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Manuel Galindo

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 25.10.2018: BAJO: ¿A quién molestó?
BAJO
¿SIGUE LA CORRUPCIÓN?: 
El ahora ex Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, dijo en el programa “José Vicente Hoy” hace solo un par de semanas frases como éstas: “La corrupción existe, ha existido y siempre existirá”. “La corrupción es un cuero seco”. “La corrupción sigue galopante”.Mientras luego decía que los mecanismos de control sobre el manejo del dinero de todos los venezolanos “funcionan”, sin embargo dejaba ver el fracaso de su gestión  a la hora de inspeccionar a fondo las cuentas del  Estado. Siendo la Contraloría el órgano que por mandato constitucional debía perseguir  y sancionar a quienes se aprovechan del dinero público, sus palabras eran las de quien parecía haber perdido la batalla. Ya Transparencia Internacional había advertido de ese fracaso (¿autorizado desde mas arriba?) cuando en el Índice de Percepción de la Corrupción2017 Venezuela ocupó el puesto 169 de 180 países. Esa organización había solicitado su destitución por la opacidad en la información pública, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de autonomía en los sistemas de control y la impunidad, que hoy por hoy son los signos característicos en toda la administración pública roja rojita. Galindo es persona de confianza máxima del alto poder. Su salida, según dijeron, fue para pedir su jubilación aunque dentro del organismo nos señalan que hubo malestar en la Presidencia por haber sido tan claro en su confesión. La designación de Elvis Amoroso como su remplazo es señalada jocosamente – pero con sigilo- entre sus compañeros de la ANC-con aquella frase llanera “zamuro cuidando carne” tras tener en su haber varios cuestionamientos desde que era asambleista y manejó el tema de las ensambladoras y los precios de los vehículos.
Ya desde principios de 2017  Transparencia había solicitado la destitución  de Galindo Ballesteros por su pobre actuación frente a la Contraloría General de la República. Queda en el aire una interrogante: estas declaraciones públicas en las que Galindo Ballesteros admite el auge de la corrupción ¿tienen que ver con su salida, aunque se haya dicho que solicitó su jubilación por “razones personales”? A este funcionario lo designó la Asamblea Nacional en 2014, cuando el Parlamento estaba en manos del chavismo. Le faltaban tres años para cumplir su período constitucional. ¿A quién molestó?.
Venezuela salió raspada en medición sobre transparencia en empleo de recursos públicos

DESDE 2015 HASTA LA ACTUALIDAD, la opacidad en el empleo de las finanzas públicas ha sido el sello de marca del gobierno venezolano. El desconocimiento total del uso de los recursos del Estado es una normalidad en el universo madurista.

La ONG, Transparencia Venezuela, en conjunto con la organización International Budget Parnetship (IBP) dio a conocer este miércoles el Índice Bianual de Presupuesto Abierto, donde por vez primera Venezuela recibió 0 de 100 puntos.

“Fue una investigación de 18 meses, efectuada entre agosto de 2016 y enero de 2018, con la participación de 300 expertos de 115 países”, dijo Christi Rangel, integrante de Transparencia Venezuela y quien participó en el exhaustivo análisis a nivel mundial.

La nula claridad en el manejo de los dineros públicos, ubican al gobierno de Nicolás Maduro en la posición 110 de 115 países evaluados en todo el globo terráqueo y de último en América Latina.

Venezuela solo está por encima de Guinea Ecuatorial, Lesoto, Qatar, Níger y Yemen.

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“Fueron alrededor de seis rondas de trabajo, donde se evaluó la transparencia y la posibilidad que tenían los ciudadanos de acceder a los números de la administración pública”, aseveró Rangel.

30 puntos bajó Venezuela en el ranking con respecto a 2015, una vertiginosa caída que lo ubica en las postrimerías de las naciones de Sudamérica, fragmento del continente cuyo índice de transparencia presupuestaria se ubica en 42%.

“En 2017, factores independientes y medios de comunicación privados no tuvieron acceso a presupuesto alguno en Venezuela, fuentes oficiales nos informaron que algunos de estos documentos si se elaboran en la administración pública, pero no se publican, la opacidad sirve para tener un mayor dominio y discrecionalidad en las actuaciones, es una política de Estado”, alertó Rangel.

