 70% de sus tierras, porque forma parte del ABRAE del Valle. Que San Javier esté entre las comunidades de El Valle, del Páramo Los Conejos y La Culata ha permitido una verdadera protección de los nacientes de agua.

3ro. Legalmente somos una Entidad de Atención, y en este momento país estamos siendo apoyados, acompañados y seguidos de cerca por el Consejo Noruego, UNICEF y SJR. De tal modo que cualquier agresión, como es una invasión, es un crimen no sólo nacional, sino que entra en categorías internacionales.

4to. Todos los vecinos y las organizaciones que nos acompañan son testigos del esfuerzo que hemos hecho en dos años para levantar la finca. Las vacas, los conejos, la siembra, el cuidado de los bosques de pino, cinaro y fresno, todo ello es casi exclusivo para la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes y para el mismo sostenimiento de la finca.

5to. A pesar de que somos PROPIEDAD PRIVADA, el Internado mantiene abierto sus espacios los sábados y domingos, de forma gratuita, para la comunidad del Valle, incluso vienen familias de todo el municipio Libertador a caminar y descansar.

Violentar el internado San Javier con una invasión es un crimen contra los 420 niños, niñas y adolescentes que de lunes a viernes viven aquí; es un delito contra la propiedad privada, es un crimen ecológico contra el ABRAE del Valle, es acabar con el lugar de descanso de fines de semana de cientos de familias merideñas.

Esta semana, del 27 al 30 de enero, nos movilizaremos a todas las instancias del Estado Venezolano en Mérida para denunciar está macabra intencionalidad de invadir terrenos del Internado San Javier.

Violencia en Mérida no se quiere mover de la zona Panamericana
Los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora sumaron 47 de los 121 delitos ocurridos en la entidad hasta el mes de junio de 2019

 

Aun cuando algunos municipios del estado Mérida están entrando en el cuadro de estadísticas de hechos delictivos, las cifras obtenidas mediante la revisión de prensa regional durante el primer semestre de 2019, demuestran que la zona Panamericana sigue arrojando la mayor cantidad de hechos delictivos dentro del contexto del estado andino. Destacan en esa área los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora, que sumaron 47 de los 121 delitos ocurridos en la entidad hasta el mes de junio. De acuerdo a la revisión, el número aumenta tomando en consideración que estos dos municipios, en conjunto con los otros que conforman esa zona como Andrés Bello, Caracciolo Parra y Olmedo, Julio César Salas y Justo Briceño, concentraron el 51,2% de esa totalidad de delitos. Hay que destacar que la zona Panamericana de Mérida tiene límites compartidos con municipios que poseen elevadas tasas de muertes violentas, los cuales pertenecen a los estados Táchira, Zulia y Trujillo.

El estudio realizado también denotó que el Área Metropolitana de Mérida, conformada por los municipios Libertador, Campo Elías, Sucre y Santos Marquina, continúa posicionándose en segundo lugar como el más violento e inseguro, con el 42,1% de los delitos. En algunos municipios como Campo Elías, se han incrementado los hechos violentos en el primer semestre del año.

Es de destacar que la zona Panamericana se ha caracterizado en los últimos años por sus altas tasas de violencia debido, en gran parte, a la presencia, al parecer creciente, del tipo de violencia delincuencial común y organizada, por parte de grupos de individuos que hacen vida en la región. Según Gustavo Páez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Mérida (OVV Mérida), estos grupos se dedican a robos de vehículos, celulares o al tráfico de drogas y combustible, así como a perpetrar secuestros, entre otros delitos. “Son muy frecuentes en la zona homicidios y asesinatos por diversos móviles, violaciones, sicariatos, casos de extorsión e invasiones a fincas, con el agravante que algunos estudios de organizaciones no gubernamentales extranjeras también han revelado la presencia de grupos irregulares en el área”, afirmó Páez.

