La audiencia del juicio que se le sigue a la exjueza María Lourdes Afiuni fue diferida este miércoles.
José Amalio Graterol, abogado de Afiuni, denunció a través de Twitter que el aplazamiento es parte de una “operación morrocoy”. La exjueza tiene 7 años sin sentencia firme.
“La vagancia es un valor fundamental del régimen (…). El Poder Judicial es la basura más podrida del régimen; como no tienen manera ni prueba alguna para condenar a María Afiuni, no dan despacho”, expresó Graterol.
Este miércoles continúa el juicio contra María Lourdes Afiuni
Este miércoles continúa el juicio contra la jueza María Lourdes Afiuni, apresada en 2009 luego de ordenar la libertad condicional a favor del empresario Eligio Cedeño por solicitud de la Organización de Naciones Unidas. Así lo reseña el-nacional.com
“Continúa el juicio político contra María Afiuni, después de 6 años y 7 meses de persecución y tortura implacable de un régimen que para someter al Poder Judicial generó ‘el efecto Afiuni’. Hoy día no hay jueces autónomos e independientes. No hay justicia en Venezuela”, indicó José Amalio Graterol, abogado de la privada de libertad, que desde 2011 está en régimen de casa por cárcel por motivos de salud.(La Patilla)
John Kerry insta al diálogo y apuesta por mejorar la relación con Venezuela
“En nombre del presidente Obama y de los estadounidenses, ofrezco mis mejores deseos al pueblo de Venezuela en su 205 aniversario de la independencia del país, el 5 de julio”, expresó Kerry en una nota oficial
El pasado martes el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó “sus mejores deseos” a los venezolanos al conmemorarse los 205 años de la independencia, igualmente instó al diálogo nacional en la nación.
“En nombre del presidente Obama y de los estadounidenses, ofrezco mis mejores deseos al pueblo de Venezuela en su 205 aniversario de la independencia del país, el 5 de julio”, expresó Kerry en una nota oficial.(El Mundo)
Aponte: “No vamos a tener los Clap para toda la vida, son una medida para combatir la guerra económica”
El Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, señaló que en Caracas, ya se superó la meta de 50% de población incluida en el modelo de distribución de alimentos casa por casa que llevan a cabo los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Aponte indicó que 1.112 Clap de Caracas, integrados fundamentalmente por vecinos y consejos comunales de las 22 parroquias de la capital, distribuyen de manera directa los alimentos regulados de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), la red de Mercado de Alimentos (Mercal), PDMercal y la Corporación de Abastecimiento y Productos Agrícolas (Casa).(Noticias 24)
Gerardo Blyde: Recolectar nuevamente 1% de las firmas sería un fraude
El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, aseguró que el Consejo Nacional Electoral no puede convocar nuevamente a la recolección de 1% de firmas para el referéndum revocatorio, porque sería un fraude contra los venezolanos.
Blyde destacó que el CNE sigue colocando trabas a un proceso constitucional, como el establecimiento de 20 días para verificar firmas en un sistema que el gobierno considera “el más perfecto del mundo”.(El Nacional)
Vielma Mora denunció que en las universidades de Táchira existen grupos paramilitares infiltrados
El Gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, denunció que en las universidades de la entidad existen grupos paramilitares infiltrados que “generan terror y queman las unidades de servicio público”.
A través de un contacto telefónico por la emisora YVKE Mundial Táchira, el mandatario regional aseguró que con estas acciones de vandalismo queda en evidencia la presencia de “paramilitares terroristas” en las casas de estudio.(Noticias 24)
Canciller colombiana se encuentra en Cúcuta para revisar situación fronteriza con Venezuela
María Ángel Holguín, canciller de Colombia, estará este miércoles en Cúcuta, para reunirse con alcaldes y autoridades fronterizas con el fin de discutir las consecuencias del cierre limítrofe con Venezuela desde hace casi un año.
