El comisario Luis Godoy fue designado este viernes como el nuevo director de la Policía Municipal de Chacao en sustitución del comisario Gustavo Adolfo Olave García, quien ocupaba el cargo desde el 29 de mayo de 2016.
En el acto de entrega Godoy expresó su agradecimiento por el compromiso, cooperación y respeto que demostró Olave durante su gestión, reseñó Globovisión.
Por su parte, Gustavo Olave reconoció la labor del personal policial y administrativo de la institución.
@loremelendez
EL ASESINATO DE LUIS OSMEL FUENTES, el joven de 21 años de edad, que cayó durante una manifestación por comida en la población de Cerezal, estado Sucre, ocurrió por el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Una bala impactó en su pierna, le fracturó el hueso y le perforó la arteria. Murió en menos de 24 horas. Junto a él, una decena de personas sufrió las consecuencias de una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios. Quienes protestaban pacíficamente recibieron golpes, así como lesiones de proyectiles provenientes de armas de fuego accionadas por los uniformados.
La tarde del pasado viernes 10 de junio, cuando Fuentes fue herido mortalmente, la represión se desencadenó de manera inesperada. Los manifestantes habían cerrado en horas de la mañana la Troncal 9, que comunica a Cumaná con Carúpano, para exigir que les entregaran las 400 bolsas de comida que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) les habían prometido.
En los videos que circularon sobre el hecho se escuchó cómo, apenas un minuto antes de las detonaciones, mientras varios protestantes discutían airadamente con los efectivos que los rodeaban, otros pedían que no les dispararan. Pero de un momento a otro, el panorama de la protesta cambió. Las armas que hasta el momento habían apuntado al suelo o al cielo, se levantaron hacia los manifestantes que querían alimentos.
La represión dejó 12 heridos y un muerto. La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Milagros Paz, indicó las nalgas y las piernas fueron las partes del cuerpo a las que llegaron los proyectiles que lesionaron a los manifestantes. No se reportó ningún funcionario lesionado. En el suelo quedaron las muestras de la violencia contra el pueblo: conchas de bala, cartuchos de fusil y restos de perdigones.
Por el asesinato, hasta ahora, hay una detención: la del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Carlos Eduardo Moreno Licet.
Las irregularidades de lo sucedido se percibieron desde antes de que comenzaran los balazos y eso lo confirmó el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), quien describió el armamento que llevaba cada uno de los cuerpos de seguridad que estuvo en el lugar.
La Policía del Estado Sucre, apuntó Godoy, portaba escopetas, únicas armas permitidas para mantener el orden público. Sin embargo, se desconoce si estaban cargadas con perdigones de goma o plástico, o si en su lugar tenían proyectiles de plomo.
Los efectivos de la Guardia Nacional, formados para lidiar con estas situaciones, portaron en cambio un armamento que constitucionalmente tienen prohibido usar para controlar las protestas: fusiles de guerra AK-47.
Por último, un grupo de civiles vestido con jeans, camisa clara y chaleco antibalas, presumiblemente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) o del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, exhibió sus pistolas 9 mm, arma que tampoco se puede utilizar contra los manifestantes.
Aunque el artículo 68 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas” en el control de estas protestas, hace año y medio el Gobierno de Nicolás Maduro dictó una medida que contraría lo escrito en la carta magna.
La resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en Gaceta Oficial el 27 de enero de 2015, avala el «uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal», como un último recurso que permita evitar «desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión».
Esta norma, criticada por los especialistas en seguridad y defensores de derechos humanos, fue la que permitió que se utilizaran fusiles y pistolas contra la población de Cerezal. Godoy detalló que la medida no sólo viola la Constitución, sino que también va contra lo establecido en acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en esta materia.
«Está prohibido portar armas letales porque el funcionario es un ser humano y ante una agresión puede actuar y, si se siente en peligro, las va a usar. Los funcionarios deben usar equipos especiales, como un casco con una visera espacial, por si hay vidrios, así como escudos y uniformes acolchados. La única arma permitida es la escopeta con perdigones de plástico. Si se detecta que un organismo del Estado utiliza armas de fuego letales contra los manifestantes, eso debe ser penado», agregó el comisario.
“La forma como vienen actuando los cuerpos armados del Estado en el control de manifestaciones es consecuencia de la creciente represión que se vive en el país, la ejecución del estado de excepción y de la Resolución 08610 mediante la cual el gobierno autoriza a los cuerpos policiales y la Fuerza Armada a usar armas en el control de manifestaciones”, señaló en un comunicado la organización defensora de los derechos humanos Provea, a raíz de la muerte de Fuentes y de otras dos personas que cayeron en medio de protestas y saqueos en el plazo de una semana. Todos fueron agredidos por uniformados.
Los mismos hechos fueron condenados por la organización Cofavic, conformada mayoritariamente por víctimas del mayor estallido social de los últimos 30 años: El Caracazo.
