Hay que apoyar a Juan Guaidó sin tanta escatología tuitera. Las redes son el vacío de Lipovetsky, una algarabía estentórea donde priva el radicalismo ramplón. La movilización convocada para este sábado 16 fue un éxito y confirma un liderazgo nacional más allá de la oposición a la oposición
Fue un éxito y en verdad no se debería llamar “oposición” al conglomerado de ciudadanos venezolanos que desea sacudirse la pesadilla madurista. Es el país completo, un país escarnecido, no una parcialidad o sector. Guaidó es líder, por tanto, no de la oposición sino del país. Hasta nuevo aviso, un aviso que no debería producirse —en todo caso— antes del tercer paso marcado, el de las elecciones libres. Si no, la anomia tendrá más cancha.
Una notable movilización en 22 estados: la ilusión ha vuelto y canta el Himno Nacional una vez más en plena calle y ante las infames fuerzas de la represión adiestradas por el castrismo. Sin embargo, las circunstancias internacionales no son un camino de rosas. Tiene razón Laureano Márquez en su artículo cuando dice que el rol de vicepresidente del gobierno español en manos del podemita Pablo Iglesias no augura nada de solidaridad con el pueblo venezolano. Iglesias, y otros de la izquierda caviar española, tienen la cabeza como un ladrillo al que no le entran balas, no saben qué decir respecto al caso Evo Morales y ocultan el hecho fehaciente de que un organismo continental certificó que había hecho trampa en unas elecciones.
Luego sale la bestia de Nicaragua diciendo que las elecciones están muy bien siempre y cuando lo favorezcan pero que, cuando no, los pueblos han de tomar las armas revolucionarias. Claro, es que la bestia encarna al pueblo. Una tautología chavista para quienes ni de lejos creen en el principio de la alternabilidad.
De domingo a domingo
El domingo 5 fue sangriento. Cayó Evo Morales víctima de su propio laberinto. El asesoramiento de los rusos en manipulación de redes sociales no fue, al parecer, un buen auspicio. Los rusos no deben ser muy buenos en la materia o es que los bolivianos en el altiplano y tirando de una llama no están pendientes del celular. En Bolivia murieron el Che, los malandros Butch Cassidy y Sundance Kid. También debe ser un buen lugar para que muera el chavismo con su idea principal, la de perpetuarse en el poder mediante el chantaje al pueblo y la promiscuidad con regímenes que ni conocen ni entienden la democracia. La caída de Morales anuncia o augura la muerte del chavismo, dejando apenas su bagazo, el madurismo, arrastrando su fama de cleptocracia urbi et orbi.
Por las redes españolas, ese domingo y días siguientes, se hizo sentir la izquierda castiza dominada por quienes votan a Podemos y creen en el independentismo de Cataluña, leen con fruición El País —diario que hace denodados esfuerzos por ser equilibrado con lo de Evo pero se le ve el plumero— y no se pierde el programa del Gran Wyoming, un médico que se burló del líder del partido perdedor Ciudadanos, Albert Rivera, incluso cuando dimitió de su cargo y de sus ventajas para retirarse de la política, un gesto que sin duda lo enaltece. El presentador no toca ni con el pétalo de su ironía al gran Pablo Iglesias.
Pues bien: toda esa gente es la que habló de “golpe de Estado” en Bolivia.
En fin, Twitter puede ser un gran campo de cerezas para la izquierda o para los irreductibles de siempre, los locos del tecleo. Pero este domingo amanece con mejor paisaje, al menos en Venezuela. A ver si el chavismo, que ha comenzado a morir en Bolivia, termina de estirar la pata aquí también. La movilización fue un éxito y una bofetada a lo que podríamos denominar Método Nitu, que se parece a Vente que a la vez se parece a los tirapiedras ávidos de viralidad.
Hay uno que dice que la unidad no hay que buscarla “per se”.
¿No? ¿No hay que buscar la unidad, precioso? Entonces, ¿qué debemos buscar, la imbecilidad tuitera como programa de acción? Igual podría decirse que no hay que buscar la democracia “per se”.
Claro que hay matices y contradicciones en todo torrente masivo de opinión pública. Claro que hay debilidades en el liderazgo y circunstancias quizás lamentables. A mí, en lo particular, me parece que en la representación española del Parlamento Europeo se desperdicia una gran oportunidad al tener allí, elegido dentro de las filas del Partido Popular, al papá de Leopoldo López. En esa curul podrían desempeñarse más o menos mil venezolanos con mayores capacidades antes que este caballero pero, en fin, amigo, con eso hay que arar, como diría un chavista ante una tarima mal montada. A fin de cuentas, ese señor busca, o al menos eso supongo, lo mismo que cualquier venezolano decente: la defenestración de una dictadura morbosa, sanguinaria.
La conciencia tiende a domesticarse con la rutina y a adormecerse recostada en la resignación. Los pájaros largamente enjaulados aprenden a no volar, aunque se les abra la jaula. Pero hay momentos en la historia y en las personas en los que la conciencia se enciende e irrumpe con fuerza inesperada, volando alto e indetenible. Donde había fragilidad, rutina y miedo, la conciencia renacida levanta vuelo indomable, como ocurre hoy en millones de venezolanos, jóvenes y viejos. El poder acostumbrado a la servidumbre domesticada trata de frenar esta insurgencia masiva y ahogarla con armas, leyes tramposas, hambre y manipulación, pero no puede, pues su represión enciende nuevas conciencias.
Con la irrupción del Espíritu todo se vuelve nuevo: las establecidas disputas de partidos, de religiones y de parcelas se vuelven ridículas. Como le dijo Jesús a la Samaritana, ha llegado la hora en que no importa el templo o la montaña para el culto religioso, ahora a Dios se le adorará en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Al sabio judío Nicodemo que lo visitó a escondidas y de noche, Jesús le dijo: Para caminar los caminos misteriosos del Dios de la vida “hay que nacer de nuevo”; nacer del Espíritu y volar libre como el viento. Nacer de nuevo aunque seamos viejos.
“A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si se aman unos a otros ahí está Dios porque Dios es amor” (carta de Juan) que invita a cada conciencia a caminar juntos hacia la vida. Aunque les prohíban hablar, les lleven a la cárcel y ante tribunales militares, no se rinden. El poder creyó que la conciencia democrática era aplastable porque no tenía tanques, ni bombas, ni cascos y escudos y eran débiles sus manos limpias y sin armas. Ahora el poder tiembla y se pregunta: ¿cuántas conciencias ocultas y deseosas de rebelarse hay dentro de esos cascos y chalecos represores o entre los jefes que los ordenan? Es la misma conciencia que derrumbó el Muro de Berlín, derritió el Estado policiaco mejor blindado del comunismo de Alemania Oriental. Los alemanes oprimidos por el comunismo renacieron –sin paredones de fusilamiento– a la reconciliación y a la nueva vida; incluso quienes hasta la víspera eran espías de “la vida del otro”, de todos los otros por el delito de querer la libertad.
