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Sebin libera a hermana de la magistrada en el exilio Elenis Rodríguez

En horas de la mañana de este martes, 1 de mayo, el presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Omar Estacio, confirmó la liberación de la hermana de la magistrada en el exilio, Elenis Rodríguez, quien había sido detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el lunes.

El arresto de la hermana de la Rodríguez ocurrió en medio de una serie de allanamientos que se hicieron durante este 30 de abril a las viviendas y oficinas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están exiliados y que abrieron un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. La orden de las acciones provino del Ministerio Público.

“No quieren que evidencias de sobornos Odebrecht-Maduro se ventilen (…) Y decían no preocuparles las actuaciones del TSJ en el exilio”, señaló Estacio en Twitter, donde informó sobre la liberación del familiar de Rodríguez.

La magistrada fue una de las 30 que salió de Venezuela en julio pasado, poco después de haber sido elegida y juramentada por la Asamblea Nacional, acción que desató una persecución por parte de las autoridades de la nación, por considerar que incurrían en los delitos de traición a la patria y usurpación de cargo.

Colegio de Abogados de Caracas condena allanamientos a propiedades de magistrados legítimos

El Colegio de Abogados de Caracas rechazó este lunes, 30 de abril, la serie de allanamientos hechos a oficinas y viviendas de varios de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron designados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional y que, desde el exilio, iniciaron un proceso de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.

La institución censuró las acciones que consideró ” a todas luces arbitrarias”, y fustigó el traslado bajo coacción de los familiares y empleados de los magistrados para que rindieran declaraciones en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del gobierno.

Allegados de los magistrados Elenis Rodríguez, Pedro Troconis, Antonio Marval, Cioli Zambrano, Romel Gil, Ramón Pérez Linares y Miguel Ángel Martín resultaron afectados por las medidas que fueron ordenadas desde el Ministerio Público venezolano.

“Tales declaraciones testimoniales, en la práctica, no son más que secuestros por el solo hecho de ser los pretendidos testigos parientes cercanos de los mencionados magistrados”, dice el comunicado del Colegio.

La institución acotó que los allanamientos y testimoniales son utilizados para esclarecer la verdad sobre un caso y no para castigar.

Tras haber sido juramentados en 2017, los magistrados debieron huir de Venezuela y asilarse en otras naciones luego de que se les dictara orden de detenerlos.

Magistrados en el exilio designaron ponente para antejuicio contra Maduro

TSJ exilio

Los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, designados por la Asamblea Nacional y en el exilio desde 2017, designaron un ponente para el antejuicio de mérito contra el mandatario Nicolás Maduro.

El 22 de febrero, en reunión de los magistrados designados por la AN para la Sala Plena, se dio entrada a la solicitud de antejuicio de mérito que fue presentado por fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz contra Maduro.

“Estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Plena, a presentar un ‘antejuicio de mérito’ y lo estamos pidiendo por dos delitos: corrupción propia y legitimación de capitales”, dijo Ortega Díaz el 19 de febrero en una rueda de prensa en Bogotá.

Los hechos estarían relacionados con el pago de sobornos que habría realizado la constructora brasileña a varios políticos venezolanos con la finalidad de obtener contratos en importantes obras.

Ortega Díaz detalló que en una investigación realizada por su despacho, se pudo constatar que en 2012 la campaña presidencial del fallecido Hugo Chávez fue pagada por Odebrecht, y el dinero era recibido por Nicolás Maduro, quien se desempeñaba como canciller.

Según Ortega Díaz, Odebrecht también financió la campaña de Nicolás Maduro en 2013. “El compromiso fue que en caso de obtener las victorias, se darían continuidad a las obras sobre las que ya tenían contratos”.

En el escrito que se presentó a los magistrados en el exilio, se solicitó que sea oficiada la alerta roja en Interpol contra Maduro para que se proceda a su captura. También la fiscal mencionó que se pidieron a las autoridades de Perú que estén atentos a la posible visita del mandatario venezolano a la cumbre de Las Américas en abril. “Ojalá vaya a Perú”.

Sala Penal del TSJ juzgará caso del magistrado Ángel Zerpa

TSJ-Venezuela

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargará de decidir sobre el caso del magistrado Ángel Zerpa, quien hasta el momento había sido presentado ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, donde fue imputado por la comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 464, numeral 25, del Código Orgánico de Justicia Militar y 213 del Código Penal, respectivamente.

La sentencia N° 363, con ponencia de la magistrada Francia Coello González, ordena además la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realización de cualquier clase de actuación del tribunal militar.

Antes de ser designado como magistrado por la Asamblea Nacional, que el TSJ declaró en “desacato” pese a que tal figura no existe en las leyes venezolanas, Zerpa era el abogado de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien durante las protestas ocurridas entre abril y agosto de este año criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro y, posteriormente, fue destituida por la asamblea nacional constituyente afecta al oficialismo.

TSJ en el exilio declaró nulidad de la asamblea constituyente

Magistrados TSJ AN OEA Exilio

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que sesiona desde la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró la nulidad de la asamblea nacional constituyente (ANC) por haber sido convocada sin la decisión del pueblo.