«Como la ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la regla general establece que el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales debe estar prohibido. Su uso excepcional debe estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria, por lo que solamente deberá hacerse uso de la fuerza ‘o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control’. Además, en los supuestos en que se justifique el uso de la fuerza letal, el mismo debe ser ‘planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades'», citó la organización.
Lo sucedido en Cerezal puso en duda la calidad de la formación que los uniformados han recibido para encarar una protesta. A Godoy, por ejemplo, le llama la atención que ni guardias ni policías se hayan alineado en un cordón para frenar el paso de los manifestantes. Más bien permanecieron sin una formación clara, sin marcar el territorio que ocupaban. Tal actuación señala que desconocían incluso cómo debían actuar frente a los manifestantes.
La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana establece, en su artículo 68, que el uso de la fuerza por parte de estos funcionarios «estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano, los procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso, entrenamiento policial permanente y difusión de instructivos entre la comunidad, a fin de facilitar la contraloría social en esta materia. El traspaso en el uso de la fuerza mortal sólo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero».
Basándose en este apartado, el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial indica en su normativa que «la presencia y el diálogo deben ser los métodos habituales del funcionario policial para la solución de los conflictos» y que «el uso de la fuerza física sólo se justifica ante el agotamiento del despliegue táctico y el diálogo con sus respectivos subniveles (investigativo, persuasión, advertencia y amenaza), o cuando las circunstancias impidan su establecimiento».
Pero en Cerezal, la represión comenzó sin un detonante aparente. A juzgar por las imágenes del video, la protesta era pacífica y las fuerzas del Estado arremetieron contra los manifestantes no sólo al accionar sus armas contra ellos sino también al agredirlos físicamente por medio de patadas y empujones. En los videos difundidos, se ve cómo arrastran a personas que estaban en la tranca y que, al comenzar las detonaciones, corrieron a refugiarse en las calles contiguas a la vía principal. Hasta allí arribaron los uniformados para atacarlos.
Godoy advirtió que en la protesta no se traspasó el cordón de los uniformados –nunca existió–, ni tampoco se atacó a los funcionarios con ningún tipo de arma. Los niveles del «Método de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial», conformado por siete pasos que incluyen la presencia, el diálogo y la negociación, fueron pasados por alto. La brutal respuesta de los cuerpos de seguridad ante los habitantes del pueblo no haya asidero.
«En mi nombre y en el del Foro Venezolano de Investigación Criminal exigimos al Defensor del Pueblo que cumpla sus funciones. Exigimos su pronunciamiento y si no que renuncie», sentenció el comisario, quien lamentó no haber visto que se destituya a altos funcionarios del Estado por estos hechos. «El grave problema que existe en los cuerpos policiales es que están comandados por militares que tienen una formación académica distinta. Eso va contra la ley, porque estos cuerpos deben tener carácter civil», añadió.
El grupo multidisciplinario de ex funcionarios de la PTJ y del Cicpc recomienda rediseñar, sin improvisaciones, la política de seguridad ciudadana. Para los integrantes del Foro Venezolano de Investigación Criminal, la dirección del sistema penitenciario del país debe estar en manos de un profesional calificado y, por esa razón, levantan su voz: “Exigimos sea removida de su cargo la actual ministra de esa área a quien responsabilizamos de la actual situación de depravación de las cárceles venezolanas”.
La aseveración la hizo el comisario Luis Godoy, con 23 años de carrera en la policía científica, en Polibaruta y Polichacao, quien integra el foro que está constituido por un grupo multidisciplinario de ex funcionarios de la antigua PTJ y del Cicpc. Desde hace dos años el grupo se reúne para estudiar los altos índices de violencia e inseguridad en el país.
El foro exige que, como una medida derivada de la salida de la ministra del Servicio Penitenciario, sean desalojados los detenidos que hay en los calabozos de los cuerpos policiales en todo el país y que solo permanezcan 48 horas los presos en esas celdas, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, hasta que sea presentado ante un juzgado.
Godoy dijo que, de acuerdo con el estudio que han hecho, debe eliminarse todo privilegio o prerrogativa a la población penal, que se ha legalizado sin asidero jurídico. Esta situación ha llevado a que las cárceles sean sitios de esparcimiento y ha traído como consecuencia que el reo no vea la prisión como un castigo a la trasgresión de la ley.
Más información en El Nacional.
Unidad de Investigación Runrun.es
El abogado penalista, Luis Izquiel, dijo que es ilegal que el presidente de la república, Nicolás Maduro, mostrara un video del imputado por el crimen de la descuartizada, José Pérez Venta, en el que habla sobre su vinculación partidos de oposición y con paramilitares colombianos. «Es completamente ilegal, el Código Orgánico Procesal Penal establece que la investigación es reservada a terceros, es decir no puede ser mostrada a personas que no sean parte de la investigación”, explicó. El comisario Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc, coincide: “Todo lo que está en el expediente de una investigación penal es secreto para terceros. Sea quien sea que presente al imputado en ese video, está cometiendo un delito”.
En el capítulo III del COPP, el artículo 313 sobre el carácter de las actuaciones reza que todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros.
“Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el proceso y los defensores. No obstante ello, los funcionarios que participen en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están obligados a guardar reserva. El Ministerio Público podrá disponer la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los diez días continuos, siempre que la publicidad entorpezca la investigación. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero, en este caso, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que examine los fundamentos de la resolución y ponga fin a la reserva. No obstante, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los actos a los cuales se refiere, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado, que nunca superará las cuarenta y ocho horas. Los abogados que invoquen un interés legitimo deberán ser informados por el Ministerio Público o por la persona que él designe, acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva.»
De hecho, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en reiteradas oportunidades y cuando le preguntan sobre casos en particular, se niega a dar información alegando que la investigación se lo prohíbe. Esta misma semana, sobre el caso de Adriana Urquiola, dijo que fueron solicitadas dos nuevas órdenes de captura por el asesinato de la intérprete de señas. Sin embargo dijo que no iba a revelar los nombres porque esto podría “poner en riesgo la investigación”.
Uno de los casos más sonados fue el impase entre el periodista de CNN Ismael Cala, y la fiscal venezolana, cuando el entrevistador le preguntó sobre el secuestro de Nairobi Pinto, y la titular del Ministerio Público le dijo que no podía darle información porque podía poner en riesgo la seguridad de la víctima”.
También sobre la muerte de diez personas en los Valles del Tuy, a finales de abril de 2015 en un edificio de la Misión Vivienda, Ortega Díaz, dijo que mientras estaban en la fase de la investigación “no se puede dar mayor información del caso, porque puede poner en riesgo la investigación. Cuando ya se pueda dar la información gustosamente estaremos dando la noticia.”
En el video presentado por Maduro, Pérez Venta nunca habla del asesinato de Hergueta, entonces no queda claro si se le interroga por ese caso o por una supuesta investigación de golpe de Estado o rebelión civil. “Le dan un enfoque político que pierde credibilidad. Si mañana el Ministerio Público imputa a algunas personas por esos delitos, la defensa de esas personas puede usar a su favor la divulgación de ese video, y se cae como prueba”, explica Godoy.
También es ilegal porque el COPP prohíbe mostrar las caras de los detenidos. “Por eso en la mayoría de los casos vemos a los delincuentes con bolsas o algo en la cabeza. Hay una excepción cuando el imputado y su abogado lo autorizan, pero la regla general es ocultar el rostro”, indica Izquiel.
Lo lógico es que una persona imputada por ese crimen sea interrogado por un funcionario del CICPC. Sin embargo, en el video no se le interroga sobre el crimen sino sobre política. “Llama la atención que no se sabe de qué cuerpo de seguridad es la persona que lo interroga. Las preguntas son políticas y más bien deben hablar del hecho delictivo, parece un Sebin”, dice el abogado penalista.
Es importante resaltar que la confesión no hace plena prueba, considera Izquiel. “La confesión tiene que estar concatenada con otros elementos de convicción, no tiene ningún valor por sí sola”. Además en el video que mostró Maduro, Pérez Venta no habla del descuartizamiento, habla como testigo de otros hechos que ni siquiera serían un delito. “Por eso ni siquiera se puede hablar de que es una confesión, porque en el video que mostraron no confiesa el crimen”.
El Gobierno toma como testigo de un hecho criminalístico a una persona que podría padecer problemas mentales. Antes de sacar conclusiones, esta persona debe ser sometida a una serie de exámenes psiquiátricos para determinar si su testimonio es válido o no en la resolución del caso.
Es ilegal que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, enseñara en una rueda de prensa el video de los detenidos por el asesinato de Hergueta, así como la publicación del cuchillo con el que la víctima fue asesinada, observa Godoy. “Es una total irresponsabilidad”, dice.
Tampoco está ajustado a la ley que el Presidente sea quien orqueste la investigación. “El Ejecutivo no puede ser parte del proceso, eso le toca al MP”, dice Godoy. Izquiel coincide: “El Presidente no debería conducir esa investigación, pareciera que lo está llevando el propio Maduro”.
Risquez indicó que «el Gobierno empezó a darle tinte político al caso Hergueta desde el mismo día del asesinato» y agregó «El Gobierno busca politizarlo todo. No hay relación alguna entre los asesinatos de Robert Serra y Liana Hergueta».
La periodista explicó que el Liana Hergueta no sería la única víctima de dos de los detenidos por este crimen, Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta. Hasta el momento, indicó, está identificada la fotoreportera de El Propio, María Gabriela López, como víctima de robo.
Asimimo el comisario Godoy indicó «en Venezuela nunca antes un gobierno había intentando sacar rédito político de delitos comunes». Sin embargo, agregó, que este gobierno sí ha intentado utilizar crímenes comunes a su favor político. Recordó los casos del diputado Robert Serra y Eliézer Otaiza.