Es también la hora de la tentación de la venganza y de la furia que llama a matar. Ellas son el veneno del opresor inoculado en nosotros y que pueden desviarnos hacia el camino de la muerte. Nuestro reto por el contrario es inventar el camino de vida y hacerlo realidad superando las enormes dificultades. No olvidemos que las “guerras santas” en nombre de Dios son tan criminales y destructivas como las no santas. Venezuela estalla en rabia, pero solo tiene futuro si levanta el vuelo para transformar la muerte en vida, el odio en amor y la desesperación en esperanza. Cuanto más alto vuele la conciencia, menos la alcanzan las alambradas, los muros, los escudos y las rastreras bombas lacrimógenas. A esa altura solo vuelan el encuentro, el abrazo, el perdón y el esfuerzo común, imprescindibles para que haya vida para todos. Democracia antes que nada es un espíritu de reconocimiento, de libertad y de gobierno para la vida compartida. El debido y necesario castigo de los crímenes debe marchar por el cauce de la serena acción de la justicia con pruebas en tribunales dignos.
Conciencia y construcción Es la hora de que la conciencia avance a la construcción de lo nuevo, a la sustitución de esta cárcel, a la siembra de campos abandonados. Ahora, cuando el fracaso del régimen actual es evidente e indiscutible, nuestro reto es convertir el mal en bien y hacernos capaces de tejer lo nuevo, combinando conciencia y utopía sin límites con el realismo racional y programático para que lo necesario se haga posible y convertirlo en realidad. Tenemos que llegar al momento constructivo con condiciones de gobernabilidad, de lo contrario el fracaso y la frustración serán inevitables. Las emociones deben ser discernidas y guiadas ante la comprensible tentación de la violencia y convertir la conciencia en nueva política, nueva economía, nueva educación… no como deseos vaporosos e ilusiones, sino como realidad real que florece en una primavera de vida y de creatividad con iniciativas constructivas.
El talento que saca lo mejor de cada uno suplirá la falta de dinero abundante y de la renta que nos enfermó de muerte, y sacará lo mejor de cada uno como ciudadano y como productor. Demostrar que de verdad creemos más en el “talento y la virtud” (como decían nuestros próceres civiles en la aurora de la República) de los millones de venezolanos que en la lotería minera que convierte en fiesta lo que no cuesta. Renta petrolera que, usada para el reparto y sumisión clientelar, corrompió el poder y envileció a los seguidores, sin confiar en su talento, ni educar sus potencialidades. La hora de la conciencia no se acabará con la caída irremediable del régimen, sino que alimentará las virtudes ciudadanas y productivas para el éxito de la nueva democracia.
Ya han pasado más de cincuenta días desde que empezaron las protestas en toda Venezuela en rechazo al régimen madurista. Los venezolanos han tomado conciencia de la instauración de la dictadura y se han producido marchas multitudinarias que exigen el cambio para salir de la crisis y el modelo nefasto de gobierno, demandando la vuelta a las vías democráticas. Para todos es evidente la inviabilidad de un gobierno que busca someter a más de un 80 % de la población que lo adversa a un proyecto país de bolsas CLAPs, OLP asesinas y carnets de la patria, en medio de una tragedia social y económica de proporciones inéditas.
El régimen se atornilla al poder sin apoyo popular, en alianza con una cúpula militar. Despliega una escalada de violencia sin precedente en ningún gobierno contemporáneo de nuestra historia, agravado por la activación de grupos paramilitares contra la población. Son constantes las violaciones a los derechos humanos: nunca se había visto en Venezuela tal catálogo de torturas como los cometidos por este régimen en este corto tiempo. Se están produciendo persecuciones políticas y juicios militares a civiles, con planes como el Zamora o la operación Tun Tun, que reproducen las peores acciones de dictaduras de las décadas de los 60 y 70 en el Centroamérica y el cono sur.
La protesta y la manifestación, vías legítimas de expresión popular, han sido implementadas en todo el país. Han mostrado de manera rotunda y clara el descontento y el rechazo al régimen. Pero también han sido la dolorosa expresión de un sacrificio: más de 50venezolanos han sido asesinados durante las manifestaciones, además de cientos de heridos y detenidos. Este sacrificio es muestra de la crueldad del régimen, de su avidez por el poder, y señalan el riesgo y peligro cierto al que nos enfrentamos.
Luego de 50 días en la calle, se impone un momento de reflexión que considere esta realidad. No para llamar al desánimo y la desesperanza sino para generar nuevas objetivos, estrategias y formas de participación que aseguren la continuidad de la protesta y el logro de las condiciones para la salida del régimen de Nicolás Maduro.
Es nuestra creencia que para esta nueva etapa debe n fijarse dos objetivos principales:
Movilizar a una amplia base: El rechazo a la dictadura debe ser un movimiento que convoque a todo el país. Debemos encontrar puntos de coincidencia y de reconocimiento que unifiquen a las distintas realidades nacionales afectadas por la crisis. Ir al encuentro y movilizar en torno a una visión solidaria e incluyente de la Venezuela que viene. Es prioritario generar asambleas populares, encuentros y la activación de canales de comunicación que vinculen, a unos con otros, individuos, comunidades, organizaciones, gremios y demás actores sociales.
Provocar tomas de conciencia dentro del poder: Es necesario que se produzcan quiebres dentro de la estructura de poder que posibiliten el cambio. Desde la protesta deben generarse mensajes de toma de conciencia, humanización del otro y reflexión a los sectores del ámbito militar y público, así como visibilizar desacuerdos, divergencias que se produzcan, y establecer puntos de contacto con quienes expresen públicamente la disidencia al proyecto dictatorial.
Para el logro de estas metas proponemos enfocarnos en:
Diversificar la protesta: es necesario generar un número mayor de opciones que disminuyan el peligro de la participación y reduzca las posibilidades de violencia, amplíe el alcance e impacto de la protesta y puedan reproducirse en la mayor cantidad de contextos. Esto va desde el ejercicio de formas alternativas de protesta (volanteo, repartición de impresos, intervenciones a espacios públicos, eventos de corta duración, creación de canales de información) al establecimiento de redes de apoyo a las marchas (transporte, opciones de resguardo, sistemas de información de rutas y alertas, dotación de insumos, asistencia médica).
Ruptura del cerco comunicacional: el control de medios y la censura del régimen genera una enorme desinformación, y la presencia de un único discurso, propagandístico, divisivo y fraudulento. En nuestro trabajo en las comunidades hemos visto cómo esta desinformación y censura criminaliza la protesta y condiciona negativamente la participación. Deben estimularse la creación de redes populares y la difusión de mensajes en medios digitales y analógicos, que permitan el conocimiento de la situación y el acceso libre a la información.
La continuidad y el éxito de la protesta son vitales para el país. Detener las manifestaciones y el reclamo significaría la acentuación del sometimiento. La permanencia en el poder de régimen va a acentuar una situación de crisis que, solo en lo que se refiere a la emergencia alimentaria, ya está rayando en la hambruna.
Frente a la pesadilla de una Venezuela sometida, rota y en guerra perenne del régimen de Maduro debemos hacer que prevalezca la Venezuela de democracia, reencuentro y convivencia que pedimos todos los venezolanos.
La historia de la justicia transicional deja clara varias premisas: los procesos son únicos para cada contexto; toma años reconstruir un país; no todos los culpables de violaciones de DD.HH. son llevados ante la justicia y no todas las víctimas reciben compensación; y un proceso mal conducido puede llevar a “transiciones regresivas”, es decir, una que en pocos años deje el país peor que como estaba
Hoy la comunidad internacional condena a Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso. Lejos de ser un proceso de retaliación, toda transición debe pasar por cumplir la ley
EN EL FRAGOR DE LA LUCHA POLÍTICA que hoy libran los venezolanos, el humo de tanta lacrimógena impide ver qué hay más allá de la indignación que produce la represión. El horizonte venezolano actual se parece a la línea que antaño confundieron con un gran abismo.