El estudio revela que desde 2008 hasta el año pasado, la disponibilidad pública de documentos presupuestarios ha ido en franco descenso. De cinco tipos de presupuestos disponibles de un total de ocho que tenía Venezuela en 2008, en 2017 no registró ni uno, cinco de estos fueron producidos para consumo interno y tres simplemente no se hicieron.

“Desde hace tres años Transparencia Venezuela no tiene acceso a los datos macroeconómicos, recordemos que desde 2016 la memoria y cuenta no es entregada en la Asamblea Nacional, sino en el Tribunal Supremo de Justicia y en la asamblea nacional constituyente”, dijo Rangel.

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Nula intervención ciudadana 

Venezuela también salió raspada en el Índice de Participación Pública. De un puntaje de 100, la administración chavista apenas acumuló 7, por debajo del puntaje promedio global (12). En esta oportunidad no finalizó de última, quedó por encima de Ecuador, que sumó 6 unidades.

La encuesta evalúa el grado en que el gobierno le ofrece al público oportunidades para participar en el proceso presupuestario.

“El hecho que nuestro país haya sido evaluado con una calificación tan baja, es una muestra del debilitamiento del sistema de libertades”, indicó Rangel.

La vigilancia del presupuesto por parte de los órganos encargados de hacer auditorías también está ubicada en una posición paupérrima (30), inferior al promedio de América Latina que fue de 57/100.

Tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría General de la República ofrecen una débil inspección de los haberes del Estado.

El parlamento fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente desde que fue instaurado en enero 2016, alegando la fraudulenta incorporación de tres diputados del estado Amazonas. Dicha estrategia ha limitado el trabajo de las comisiones y evitado que ministros y demás funcionarios sean interpelados, incluyendo al presidente de la República.

Maduro violó los artículos 187 y 313 de la Constitución Nacional al presentar el presupuesto de la nación en el TSJ y la ANC.

Mientras que la Contraloría, controlada por Manuel Galindo, se hace de la vista gorda ante los manejos oscuros de las finanzas públicas, demostrando que en Venezuela no existen instituciones fiscales independientes.

“Consideramos que la falta de claridad y ausencia de rendición de cuentas, puede explicar los desequilibrios fiscales que contribuyen a la hiperinflación y el excesivo endeudamiento”, comentó Rangel.

A un mes de haber comenzado 2018, el presupuesto para este año aún no ha sido revelado. En su discurso en la ANC, el presidente solo ofreció pequeños detalles en el marco de una perorata y trascendió que el monto estimado es de 36 billones de bolívares, una cifra que llama la atención tomando en cuenta los Bs. 48 millones de 2017.

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Recomendaciones 

Partiendo de la opacidad del gobierno, Transparencia Venezuela hizo las siguientes recomendaciones:

-Publicar en línea un proyecto de presupuesto, puntual y de fácil acceso a todo el mundo.

-Proponer audiencias legislativas sobre la formulación de un presupuesto anual.

-Ampliar un debate para que todos los sectores de la vida social, incluyendo el Parlamento, elaboren y den a conocer un presupuesto acorde con la realidad del país.

-Asegurar que la Asamblea Nacional reciba el presupuesto para su discusión y posterior aprobación.

-Considerar el establecimiento de una institución fiscal independiente.

Hija de Manuel Galindo deberá comparecer en Fiscalía por presunta corrupción

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El Ministerio Público citó en calidad de imputada a Mayra Galindo por hechos de presunta corrupción durante su gestión en la Contraloría General de la República.

Galindo, hija del Contralor Manuel Galindo, ha sido señalada de desviar fondos y usar patrimonio del Estado en beneficio propio.

La hija de Galindo deberá rendir cuentas ante el Fiscal 50 Nacional el próximo 10 de agosto a las 9 de la mañana.

Galindo se desempeña actualmente como directora de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de Venezuela.

El propio Manuel Galindo ha reconocido que tiene familiares dentro de la Contraloría, calificando este proceder como “nepotismo positivo”.