La titular sostendrá un encuentro con los alcaldes de las municipalidades que lindan con el territorio venezolano -Ragonvalia, Tibú, Herrán, Puerto Santander y el área metropolitana de Cúcuta-.(El Nacional)
Ante el escándalo suscitado por las declaraciones de Franklin Nieves, Fiscal 41 Nacional, quien (entre otros casos) fue uno de los dos fiscales encargados de formular cargos contra Leopoldo López, es preciso ubicar no solo lo que deberían ser las consecuencias INMEDIATAS, sino además los antecedentes y las perspectivas futuras de esta repudiable situación:
2) Es imposible desvincular la declaraciones de Ley
de sus antecedentes inmediatos: la declaración ante notario en Costa Rica del ex magistrado Aponte Aponte, reconociendo la conspiración política que culminó en la sentencia ordenada desde la cúpula del poder contra inocentes por el caso del 11 de abril del 2002, y las múltiples declaraciones del también ex magistrado Luis Velásquez Alvaray, quien realizó acusaciones muy fuertes contra connotados jerarcas del régimen, tanto civiles como militares. Al ubicar las declaraciones de Nieves en este contexto, es evidente que no estamos ante un “lamentable caso aislado” de manipulación de la justicia, sino ante la confirmación de la podredumbre generalizada de un sistema que ha demostrado ser ineficaz en su misión de brindar al ciudadano acceso a la justicia e igualdad ante la Ley.
3) Tampoco es posible desvincular este conjunto de sórdidas revelaciones de las recientes maniobras oficialistas presionando a magistrados del Supremo para que soliciten jubilaciones adelantadas, a fin de sustituirlos con la precaria mayoría que el PSUV tiene en esta agonizante legislatura. Es evidente que este acto de deshonestidad política sólo pretende extender el control de las instituciones por parte de una franquicia política aun más allá del momento en que esa franquicia haya perdido el apoyo popular.
4) Llamamos a todo el pueblo venezolano a no perder de vista lo fundamental: La verdad sobre el caso de Leopoldo López (y también sobre el caso del 11 de Abril, y sobre el caso de Franklin Brito, sobre la Tragedia de Amuay, sobre los asesinatos de Danilo Anderson y Robert Serra, sobre las víctimas de la represión ilegal de las protestas de 2014, entre muchísimos casos…) sólo se sabrá cuando tengamos una Fiscalía y un sistema de administración de justicia autónomos e independientes, unas instituciones que busquen y muestren la verdad en vez de ocultarla o enmascararla.
Para lograr eso es necesario un cambio de régimen, para ello es imprescindible a su vez un cambio de gobierno y ese proceso se inicia precisamente el próximo 6 de diciembre, con el logro de una amplia mayoría democrática en la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo no es un poder cualquiera: Es el poder que designa otros poderes, y es el que tiene la responsabilidad constitucional de CONTROLAR la gestión del Poder Ejecutivo. Con una amplia mayoría democrática en la Asamblea Nacional no solo devolveremos la libertad a Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y los otros 80 presos políticos, no sólo lograremos el retorno de los exiliados y el cese a la persecución judicial contra quienes disienten del poder, sino que promoveremos el adecentamiento del Poder Judicial para acabar con la impunidad de los criminales, colocarlo al servicio de la nación y no de quienes circunstancialmente ocupen posiciones de poder.
5) Este nuevo escándalo de la corrupción del régimen se suma a los que se han conocido en las últimas 72 horas: el retiro de Brasil de la Misión de Observación Electoral de UNASUR y la anunciada investigación en Estado Unidos contra jerarcas de la estatal petrolera venezolana por corrupción. Mientras por todas partes saltan a la luz las pruebas de la corrupción económica y política del régimen y sus personeros, los venezolanos estamos cada vez mas agredidos por la escasez de alimentos y medicinas, por las colas, el colapso de los servicios públicos mas esenciales y por la inseguridad que masacra inocentes, todo ello consecuencia de un gobierno que destruyó la economía y que le regaló el control de la calle al hampa.
Ante este gravísimo estado de cosas, llamamos a todos los venezolanos no a “tener paciencia”, sino a tener firmeza: Es mediante un cambio de fondo, de sistema, de modelo y de gobierno como lograremos superar esta hora terrible que vive la familia venezolana. Ese cambio de fondo depende de nosotros mismos, de ejercer la mayoría que somos y hacerla respetar. Esa es la ocasión que nos brinda la cita electoral del próximo 6 de diciembre: Salir de esta dura situación pero no de cualquier manera, sino salir en paz, utilizando el arma del hombre libre que es el voto y defendiendo ese voto con el derecho que la Constitución Nacional nos da a la movilización pacífica y contundente.