Nadie sabe cómo y cuándo acabará esta fase política que el gobierno de Maduro se ha empeñado en equiparar con una guerra. La única certeza es que cuando culmine vendrá un proceso de reconstrucción de la vida democrática, del aparato productivo y de esa cosa misteriosa que llaman tejido social.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su siglas en inglés), define el proceso como un “esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”.
Una aclaratoria le sigue a la definición: “Dado que con frecuencia las estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los que la paz es frágil o los perpetradores conservan un poder real, se deben equilibrar cuidadosamente las exigencias de justicia y la realidad de lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.
La justicia transicional no es una receta mágica para reconstruir un país, al contrario, el ICTJ enfatiza que es imprencindible la voluntad política de las partes en conflicto para enfrentar un legado de violaciones de los derechos humanos y lograr que las políticas se traduzcan en acciones.
Justicia transicional en cinco pasos
Las estrategias de justicia transicional deben entenderse como un componente de la construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos de las víctimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y restablecen el estado de Derecho, dice el ICTJ.
Si bien las experiencias y resultados varían en cada contexto, la revisión de los procesos vividos tras el fin del régimen Nazi, las transiciones en Europa del este, las de América Central y las del cono sur del continente, sumadas a las provenientes de naciones africanas, han permitido definir un conjunto de pasos que se suceden de manera más o menos fija en todos los casos.
Primer paso: Comisión de la verdad
“La búsqueda de la verdad tiene dos enemigos: el proceso natural de la amnesia y el proceso intencional del negacionismo para borrar las huellas. Ambos pueden conducir a repetir los errores del pasado. El caso peruano es muy importante porque esa comisión realizó un trabajo extraordinario de documentación y verificación con expertos. Una comisión de esta naturaleza debe partir de un gran consenso nacional, integrada por gente con total independencia de criterio que produzca informes objetivos”, explica el doctor Fernando Fernández, abogado especialista en Derecho Penal Internacional.
El ICTJ afirma que las comisiones ofrecen a las víctimas una voz en el discurso público y sus testimonios pueden contribuir a refutar mentiras oficiales y mitos relativos a las violaciones de los derechos humanos.
El organismo reseña que el testimonio de las víctimas en Sudáfrica permitió demostrar que la tortura era tolerada oficialmente y que se dio de manera extendida y sistemática. Las comisiones de Chile y Argentina refutaron la mentira según la cual los opositores al régimen militar habían huido de esos países o se habían escondido, y lograron establecer que los opositores habían sido desaparecidos y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de una política oficial.
El rol de los medios de comunicación en la construcción de la “memoria histórica” también es relevante, explica Fernández. “Documentar e investigar lo más exhaustivamente posible ayuda a construir esa memoria histórica. Si los hechos no se fijan de manera clara quedarán después a juicio de los opinadores. Sobre todo cuando hay atrocidades, siempre habrá gente de bando y bando disputando qué fue lo que realmente pasó. Esa documentación puede servir en juicios futuros y es lo que posibilita el famoso <<prohibido olvidar>>”.
Segundo paso: Enjuiciamientos
“Enjuiciar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos es un componente crítico de cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. Los enjuiciamientos pueden servir para evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de generar confianza en ellas”, describe el ICTJ.
En contextos de extrema polarización política puede haber intentos de equiparar la justicia con la venganza. “Los juicios no deben verse como expresiones de un deseo social de retaliación”, argumenta la psicóloga social y jefe del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles.
“Hay que recordar que se trata de procesos complicados en el sentido de que puede haber cambios políticos que exigen que para que ocurran no haya justicia transicional, y también al revés, cambios políticos que solo se dan si hay un proceso de justicia que recomponga la unidad del país. El núcleo está en que cualquier proceso tiene que ser consensuado porque de otro modo la justicia no se percibe como tal sino como la justicia del vencedor. La justicia transicional no es la justicia del vencedor como tampoco es la de las víctimas”, argumenta Capriles.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior comparte esa visión: “Hay que distinguir entre la justicia y la venganza. El objetivo de un nuevo gobierno en ninguna manera puede ser la retaliación sino la recomposición del estado de Derecho y acabar con la impunidad. Hoy la comunidad internacional condena el gobierno de Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso”.
Tercer paso: Reparación o compensación de las víctimas
El ICTJ explica que en conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas entre las cuales se hallan la ayuda material (pagos compensatorios, pensiones, bolsas de estudios y becas), la asistencia psicológica (consejería para manejo del trauma) y medidas simbólicas (monumentos, memoriales y días de conmemoración nacional).
Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas? Esa definición es crucial y compleja, explica Fernández. “En Alemania, tras el fin del nazismo hubo 3 millones de denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Sabes lo que significa procesar 3 millones de casos? Al final solo cerca de 95.000 casos recibieron condena porque se pudieron probar. Una premisa de este tipo de procesos es que ni todo el mundo es tan criminal como a veces se piensa y no todos son tan inocentes como creen”.
Fernández suelta otra premisa que parece repetirse independientemente del contexto: “Las víctimas puede que perdonen, pero jamás olvidan”. Como ejemplo, el jurista apunta que pasaron más de 70 años para juzgar y condenar a varios miembros del partido Nazi.
Cita el caso Oskar Groening. “Este es un buen ejemplo porque se trata de un viejito de 94 años que fue condenado recientemente a 4 años de cárcel, 71 años después de los juicios de Nuremberg. Él había sido contador dentro del campo de Auschwitz. Llevaba un registro de cuántas prendas de vestir había en las maletas de los judíos, del dinero que llevaban, e incluso de los dientes de oro que les extraían. Él no mató a nadie ni dio órdenes de matar pero fue testigo de todo eso y las víctimas se acordaban del rol que jugó. En el juicio se defendió diciendo que él había sido una minúscula tuerca de un engranaje que era muy grande y que él no podía controlarlo; el juez le respondió que esa tuerca, junto a un millón de tuercas más, hizo posible todo un mecanismo. Esto da una idea de que los procesos de justicia transicional pueden durar toda la vida”, relata Fernández.
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En el contexto venezolano conviven casos de presos políticos, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y discriminación laboral por razones políticas, entre otros. Fernández refiere que la jurisprudencia internacional ha sentado precedentes de compensación para muchas de esas categorías. Cita, por ejemplo, la “interrupción del proyecto de vida”, categoría empleada para calcular el lucro cesante de aquellos injustamente despedidos.
Con relación el tema económico, Capriles acota un aspecto clave para el manejo de las compensaciones: la capacidad financiera de los Estados. En Alemania y en Argentina las reparaciones económicas implicaron cuantiosas sumas de dinero. El contexto venezolano probablemente impondría recuperar la capacidad productiva antes de iniciar un eventual proceso de reparación monetaria de las víctimas.
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“Resulta imperioso cambiar, y en algunos casos abolir, aquellas instituciones responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos recién establecidos tienen una responsabilidad principal en esta tarea”, refiere el ICTJ.
“La restitución de la justicia ordinaria debe ser el primer objetivo de un proceso de justicia transicional; luego, deberá crear mecanismos para todos aquellos casos que no entren dentro de la justicia ordinaria. Precisamente el gran drama en el que estamos nosotros es que ha habido una violación masiva de la Constitución desde hace años”, argumenta Capriles.
