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Manuel Galindo

AN responde ante

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Por segunda vez esta semana, la Directiva de la Asamblea Nacional fija posición ante el país y denuncia que la Contraloría General de la República (CGR) “incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna” del Parlamento.

Recuerdan las autoridades de la AN en un comunicado, que la CGR no puede justificar tal medida por omisión de concurso para la designación del Contralor Interno del Legislativo y que “desde el año 2000 las sucesivas autoridades de la Asamblea Nacional omitieron la celebración de concursos públicos para la designación de los Auditores Internos. La última designación interina la hizo el Diputado Diosdado Cabello, en abril de 2015, y recayó sobre quien actualmente ejerce las funciones de Auditor Interno de la Asamblea Nacional”.

“La Asamblea Nacional convocará el concurso público para la designación de su Auditor Interno y exige a la Contraloría General de la República cooperar en lugar de obstaculizar este proceso”, informa el Poder Legislativo.

A continuación el texto completo del comunicado de la Directiva de la Asamblea Nacional:

Reiteramos que el Contralor General de la República incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional.

El Contralor General de la República pretende fundamentar la intervención de nuestra Dirección de Auditoría Interna en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno de la Asamblea Nacional, dado que el actual Auditor Interno se desempeña interinamente desde abril de 2015, cuando fue nombrado por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Diosdado Cabello.

Sin embargo, ni la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal ni su Reglamento facultan al Contralor General de la República para acordar la intervención de una Contraloría o Auditoría Interna con base en la omisión o demora en la celebración del correspondiente concurso. La intervención solo se admite cuando se han realizado evaluaciones previas y se detectan irregularidades en el funcionamiento de la Auditoría Interna, lo cual no ha ocurrido en el caso de nuestra Dirección de Auditoría Interna, que no ha sido sometida a evaluación alguna por la Contraloría General de la República y funciona con normalidad.

Además, sería absurdo, por irracional y desproporcionado, intervenir la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ante la falta de convocatoria de un concurso público, pues dicha intervención en nada contribuiría a lograr el fin que se querría alcanzar, la celebración del concurso, cuya convocatoria no es responsabilidad del Auditor Interno de la Asamblea Nacional sino de las máximas autoridades del organismo.

Frente a la demora en la celebración del concurso público lo que procede es formular un recordatorio o exhortación a las máximas autoridades del órgano respectivo, como lo hizo recientemente el Contralor General de la República mediante Circular Nº 01-00-000136, del 31 de enero de 2017, dirigida a las autoridades municipales, o como lo hizo en la Circular 01-00-000294 del 07 de abril de 2015, y las posteriores de ese año de igual tenor, dirigida a las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes del Poder Público Nacional.

Conviene por otro lado advertir que desde el año 2000 las sucesivas autoridades de la Asamblea Nacional omitieron la celebración de concursos públicos para la designación de los Auditores Internos. La última designación interina la hizo el Diputado Diosdado Cabello, en abril de 2015, y recayó sobre quien actualmente ejerce las funciones de Auditor Interno de la Asamblea Nacional. Nuestra Directiva anterior, electa el 5 de enero de 2016, actuando conforme a la ley, no sustituyó a dicho Auditor Interno sino que lo mantuvo en su cargo y cuando se disponía a convocar el concurso sus actos dejaron de ser publicados en Gaceta Oficial, lo cual dificulta sobremanera la culminación del concurso público. Pero lo más grave es que quien era Presidente de la Asamblea Nacional cuando fue designado el actual Auditor Interno, el Diputado Diosdado Cabello, hizo caso omiso de la exhortación que en su oportunidad le hiciera el Contralor General de la República para que procediera a la convocatoria del concurso público, según se desprende de documento que reposa en nuestros archivos, sin que esto diera lugar a la intervención de la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional -que hubiera sido inconstitucional por las razones expuestas-, ni a la apertura de un procedimiento sancionatorio por la Contraloría General de la República.

Fue la Junta Directiva de la gestión correspondiente al año 2015 la que incumplió los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, pues designó a un Auditor interino en abril de 2015 y nunca convocó al referido concurso público, pese a que esa Ley le ordenaba hacerlo dentro de un máximo de seis (6) meses contados a partir de la designación del Auditor interino. Dicho lapso venció en octubre del año 2015.

La actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al igual que la electa en el 2016, no ha recibido requerimiento alguno al respecto de parte de la Contraloría General de la República, sino que se encuentra ahora ante esta pretendida intervención. Sin embargo, en uso de su autonomía la Asamblea Nacional procederá a convocar el concurso público respectivo, ante la futura jubilación del actual Auditor interino, y espera que el Contralor General de la República actúe para que los actos del concurso que lo requieren sean publicados en Gaceta Oficial.