 

Gestión de Manuel Galindo ha estado repleta de irregularidades

MÁS QUE UN INFORME DE GESTIÓN, el contralor general de la República, Manuel Galindo, solo puede presentarle al país un inventario de irregularidades. No solo se trata del nepotismo, desviación que caracteriza a su gestión, sino de una serie de fallas que impiden desarrollar una lucha efectiva contra la corrupción.

Galindo ha incurrido en negligencia al ignorar las denuncias que desde 2014 han trascendido sobre los contratos y el retraso de las obras de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo mundial por el pago de sobornos a funcionarios públicos. El contralor también se ha hecho de la vista gorda en los casos de los milmillonarios convenios repartidos a dedo por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ejecutivo nacional para atender la crisis eléctrica.

Mientras los venezolanos padecen la escasez de comida y medicamentos, Galindo guarda silencio acerca de los vicios que han penetrado a los ministerios de Alimentación y Salud. Tampoco ha dicho nada sobre el desempeño de las carteras de Servicios Penitenciarios, Finanzas, e Interior y Justicia, así como del Banco Central de Venezuela, a pesar de la crisis económica, el aumento de la delincuencia y la entronización de los “pranes” en el país.

El clamor de los ciudadanos que reclamaban sus documentos de identidad ha sido desatendido por el contralor general, que no ha investigado los múltiples señalamientos públicos que cuestionan el funcionamiento del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Puede que Galindo no sea muy transparente, pero hay algo que jamás ha ocultado: su obediencia a la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Quien fuera el consultor jurídico de la Asamblea Nacional durante la presidencia de la primera dama de la República, Cilia Flores, ha pretendido anular políticamente mediante sus inhabilitaciones a los gobernadores Henrique Capriles Radonski (Miranda) y Liborio Guarulla (Amazonas), así como a los alcaldes Enzo Scarano (San Diego, Carabobo), y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira).

El contralor general se sumó a la operación de acoso y derribo contra el Parlamento de mayoría opositora, interviniendo su unidad de auditoría interna, y ordenó revisar las cuentas de los últimos nueve años de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien cayó en desgracia ante el presidente Nicolás Maduro tras denunciar la “ruptura del orden constitucional” por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que a finales de marzo inhabilitaron al Poder Legislativo.

La Contraloría General ha sido colonizada por la familia Galindo, que metió a doce de sus parientes en la institución. Para remate, los tres últimos auditores internos del organismo fueron puestos a dedo, incluida su nuera, Suhei Marisel Araque Serrano, esposa de Álvaro Galindo León, quien se desempañaba como asistente de su padre.

Los venezolanos no saben qué hace Galindo. Desde 2015 no publica su memoria y cuenta. Los informes de actuaciones, los informes de especial interés para la sociedad y el libro de dictámenes brillan por su ausencia desde 2014, 2013 y 2012, respectivamente. Se conoce que apenas realizó 69 auditorías a la administración central en 2015, y no ejecutó ni una auditoría de seguimiento entre 2014 y 2015.

Siempre de espaldas a los ciudadanos, el contralor general de la República no ha respondido las más de 70 comunicaciones que han sido remitidas a su despacho por Transparencia Venezuela desde 2014.

Galindo no solo es responsable del auge de la corrupción, sino que también ha contribuido con la crisis política del país al avalar la irregular designación de los magistrados “exprés” del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015. En síntesis: Galindo ha permitido tanto el saqueo de las arcas de la Nación como la ruptura del orden constitucional.

Las 5 noticias más importantes a esta hora

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AN Juramentó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

La Asamblea Nacional, juramentó este viernes en sesión especial desde la plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Con el quorum requerido, la diputada del Comité de Postulaciones, Sonia Medina procedió a nombrar a los nuevos magistrados que pasarán a sustituir a los anteriores designados de manera “ilegal” por el TSJ.

Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de este jueves en la que declaró como nula la designación de los nuevos magistrados por parte de la AN, Medina sentenció.“Ayer hubo nueva sentencia en contra del pueblo. Ellos son los que usurpan funciones de quien de verdad merece estar ahí”.