Dar inicio a un proceso de justicia transicional funge a la vez como una señal política y moral. “El mensaje es que tiene que lograrse la restitución del estado de Derecho. Esto implica que los presuntos culpables deben pasar por un proceso justo. Hay que evitar el efecto de retaliación y la persecución de quien participó en el gobierno saliente. Por eso es una señal política importante. No se trata de castigar a todos. Los sospechosos de delitos deben ser juzgados con todas las garantías”, explica la psicóloga social.
Mecanismos como los que alude Capriles ya están siendo trabajados dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hay al menos tres proyectos en estudio y Fernández es proponente de uno de ellos. “La legislación venezolana actual tiene dos huecos. En primer lugar están las constantes reformas que ha hecho el chavismo al Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, carecemos de una ley para los crímenes de jurisdicción internacional, es decir, los tipificados en el Estatuto de Roma”, explica el jurista.
En 2016, Fernández presentó ante la Comisión de Política Interior de la AN un proyecto de código para subsanar este vacío legal. “Ese es, en mi opinión, la estructura más sólida y actualizada para abordar este tema”, argumenta. Señala que el Código de Derecho Penal Internacional (Codepi) incorpora los crímenes y delitos de lesa humanidad. “Si crímenes como la persecución política contra los empleados públicos se quisieran llevar a juicio, ahorita no hay una ley para hacerlo”, explica Fernández.
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La mora del estado venezolano con esa legislación es de larga data. “Aunque podría parecerlo, el avance jurídico no obedece a un tema coyuntural. Se trata de una deuda del Estado desde que Venezuela firmó el Estatuto de Roma. Cada país signatario debe adaptar o crear una legislación interna que la vincule con los tratados internacionales. Nosotros no tenemos esa legislación y parte de nuestra misión desde la Asamblea es saldar esas deudas legislativas”, afirma la diputada.
Solórzano aclara que “en el futuro, instrumentos como estos van a ser imprescindibles para garantizar que quienes vamos a estar en el ejercicio del poder sepamos que no podemos violar impunemente los derechos humanos. Por eso esta ley no obedece a una coyuntura sino que la hacemos con miras al futuro. Evidentemente, en un contexto como el actual cobra mayor interés por la necesidad de justicia frente a la grave crisis y las masivas violaciones de derechos humanos”.
Paso 5: Reconciliación
El ICTJ explica que “el concepto de reconciliación es importante y su historial es bastante controversial. En algunos contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación porque la relacionan con el perdón obligado, la impunidad y la amnesia (…); si se entiende la reconciliación de esta manera, entonces debe rechazarse con justa razón”.
La reconciliación dentro del marco de la justicia transicional debería tener como norte “la estabilidad de la nación para que esta pueda seguir su camino de manera democrática sin mayores traumas. Eso pasa por salir de la polarización extrema y que cada venezolano pueda seguir con su proyecto de vida. También que quienes se fueron sientan que puedan regresar pues Venezuela es otra vez un país donde vale la pena vivir”, argumenta Fernández.
La justicia transicional se mueve en varios planos paralelamente: jurídico, político, económico y social. “La palabra transición implica que las partes van a tener que conciliar y por lo tanto ninguna de las dos va a estar plenamente satisfecha. Eso de por sí ya es un reto y hay que encontrar un terreno común”, explica Capriles.
Experiencias como la de Sudáfrica tras décadas de Apartheid demuestran que restaurar eso que se ha llamado tejido social es un proceso lento y complejo. La psicóloga social sostiene que “ninguna sociedad ha manejado perfectamente un período de transición justamente por los retos que encarna restaurar la justicia, la confianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos. Los venezolanos no vamos a ser la excepción. Un aspecto importante es que cada país ha manejado estos procesos de cambio a su manera y con su propia lógica”.
Capriles agrega que “lo peor que puede hacerse es juzgar lo que va a pasar por lo que está pasando. En este momento estamos en la cresta de la ola de la crisis y por supuesto hay un discurso exacerbado pues estamos en plena lucha política. No podemos adelantarnos y saber cuál será el clima una vez que la crisis pase. Hay que confiar que cuando pase, eso de por sí ayudará a ver con más claridad el panorama”.
Una respuesta revela que sí hay luz al final del túnel de la polarización y la legítima indignación que sienten los venezolanos. La dio Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, en un foro que reunió a familiares de varios presos políticos venezolanos. Le preguntaron qué esperaba de la lucha que viene librando desde que su hermano está injustamente preso: “Que nunca más alguien pase por lo que mi hermano está pasando”.
Factor clave para el éxito: el rol de los dirigentes políticos
La presidenta de la Comisión de Política Interior afirma que “lo primero que debemos hacer desde la política es explicarle a los ciudadanos que sus derechos los tiene que hacer respetar. Que no son una concesión sino un asunto completamente ganado y que el Estado está en la obligación de garantizarlos. Las protestas de la gente en la calle demuestran, aunque sea de manera inconsciente, que los venezolanos entienden este principio”.
“Lo segundo es que quienes ejercemos la política debemos entender que garantizar los derechos humanos es parte intrínseca de nuestro rol, de lo contrario, lo que tendremos son dictadores en el poder que es lo que ocurre hoy en Venezuela”, dice Solórzano.
La diputada sostiene que el discurso de la dirigencia política va a ser fundamental en la conducción “emocional” de una transición. “Hablo por mí, frente a todos los atropellos el discurso no puede ser de odio, si eso ocurre nos habremos convertido en lo que denunciamos”.
El ICTJ enfatiza que “la justicia transicional mira tanto hacia el futuro como al pasado. Una de las razones por las cuales se enfrentan los abusos del pasado es para garantizar que no se repitan. El riesgo de caer en lo que se conoce como una “transición regresiva” es real y en Venezuela hay al menos dos precedentes.
“En los años 90 se llegó a pensar que no había nada peor que la democracia venezolana y se planteó una transición en la cual muchos creyeron. 18 años después queda en evidencia que se trató de una transición regresiva porque no hubo un plan de mejorar lo malo sino que se instaló un modelo peor del que existía”, argumenta Fernández.
Capriles trae a la memoria otro caso. “Nosotros sufrimos un proceso muy complicado de transición a la democracia. Apenas instalada comenzó la insurgencia guerrillera inspirada en la Revolución Cubana. Esa lucha armada no cesó de manera modélica sino que se hizo mediante decisiones políticas y funcionó en la medida en que permitió la incorporación de esos sectores a la vida política, pero no podemos dejar de ver que, mucho de lo que ha sido el chavismo deviene de ese proceso que en los años 60 no se cerró adecuadamente. Se hizo una especie de borrón y cuenta nueva. Es importante que un nuevo proceso de transición permita dar una discusión acerca de los factores políticos, sociales y económicos que nos trajeron hasta acá”.
Que los venezolanos navegan aguas turbulentas suena a obviedad. Quizás lo novedoso esté en conocer experiencias internacionales de justicia transicional que demuestran que el temido horizonte no es el precipicio que conduce al fin del mundo, sino un camino hacia un territorio nuevo cuya construcción dependerá de cada ciudadano.
Tras más de un mes de manifestaciones ininterrumpidas, realizadas de manera masiva en todo el territorio nacional, Provea califica el actual ciclo de protestas como la primera rebelión popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI, por la exigencia de libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos.
Provea realiza desde el año 1989 un Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, por lo que posee elementos cuantitativos y cualitativos para realizar dicha afirmación, desde una perspectiva de exigencia de derechos. La misma se sustenta por la suma de los siguientes elementos:
1) Extensión cronológica: El ciclo de movilizaciones, que se inició el 01 de abril de 2017 en Caracas -un día después del reconocimiento de “ruptura del hilo constitucional” por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz-, se ha mantenido ininterrumpido hasta el 10 de mayo (fecha de redacción del presente texto), es decir, durante cuarenta días continuos.
