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Campus Transparencia: Plataforma virtual en lucha anticorrupción, gestión pública y derechos humanos

TRANSPARENCIA VENEZUELA pone a disposición de toda Iberoamérica, Campus Transparencia, primera y única plataforma e-learning en español, especializada en temas sobre lucha anticorrupción, libre acceso a la información, control de la gestión pública y derechos humanos como base y fortaleza de la democracia moderna.

En esta etapa, se puede acceder a Campus Transparencia de forma directa desde www.campustransparencia.com  para conocer la amplia y actualizada oferta académica, información institucional, staff de docentes, colaboradores y aliados. Campus ofrece también nuevas secciones con noticias, opinión y una selección de información de interés en los espacios Grandes casos de corrupción, Buenas prácticas anticorrupción y Biblioteca multimedia.

Los riesgos y debilidades institucionales que padecen muchos países requieren con urgencia capacitar a los administradores públicos y a los ciudadanos como actores decisivos en la construcción de una democracia saludable, una gestión pública abierta al escrutinio que genere confianza en las instituciones y ayude a crear nuevas formas de vinculación entre la gente con el poder.

Campus Transparencia fue diseñado con el apoyo de la Unión Europea y de Transparencia Internacional y está dirigido a funcionarios públicos de todos los sectores y demás actores de la sociedad civil: estudiantes, académicos, empresarios, administradores públicos, políticos, dirigentes gremiales, sindicales, periodistas, investigadores y líderes comunitarios, entre otros.

Campus Transparencia ofrece capacitación con expertos mundiales y temas que hoy son tendencia globalizada en la búsqueda de un mejor juego de pesos y contrapesos en materia de gobernanza: transparencia institucional, lucha anticorrupción, implementación del acceso a la información pública, participación ciudadana, finanzas públicas, rendición de cuentas, normativa nacional y global, gestión pública, justicia, derechos humanos, programas sociales, contrataciones públicas en economía y temas electorales y mucho más.

Mejoras y novedades con muchas ventajas

En este mes de mayo, Campus Transparencia ha lanzado nuevas actividades tutorizadas y auto formativas que pasan a formar parte de la completa oferta académica conformada por más de 40 cursos.

La nueva página web del Campus Transparencia estrena mejoras significativas en cuanto a contenidos. Francisco Martínez Montero, coordinador académico de Campus explica: “incorporamos Casos emblemáticos de corrupción, buenas prácticas y biblioteca multimedia, en la cual podrán encontrar casos referenciales, acciones emprendidas por los gobiernos para combatir la corrupción y una serie de documentos, audios y videos especializados para mantener abierto el debate… también los participantes y exalumnos tendrán a su disposición un espacio de encuentro y discusión a través del foro Alumni”.  Finalmente, se introdujeron 2 cursos nuevos en la facultad de anticorrupción, el primero dirigido a comunicadores sociales y el segundo enfocado en derechos humanos, estrategias anticorrupción y empresa privada.

Para Campus Transparencia ha sido vital el apoyo de aliados que otorgan máxima solidez y capacidad de respuesta a nuevos desafíos tanto tecnológicos como de contenidos y metodologías. Entre estos aliados están: Costa Rica Integra, Acción Ciudadana, Sustentia Innovación Social, Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, Chile Transparente, Participación Ciudadana, Proética y Poder Ciudadano Argentina.

Entre los colaboradores se encuentran: Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Cordero, socio-director de la consultora Sustentia Innovación Social; Silvana Fumega, directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos; Julio César Martínez, secretario de ponencia de la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y Jorge Villagrán, quien se desempeñó como coordinador de sistemas para la Investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.

Capacitarse es sencillo, los beneficios muchos y existe un plan de becas

Inscribirse y participar es sencillo. Los estudiantes tendrán la posibilidad de aprender con diversas actividades virtuales; conocer el uso de herramientas y metodologías para la implementación efectiva de transparencia y sistemas de protección contra la corrupción; conectar con otros profesionales que trabajan anticorrupción y fortalecer aliados y equipos de trabajo; investigar en las bibliotecas en línea de cada curso y promover la transparencia aplicando lo aprendido.