El decreto emanado desde la Sala Constitucional responde a la denuncia formulada por los opositores Diego Arria, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Cecilia Sosa, quienes alegaron que por no ser reconocida por el pueblo desde su origen, la ANC no puede ser un poder soberano.

De acuerdo al texto publicado, la constituyente queda disuelta de facto, y también se anulan las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en que modifican las bases comiciales de las elecciones del 30 de julio.

Los magistrados también declararon “la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano, habida cuenta de que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución”.

Asimismo, el secretario de la OEA, Luis Almagro, llamó a la comunidad internacional a respetar y apoyar la decisión del TSJ legítimo.

 

Magistrados juramentados por la AN cumplieron 90 días de persecución y amenazas
Magistrados Chile Embajada
El 21 de octubre de 2017, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designados y juramentados por  la Asamblea Nacional, cumplieron 90 días de persecución y amenazas.
Actualmente, todos los magistrados están en resguardo en diferentes países. En Panamá se encuentran: Gustavo Sosa Izaguirre, Manuel Espinoza Melet y Sabino Zamora. En Colombia: Gonzalo Oliveros, Rafael Ortega, Gonzalo Álvarez, Rubén Carrillo, Evelyn de D’Apolo, Ildefonso Ifil y José Luis Rodríguez. En EE.UU: Miguel Ángel Martin, Alejandro Rebolledo, Antonio Marval, Ramsis Ghazaoui, Domingo Salgado, Thomas Alzuru, Pedro Troconis, Cruz Alejandro Graterol, Cioly Zambrano,  Rommel Gil, Gabriel Calleja y Alvaro Marin.
El jueves 19 de octubre, los magistrados; que se encontraban en la residencia de Pedro Ramirez, embajador de Chile en Caracas; arribaron a Chile, país que les concedió el asilo político. Fueron recibidos por el canciller Heraldo Muñoz junto a su equipo diplomático al llegar al aeropuerto de Santiago de Chile.
Fundeci se solidarizó con todos los magistrados que se encuentran perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo Legítimo, por Asdrúbal Aguiar

 

Magistrados TSJ AN OEA Exilio

La instalación en Washington, en el Salón de las Américas de la OEA, del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, juramentado previamente por la Asamblea Nacional democráticamente electa en diciembre de 2015, fija un precedente innovador en el campo de las relaciones internacionales contemporáneas; sobre todo para las que se cuecen en los hornos de la globalización, en el marco de sociedades cultural y políticamente líquidas, cuyos espacios materiales se desvanecen bajo la fuerza de lo trascendente, a saber, del reclamo por la calidad de las democracias y una razonada expansión de las libertades como derechos.

No basta analizar la cuestión así ocurrida en presencia del Secretario General de la misma OEA, Luis Almagro, a la luz de las viejas categorías; como aquéllas que en el pasado y según el derecho internacional de los dos últimos siglos tratan sobre los gobiernos en el exilio. Éstos, dependientes para su reconocimiento de la voluntad de otros Estados, han motivado controversias que van desde el asunto de sus residencias, pasando por los orígenes – ora como continuidad del gobierno expulsado de su territorio natural, ora forjado lejos de éste por nacionales exilados – hasta el de la efectividad que tengan para ejercer materialmente ese gobierno a la distancia y para regresar prontamente a sus odres, dándole solución a sus traumas temporales. No pocos, por falta de esto, han concluido como símbolos sin valor o pasado a ser meros reservorios de valores cuyas raíces se perdieron en el torbellino de la historia.

La literatura respecto de los gobiernos en el exilio es amplia. Amplia es la doctrina – cito mi libro, Código de Derecho Internacional (2009), pero prefiero el ilustrativo análisis de François de Kerchoye d’Exaerde acerca del gobierno belga que despacha desde Londres entre 1940 y 1944 – pues ayuda a discernir sobre lo central. Pero la cuestión que ocupa al artículo es más compleja y extraña a esas enseñanzas, que apenas permiten ingresar en el camino del análisis.

El gobierno de Nicolás Maduro cuenta con reconocimiento internacional formal. Ello a pesar de que la comunidad internacional lo censura y aísla, progresivamente, por su carácter dictatorial y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Eso nadie lo discute, si bien ha perdido su legitimidad democrática y constitucional; pero aún no sufre de un desdoblamiento. No hay gobierno venezolano en el exilio, por lo pronto.

El caso es que esta vez una parte de los órganos del Estado venezolano – en una suerte de dualidad existencial – se encuentra bajo secuestro extranjero cubano – como ocurre durante el gobierno de Pétain y a raíz de la invasión alemana de Francia – mientras que la otra no, y se trata, justamente, de la que conserva a cabalidad su legitimidad democrática y constitucional. Se ve impedida, eso sí, de ejercerla por obra de la misma dictadura colonial. Uno de éstos, el Tribunal Supremo que emana y es expresión de la soberanía residente en la Asamblea Nacional e intransferible a los invasores, ha tenido, pues, que tomar las de Villadiego.