Para Reinaldo Celis, ex presidente y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani (ASODEGAA), por toda la zona Panamericana conviven organizaciones que se dedican a robar e invadir fincas. “Los robos y las agresiones han sido bestiales, roban, matan, invaden y luego abandonas las tierras Hace poco a una finca de un familiar le quitaron más de 1.500 hectáreas, las repartieron y luego las abandonaron, le mataron más de mil reses, le quemaron la casa y destruyeron los transformadores eléctricos”, señaló Celis, agregando que el mayor problema de la zona es la impunidad.

Tendencias que continúan y otras que aparecen

Al analizar los resultados de la revisión de prensa, Gustavo Páez explicó  que hasta el mes de junio de 2019 se mantienen algunas tendencias detectadas durante el primer trimestre del año, a las cuales se le formularon, en su momento, un conjunto de posibles hipótesis explicativas, específicamente  en relación a la disminución de un grupo de delitos, tales como los casos de homicidios, tentativas de homicidios y robos con lesión, además del aumento de otros como robos, lesiones, amenazas de muerte, secuestros, violaciones y extorsiones. Al analizar los datos del primer grupo de delitos entre enero-junio y compararlos con su equivalente de 2018, se detectó que su peso relativo disminuyó de 95 a 56%, mientras que en el caso de los segundos, se incrementó de 5 a 44%.

Otras tendencias que se han mantenido en aumento durante el semestre, son los casos de agresiones a niños entre 0 y 9 años, las  mujeres como víctimas de delitos, el uso de la fuerza física y  la participación como victimarios de familiares o conocidos en delitos. Igualmente sigue la tendencia a la disminución de los delitos en calles y avenidas, pero se han incrementado en las viviendas.

En cuanto a algunos aspectos que han tomado importancia y que se han afianzado entre enero-junio 2019, se encuentran el aumento de robos y de la violencia policial y por linchamientos. Durante el primer semestre de 2018 los robos tuvieron un peso relativo de 3%, entretanto para el mismo lapso, pero de 2019, esa cifra ya se había sextuplicado, llegando a 19%.

Interpretando los resultados sobre la violencia policial, Páez explicó que aumentó de 8 a 14%, lo cual podría estar correlacionado con el incremento de casos donde se vieron involucrados como victimarios funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de 5 a 15% de los hechos registrados. “Esto también puede corroborarse con otras cifras obtenidas por el OVV Mérida, donde se reseña que entre los meses de abril y junio, se contabilizaron 14 muertes por resistencia a la autoridad, y es válido decir que dentro de esas estadísticas no se registró ningún caso de ese tipo entre enero y marzo”.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención en la revisión del semestre, es que el número de linchamientos entre enero-junio de 2018 con respecto al mismo lapso de 2019, aumentó de 1 a 7 casos, es decir de 1 a 6% de incremento relativo.

Hipótesis para las últimas tendencias

Para el coordinador del OVV Mérida, en estos datos obtenidos de la revisión del primer semestre del año 2019 se manejan varias hipótesis. Por ejemplo, en lo que respecta al incremento de los robos en la entidad, probablemente esté asociado a mayor número de personas que se han incorporado a delinquir, bien sea de forma individual o por el surgimiento de bandas organizadas, en la medida que ha continuado agravándose la crisis en el país. “Esto, aun cuando estamos claros que es un grupo reducido de personas que tiene como oficio ilícito quitarle a los demás lo que no es de ellos. Además, no tenemos duda que el elevado porcentaje de impunidad que reina en el país, la falta de denuncias por parte de las víctimas y la carencia del diseño y ejecución de políticas coherentes de seguridad ciudadana, son factores que han contribuido al aumento de los robos. Es lamentable que, mientras los honestos hacemos lo correcto y nos toca laborar en dos o tres trabajos para lograr paliar la crisis, los deshonestos se incorporan a robar, o los que ya lo hacen practican el oficio con más frecuencia, para lograr el mismo objetivo”, indicó.