Preocupa enormemente a la Asamblea Nacional que el Contralor General de la República atente contra su propia Ley y contra la Constitución al adoptar medidas desproporcionadas ante la falta de convocatoria del concurso público después de haber sido indulgente frente a la omisión de esta convocatoria en el año 2015 y años anteriores. Alarma, además, que invoque la defensa de la necesaria celebración del concurso cuando él mismo ha mantenido la Auditoría Interna de la Contraloría General de la República en situación de prolongado interinato, ya que el actual Auditor Interno de ese organismo es encargado como lo fue el anterior, designado en el 2015, sin que se haya procedido a la designación por concurso. Se exhorta a la Contraloría General de la República a convocar a la brevedad el concurso público respectivo.

La Asamblea Nacional convocará el concurso público para la designación de su Auditor Interno y exige a la Contraloría General de la República cooperar en lugar de obstaculizar este proceso. Reitera que recibirá a la ciudadana Mayren del Carmen Ríos Díaz.

Manuel Galindo: Procedimiento administrativo a Capriles no es por caso Odebrecht

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El contralor general de la República, Manuel Galindo, afirmó que el procedimiento administrativo que se lleva contra el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski,  no tenía relación con la empresa Norberto Odebrech.

Indicó que los procedimientos son por auditorías realizadas en 2012 y 2015 en el estado Miranda por la contraloría estatal.

Galindo hizo saber que la investigación continuará y que cuando se tome la decisión se dará a conocer públicamente.

 

Destacó que Capriles no se presentó hoy en la audiencia, pero sí estuvieron en el lugar sus abogados. Reiteró que el gobernador tuvo pleno derecho a la defensa.

El contralor indicó que el acusado y sus abogados pueden establecer cualquier tipo de recurso de los que establecen las leyes. Sostuvo que Capriles tiene derecho de acceso al expediente.

También pidió a los involucrados “el respeto máximo a los directores generales delegados”.

Manuel Galindo: AN pretende autocalificarse como un supra poder público

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El Poder Moral catalogó como un golpe de Estado parlamentario la declaratoria de responsabilidad política contra el presidente Nicolás Maduro, así lo indicó el contralor de la República, Manuel Galindo.

“La Asamblea Nacional incurre de manera reiterada, premeditada, con falta de conocimiento y por omisión en la violación de manifiesto inequívoca de la Constitución y hasta de su norma rectora, del Reglamento de Interior y Debates del Parlamento”, expresó Galindo.

A juicio del contralor general de la República, quien preside este año el Poder Moral, este organismo legislativo pretende autocalificarse como un supra poder público, diferente a los demás poderes referidos en el artículo 136 constitucional.

“La actuación del Legislativo se apartó de los principios de solidaridad social y del bien común sometidos al imperio de la Constitución y la ley. No cabe duda de que de manera reiterada los actos legislativos de las sesiones plenarias solo conducen a la violación del principio de primacía constitucional, principio de legalidad y principio de obligatoriedad de la colaboración de los poderes entre sí, en beneficio de los ciudadanos”.

Galindo adelantó que se encuentra estudiando la petición que hizo el diputado Héctor Rodríguez de investigar a los parlamentarios opositores por un supuesto golpe de Estado parlamentario.

Stalin González reconoció errores de la MUD en el diálogo

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El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Stalin González, dijo este viernes que los representantes del partido opositor en la mesa de diálogo cometieron errores desde el inicio del proceso.

“Hay que hacer la autocrítica de que se manejó mal el tema por parte de la unidad. Se deben trabajar cosas y generar confianza en la gente. Quienes asistieron a la mesa cometieron varios errores. Hay que ser muy transparente, hay que decirle a la gente cual es la agenda de la unidad para que no haya ningún tipo de confusión”, expresó el parlamentario.

Enfatizó en que la oposición se retiró de las reuniones porque el gobierno nacional no cumplió con los compromisos que habían adquirido.

González afirmó que la MUD está en un proceso de trabajo interno en la organización. “Hay varias propuestas. Entre ellas, incluir a los gremios del país. La Unidad se ha convertido en la fuerza de cambio en el país”, agregó.

Aseguró que el próximo 5 de enero elegirán a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y que Julio Borges será el próximo presidente de la institución.

Obras inconclusas 

González también dijo que el gobierno venezolano tiene doce obras inconclusas en el ámbito de transporte.

“En el memoria y cuenta se dice que las obras se terminarán en el 2019. En los anteriores afirmaron que se terminarían entre 2011 y 2012. Todos estos trabajos comenzaron en el 2004, en la mejor bonanza petrolera de Venezuela”, expresó el parlamentario.

González enfatizó en el proyecto de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar-Tocoma. “Este proyecto debió estar listo en 2012. Odebrecht es la responsable de la parte civil. También hay una empresa argentina y otra venezolana involucrada en el proyecto”, agregó.

Expresó que todos los casos han sido notificados a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz y al contralor general, Manuel Galindo Ballesteros. Sin embargo, no han recibido respuestas desde la Contraloría.