La lista de los 33 magistrados y 20 suplentes fue presentada por el presidente de la Comisión de Postulaciones Judiciales, Carlos Berrizbeitia, quien condenó que “Maduro y sus cómplices designaron magistrados ilegales para su bufete privado, desconociendo voluntad del pueblo”.  (Caraota Digital)

 

Contralor General: Todos los poderes constituidos deben cooperar obligatoriamente con el Ejecutivo

El Contralor General de la República, Manuel Galindo, presentó este viernes la “Constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”, y aseguró que todos los poderes deben respaldar las decisiones del presidente Nicolás Maduro.

“Es una cooperación de carácter obligatorio en pro del bien colectivo. Todos los poderes constituidos están obligados a cooperar para que poder Ejecutivo cumpla con los fines que exige la Constitución”, manifestó.

Agregó que su ponencia no tiene una matriz de carácter político, “Tiene una matriz de cooperación con todos los ciudadanos, para aclarar esa duda si era necesario o no un referéndum consultivo previo para autorizar la Constituyente”. (Globovisión)

 

Gobierno inicia activación del Plan República

Este viernes, el gobierno de Nicolás Maduro inició el despliegue del Plan República, con el fin de dirigirse a los centros de votación para la elección de la asamblea nacional constituyente, rechazada y desconocida por la oposición y un gran sector de la ciudadanía.

La actividad es encabezada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el Alto Mando Militar, en el Patio de Honor de la Academia Militar.

Los comicios para la constituyente se llevarán a cabo el 30 de julio, por lo que la Fuerza Armada Nacional se encargará del resguardo de los centros de votación y el material electoral.  (El Nacional)

 

Rusia busca negociar con Venezuela su colateral en Citgo y acorrala a Pdvsa

La rusa Rosneft está en conversaciones para cambiar su colateral en la refinadora estadounidense Citgo, propiedad de Venezuela, por acciones en campos de gas y petróleo y productos refinados del país sudamericano, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento de las negociaciones.

La movida busca, en parte, evitar las consecuencias de sanciones económicas desde Estados Unidos.

Rosneft, el mayor productor de crudo de Rusia, tiene un colateral del 49,9 por ciento de Citgo como garantía de un préstamo que hizo el año pasado a Venezuela, cuya economía sufre una recesión agudizada por los bajos precios del crudo.

El acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha provocado la crítica de senadores estadounidenses que no quieren que Rusia tenga una participación de activos estadounidenses, porque supondría una violación de las sanciones económicas existentes.

Las negociaciones se apuraron esta semana, dijo una de las fuentes a Reuters, cuando el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer “acciones económicas fuertes” a Venezuela, a menos que el presidente Nicolás Maduro aborte sus planes de reescribir la Constitución del país. (La Patilla)

 

Ultimátum del Mercosur: expulsarán a Venezuela si Maduro no da marcha atrás

La advertencia tiene la fuerza de un ultimátum: si el presidente venezolano, Nicolás Maduro , insiste en realizar las elecciones del 30 de este mes para convocar a una Asamblea Constituyente, el Mercosur podría suspenderlo de forma permanente. El intento del mandatario le otorgaría poderes plenos y limitaría todavía más la ya muy debilitada democracia venezolana.

El llamado del Mercosur es un anticipo de la expulsión de Venezuela del bloque regional. Ése será uno de los principales puntos que tendrá el documento que firmarán hoy en esta ciudad los presidentes Mauricio Macri , Michel Temer (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay).

Hasta ayer a última hora no estaba claro si Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile), presidentes de países asociados al bloque, también suscribirán el texto.

“Estamos haciendo el esfuerzo para tratar de disuadir a Venezuela para tener una instancia de diálogo. Pero la solución de Venezuela tiene que partir de ellos. Si el 30 de julio ellos no han alterado la convocatoria, generan una grieta difícil de subsanar”, dijo a LA NACION el canciller Jorge Faurie

El presidente Mauricio Macri llegó anoche a esta ciudad para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, y firmará hoy el documento que tendrá a Venezuela como eje central.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión de echar a Venezuela, en caso de que Maduro no acepte el reclamo que le harán hoy los integrantes del Mercosur, se realizará antes de la próxima reunión del bloque prevista para diciembre. “No hay margen para esperar mucho tiempo; no vamos a esperar a la próxima cumbre”, adelantó Faurie. (La Nación)

Transparencia Venezuela: Conflicto de interés y nepotismo persisten en la Controlaría General

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En la Contraloría de Manuel Galindo no solo ocupan o ocuparon posiciones claves sus familiares más directos, sino también un buen número de parientes políticos, asegura Transparencia Venezuela. El hijo, la nuera, el nieto, la novia del nieto y su hermana; su primera hija y su esposo; su segunda hija y su novio; su cuñado; el sobrino, la sobrina y el novio de esta última están o estuvieron en la nómina de la CGR, algunos, en puestos claves.