Ese es nuestro reto, nuestra posibilidad, nuestra esperanza como país: ¡Parar la caída de Venezuela, iniciar el proceso de reconstrucción física, económica, institucional y moral de la Nación, y construir la Venezuela del primer mundo que todos merecemos y necesitamos, una Venezuela de la que nadie se quiera ir, una Venezuela que más bien vuelva a atraer a personas de todo el mundo que encuentren aquí un espacio donde vivir y prosperar sea posible! ¡Una Venezuela en la que una juez que dicte sentencia de acuerdo a su conciencia no lo pague siendo agredida en su integridad y en su libertad, como la Jueza Afiuni, o en la que un Fiscal que atienda a lo que dice la Ley no tenga que huir al exilio! ¡Por eso luchamos, y para eso vamos a ganar!
¡PALANTE!
Muchos salen de las filas del PSUV, generando una falta de legitimidad en su designación y un impacto negativo en cuanto a su imparcialidad. En varios casos los designados en diciembre y los que estaban en el ejercicio de los cargos carecen de méritos e idoneidad suficiente para administrar justicia.
En Venezuela la Constitución es la que establece las condiciones y requisitos para ingresar al TSJ, artículos que son inobservados o manipulados y que constituyen letra muerta para el régimen, lo que produce un vicio en el procedimiento de selección. Por ello una transición debe iniciarse con la creación misma de un Poder Judicial. El solo hecho de llamarlo poder indica la existencia de la separación de poderes, ya que cuando el Judicial es parte del Ejecutivo no existe aquel poder, solo el del autócrata. Habrá que comenzar por la cúspide, pero este proceso debe abarcar a todos los niveles del Poder Judicial. En Venezuela, el Poder Judicial tiene dos elementos a ser revisados, El Tribunal Supremo de Justicia y los otros tribunales de la república.
El TSJ es el máximo órgano de administración de justicia, sus funciones fundamentales son: velar por la legalidad en la aplicación de las leyes y demás actos de los poderes públicos y el control concentrado de la constitucionalidad que lo maneja exclusivamente la Sala Constitucional. Cabe señalar que ambas competencias han sido utilizadas al servicio del régimen, como instrumento de acción política para privar de libertad a dirigentes políticos (Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión), dirigentes estudiantiles (hijo del general Baduel y muchos otros), jueces (María Afiuni, detenida desde diciembre de 2009), funcionarios de cuerpos policiales (Simonovis, Forero y los policías olvidados, presos desde el año 2002), alcaldes electos por la voluntad popular (Ledezma y Ceballos), y el más reciente del 21 de agosto de 2015, donde se dictaron medidas preventivas de privación de libertad a tres ciudadanos por abuchear a la esposa del presidente de la Asamblea Nacional en una playa de la costa venezolana. Estas personas se encuentran presas en la cárcel de Coro junto a presos comunes, por el delito de expresar el descontento generalizado de la colectividad contra quien ejerce de manera ineficiente el cargo de ministra de Turismo. Y así existen más de 200 presos políticos.
Pueden indicarse también como utilización abusiva del Poder Judicial la confiscación inconstitucional de medios de comunicación (caso RCTV, que con sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no logrará la restauración de sus derechos; por el contrario, hace una semana el presidente de la Asamblea Nacional declaró desde el hemiciclo que no acatarán la decisión pues esta responde, según ellos, a intereses imperialistas; los ataques a la libertad de expresión (El Nacional, Tal Cual y La Patilla), sembrando un terrorismo judicial que socava la conciencia democrática del venezolano.
El gran problema del Poder Judicial es su falta de independencia que es el objetivo fundamental que tiene la separación del poder público como garantía de la independencia de los jueces, elemento esencial para prevenir el abuso de poder por parte de los otros órganos del Estado. Cabe hacer una acotación en relación con dos ejemplos dados anteriormente, y es que con la suspensión y detención arbitraria de la juez 28° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, María Lourdes Afiuni, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura otorgó “la provisionalidad” del ente administrador de justicia a la jueza Susana Virginia Barreiros Rodríguez, jueza del caso Leopoldo López, quien fue designada “provisionalmente” el 12 de agosto de 2010 por la Comisión Judicial como reemplazo de la jueza Afiuni. Han pasado cinco años y la temporalidad se ha extendido. En 2012 salió nuevamente a la opinión pública al ser nombrada por el TSJ como parte de los pocos jueces que tenían competencia en casos de terrorismo, delito que usualmente es imputado a adversarios del llamado “socialismo del siglo XXI”.