En el caso de las muertes por resistencia a la autoridad, explicó Páez que la situación  hace pensar que posiblemente continúe llevándose a cabo en el estado Mérida, y en general en el país, una política de seguridad ciudadana que se excede en sus procedimientos.

Finalmente, señaló Páez que, en cuanto a los casos de linchamientos, éstos están ocurriendo principalmente en la zona Panamericana, siendo ejecutados por grupos de personas donde, según lo indagado en prensa, las causas que han detonado este tipo de delitos van desde robo, hasta ajuste de cuentas y venganza.

900 detenidos están hacinados en centros de detención preventiva de Mérida

CARLOS NIETO PALMA, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, informó que al menos 65 mil personas se encuentran recluidas en 500 retenes de Venezuela, de los cuales 900 conviven en centros de detención preventiva de Mérida.

Nieto Palma advirtió que el hacinamiento, la falta de alimentación y las enfermedades son los principales problemas que padecen quienes conviven en calabozos de la entidad andina.

“Hay una situación realmente grave en Venezuela en materia de personas que están privadas de libertad en centros de detención preventiva porque están padeciendo muchas carencias de alimentación, atención médica, hay reportes de fallecidos por tuberculosis y VIH. Igualmente fallecidos por desnutrición porque si no hay un familiar que les lleve comida no comen”, dijo.

De acuerdo a la Unidad de Atención Integral al Privado de Libertad de la policía del estado Mérida, hay 17 centros de detención preventiva, de los cuales ocho pertenecen a PoliMérida, cuatro a la Policía Nacional Bolivariana, dos a la Policía Municipal y cinco a la Guardia Nacional Bolivariana.

Además está el anexo femenino conocido como “La Alcaldesa”, donde se encuentran recluidas más de 36 mujeres. Mientras en la sede del CICPC existe un calabozo donde conviven más de 150 detenidos.

 

 

Denuncian destitución de bomberos merideños acusados por video satírico sobre Maduro

EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció en una nota de prensa la arbitraria destitución de Carlos Varón y Ricardo Prieto del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, el pasado 27 de junio. La decisión fue tomada por Ángel Alfredo Muñoz, primer comandante de dicha institución, y publicada en la prensa local entre el 16 y 22 de julio del presente año.

El ODH-ULA insiste en que con este hecho se les está violando el Derecho Humano al trabajo a estos funcionarios, quienes son el sostén económico de sus familias, y no podrán volver a ocupar cargos en la Administración Pública del país. También, la organización dio a conocer que Varón y Prieto fueron destituidos principalmente por parodiar a la cabeza del régimen, Nicolás Maduro.

La directora del ODH-ULA, Mayda Hocevar, denunció claramente una información al respecto durante el año 2018, revelando que a pesar de que varios de sus compañeros de trabajo quisieron apoyarlos económicamente en aquel entonces, éstos fueron amenazados para evitar que colaboraran.

“Nos comunicaron que los compañeros de los bomberos detenidos hicieron un grupo para dar asistencia con comida y enseres personales. Pero les llamaron la atención y los amenazaron. De parte de la institución no hay ninguna manifestación de apoyo. Carlos y Ricardo son personas humildes y honorables. Ambos tienen una hoja de vida profesional intachable de 10 y 12 años de servicio”.

Carlos Julio Varón García es padre de dos jóvenes de 19 y 23 años de edad. Por otro lado, Ricardo Antonio Prieto Parra es sustento de un hogar constituido por su esposa y su hija adolescente de 17 años. Ellos estuvieron privados de libertad desde la noche del 12 de septiembre hasta el 31 de octubre del año 2018, cuando fueron trasladados al retén de la Policía de Mérida (Polimérida), ubicado en Bailadores, municipio Rivas Dávila de la entidad andina. Antes de eso se encontraban recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Ejido, municipio Campo Elías, localidad en la que también habitaban.