Campus ofrece la posibilidad de optar por becas con solo cumplir con los pasos de postulación que presenta la plataforma. El proceso es simple y brinda oportunidades a quienes las necesiten para ampliar desde ya sus conocimientos y capacidades.

“En esta etapa, Campus Transparencia ha actualizado y adecuado aún más sus dinámicas y contenidos sobre leyes, normas, metodologías y procedimientos, para que cada estudiante pueda diseñar y cumplir su propio plan de acción como funcionario, como gerente, como político, líder comunitario o simplemente como ciudadano consciente de la importancia que tiene el conocimientos en la construcción de sistemas de integridad dentro y fuera de las estructuras del Estado”, señaló Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, líder del proyecto.

Campus Transparencia es un aporte innovador para impulsar la acción de verdaderos agentes de transformación social, bien formados y competitivos en un entorno global en el que los conocimientos sobre transparencia se han vuelto indispensables y, además, respaldado con el sello de Transparencia Venezuela y el aval de Transparencia Internacional.

CNP: 52 trabajadores de la prensa detenidos en lo que va de 2019

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS seccional Distrito Capital, con motivo de conmemorarse el Día Mundial de La Libertad de Prensa, presentó un balance de agresiones a los trabajadores  de los medios de comunicación.

Para el Secretario General del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, el  derecho a la libertad de prensa está fuera de toda discusión en la sociedad actual, ya que es factor fundamental e indispensable para la existencia de una sociedad democrática, aunque en el caso venezolano no solo es importante la presencia de este derecho sino su efectividad, es decir la garantía de su cumplimiento.

El dirigente gremial dijo que el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios de la libertad de prensa, y en Venezuela aprovechamos “para denunciar las distintas violaciones; donde destacan la censura, el cierre de emisoras de radio, agresiones y detenciones de periodistas y demás trabajadores de la prensa”.

Cárdenas señaló que el gobierno utiliza mecanismos directos e indirectos de coacción contra el sagrado deber de informar que tienen los periodistas, desconociendo la vigencia de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela, así como de la Ley de Ejercicio del Periodismo; añadiendo que entre el 1ero de enero y 1ero de mayo de este año, se han registrado 52 detenciones arbitrarias de trabajadores de la prensa, de los cuales 16 son de nacionalidad extranjera. Asimismo destacó el robo de 18 equipos de cobertura, así como el saldo de 16 heridos y 11 corresponsales extranjeros deportados.

 

Puede leer también: Periodismo en recesión | Día Mundial de la Libertad de Prensa

 

Solamente el 1ero de mayo, en Caracas, fueron verificadas 6 agresiones y 7 en el resto del país; dentro de los que se encuentran los  casos de los periodistas Gregory Jaimes  de VPITV en Caracas y José Daniel Sequera del diario La Prensa de Lara, así como el fotógrafo independiente Juan Carlos Neira; quienes recibieron impactos directos por perdigones.

Para el CNP-DC queda claro, según dijo el Secretario General, que el gobierno presidido por Maduro adopta como política de Estado la agresión  a los periodistas y a la prensa libre; tratando de evitar que la ciudadanía reciba la información necesaria para poder formarse un criterio sobre la realidad y distinguir la verdad de la mentira; “hoy no hay avances en materia de libertades, por el contrario se presenta un retroceso evidenciado  en distintas violaciones a la libertad de prensa, información y opinión”

Destacó el dirigente gremial que desde programas de radio y televisión, transmitidos por señales de emisoras propiedad del Estado, se estigmatiza, ofende y amenaza a periodistas, por el simple hecho de cumplir su labor de informar, lo que se traduce en una vulneración al libre ejercicio del periodismo.

El gremio periodístico venezolano asume la lucha por la defensa de la libertad de expresión, porque esta es parte de los valores de la Democracia y exige al gobierno nacional garantice se cumpla con el respeto a la libertad de expresión, y establezca condiciones mínimas para el trabajo de la prensa; señaladas en la Constitución de la República, en la Ley de Ejercicio del Periodista y demás instrumentos de nuestro marco jurídico, finalizó Cárdenas.