En diciembre del mismo año, Susana Virginia Barreiros Rodríguez otorgó la libertad de Arné Chacón Escamillo, hermano del ex ministro Jesse Chacón Escamillo, quien fue imputado por apropiación indebida de créditos y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos. Así, podemos observar cómo es usado el Poder Judicial en contra de los adversarios del régimen, y a favor de ellos cuando lo necesitan
La transición judicial desde el punto de vista de Derecho Comparado
En el mundo existen variedad de casos, tenemos el de Portugal y la Revolución de los Claveles en 1974, que provocó la caída de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar que dominaba el país desde 1926, y en donde tuvo que sacarse de cuajo a los integrantes del Poder Judicial. En el caso español en la transición, a la muerte del general Francisco Franco, sobrevivieron los jueces españoles y se procedió en paz a la instauración de las leyes y la nueva Constitución que iba a regir a España en lo adelante. Lo mismo sucedió en Egipto, en cuanto al Poder Judicial, tras la caída de Hosni Mubarak, pues en ambos casos se contaba con un Poder Judicial decente que se acomodó a las nuevas realidades políticas.
En Venezuela por todo lo dicho es necesario, de darse una transición hacia la democracia, el nombramiento inmediato de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de las cortes en lo Contencioso Administrativo, así como la sustitución de la mayoría de los jueces penales, con el fin del restablecimiento de la administración imparcial de la justicia, con las excepciones a que hubiere lugar.
En relación con los otros jueces habría que sustituir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por una alta comisión para la estructuración del Poder Judicial, constituida por personas de renombre nacional y de reconocida honorabilidad y méritos suficientes que garanticen una transición sin cacería de brujas, pero sin permitir la impunidad de aquellos que han utilizado los tribunales para intereses subalternos. Esta comisión duraría mientras se convoque a unas elecciones auténticas donde una nueva Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales y en respeto de los procedimientos nombre un nuevo TSJ acorde con la democracia y la legalidad en Venezuela.
No tengo ninguna expectativa de victoria de los sectores democráticos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ya que el control de todos los poderes por parte del régimen y su falta de escrúpulos, capaces de hacer lo que sea para mantenerse en el poder, y lo “blandengue” de la oposición de la MUD, que lejos de ayudar empeora la situación, determinan una falta de claridad y de unidad de acción que dificulta la salida del régimen. Por lo demás, aun ganando las parlamentarias ya la sustitución de los magistrados está dada y no podrá hacerse nada en ese sentido, pues serán los mismos que hoy ocupan los cargos en el TSJ quienes decidirán si lo que la Asamblea haga se ajusta o no a la Constitución de la república.
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El International Bar Association’s Human Rights Institute (Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, o IBAHRI) en una nota de prensa expresó su profunda preocupación por la persecución que sufren los abogados y defensores de los derechos humanos en Venezuela.
Por ejemplo, el encarcelamiento a la jueza María Lourdes Afiuni pedido por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.
El pasado 22 de julio, el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el programa de televisión Con el Mazo Dando, solicitó el encarcelamiento de Juan Garantón, Thelma Fernández y José Amalio Graterol, ya que presuntamente incurrieron en desacato.
Grupos internacionales de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expresaron su preocupación frente al programa de Diosdado Cabello, transmitido por el canal nacional, ya que el mismo se dedica a atacar a los defensores de los derechos humanos.
El copresidente del Ibahri, expresó que quería recordar a los autoridades venezolanas la responsabilidad que tiene frente a los derechos internacionales, haciendo inclusión a los instrumentos de los derechos interamericano para la protección de la profesión legal.
Añadió que “era inaceptable que los abogados defensores José Amalio Graterol, Thelma Fernández y Juan Garantón sean reprendidos públicamente por Cabello. La consecuencia probable de dicha acción es intimidar y someter a la profesión legal de Venezuela en general. Dado que los abogados encuentran obstáculos en llevar adelante sus deberes profesionales con eficacia, esto a su vez llevará al socavamiento de la confianza pública en la administración de justicia en el país”.
A través de sus abogados defensores, la jueza María Lourdes Afiuni solicitó este jueves ante el tribunal que lleva su causa el permiso para ejercer derecho a réplica para desmentir las declaraciones que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dio en su programaCon el mazo dando sobre su caso.
En dicha transmisión, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aseguró que Afiuni buscó encargarse de la causa correspondiente al empresario Eligio Cedeño.
Además, Cabello argumentó que la jueza recibió millones de dólares a cambio de la liberación del banquero.