Entre ambas ubicaciones había al menos tres horas de viaje, las cuales debían enfrentar al menos dos veces por semana. Según la defensora de Derechos Humanos de la ULA, en el estado se vive una escasez de gasolina, lo que repercute en la disponibilidad de transporte público. Por ello, el resto de los compañeros de los funcionarios intentaron organizarse para brindar apoyo a la familia; pero al ser descubiertos, fueron intimidados.

Su arbitraria detención, enjuiciamiento y ahora destitución de sus cargos fue la presunta divulgación por medio de las redes sociales de un video donde aparece un burro recorriendo las instalaciones de la estación de bomberos de Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida, donde ambos laboraban. En el video no aparecen los funcionarios destituidos y enjuiciados, ni tampoco ha sido comprobada su implicación en la realización y divulgación del mismo.

Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado este caso como una violación al Derecho a la protesta y a la libertad de expresión, contenido expresamente en el Artículo 350 de la Constitución.

Convocan protestas a nivel nacional para exigir respeto a los Derechos Humanos

Para este viernes, 21 de junio, se esperan protestas en distintas ciudades del país con el objetivo de visibilizar la crisis que vive Venezuela ante la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. 

Una de ellas se convocó por distintas organizaciones civiles en la ciudad de Caracas, a partir de las 11 de la mañana, a las afueras de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La idea es exigir el respeto a los Derechos Humanos que han sido violados por el régimen de Nicolás Maduro.

En otras ciudades del país se esperan las mismas protestas. En Tovar, estado Mérida, la convocatoria es para protestar frente al Hospital II San José de Tovar. Igualmente en Barinas la concentración se hará a las afueras del Hospital Luis Razetti en la parroquia Corazón de Jesús. 

En San Cristóbal, estado Táchira, la convocatoria llamada “Por la vida, no a la violacion de los DDHH” está hecha para el Hospital Central en la avenida Lucio Oquendo a partir de las 10 de la mañana. En La Victoria, estado Aragua, la protesta se llevará a cabo frente al Hospital José María Benítez, mientras que en Maracay será frente al Hospital Central.

La agenda de protestas también estará activa en Guanare, Portuguesa, en el Hospital Miguel Oráa y en Guárico, en la capital San Juan de los Morros, la protesta será en la Plaza Los Samanes. En el estado Trujillo se llamó a hacer una cadena humana exigiendo agua, gas, electricidad y gasolina, a lo largo de toda la avenida Bolívar.

En el estado Nueva Esparta el llamado es a concentrarse a las afueras del edificio del Ministerio Público, ubicado en la avenida 4 de mayo. Mientras que en Miranda, en Charallave está previsto, a partir de las cuatro de la tarde, un volanteo en el Mercado Municipal, en el Ferrocarril y terminal de autobuses llamado “Bachelet la desnutrición es por el alto costo de la vida”.

Las protestas y manifestaciones ciudadanas han sido una constante durante los gobiernos de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Según el Observatorio de Conflictividad Social durante el mes de mayo de este año se registraron 1.541 protestas en todo el país, siendo la principal demanda el derecho a la participación política, seguido de derecho a los servicio básico, derechos laborales y derecho a la vida. 

 

Denuncian persecución y hostigamiento a caravana de Guaidó durante regreso de Mérida

EL EQUIPO DE PRENSA DEL PRESIDENTE de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, denunció este domingo 16 de junio que hombres a bordo de vehículos y motos los habían perseguido a lo largo del viaje de regreso a Caracas desde Mérida, donde el mandatario cumplió una gira de tres días.

De acuerdo con una fuente del grupo, la acción es ejecutada por “organismos de inteligencia del régimen”, quienes emprendieron el hostigamiento y una persecución “desmedida” contra Guaidó, su familia y equipo de trabajo.

“Vehículos y motorizados se meten en la caravana presidencial o la rodean para hacer perder el control a los conductores”, indicó.

“Además del registro fotográfico que hacen de los carros de la caravana y del equipo, ahora hacen videos al acercarse a cada vehículo de la caravana presidencial”, señaló la fuente. Lo mismo sucedió con grupos de periodistas que cubrían la gira de Guaidó en el estado andino.