Reporteros sin Fronteras: “El autoritarismo de Maduro parece no tener límites”

Venezuela desciende 5 puntos con relación al año pasado y se ubica en el puesto 148 de 180 países en la la clasificación de 2019 de Reporteros Sin Fronteras

A la lista hay que hacerle scroll hasta abajo, casi hasta el final: son 180 países analizados en cuanto al grado de libertad que gozan sus periodistas y Venezuela está en el puesto 148, lo que representa un descenso de 5 puestos con relación al año anterior.

En la clasificación de 2019 de Reporteros Sin Fronteras, Venezuela está en la “zona roja” junto con México, Rusia, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Colombia, Turquía, Bielorrusia y otros más. También está a 14 puestos de la “zona negra”, donde sobreviven sin libertades mínimas los reporteros de -por ejemplo- China y Corea del Norte.

El organismo independiente con sede en París -que publica esta clasificación desde el año 2002- es particularmente enfático al analizar el caso venezolano: “El autoritarismo de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, parece no tener límites. En 2018 se intensificó la represión contra la prensa independiente; RSF registró un número récord de detenciones arbitrarias y de actos violencias perpetrados por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia venezolanos. En paralelo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) privó de frecuencia de difusión a estaciones de radio y canales de televisión que consideró demasiado críticos con el gobierno y las autoridades detuvieron, interrogaron y expulsaron de su territorio a periodistas extranjeros.El deterioro de la situación ha empujado a numerosos periodistas a dejar país; estos buscan preservar su integridad física, pues han recibido amenazas”.

La organización Instituto Prensa y Sociedad alertó que la persecución a periodistas venezolanos ha continuado en 2019, sobre todo a partir de la irrupción en el panorama político del diputado Juan Guaidó como presidente interino: “Esta organización constató que en el 2019 al menos 24 periodistas nacionales y extranjeros han sido víctimas de detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de seguridad del Estado y simpatizantes oficialistas”, dice en un informe de febrero.

América en riesgo

Christophe Deloire, secretario general de RSF, alertó sobre el continente americano: “Si el debate político se desliza de manera abierta o subrepticia hacia un entorno de guerra civil, en el que los periodistas son tratados como chivos expiatorios, entonces la democracia está en gran riesgo”.

Nicaragua, El Salvador, Honduras y Venezuela fueron los países del continente americano que más descendieron en la clasificación de RSF con respecto al año anterior. Aunque permanecen en una zona de peligro, Cuba subió tres peldaños y México cinco.

Noruega está por tercer año consecutivo en el primer lugar de la lista, seguida por sus vecinos Finlandia y Suecia. El único país latinoamericano en ese primer grupo es Costa Rica.

Liberan a periodista Mario Peláez después de imputarlo por

 

EL PERIODISTA MARIO PELÁEZ, QUIEN SE ENCONTRABA DETENIDO desde el pasado 27 de febrero, fue liberado este domingo con régimen de presentación cada ocho días, luego de ser imputado por “instigación al orden público”.

La información fue suministrada por el Sindicato Nacional de Periodistas (SNTP) en su cuenta de Twitter, por donde había denunciado su detención y responsabilizaba al Gobierno por su integridad y la de sus acompañantes quienes fueron despojados de sus teléfonos celulares y fueron entregados al Sebin.
Junto al comunicador social fueron arrestados Juan Bautista Mata, Nilson Torres y Victor Cirios, cuando volvían de Colombia donde Peláez cubrió el fallido ingreso de ayuda humanitaria del pasado 23 de febrero. A estos ciudadanos les dictaron la misma medida sustitutiva.
El SNTP también denunció que después de 72 horas detenido “fue presentado en un tribunal con competencia en delitos económicos” y la jueza había declinado la causa, siendo llevado después a “un tribunal contra el terrorismo”, ante la misma jueza de la causa del diputado Juan Requesens.
“No hay nada en las actas que comprometa o vincule al periodista Mario Peláez con actos de terrorismo. Que sepa el mundo que Nicolás Maduro ensaya una nueva forma de acoso y silenciamiento contra la prensa”, escribió el SNTP en la referida red social antes de que fuera dictada la sentencia.