El hijo del Contralor Manuel Galindo (Álvaro) fue el Director Sectorial de Asistencia al Despacho y desde ahí coordinó y gestionó hasta enero de 2017 las actividades y suministro de bienes y servicios de la oficina de su papá. Además, fungió como instancia de supervisión del personal y estuvo encargado de aprobar pagos por concepto de viáticos, incluidos los de su familia.

Su nuera (Suhei), fue nombrada a dedo en 2015 Auditora Interna de la CGR y posteriormente sustituida por Otto Mollegas, también nombrado a dedo, y quien antes se desempeñó como miembro principal de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Procuraduría General de la República cuando Galindo estuvo al frente de este ente. Desde 2017 el cargo de Auditor Interno de la Contraloría lo ejerce, en carácter de encargado, Alí Ávila Ramos.

Hay que recordar que el pasado mes de febrero, el Contralor General intervino la Unidad de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional por no haber celebrado concurso público para designar al auditor interno “y a fin de fortalecer las instituciones y promover la transparencia”.

También en 2015, la esposa del hijo del Contralor fue además miembro de las Comisiones de Contrataciones de la CGR y del Consejo Moral Republicano, así como de la Junta Directiva de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON) y del Centro de Capacitación e Investigación creado y dirigido por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (COFAE), en este caso, hasta 2016. En este último ente, se le facultó para contratar bienes y servicios superiores a 20.000 UT y obras superiores a 50.000 UT. Desde diciembre de 2016 la nuera del Contralor aparece en la nómina la Fundación Casa del Artista, otro ente público, cuyo presidente es Roberto Messuti.

Otra hija del Contralor (Mayra) es presidente de SERSACON y además aparece como trabajadora de la Asamblea Nacional desde el año 2005, según se ve en información pública del IVSS. Mayra tiene una delegación para contratar sin límite en bolívares. Su esposo (David) fue Director de Sistemas de la CGR.

La tercera hija del Contralor (Abril) y su novio (Yanier) igualmente aparecieron en la nómina de la CGR, de acuerdo a la información publicada en el portal Runrun.es por la periodista Lisseth Boon En la Contraloría General todo queda en familia.

El cuñado de Galindo (Wuilmer) tuvo el cargo de Director de Declaraciones Juradas y el nieto (Mauricio), de acuerdo con la misma investigación periodística, también apareció en la nómina de la CGR y ha viajado en representación de la CGR acompañando a su abuelo.

La novia del nieto (Marinely) representa otro grave conflicto de interés, pues no sólo fue miembro de la Junta Directiva de SERSACON en febrero de 2015, si no también secretaria de la Comisión de Contrataciones de dicho ente, ese mismo año. Además, secretaria de la Comisión de Contrataciones de la CGR en 2015 y 2016 y miembro de la Junta del COFAE, también en 2015.

Hasta la hermana de la novia del nieto tuvo un cargo en la CGR, de acuerdo con la investigación realizada por Boon.

El sobrino de Manuel Galindo (Antonio) estaba en la nómina de la CGR y ahora aparece en la nómina de PDVSA GAS. La sobrina (Haydelin) tuvo no sólo un cargo de dirección en la CGR sino que también fue miembro de la Comisión de Contrataciones de la CGR en 2015 y 2016 y de SESARCON en 2015. Su novio (Nelson) fue Analista Senior en la Dirección de Informática de la Contraloría.

Contraloría anuncia nuevo proceso contra la Fiscal General que podría inhabilitarla

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La Contraloría General informó este 18 de julio el inicio de un nuevo proceso contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a raíz de “su falta de cooperación” en la auditoría abierta el pasado 3 de julio por ese órgano estatal de seguimiento de las cuentas públicas a la Fiscalía.