El diputado indicó que Afiuni negó en la audiencia pasada a que se le tomaran muestras manuscritas de su firma para verificarla con un acta que desmentiría los abusos que sufrió durante su estadía en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
«La jueza nos pidió solicitar ante el tribunal que lleva la causa que se le permita ejercer su derecho a réplica, contenido en el artículo 58 de la Constitución», expresó José Amalio Graterol, abogado de Afiuni.
El jurista sostuvo que el funcionario oficialista cometió el delito de peculado de uso y abusó de su autoridad.
Graterol retó al presidente de la Asamblea Nacional a que presente pruebas sobre lo que dijo en su programa. Lo invitó a que se presente como público en la próxima audiencia de juicio de Afiuni, que se celebrará el 4 de agosto a las 10:00 am.
«Insto a Cabello a que deje su actitud cobarde de ordenar a jueces a que metan preso a los abogados cuando ejercen su profesión», finalizó el abogado.
En el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este jueves 23 de julio su informe con las recomendaciones finales al Estado Venezolano, según lo evaluado en el cuarto informe periódico sobre derechos políticos y civiles en las sesiones 3164ª, 3165ª y 3166ª celebrado los días 29 y 30 de junio de 2015.
En el documento, la organización internacional enfatizó su preocupación sobre la actuación del Estado Venezolano en materias de derechos humanos, igualdad de género, actos de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, violencia contra la mujer, aborto, derecho a la vida, detenciones, independencia del poder judicial, observancia de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas, juridiscción penal militar, libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y y libertad de asociación y derechos de los pueblos indígenas y «lamenta la limitada información» sobre la aplicación de los estatutos declarados en los tratados de París.
El comité también condenó las «declaraciones descalificatorias» por parte del presidente de la Asamblea Nacional y conductor del programa estatal «Con El Mazo Dando», Diosdado Cabello a los defensores de DD.HH, luego que participaran en la evaluación del Estado en las sesiones celebradas en Ginebra, Suiza. La organización hace hincapié en que el Estado «adopte medidas necesarias para proteger a las personas que han contribuido a la labor del Comité y a cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de agentes estatales».
Sobre el caso de la jueza Afiuni, la ONU recomendó «resolver el caso a la mayor brevedad posible en el marco de un juicio justo, independiente e imparcial» para que se investigue los señalamientos sobre los casos de malos tratos y agresión sexual que ha denunciado la jueza durante su detención en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). En ese caso, la ONU reteiró su preocupación por la situación del poder judicial y ciudadano con respecto a su autonomía e independencia.
Como parte de los aspectos positivos, el comité aprobó «con satisfacción» la creación de los organismo públicos como el Ministerio Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; la adopción de leyes que favores a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.
Finalmente, recomendó al Estado Venezolano volver a formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos para brindar mayor protección complementaria a los derechos contenidos en el Pacto a nivel regional.
No dejes de ver las recomendaciones de la ONU al Estado venezolano
#HablaLaONU El Estado debe garantizar que ningún agente estatal realice actos de descalificación a los defensores de #DDHH @lortegadiaz
— Examen ONU Venezuela (@VE_ONU) julio 23, 2015
#HablaLaONU Urgen medidas legislativas o de otra índole para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar.
— Examen ONU Venezuela (@VE_ONU) julio 23, 2015
#HablaLaONU el Estado debe garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información de interés público — CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) julio 23, 2015
#HablaLaONU el estado debe tomar medidas para garantizar el pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión y opinión — CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) julio 23, 2015
#HabalLaONU también debe evitar que agentes estatales tomen medidas contra activistas sociales y miembros de la oposición
— CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) julio 23, 2015
#HablaLaONU el estado debe garantizar un juicio justo e imparcial a Afiuni e investigar las alegaciones de maltrato y agresión sexual — CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) julio 23, 2015
#HablaLaONU elEstado debe reducir el número de personas en prisión preventiva. esta medida debe ser la excepción y no la regla — CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) julio 23, 2015
#HablaLaONU el Estado debe asegurarse de que no haya hacinamiento en las prisiones y se respete la dignidad humana de privados de libertad
— CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) julio 23, 2015
#HablaLaONU el Estado debe redoblar esfuerzos para combatir y sancionar los actos de discriminación y violencia contra comunidad LGBTI
— CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) julio 23, 2015
Mira el Informe de la ONU completo aquí