IPYSVE: Medidas de censura y agresiones han restringido el derecho a la información

DESDE LA MADRUGADA y hasta las 5:30 de la tarde del 23 de febrero, IPYS Venezuela registró 13 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales en Venezuela en el contexto de las movilizaciones y acciones del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, lideradas por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.

IPYS Venezuela, con el apoyo del Observatorio Abierto de Interferencia de Internet, recogió evidencias de tres bloqueos digitales que han ocurrido durante el día. Los usuarios de Cantv han tenido dificultades para acceder a las plataformas de YouTube y a las herramientas de Google, debido a las medidas de censura que comenzaron a ocurrir a partir de las 11 de la mañana. Se conoció que hubo una orden expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que también censuró el portal del diario colombiano El Tiempo.

Entre el 22 y el 23 de febrero proveedores privados y estatales, tanto de la red fija como móvil, han bloqueo de manera intermitente la plataforma de Facebook, y prohibieron el acceso a contenidos en las páginas ayudaylibertad.com, venezuelaaidlive.mdstrm.com y, venezuelaaidlive.com. Estas páginas fueron bloqueadas por orden expresa de Conatel, de acuerdo a la información que recibió IPYS Venezuela.

El ente regulador de telecomunicaciones también ordenó censurar a la Televisión Nacional de Chile de la parrilla de programación de Directv, que ofrece servicios de TV por suscripción en Venezuela. En horas de la tarde del mismo día 23, Conatel presionó a emisoras de Apure, estado fronterizo con Colombia, para prohibirles cubrir los conflictos de calle. El día anterior, este organismo bloqueó los canales NatGeo y Antena 3, desde Directv y los servicios televisivos de Movistar.

IPYS Venezuela ha registrado seis hechos de retenciones, robos y agresiones que afectaron a periodistas de medios nacionales y extranjeros que cubrían los hechos de conflictos en los estados Táchira, Lara, Zulia y el área metropolitana de Caracas. Estas acciones contra la prensa han sido dirigidas por grupos armados y/o cuerpos de seguridad del Estado.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exige que se garantice el derecho a la información de los ciudadanos, tanto en los entornos tradicionales como digitales, y recuerda que el acceso a la información y la expresión no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de emergencia, de acuerdo con los principios constitucionales.

Espacio Público: En enero de 2019 se registraron 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

 

LOS CASOS DOCUMENTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2019 que muestran violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados. En Venezuela hay una política de Estado, en la que concurren diversos poderes y autoridades para restringir la libre circulación de la información de las ideas.

La política estatal restrictiva se expresa en una recurrente descalificación de los medios y periodistas; ataques violentos impunes contra reporteros en las calles; violencia institucional con la apertura de procesos administrativos, judiciales y exhortos para prohibir a conductores de radio la cobertura de determinados temas.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de las diversas herramientas en momentos de alta tensión política y grandes manifestaciones en las calles. En estos momentos se aplican con mucha fuerza los diversos dispositivos restrictivos y se evidencia con claridad la naturaleza antidemocrática de la élite gubernamental.

La política restrictiva es acumulativa: las nuevas limitaciones se suman a las que impusieron en otros momentos. Por ejemplo se suman nuevos canales de TV internacionales a los que se les impide su difusión en las cableoperadoras, se suprimen medios regionales y se obliga a suspender programas de radio de opinión o informativos.

En enero de 2019 se registraron 69 casos, que se tradujeron en 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela; en su mayoría impedimentos de cobertura de calle, detenciones/retenciones arbitrarias y censura, a través de la prohibición o restricción en la difusión de información. De los 92 afectados(as), el 51% son periodistas y reporteros. Los datos revelan un incremento inusual para el primer mes del año, lo que indica un periodo de alto conflicto social y político. Los elevados niveles de represión en pocos días de manifestaciones, en relación a ciclos de protesta en años anteriores, multiplicaron las restricciones en la búsqueda y difusión de información.