2) Extensión geográfica: Las protestas han ocurrido en los 24 estados del país, tanto en las ciudades principales como en pueblos y comunidades pequeñas.
3) Cantidad de protestas realizadas: Hasta el 07 de mayo se habrían realizado 946 manifestaciones en todo el país, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un promedio de casi 26 protestas diarias.
4) Desterritorialización de la protesta: A diferencia de movilizaciones anteriores contra el proyecto bolivariano, el descontento se ha expresado en todas las capas de la sociedad y en comunidades que anteriormente eran identificadas como “bastiones” del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo. Esta situación está siendo propiciada por el aumento de la pobreza y la exclusión; la grave escasez de alimentos y medicinas que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía –sobre todo de los más pobres- y atenta contra los derechos a la salud y la alimentación, comprometiendo la vida de millones de venezolanos; la frustración ante cientos de promesas que supuestamente garantizarían un mejor vivir; la ausencia de respuestas por parte de las autoridades ante las demandas ciudadanas; el aumento de la violencia y los abusos policiales en las comunidades pobres del país mediante operativos como el OLP, entre otros.
5) Contexto no democrático en el que ocurren: Las protestas representan la resistencia ciudadana contra la dictadura instaurada en el país a partir de cuatro decisiones: a) Sustituir el orden constitucional por un Decreto de Estado de Excepción; b) Suspensión indefinida del derecho a la participación popular mediante el voto; c) Derogación de las competencias de la Asamblea Nacional y violación de la inmunidad parlamentaria; d) Políticas económicas que han generado el aumento de la pobreza y exclusión sin posibilidad de garantizar derechos sociales. Estas medidas han extinguido el Estado de Derecho en Venezuela, impidiendo la garantía para los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población.
6) Diferentes actores de la represión que no logran inhibir la protesta ciudadana: El “Plan Zamora”, aplicado a partir del pasado 19 de abril y sustentado en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, ha institucionalizado la participación conjunta de la Fuerza Armada, Policía Nacional Bolivariana, SEBIN y organizaciones paramilitares en labores de represión a manifestaciones, bajo una lógica bélica que se ampara en la doctrina de la seguridad nacional y el reforzamiento de la tesis del enemigo interno, para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. A esta situación se suma la instrumentalización del Sistema de Justicia para penalizar y privar de libertad a cientos de manifestantes, a pesar que en muchos de los casos registrados, el Ministerio Público ha desistido presentar acusaciones contra los mismos debido a la ausencia de elementos probatorios para comprobar la comisión de delitos. En un nuevo y alarmante patrón represivo, en el contexto de la aplicación del “Plan Zamora”, se suma el sometimiento generalizado de civiles detenidos en manifestaciones a la Justicia Militar. Esta práctica, violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 261 de la Constitución Nacional, desconoce el derecho a ser juzgado por el juez natural, vulnera el derecho a la defensa de cientos de detenidos y pone a la dictadura de Nicolás Maduro al lado de otras dictaduras de América Latina que han empleado esta vergonzosa práctica para intentar acallar la disidencia y el descontento popular, generando con ello graves violaciones a los derechos humanos.
7) Consolidación de patrones represivos registrados en anteriores ciclos de protesta, y aumento de la crueldad en la represión: varios de los patrones represivos registrados durante el ciclo de protestas de 2014, se repiten en esta rebelión popular por el retorno a la democracia en Venezuela. a) Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y población civil no vinculada a las manifestaciones, que incluye el empleo excesivo de sustancias tóxicas –incluso con el objetivo de causar el máximo daño físico posible a manifestantes y transeúntes-, perdigones de plástico, empleo de munición potencialmente letal; golpizas a manifestantes, entre otros; b) ataques a zonas residenciales, centros educativos y centros de salud; c) Actuación de civiles armados y grupos paramilitares para contener y reprimir manifestaciones pacíficas; d) Obstáculos innecesarios para el ejercicio del derecho a la manifestación y proliferación de zonas de exclusión para el uso del espacio público por parte de la ciudadanía; e) Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos; f) Incomunicación de detenidos y violaciones al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; g) Robos por parte de agentes de la fuerza pública contra manifestantes y/o transeúntes no vinculados a las manifestaciones; h) Campañas de estigmatización; acoso y hostigamiento contra manifestantes, activistas sociales, dirigentes políticos y defensores de Derechos Humanos, a través del sistema nacional de medios públicos y mediante la divulgación de fotos y direcciones de domicilio a través del “Manual del Combatiente Revolucionario” por parte de funcionarios del Estado; i) Ataques a periodistas, trabajadores de la prensa y hostigamiento a medios de comunicación.
En 40 días de protesta han fallecido 39 personas, casi una persona en promedio al día, muertes que lamentamos profundamente y que evidencian los sacrificios de los pueblos cuando se rebelan contra las tiranías. Según el Foro Penal Venezolano, 1.991 personas han sido arrestadas, un promedio de 50 personas diariamente, permaneciendo detenidas 653, de las cuales 404 se encuentran a la espera de un fiador y 157 privadas de libertad. Por su parte 116 personas habrían sido pasadas, inconstitucionalmente, a tribunales militares. Según el Ministerio Público 787 personas habrían resultado lesionadas. Estos patrones de actuación se producen en medio de un aumento en la crueldad de la represión -sin precedentes-, al menos en los registros levantados por Provea desde 1989. Sin embargo, resaltamos que el recrudecimiento de la represión y el incremento de la crueldad por parte de los represores, no ha apagado la voluntad pacífica de lucha de los venezolanos por el restablecimiento de la democracia en nuestro país, al contrario, las manifestaciones se multiplican y se diversifican día a día, manteniendo fundamentalmente, su vocación no violenta.
8) Un movimiento masivo y extendido de protesta que usa la No Violencia como estrategia, y con ello el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica: El carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones fue reconocido por la Fiscal General, doctora Luisa Ortega Díaz. La ausencia de imágenes de manifestantes armados ha llevado a las autoridades a la difusión de fotografías falsificadas.
9) Un proceso de indignación de multitudes con características propias: Aprendiendo de sus propias experiencias y adaptando lo que han visto en redes sociales de otras latitudes, los manifestantes han desarrollado estrategias que le dan a esta rebelión popular sus particularidades, generando símbolos de la resistencia pacífica que han dado la vuelta al mundo. Es importante destacar la voluntad de los manifestantes de reconcentrarse ante la avanzada represiva, retomar la calle y continuar la lucha desafiando la represión, lo cual es símbolo del ánimo de resistencia a la Dictadura.
10) Un liderazgo compartido entre la gente y los diputados de la Asamblea Nacional: Los parlamentarios se han visto presionados por la multitud a asumir una agenda permanente de movilización y acompañar a la gente en las convocatorias, siendo también víctimas de la represión al encabezar muchas de las protestas dando ánimo y conducción. No estamos en presencia de un liderazgo tradicional, sino de uno compartido generado en red: Un enjambre.
11) Protagonismo de una generación de activistas “millenials”: A diferencia de generaciones de activistas anteriores, cuyos modelos provenían mayoritariamente de la izquierda marxista, la presente generación de jóvenes activistas tienen como referentes la cultura digital, los video juegos, las novelas gráficas, series de televisión y películas, así como referentes sociales más recientes como la primavera árabe y las propias protestas del 2014.