Se encuentra, de facto, en el exilio y de Derecho es y sigue siendo el Tribunal legítimo. Sus magistrados, reagrupados como colegiado, son el foco viviente de la misma legitimidad constitucional que la comunidad internacional pide y reclama, con relación a Venezuela, sea rescatada y devuelta a la plenitud. Y he aquí lo relevante.

No solo desde que se establece en 1948 el actual Sistema Interamericano, sino, en especial, a partir de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la democracia, como derecho de los pueblos que los gobiernos han de garantizar, es condición de orden público que determina el reconocimiento de éstos por aquél. No es suficiente, pues, que sean gobiernos efectivos, pues de efectividad gozaron las dictaduras militares y una de ellas, en Venezuela, la del general Marcos Pérez Jiménez, hasta presidió la Conferencia de la OEA celebrada en Caracas, en 1954, de la que emergen, paradójicamente, las convenciones de asilo en vigor.

Es suficiente, aquí sí y no para que haya una suerte de reconocimiento constitutivo del que pueda nacer el ahora tribunal venezolano y transitoriamente residente en el extranjero, que cuente con legitimidad constitucional democrática; y que se constate que la expresa y representa fidedignamente, conforme a los estándares de la Carta Democrática Interamericana. La Asamblea Nacional ya reconocida internacionalmente así se lo ha hecho saber a la misma comunidad de los Estados, en manifestación expresa que realizara por escrito con motivo del acto de Washington.

La democracia en las Américas, a la luz de la citada Carta, se explica y justifica como algo más que un régimen político territorial o procedimental bajo prisión de un Estado y reducido a comicios anclados dentro de su localidad. Al ser “derecho de los pueblos”, incluso por obra de la referida liquidez que éstos experimentan y hasta les permite votar desde lejanas residencias como viajar junto a sus demás derechos fundamentales, implica su preservación – a la manera del Arca de Alianza – por sus primeros garantes, los jueces.

La experiencia del Tribunal Supremo recién instalado, lo repito, es inédita.

Lo relevante es que Almagro, al acoger a sus magistrados supremos y servirles de anfitrión, pone de relieve, como albacea de la seguridad democrática regional, lo que ellos significan para la conservación y sostenimiento del Estado constitucional y democrático de derecho, por encima de parcialidades y desencuentros, a la espera de que pueda reinstalarse allí desde donde la expulsa un acto de lesa traición coludida, entre Maduro y el gobierno de Raúl Castro.

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Gobernadores no tienen que jurar ante la “ilegal” ANC, dicen magistrados en exilio

Magistrados TSJ en EXILIO

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio llamaron a sus compatriotas a participar este domingo en los comicios para elegir 23 gobernadores y descartaron que quienes resulten elegidos deban juramentarse ante la “ilegal” Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Llamo al pueblo de Venezuela a que vaya a votar, es un derecho que tenemos el seleccionar nuestros gobernantes”, dijo en Bogotá el magistrado Rafael Antonio Ortega, de la Sala Social del TSJ en exilio que este viernes celebró su primera sesión en la sede la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

Ortega, quien además es segundo vicepresidente de ese organismo conformado fuera de Venezuela, aseguró que los gobernadores que resulten electos “simplemente tienen que ir a retirar el acta de escrutinio para posesionarse del cargo”, sea “de un bando o sea del otro”.

“Los gobernadores que queden electos (…) no tienen que presentar las credenciales ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque en primer lugar no existe tal Asamblea Nacional Constituyente, porque es ilegal”, argumentó.

En ese contexto, defendió que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “no establece que ellos tienen que prestar juramento ante ningún otro órgano”.

“Ellos van a retirar sus credenciales que los acrediten como gobernadores de estado y tomar posesión del mismo”, subrayó.

Su colega, Elenis Del Valle Rodríguez, de la Sala Constitucional, explicó que los nuevos gobernadores solo deben comparecer ante la Asamblea Legislativa de sus estados.

“Los gobernadores que van a ser electos no tienen por qué presentarse en ninguna otra institución que no sea la Asamblea Legislativa de su respectivo estado (…) A ellos es donde les deben ese juramento y a ese pueblo que les otorga ese mandato”, dijo.

Los magistrados hacen parte del grupo de 33 integrantes del TSJ que se juramentó en Caracas el pasado 21 de julio ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, y que días después tuvo que abandonar Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que irían presos “uno por uno”.

Desde el pasado 22 de julio el magistrado Ángel Zerpa, que un día antes se había juramentado ante el Parlamento, permanece detenido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Los juristas se pronunciaron después de que esta semana el presidente venezolano planteara a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que se destituya “de inmediato” a los gobernadores que ganen las elecciones regionales y no se subordinen a los mandatos de esa instancia.

Este domingo, la oposición venezolana y el chavismo se disputan 23 gobernaciones en unos comicios que tienen lugar en medio de una profunda polarización que vive el país, sacudido hasta hace unos meses por protestas opositoras que dejaron más de un centenar de muertos.