Censura en Internet

Las últimas semanas de enero revelaron el alcance y la voluntad autoritaria del  gobierno, en una nueva fase de represalia contra quienes manifiesten públicamente su crítica o disenso. En este período hay decenas de personas asesinadas por cuerpos de seguridad que usaron armas de fuego en el contexto de manifestaciones.

Los sectores populares padecen las consecuencias de haber protestado en sus localidades: allanamientos, robos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Durante la noche las personas fueron testigos de gritos de rebeldía y hartazgo contra un gobierno intransigente, que ignora y criminaliza el clamor popular.  Hubo una arremetida desproporcionada de funcionarios civiles y militares contra zonas residenciales, que terminaron en daños a la propiedad privada, encarcelamiento o muerte.

La principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google los días de protestas contra Maduro. El 12 de enero bloquearon toda la enciclopedia Wikipedia ante una “guerra de edición” del perfil de Juan Guaidó, donde le colocaron el título de Presidente Encargado; y posteriormente tumbaron el Internet durante una declaración de Guaidó el 27 de enero.

El 21 de enero un grupo de efectivos de la GNB se rebeló contra Maduro tomando el comando ubicado en Cotiza, Caracas; en los videos que circularon por redes sociales se veía a uno de ellos pidiendo apoyo a la gente. Las personas que viven cerca del comando salieron a protestar apoyando a los militares, a pesar de ser una zona de bajos recursos sometida a la dependencia de los bonos de los programas sociales del Estado, como la caja de alimentos comprada a una mínima porción de su valor y distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La información circuló rápidamente por las redes sociales hasta que iniciaron las denuncias de bloqueos. La organización NetBlocks registró ese día restricciones de acceso a Twitter e Instagram principalmente aplicadas por Cantv, pero no excluyentes a otras operadoras. Las causas técnicas concuerdan con los controles aplicados para filtrar el contenido de Internet, mientras la ciudadanía buscaba información sobre la protesta y la posterior represión en Cotiza.

Días antes y sucesivos se registraron más bloqueos de redes, principales plataformas de transmisión de medios digitales, los únicos que difunden en vivo los hechos noticiosos, ante el silencio impuesto por la censura y autocensura en los medios tradicionales. En las últimas dos semanas de enero se registraron al menos tres bloqueos masivos (de dos o más redes), con sucesivas interrupciones, alternadas, que derivan accesos ralentizados.

El Estado vs. periodistas

El impedimento de cobertura o represalias contra reporteros por intentar buscar y difundir información se tradujo en 18 detenciones de periodistas locales y corresponsales internacionales. Las detenciones y las pretendidas requisas duraron 15 horas, algunos periodistas fueron esposados a sillas, sometidos a interrogatorios y revisión de equipos. Detenciones que en algunos casos constituyeron inicialmente desapariciones forzadas, al desconocerse los paraderos por varias horas. La falta de acreditaciones no fue una excusa pues los corresponsales de la agencia EFE ingresaron al país en condición de periodistas, y aun así fueron privados de libertad.

12 periodistas, locales y extranjeros fueron detenidos entre el 25 y 31 de enero; para un total de 20 reporteros y trabajadores de la prensa detenidos durante el mes de enero. Un docena de detenciones que representa el doble de personas privadas de libertad en un mes, en promedio, durante el 2017, el año con mayor cantidad de casos documentados desde 2002.

La escalada en la violencia contra periodistas se inició con la detención de Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, y Osmary Hernández de CNN, en las adyacencias de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), cuando reportaban la captura del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el domingo 13 de enero.

A medida que transcurrió el mes, el asedio a la prensa continuó, impidiendo que se reportara lo que estaba ocurriendo. El 26 de enero, el periodista chileno, José Antonio Mene fue amenazado por efectivos militares que resguardan los alrededores del Palacio de Miraflores, cuando éste recogía testimonios de simpatizantes del gobierno que se encontraban en la vigila convocada por Nicolás Maduro. Mene denunció a través de su cuenta en Twitter que funcionarios de la Fanb, lo amenazaron con retenerle el pasaporte a pesar de que no había comenzado a grabar.