“El contralor solo habla para inhabilitar a los dirigentes de la oposición, para más nada. Aquí tiene que haber responsables del dinero público. Se robaron el dinero en la mayor bonanza petrolera del país”, recalcó el diputado.

Las obras inconclusas según el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios:

  • Segundo puente sobre el Lago de Maracaibo
  • Línea 5 del Metro de Caracas
  • Metro Guarenas-Guatire
  • Rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas
  • Metro de Valencia
  • Metro Los Teques
  • Metro de Maracaibo
  • Tres sistemas ferroviarios del centro del país

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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, publicó en su usuario en la red social Twitter una imagen a través de la cual se conoce que la Contraloría General de la República (CGR) habría emitido un oficio dirigido a sus funcionarios estadales y municipales ordenándoles que todo requerimiento solicitado por el Poder Legislativo, a través de la actuación de la AN o cualquier dependencia de esta, deberá ser remitido a esa “Entidad Fiscalizadora Superior” para estudiar si accede o no concedérselo.

En Oficio circular número 01-00-000147, con fecha 17 de marzo de 2016, Manuel Galindo, Contralor General de la República, le señala a los Contralores y Contraloras Estadales y Municipales que “de conformidad con lo previsto en los artículos 4, 14 numeral 10, 33 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante el cual se le asigna y atribuye a este Máximo Órgano de Control la rectoría del Sistema Nacional de Control de Fiscal, así como las competencias de dictar las políticas e instrucciones para la coordinación de los Órganos de Control que lo conforman, en la oportunidad de instruirle que todo requerimiento realizado por el Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sus Comisiones Permanentes o Sub-Comisiones Delegadas, Diputados o Delegadas, deberá ser remitido en original a esta Entidad Fiscalizadora Superior a los fines de su estudio y consideración bajo el marco Constitucional y Legal”.

A esta acción, Ramos Allup respondió en la misma red social Twitter: “CGR no sólo incumple sus deberes al alcahuetar la corrupción del régimen sino que impide que la AN investigue.”

 

Abelardo Díaz: Las inhabilitaciones crean un precedente nefasto en el país

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Desde la Contraloría General de la República, el diputado Abelardo Díaz calificó como una aberración jurídica las inhabilitaciones a los dirigentes de la alternativa democrática y cuestionó los motivos por los cuales el contralor general, Manuel Galindo, emitió esta decisión.

El parlamentario explicó que dicha inhabilitación proviene de una resolución del contralor general de la República, que es “grave” y a su juicio con esta medida cualquier funcionario público puede ser inhabilitado sin que previamente haya sido declarado responsable administrativamente por algún hecho.

“Me están inhabilitando porque yo no le hice caso, a un oficio que llegó a Funda Táchira dos años antes de que yo ocupará el cargo  de Gerente de la fundación, dirigido a otro funcionario público y no a mí. Esto es una aberración jurídica y crea un precedente nefasto en el país”.

De igual forma aseveró que en esta misma resolución señala que no debió comprar una finca en su gestión, porque estaba en un área de protección de una vía.

“Todo el procedimiento de compra de esa finca fue previa, yo sólo formalice el pago; para el formalizar el pago de la adquisición de un bien en la administración pública se tiene que hacer una serie de requisitos que se realizaron en la gestión de Ronald Blanco La Cruz. Tengo incluso un oficio donde la máxima autoridad de vivienda y habitat en el país para aquel entonces,  Francisco Novas, le dice a el gobernador del Táchira que comprara la finca La Polonia para desarrollar allí una ciudad; es decir yo pague la finca para la Fundación, porque se habían hecho todos los procedimientos previos para pagarla y sobre este procedimiento no hay ningún reparo en la contraloría”.

El parlamentario aseguró que su inhabilitación constituye una orden política para evitar su postulación a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

Finalmente destacó que  solicitará ante la CGR una copia certificada de las actuaciones hechas en su contra, para introducir un amparo constitucional y un recurso de reconsideración ante el mismo ente.  “Ejerceremos todas las acciones jurídicas tanto nacional como internacionalmente para desmontar esta aberración que representa mi inhabilitación”.

 

*Con información de nota de prensa

Capriles, Borges y Machado citados por inconsistencias en Declaración Jurada de Patrimonio

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Este martes fue emitida desde la Controlaría General de la República, una notificación por cartel contra Henrique Capriles, María Corina Machado y Julio Borges por una inconsistencia en la Declaración Jurada de Patrimonio.

A través de Radio Nacional de Venezuela, Manuel Galindo, Contralor de la República, afirmó que las inconsistencias están incluidas en el Cartel y señaló que el proceso de notificación se hizo dentro del debido proceso.

Estamos “garantizando que se respete el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva”, señaló.

Machado, Borges y Capriles deberán explicar la existencia de esas irregularidades en cada Declaración Jurada. De igual forma, exhorto a todos los funcionarios públicos a que presenten su declaración jurada del año 2015.

 

Ante esta situación María Corima Machado escribió en su cuenta Twitter: