PorAndres Schipani
The Financial Times
Texto original: Venezuela: ‘Ours is a nation of thugs’
Dentro de una diminuta casa en La Acequia (Antímano), en uno de los tantos barrios que rodea Caracas, Carlos se prepara para trabajar cargando municiones, juntando granadas, chalecos antibalas y pasamontañas negros. “Tenemos un secuestro, tenemos que alistarnos”, dice el joven de 28 años, quien trabaja en una banda de 80 personas. Tienen un portafolio de actividades que van desde el secuestro, hasta el menudeo de drogas y el sicariato. Dice también que tienen un gran aliado: “El Gobierno”.
“A veces la gente del Gobierno nos manda gente para que matemos. Trabajamos en conjunto. Es jodido”, dice Carlos, quien pidió que su nombre real no se utilizara, mientras apunta con el dedo a rifles de alto calibre que dice son de la Guardia Nacional Bolivariana. “No me gusta ver a mi país así, pero así están las cosas. Nos hemos convertido en una patria de malandros”, concluye.
El descenso de Venezuela al malandraje desde que fue el faro del Socialismo Revolucionario, ha sido espectacular. Una foto de Chávez guinda sobre la cabeza de Carlos.
Hace tres décadas, Venezuela tenía los estándares de vida más altos de América Latina. Hoy, luego de 17 años de revolución, la mayoría de los ciudadanos no pueden encontrar un rollo de papel sanitario en los abastos sin importar que el país esté sentado sobre reservas de petróleo más cuantiosas que las de Arabia Saudita.
La corrupción y la violencia están a la orden del día y fuera de control: 25 mil muertes al año hacen que Venezuela sea uno de los países más peligrosos y mortales del mundo entero.
Pero este fin de semana los Venezolanos elegirán a 167 miembros de la Asamblea Nacional y, por primera vez en 17 años, las elecciones probablemente terminen con la mayoría que goza el Gobierno socialista. Promete ser un momento decisivo. El Presidente Nicolás Maduro, ha jurado hacer “como sea” para asegurar su “victoria”, incluso pasar por encima de la asamblea y gobernar mediante una alianza cívico-militar “en nombre del Pueblo”, aunque no exista evidencia alguna de que cuente con respaldo popular. Algunas encuestas sugieren que la oposición ganará la contienda del Domingo con dos diputados por cada uno del Gobierno. 67% de los venezolanos dicen que el señor Maduro no debería terminar su mandato.
El desencanto es evidente. Inclusive entre los más fervorosos creyentes de la Revolución. “Yo creía era en Chávez. No creo en Maduro”, dice Carlos. “Maduro no es Chávez”, agrega. Esa frase, repetida hasta el cansancio, se repite como un mantra en todo el país.
La caída económica
Ese sentimiento se refleja en la decrépita economía Venezolana. La escasez es rampante y los servicios de salud están colapsados. Una inflación de tres dígitos –se estima alrededor de 185%- está destruyendo las “conquistas” sociales. Un salario mínimo de 9.649 bolívares que equivale a tan solo unos 10 dólares en el mercado negro, menos que en Cuba –el aliado más cercano de Venezuela- son parte de los catalizadores. Este año los tabuladores económicos del Fondo Monetario Internacional estiman una contracción de la economía en 10%. El año pasado una contracción de 4% y el que viene un 6%.
Las acusaciones de corrupción y tráfico de drogas llegan a los niveles más altos. El mes pasado, dos sobrinos de Cilia Flores, fueron procesados en un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de conspiración para el contrabando de cocaína a los EE.UU. La respuesta oficial es la misma: “los pelucones” del “imperialismo” que quieren “vender la patria”.
“Es momento del cambio”, dice Lilian Tintori. “Hay una violación sistemática de los derechos humanos y civiles, intolerancia y agresión”.
Las facciones de la Oposición han dejado a un lado sus diferencias para unirse bajo la Mesa de la Unidad Democrática, un paraguas político que cumplió el mismo fin en las elecciones del 2013 cuando Henrique Capriles perdió las elecciones por un minúsculo margen contra el actual Presidente Maduro. El mensaje de la campaña es abstracto y carece de propuestas concretas más allá de la amnistía para los presos políticos.
Las caída en la popularidad del Gobierno está fortaleciendo a la oposición por default, incluso en zonas que estaban bajo el control chavista. Jacqueline Jiménez vive en Petare, uno de los barrios más grandes de América Latina. Con 30 años, la madre de tres, solía votar por el PSUV, pero eso se acabó. Su esposo, un obrero, fue asesinado hace dos semanas mientras iba a su lugar de trabajo. Lo mataron por que no llevaba dinero. “Esta revolución supuestamente se iba a encargar de nosotros. En cambio nos está matando, empobreciéndonos”, lamenta. “Yo voy a votar por la oposición porque este gobierno no sirve para nada y es peligroso”.
Cada día más países comparten esta visión. Venezuela ocupa los últimos escaños en los índices de “Orden de la Ley”, por debajo de Afganistán. Incluso antiguos aliados, como Argentina, están retirando su apoyo en medio de un renacer que llega en el peor punto de la caída del precio de los mercados de commodities. Mauricio Macri, Presidente electo de Argentina, recientemente decía que Venezuela debería ser expulsado de Mercosur, por violaciones a derechos humanos.
La anti-inclusión masiva
Aun así, reparar la situación de Venezuela será difícil. La campaña electoral ha mostrado más violencia de la usual. La semana pasada el político opositor Luis Manuel Díaz fue asesinado a tiros en la tarima de un mitin. Lilian Tintori, quien estaba de pie junto a él, acabó salpicada de sangre. «Quieren matarme», declaró a The Financial Times.
La respuesta de Maduro esa noche en la televisión estatal fue la típica. Culpó a la oposición por incitar a la violencia y por “pagar 50 mil dólares a venezolanos para hacerse pasar por pistoleros del Gobierno”. Dijo que el incidente sería investigado —a pesar de lo que eso significa en un país en el que Human Rights Watch dice que sufre de una «falta casi total de la independencia judicial» es discutible.
“Hay un sentimiento de anti-inclusión masiva”, dice Javier Corrales, académico venezolano del Amherst College, quien también advierte que sería un error asumir que ese sentimiento sentimientos se traducirá en votos para la oposición. «Este gobierno no tiene interés en abandonar el poder», declaró.
Las razones para ello son claras. Aunque la presidencia no está en juego, la mayoría de la oposición en la Asamblea ejercería un poder considerable. Podría controlar el gasto, garantizar amnistía a los presos políticos, investigar la corrupción y negar permisos para que el presidente viaje al extranjero. Si obtienen las dos terceras partes, o incluso tres quintas partes, tendría poderes mayores, como la capacidad de nombrar a los jueces. «El gobierno teme la posibilidad de ser responsable», dice Corrales. «Es tan cómplice de crímenes de todo tipo».
El sacerdote y sociólogo Alejandro Moreno, quien se dedica a estudiar la violencia desde su casa perforada por tiros en Petare, está de acuerdo. «No tenemos un estado criminal, tenemos el crimen que se ha convertido en un estado», dice el sacerdote de 81 años de edad. «Mientras los chavistas se mantengan en el poder, esto no se detendrá». Las instituciones del país han sido eliminadas y la corrupción se ha disparado en medio de la falta de controles y equilibrios. «El diseño de la política económica de aquí, sólo beneficia a los corruptos», dice un ex ministro de Chávez.
Esto es especialmente cierto de los militares, conformados por generales leales, que a su vez constituyen una cuarta parte del gabinete. Al igual que otros ejecutivos del gobierno, gozan de acceso a las divisas a tasas preferenciales. El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, declaró que en 2014 el contrabando de gasolina hacia Colombia generó pérdidas de 3 mil 600 millones de dólares. Los analistas aseguran que los militares participaron en la raqueta de contrabando. «Hay un estado paralelo corruptos dentro del gobierno», dice Luis Cedeño, del Observatorio Venezolano de la Violencia. «Los militares supervisan el contrabando y el tráfico de drogas. . . El Estado ha delegado funciones a las bandas criminales «.
Cambiar el aparato
El costo de esta corrupción y la violencia es enorme. Asdrúbal Oliveros y Jessica Grisanti, dos economistas locales, estiman que cuesta más de 12% de la producción económica de un año. Transparencia Internacional clasifica a Venezuela en los últimos puestos del Índice de Percepción de Corrupción 2014, empatado con países como Angola, Guinea-Bissau, Haití y Yemen.
En cuanto a otras instituciones, el gobierno controla el Tribunal Supremo de Justicia, la petrolera estatal PDVSA, el Banco Central y también el Consejo Nacional Electoral. De hecho las encuestas sugieren que el 70% de los venezolanos no confían el órgano electoral. También tiene un control casi absoluto de los medios de comunicación, el gobierno utiliza el dinero público para financiar su campaña y es un secreto a voces que coacciona a los empleados públicos a votar por los candidatos del PSUV. Esta combinación constituye lo que los funcionarios tal vez quieren decir cuando hablan de «una maquinaria perfecta que nos llevará a la victoria perfecta» el domingo.
Además de eso, hay intimidación. Durante un mitin reciente en Petare, el diputado Miguel Pizarro de la coalición MUD contó que hombres identificados con el partido de Gobierno atacaron a tiros una caravana de su campaña el domingo pasado. «A medida que el gobierno pierde el apoyo, no tiene ninguna otra opción que apelar a los matones con ametralladoras», dice. «Pero si bien pueden tener todas las ametralladoras, tenemos algo más poderoso: la fuerza y el clamor de la gente que está cansada.»
Juan Contreras, un congresista socialista que busca la reelección en el 23 de Enero es una excepción: es un político que aún defiende el gobierno. Incluso está optimista sobre el resultado del domingo. Considera que las críticas al gobierno son «ataques para debilitar el proceso revolucionario» provocados por enemigos de la derecha apoyados por Washington, y dice que los altísimos índices de criminalidad son «traídos a colación como una estrategia para desestabilizar al gobierno». Opina lo mismo de la situación económica.
«Nuestra gente entiende perfectamente que hay una guerra económica que viene de la burguesía derechista parasitaria», dice. «Después de 17 años de resistencia, ahora tratan de hacer que nuestra gente se rinda por hambre. No tenemos ninguna razón para estar preocupados por las elecciones «.
Ante un escenario en que el Gobierno se robe las elecciones o no quiera reconocer una victoria de la oposición, la MUD podría salir a las calles, como sucedió en 2014, cuando meses de manifestaciones que pedían la renuncia de Maduro costaron decenas de vidas.
Los observadores internacionales fueron prohibidos en estas elecciones y el gobierno sólo permitió que la Unasur asistiera como observador acompañante. La autoridad electoral de Brasil, canceló su participación en la misión, en un golpe a la deteriorada legitimidad en Venezuela.
A escala nacional, gran parte de esa legitimidad se ha evaporado – sin duda para gente como Maite Hernández. Un ama de casa pobre, ella y su familia fueron expulsadas por malandros de un apartamento de Caracas que el gobierno de Chávez le había dado. Tal y como les dijo la banda de Carlos “tenían órdenes de sacarlos de allí», dice ella. Luego, los malandros mataron a su hijo de 23 años de edad. «Espero que las cosas cambien, por mi pobre familia y mi pobre Venezuela. Tienen que cambiar. Si no, tengo miedo de cómo pueda terminar esto «.
Reporte adicional de John Paul Rathbone