El punto más álgido se vivió entre el 30 y 31 de enero, cuando un total de 12 trabajadores de la prensa fueron detenidos mientras realizaban trabajo periodístico en distintos sucesos.  Rodrigo Lópes, enviado especial del Grupo RBS de Brasil, Maiker Yriarte (TV Venezuela) y Ana Rodríguez (VPI Tv), los chilenos, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de la Televisión Nacional de Chile (TVN), el fotográfo, Leonardo Muñoz, el motorizado, José Salas,  la periodista colombiana, Mauren Barriga, el español Gonzalo Domínguez, todos empleados de la agencia internacional EFE y los franceses; Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, junto al venezolano Rolando Rodríguez, fueron víctimas de tratos crueles inhumanos mientras permanecieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado.

Cobertura limitada

Encender la radio o la televisión para informarte mientras preparas el desayuno, arreglas la casa, vas o vienes del trabajo son rutinas que han perdido sentido en la cotidianidad venezolana pues la información no circula por los canales de más fácil y extendido acceso. Las emisoras de radio y los canales de televisión nacional abierta están sometidos a una coerción institucional sistemática; medidas administrativas formales o informales que afectan el normal y libre desempeño de los medios de comunicación.

Estas acciones derivan en el cierre de espacios, la supresión de contenidos políticos, las variaciones de las líneas editoriales tras los exhortos, llamados o incluso sanciones de Conatel, que genera inhibición por temor en aquellos que aún se mantienen al aire. Por ejemplo, las noticias y análisis sobre la concentración que convocó el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para el 23 enero no pudieron escucharse en la radio, ni verse en la televisión.

La televisión abierta conserva una programación noticiosa, sin embargo perdió la prontitud e inmediatez que caracterizó a la cobertura de noticias. No se realizan  transmisiones en vivo, lo que resta una de las cualidades de mayor relevancia para el interés de las audiencias, esto se suma a las serias limitaciones en la variedad y novedad de otros tipos de contenidos (educativos, culturales o entretenimiento en general).

La fuente política es una de las más afectadas. Se priorizan los discursos y posturas oficiales o de altos funcionarios, respecto a otros sectores, específicamente frente a figuras de oposición, aun cuando estos lleven a cabo movilizaciones masivas o pronunciamientos de valor noticioso. En la mayoría de los casos, las movilizaciones opositoras no cuentan con coberturas inmediatas o continuas, que permitan seguir el curso de los acontecimientos.

La censura no sólo obstaculiza el derecho a estar informado, sino que le impide al ciudadano tomar otras decisiones, como por ejemplo si va o no a salir de su casa, la ruta que tomará al buscar a su hijo al colegio, entre otras. Pero no sólo la esfera particular se ve afectada, los medios de comunicación también fueron víctimas de la hegemonía comunicacional que desde 2008 es intención y práctica de quienes ejercen el poder.

Una semana antes de la primera jornada de protestas masivas que convocó el actual líder del hemiciclo, Juan Guaidó, afirmó que Conatel había prohibido mencionar su nombre en los medios de comunicación, razón por la cual perdió varias entrevistas; lo que ocurrió siete días después confirma la presión por invisibilizar la ruta propuesta por la AN ante la crisis política que vive el país.

El 31 de enero, Espacio Público realizó un monitoreo de cobertura en medios tradicionales, radio FM y televisión nacional abierta con noticieros regulares, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 pm, durante el desarrollo de una manifestación opositora convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Tradicionalmente, los noticieros se transmiten en tres cortes diarios, entre ellos la emisión meridiana que puede variar entre las 11:00 am y la 1 de la tarde. De 378 consultas cada 15 minutos en 42 emisoras del circuito FM, solo en dos oportunidades se estaba haciendo cobertura de la movilización opositora. A nivel de televisión, de los cinco canales monitoreados y 45 consultas realizadas, en una se hizo referencia al evento de oposición.