“La Contraloría General de la República haciendo uso de las atribuciones constitucionales y legales ha iniciado una actuación de carácter fiscal en el Ministerio Público en las 23 fiscalías superiores a  nivel estadal, al igual que  de los entes descentralizados, vale decir las fundaciones adscritas al Ministerio Público lo cual la fiscal ha entorpecido, ha entrabado la función de la Contraloría General”, afirmó Galindo.

Esta nueva acción legal iniciada por un ente del Estado contra Ortega fue anunciada por el contralor general, Manuel Galindo, y se suma al proceso del Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal.

Galindo informó del comienzo de un “procedimiento de multa” contra Ortega, que tendrá 15 días para defenderse y podría ser castigada con la inhabilitación “dependiendo de la gravedad del caso”.

El contralor dio la noticia en la sede de la Policía científica (CICPC), después de someterse junto al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a la prueba del polígrafo ordenada por el Supremo para los titulares de estos dos cargos y para la propia fiscal.

La prueba debía determinar si era Ortega o el defensor y el contralor quienes mentían sobre la participación de la fiscal en una reunión en diciembre de 2015 sobre el nombramiento de 33 magistrados del Supremo, cuya designación impugna por supuestas irregularidades la titular del Ministerio Público.

 

*Con información de Tal Cual

TSJ acuerda someter a la fiscal, el defensor y el contralor a prueba de polígrafo

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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) acordó someter el próximo lunes a la prueba del polígrafo a la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general, instituciones que conforman el Poder Ciudadano de la República, informó hoy el ombudsman del país, Tarek William Saab.

“En base a la investigación que cursa el TSJ sobre un antejuicio de mérito a la fiscal general en torno a calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano, anuncio que el Tribunal Supremo de Justicia acordó realizar a miembros del Poder Ciudadano la prueba del polígrafo el lunes 17”, escribió Saab en su cuenta de Twitter.
Según anunció el ombudsman, la prueba del polígrafo, también conocida como “detector de mentiras”, debe ser realizada por la policía científica (Cicpc).

El TSJ debe establecer en los próximos días si hay motivos para juzgar por “faltas graves” en el desempeño de sus funciones a la fiscal general, Luisa Ortega, que fue denunciada por el diputado oficialista Pedro Carreño tras sus repetidas denuncias de una “ruptura del hilo constitucional” por parte del Supremo.

Una de estas presuntas infracciones la habría cometido Ortega al impugnar la designación de 33 magistrados del Supremo por las supuestas irregularidades en sus nombramientos, efectuados en diciembre de 2015 por el Parlamento saliente de mayoría chavista días antes de que tomara posesión la nueva mayoría opositora.

Saab ha aceptado que le sea realizada la “prueba de la verdad” para esclarecer “los hechos donde la fiscal general acusó falsamente” a la Contraloría (institución dedicada a vigilar las cuentas públicas) y la Defensoría del Pueblo de “no haber convocado, ni hecho” una reunión para preseleccionar magistrados del TSJ.

La citada reunión habría tenido lugar el 16 de diciembre de 2015.

La fiscal general se ha declarado en rebeldía respecto a las sentencias del TSJ, que le ha congelado las cuentas bancarias y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares previas a su decisión sobre la existencia de motivos para enjuiciarla.

Asimismo, el Tribunal -que ha sido acusado de someterse a los dictados del presidente Nicolás Maduro- ha declarado nulo el nombramiento por parte de Ortega de Rafael González como vicefiscal, y ha nombrado para ese cargo a Katherine Haringhton, cuya designación no es reconocida por la fiscal.

Pese a sus orígenes chavistas, Ortega se ha convertido en una de las voces más duras dentro de las instituciones contra el Gobierno de Maduro, al que ha acusado de instaurar un “estado policial” en Venezuela y practicar “terrorismo de Estado”.

Ortega ha denunciado amenazas contra ella y su familia, y acusa al Gobierno y al TSJ de estar llevando a cabo un proceso de “desmontaje” de la institución que dirige.