12) La calle ha sido escenario para el despliegue de manifestantes de diferentes generaciones: Junto a los jóvenes “millenials”, las movilizaciones han sido protagonizadas también por adultos contemporáneos y personas de la tercera edad, lo que le da un carácter intergeneracional a las protestas.
13) Ante la hegemonía comunicacional y la censura, la indignación de las multitudes ha construido sus propios canales de información, divulgación y convocatorias: Mediante el uso intensivo de redes sociales y mecanismos de autoregulación de contenidos, manifestantes se mantienen alta y rápidamente informados. Algunas de las redes más utilizadas han sido WhatsApp, Twitter y Periscope.
14) Carácter propositivo del movimiento: el actual movimiento de indignación rechaza el golpe de Estado al Parlamento y el Fraude Constituyente, pero también exige el regreso a la “democracia”, que se ha convertido en un valor cuya significación está siendo llenada por las aspiraciones y deseos de los manifestantes en la calle. Durante los hechos del Caracazo, la indignación popular masiva, pero sin conducción y objetivos claros, emergió contra un paquete de medidas económicas de corte neoliberal y condujo a que millones de personas se lanzaran a las calles a manifestar su descontento, lo que generó una respuesta altamente represiva por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, a pesar de la trascendencia histórica de dichos sucesos para el cambio político y la garantía de derechos en nuestro en país, el movimiento de indignación de “El Caracazo” adoleció de capacidades organizativas y políticas que permitieran transformar la indignación en acción y propuestas claras para construir una democracia de derechos. En 2017, la experiencia popular y la lenta pero indetenible despolarización de la sociedad, elevan la indignación a un escenario de propuesta y construcción de una sociedad democrática, con justicia social y derechos para todos. Seguimos siendo hijos del Caracazo, esta vez, con la capacidad de reconocer los errores y aciertos del pasado y del presente, pero con la mirada puesta en el futuro.
En Venezuela y América Latina la historia se repite. En plena dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló sobre la prolongada suspensión de garantías constitucionales y régimen de excepción en ese país: “Las disposiciones mencionadas que conformaron el régimen de emergencia prevaleciente en Nicaragua, crean en la realidad socio—política de este país una estructura legal desde el punto de vista de la formalidad normativa; pero, desde el punto de vista material, ella se traduce en situaciones de amoralidad jurídica individual y colectiva, por cuanto se presta para una sistemática y generalizada violación de los derechos humanos”. Esa misma Comisión, tan criminalizada por quienes gobiernan en Venezuela, justificó en 1979 el derecho a la rebelión del pueblo Nicaragüense y la propia insurrección sandinista contra la dictadura de Somoza: “Los daños y sufrimientos provocados, por estas violaciones han hecho surgir entre la población nicaragüense, de la manera más patente, un intenso y general sentido favorable al establecimiento de un sistema que garantice la observancia de los derechos humanos”. Este derecho a la rebelión democrática, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y conocido también como el “nunca más de la humanidad”, legitima la acción de los pueblos para enfrentar las tiranías y reclamar el establecimiento de un régimen de derecho.
En la Venezuela de 2017 estamos en presencia de una nueva rebelión, esta vez contra la primera dictadura del siglo XXI. A la fecha, la fractura del gobierno de Nicolás Maduro y la resistencia ciudadana siguen en ascenso.
15) Las lamentables víctimas que deja la Rebelión Popular genera dolor pero disposición de lucha. Al momento de escribir este texto 39 personas han fallecido en el contexto de la protesta, varias de ellas asesinadas por la acción represiva del Estado. La lastimosa pérdida de vidas humanas que generalmente ocurren en toda rebelión contra las dictaduras y por la democracia, no ha intimidado a la población quien se mantiene día a día en la calle. El gobierno no ha logrado desmoralizar a quienes han decidido tomar las calles a lo largo y ancho del país. El dolor se viene transformando en más fuerza para exigir justicia, garantías para los Derechos Humanos y respeto a la voluntad popular.
Sigamos siendo protagonistas de esta rebelión pacífica y democrática que nos podrá conducir a una mejor Venezuela. Cada quien desde sus posibilidades, capacidades y lugar geográfico, puede ayudar a que esta rebelión termine en un histórico triunfo popular.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció este miércoles 10 de mayo las nuevas acciones de protesta en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, informó que los parlamentarios opositores marcharán mañana hasta el lugar en donde fue asesinado Miguel Castillo, joven que se encontraba protestando el día de hoy en Las Mercedes.
La movilización, en donde también participarán familiares y amigos del licenciado en Comunicación Social, partirá desde el Colegio San Ignacio de Loyola hasta el punto donde fue asesinado en Las Mercedes.
Para este sábado, reiteró las caravanas convocadas para este sábado en todos los estados del país a favor de la Constitución
El lunes se realizará un nuevo plantón nacional exigiendo que terminen las violaciones a los derechos humanos. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, informó que la actividad comenzará a las 7.00 am.
Consolidar el Estado Comunal tal y como lo plantea el Plan de la Patria luce como el propósito más claro de la más reciente iniciativa presidencial. De concretarse el llamado a elecciones sectoriales o corporativas, el sistema electoral actual podría transformarse en uno de segundo y tercer grado. Los escenarios que derivarían de esta propuesta van desde la instauración legal de las bases dictatoriales, muchas de las cuales ya se aplican de facto, hasta la completa anarquía al tener en paralelo dos sectores, cada uno con su texto constitucional
EL GOBIERNO SE ATRINCHERA. La consultora política ORC advirtió hace unos meses sobre sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese entonces la consultora dijo que el Gobierno tenía en mente un objetivo político: diseñar un proceso electoral a la medida.
La Constitución de 1999, que según Hugo Chávez era la mejor del mundo, en manos de Maduro no llegará a los 18 años. Dice el presidente que hay nueve líneas programáticas para el debate constituyente: “La paz como necesidad, derecho y anhelo de la Nación; el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela potencia; constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas; la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos; constitucionalización de la nuevas formas de la democracia participativa y protagónica; la defensa de la soberanía y la integridad de la Nación y protección contra el intervencionismo extranjero; reivindicación del carácter pluricultural de la Patria; la garantía del futuro mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud y la preservación de la vida en el planeta”.
No obstante, voces críticas dentro y fuera del chavismo advierten que las verdaderas motivaciones del Gobierno son otras. La más importante: eludir la responsabilidad de convocar a las elecciones de gobernadores, en mora desde diciembre de 2016 y a las de alcaldes, previstas para 2017.
¿Quiénes integran la Comisión Presidencial?
Elías Jaua, actual ministro de Educación y ex constituyentista de 1999, preside la Comisión.
Adán Chávez funge como secretario. Actualmente es ministro de Cultura y fue constituyentista en 1999.
Cilia Flores, primera dama y ex constituyentista de 1999.
Aristóbulo Istúriz, ministro de Comunas y ex constituyentista de 1999.
Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores.
María Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios y ex constituyentista de 1999.
Julián Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia y ex constituyentista de 1999.
Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo y ex constituyentista de 1999.
Reinaldo Muñoz, procurador general de la República.
Elvis Amoroso, asesor legal del presidente Nicolás Maduro y ex constituyentista de 1999.
Hermánn Escarrá, abogado y ex constituyentista de 1999.
Noelí Pocaterra, miembro del PSUV y ex constituyentista de 1999.
Earle Herrera, diputado y ex constituyentista de 1999.
Remigio Ceballos, vicealmirante y comandante adjunto del Comando Estratégico Operacional de la FANB.
De acuerdo con el discurso del Gobierno, la iniciativa presidencial es el equivalente a una rama de olivo en medio del conflicto que plantea la dirigencia opositora y a esa línea se han plegado sus voceros. Jaua dijo que convocaría a los bloques parlamentarios de la AN, tanto al Bloque de la Patria como al bloque opositor, a los rectores de universidades públicas y privadas, a los constituyentes de 1999, a las asociaciones indígenas del país, a las confederaciones sindicales, a los gremios empresariales, a los dueños de los medios de comunicación, a las Comunas, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil.
El abogado constitucionalista Hermánn Escarrá también se sumó al coro: “Vamos pues, a la Constituyente para buscar la Paz, para un diálogo superior para defender los derechos humanos y las libertades, las aspiraciones, anhelos y creencias del pueblo, en fin, para convivir civilizadamente en paz y libertad”.
Istúriz no se quedó atrás y en el programa de Vladimir a la 1 dijo que: “La Asamblea Nacional Constituyente es un acto de generosidad del presidente, es para evitar muertos, para evitar la confrontación”. Al trío de voceros se le sumó la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien reapareció tras meses de ausencia para afirmar que esta iniciativa buscaba “alcanzar la paz que todas y todos nos merecemos”.
Pero no todas las voces asociadas con el chavismo se han mostrado a favor de la propuesta de cambiar la Constitución de 1999. Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, rechazó el decreto y dijo que: “Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla”.
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Por su parte, reconocidos juristas venezolanos han explicado que la inicitiva presidencial, independientemente de los objetivos políticos que busque conseguir, es completamente inconstitucional.
¿A qué escenarios puede llevar la propuesta de Nicolás Maduro? A continuación los derroteros que varios expertos consideran más factibles:
1) Consolidar el Estado Comunal planteado en el Plan de la Patria
De concretarse este escenario olvídese de elecciones directas, universales y secretas.
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Tanto Nicolás Maduro como el abogado constitucionalista Hermánn Escarrá dijeron que el propósito de la Constituyente era incorporar lo que no logró Hugo Chávez en 2007 por medio de la reforma constitucional, es decir, “pequeños cambios”.
Sin embargo, el análisis de ORC Consultores es otro: una constituyente tiene implícita la transformación de las estructuras estatales y adecuar la Carta Magna y las leyes a esa nueva estructura, que no es otra cosa que el gran objetivo de alcanzar y diseñar un Estado Comunal (escrito en el Plan de la Patria) con una Asamblea Nacional Comunal que escoja de su seno al Presidente del país, así como los alcaldes y gobernadores.
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, coincide con este propósito. “La razón fundamental por la cual Maduro está convocando a este fraude es para que en Venezuela no se den elecciones libres y democráticas”.
Este escenario buscaría consolidar un diseño piramidal de “elecciones” de 3º grado, en el cual el poder comunal escoge representantes que van a asambleas estadales y allí se escogen representantes a la Asamblea Nacional Comunal que luego escoge al Presidente.
Maduro asomó que la Constituyente Popular estaría conformada por unos 500 constituyentistas, 250 de los cuales serán designados directamente por las bases sociales (sindicatos y consejos comunales afines al gobierno, UBCH, grupos de interés -indígenas, mujeres, estudiantes-, afines al gobierno, etc.). La otra mitad sería elegida por votación directa a través de circunscripciones municipales que seguramente serán diseñadas por el CNE para favorecer composiciones que garanticen una mayoría para el PSUV.
El profesor universitario y doctor en Ciencias Políticas, Ángel Álvarez, considera posible que este escenario se dé con una variante: “Que el gobierno modifique la propuesta inicial y permita elecciones universales plurales, con una fórmula electoral con la que intente sobrerrepresentación como en 1999, aunque correría un gran riesgo. En una elección así, aun si la oposición no participa unánimemente sino solo la mayoría de los partidos, Maduro podría perder la elección”.
¿Qué sucedería entonces? El Gobierno tendría así tres opciones, responde Álvarez: “El fraude abierto para ganar la elección perdida; una sentencia del TSJ que anule la elección o limite las decisiones de la ANC y, por último, acatar los resultados y salir del poder, lo cual es solo posible si los militares así lo disponen”.
2) Perpetuarse en el poder y «relajar» tema de los DD.HH.
Este escenario es consecuencia del anterior. Con elecciones de 2do y 3er grado el chance de que el chavismo-madurismo se quede en Miraflores por tiempo indefinido se hace más factible.
“Creo que esta propuesta es un mecanismo para eludir la responsabilidad del CNE de convocar a las elecciones de gobernadores y alcaldes, y cuidado si dentro del propósito de esa Asamblea Nacional Constituyente no está prolongar el mandato del presidente Nicolás Maduro”, estimó el periodista y ex constituyentista Vladimir Villegas.
Para el analista político Oswaldo Ramírez, uno de los “atractivos” de esta propuesta para la base dura del chavismo es la promesa de que las misiones pasarán a tener rango constitucional, tema pendiente desde el referendo de 2007. También está el hecho de que el Gobierno enmarcó esta iniciativa en el fortalecimiento de los métodos para lidiar con la “guerra económica”, por lo cual es de esperar que la Constituyente busque darle piso legal a un modelo de asignación de renta, con empresas mixtas y no dependientes del petróleo.
Otro de los escenarios que derivan de este proyecto es que la nueva constitución busque proteger aún más la noción de soberanía, degradando la aplicabilidad de los tratados internacionales, especialmente los que protegen los derechos humanos que en la actual CRBV tienen rango constitucional. Ramírez considera que un objetivo podría ser “buscar eliminar cualquier colusión futura entre tratados internacionales y la nueva constitución, seguramente dándoles un rango menor a estos tratados y colocando a la nueva constitución por arriba. Abre la puerta para salir de cualquier esquema de cooperación internacional o suscribir nuevos sin pasar por órganos de control”.
3) Cambiar la agenda comunicacional
El gobernador de Miranda asomó otra razón detrás de la convocatoria a una constituyente: cambiar la agenda. “Quieren que se desvíe la atención de la lucha contra el golpe de Estado, cambiar la agenda, pero les digo que esto forma parte del mismo paquete de golpe de Estado”.
A menos de una semana de lanzada la iniciativa, la atención de la población se ha orientado en gran medida hacia el tema de la constituyente y las implicaciones que tendría. Por ahora, parece que el tema se insertó en la agenda comunicativa con relativo éxito pese a competir con la realidad de la calle: protestas, saqueos, represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, etc.
Sin embargo, para Álvarez, la constituyente decretada por Maduro no es una maniobra para distraer. Es una estrategia política destinada a concentrar más poder, eliminar la Asamblea Nacional actual, relegitimar a su gobierno y lograr mayor control sobre el resto de los poderes.
Si la intención era cambiar la agenda, la MUD no ha pisado el peine y ha asegurado que seguirá con la agenda de lucha tal y como estaba planteada desde el inicio de las protestas.
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La “estrategia comunicacional” tampoco parece estar dando frutos fuera de Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, hizo pública el 2 de mayo una carta de 75 páginas que acompañó con un video en su cuenta de Twitter. Almagro sostuvo que “el anuncio del régimen es el fin de la Constitución de Chávez y su legado a través de un fraudulento llamado a Constituyente. Esto tiene un nombre en Derecho: un nuevo golpe de Estado promovido desde la Presidencia del país; los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo”. Para Almagro el objetivo del Gobierno está claro: “Ahora se busca consolidar [un] régimen autoritario”.
4) Acabar con la Asamblea Nacional y «meter en cintura» al resto de los Poderes Públicos
“No está planteado, en la Comisión de la que formó parte, la disolución de ninguno de los poderes en el supuesto que se gane la ANC” (sic), asegura Escarrá en una seguidilla de 11 tweets en los que intenta argumentar las bondades de la propuesta de Maduro.
— Venezuela Consciente (@VzlaConsciente) May 5, 2017
Sin embargo, Jaua aclara en un artículo publicado en su blog en qué situación quedarían los Poderes: “¿Pueden seguir funcionando los poderes públicos constituidos una vez entre en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente? Pueden, pero en forma alguna podrá oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo expresa el artículo 349 de nuestra Constitución de 1999”.
Oswaldo Ramírez considera que aunque el Gobierno dice que la constituyente es el llamado al diálogo, en realidad podría ser la base para reorganizar el Estado y que no haya impunidad para los poderes que no cooperen. Posiciones críticas como la asumida por la Fiscal General podrían ser evitadas o castigadas más rápidamente con un marco jurídico menos tolerante.
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Álvarez coincide en que uno de los objetivos de la iniciativa presidencial es acabar con la AN, pero lograrlo pasaría por el apoyo militar: “Que esa estrategia tenga éxito dependerá de cuánto respaldo logra entre los militares y en cómo actúe la oposición. Si la oposición acatara las reglas de elección corporativa que eliminan de facto el sufragio universal, estaría convalidando la ANC y cavando su propia fosa”.
El profesor universitario destaca que el Gobierno puede de todos modos imponer la constituyente así la oposición unánimemente se abstenga de participar, si cuenta con suficiente respaldo militar. “Así, una vez electa, destituye a los diputados de la AN y a los gobernadores de oposición e instaura un régimen de comunas en el que las elecciones universales y plurales podrían desaparecer”, apunta Álvarez.
Tras las reiteradas amenazas a la existencia de los partidos políticos -ilegalización de la MUD y obligatoriedad de renovar sus nóminas a nivel nacional-, otro objetivo podría apuntar a que la ANC se convierta en el lugar donde se exprese “directamente” la voz de los sectores sociales. “Esto básicamente es quitarle poder a la representación del pueblo a través de los partidos políticos”, afirma Ramírez.
5) “Un país completamente anarquizado”
Si Maduro logra imponer su proyecto, Venezuela podría terminar con dos textos constitucionales y dos parlamentos conviviendo en paralelo, esto partiendo del supuesto que ni la MUD y ni los 112 diputados concederán validez a la constituyente popular.
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“¿Qué sucedería si Maduro consigue aplicar la constituyente en la forma en la que él quiere?”, le preguntó una oyente a Capriles en su programa radial.
El gobernador le respondió: “Yo llamo al pueblo a desobedecer, como lo dice la Constitución, cualquier intento de fraude a los derechos plasmados en ella. ¿Qué pasaría con una constituyente a la cual solo concurre Maduro, a la que el pueblo no tendría derecho a votar, porque esa es otra cosa, el resultado final pretenden no aprobarlo en referéndum aprobatorio sino despacharlo con la mitad de los constituyentes elegidos a dedo y la otra mitad electa con circunscripciones que nadie conoce. ¿Qué puede pasar? Que ellos aprueben una constitución mientras que hay otra que sigue vigente, la cual aceptamos la mayoría de los venezolanos, es decir, seguirá creciendo la anarquía, la ingobernabilidad y terminaremos nosotros en un país completamente anarquizado. A eso nos quiere llevar Maduro”.
No los conozco, ¡pero los siento tan cerca! No he dejado de pensar en ustedes desde que supe del asesinato de Juan Pablo. Y lloré cuando leí los tuits del Alcalde Ramón Muchacho: “Ayer viví uno de los momentos más duros que me ha tocado como Alcalde: decirle a la madre de Juan Pablo que su hijo estaba muerto”… “Pero infinitamente más duro fue para sus padres, Elvira y José, enterarse de la muerte de su único hijo. No hay palabras para describirlo”.
No, no hay palabras. Es el terror de todos los que tenemos hijos y a ustedes les tocó, por esas cosas que nunca entenderemos. Porque no hay derecho que un estudiante y excelente deportista de tan sólo veinte años haya sido asesinado… por protestar pacíficamente. ¡Si en Venezuela, supuestamente, está consagrado por la Constitución el derecho a la protesta! Sí, claro, hay tantos otros derechos que consagra nuestra Carta Magna que han sido pisoteados.
Haber cercenado su futuro cercena el presente y también el futuro de nuestra nación. Porque de Venezuela los que no se van, corren el riesgo de que los maten. Hoy ustedes son el ejemplo vivo por su hijo muerto.
No sé qué decirles que pueda consolarlos. Yo también estudié en la Universidad Metropolitana y fui tan feliz cuando estudiaba allá que sé cuán feliz Juan Pablo se sentiría. En la Unimet no sólo nos enseñan a ser buenos profesionales y emprendedores. Nos conducen, como dice su himno “por caminos que llevan al bien”. Y ese camino lo recorrió Juan Pablo cuando marchó por las calles con la esperanza de hacer algo por la libertad de Venezuela. Ahora él está más libre que todos nosotros y esa vida que entregó no será en vano. Su nombre quedará como ejemplo –junto a otros jóvenes como él que también cayeron bajo la represión y la fuerza- de la verdadera juventud venezolana que ama lo bello, lo bueno, lo grande.
Elvira y José, en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, hay un bello jardín que se llama “el Jardín de los Justos de las Naciones”. Allí hay sembrado un árbol por cada “justo”, personas no judías que desinteresada y altruistamente ayudaron a salvar judíos durante la Shoah. Allí están los árboles de Oskar Schindler, Irena Sendler, Raoul Wallenberg y unos veintiocho mil más. Es un bosque, más que un jardín. Y hay una inscripción del Talmud que dice “quien salva una vida, salva el Universo entero”. Yo añadiría que quien entrega su vida por causas nobles y hermosas como la entregó Juan Pablo, también salva al Universo entero.
Yo creo que aquí en Venezuela deberíamos tener un jardín así, que nos recuerde a quienes vivimos hoy y a quienes vivirán mañana que hubo personas que dieron sus vidas por una causa justa. Juan Pablo Pernalete, justo de nuestro pueblo. A ustedes les digo gracias por enseñarle lo que es realmente importante. Hago votos porque muchos padres tomen ejemplo de ustedes, en estos momentos cuando como país hemos perdido tanto.
Las miles de manifestaciones de dolor en las redes sociales dan cuenta de una patria que llora. En particular me conmovió el de @critiquero quien escribió: “¡La bomba que impactó contra Juan Pablo Pernalete Llovera a él le detuvo el corazón, pero a todos nos lo partió!”
Sí, todo el país de bien tiene el corazón partido.
Estoy segura de que el sacrificio de Juan Pablo no será en vano. Estoy convencida de que vivimos los últimos momentos de este régimen de muerte y dolor. Y sé que ustedes, en medio de ese dolor infinito, verán a su hijo en cada hombre y mujer libre cuando salgamos de esto. Los abrazo muy fuerte desde la distancia.