Existe cobertura de fuentes alternas al oficialismo pero no son reseñadas al momento o durante su desarrollo. Aun así, el tiempo para las transmisiones, horas después de los hechos, es corto en comparación con las fuentes oficiales que, además de la cobertura directa del medio, cuentan con la retransmisión del canal del Estado. Esto deriva en una especie de “autocadena”, en la que medios de señal abierta se unen a la señal del canal estatal, incluso por períodos prolongados en términos del tiempo promedio de notas periodísticas audiovisuales.

En el estado Zulia, al occidente del país, funcionarios de la DGCIM y el SEBIN rompieron todo lo que pudieron a su paso el 23 de enero mientras “retiraban” los transmisores de Global TV y Aventura TV. Desde los medios se transmitió la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado; así como las incidencias de las manifestaciones de oposición que se dieron el 23 de enero. Los funcionarios también destruyeron las conexiones a internet y se robaron varios equipos, lo que dejó fuera del aire al canal Aventura TV, que funcionaba en la misma oficina.

Nueve medios o programas salieron del aire en un mes, lo que supera el total de cierre de medios en 2014 (6), así como los cierres mensuales en promedio, durante el 2017 cuando desaparecieron 61 medios de comunicación. Estas cifras incluyen la salida del aire del espacio radial que César Miguel Rondón dedicaría a revisar lo acontecido el 23 de enero, irregularidad que llevó al comunicador a retirarse del programa cinco días después por “censura pura”.

En un ecosistema de medios con estas severas restricciones toda reducción tiene una mayor relevancia ante las escasas posibilidades para acceder a la información. A pesar de ello la sociedad genera mecanismos alternos de comunicación para desplegar el ejercicio de otros derechos como el de asociación o el de manifestación, lo que se hace evidente en la gran capacidad de movilización que se observa en las recientes marchas y concentraciones en contra de Maduro.

Esto dijo Nelson Bocaranda a su regreso a la radio

 

 

ESTIMADOS RADIOESCUCHAS:

Más de 20 años en los circuitos de Unión Radio contando con su confianza me obligan a ser muy sincero con ustedes ante la situación tan negativa que hoy tenemos por parte del gobierno venezolano contra las libertades constitucionales de todo tipo, incluyendo la Libertad de Expresión e Información.

En el caso mío han conllevado hasta el secuestro de mi pasaporte hace ya más de cinco meses por parte de un gobierno cobarde que no me ha dado la cara a pesar de mis insistentes visitas al SAIME.

La censura que el gobierno de maduro impone a los radiodifusores nos obliga a ser muy cautelosos en nuestras palabras pues regímenes así se valen de cualquier desliz en una de sus prohibiciones para cerrar medios y dejar sin empleo a miles de personas que dependen de nuestro trabajo.

Entendiendo la necesidad de comunicarles información privilegiada, información y noticias de nuestros colegas compañeros en la radio como siempre hemos venido haciendo. No podemos hablar en cuti ni en Papiamento, mucho menos por señas a no ser que sea por Skype. Debemos ignorar los acontecimientos de los últimos días y sobretodo lo que tenga que ver con las acciones y trabajo de los diputados demócratas.

Sin embargo haremos los esfuerzos para seguir informando pues a Ustedes nos debemos.

Sabemos que nos disculparán y que volveremos a poder hablar como siempre lo hemos hecho.

Gracias de nuevo a Ustedes y a nuestros compañeros en Éxitos.

Humano Derecho: con Amado Vivas, representante de Espacio Público

 

 

¿QUÉ DELITOS SE LE IMPUTAN A PEDRO JAIMES? ¿Cuál es el estado del caso de Carlos Varón y Ricardo Prieto? ¿Por qué es importante difundir, documentar y denunciar a través de las redes sociales? Estos y otros temas los estaremos conversando con Amado Vivas, representante de Espacio Público, una asociación civil que tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social.

“El 10 de mayo lo detiene el SEBIN, a los 2 días lo presentan en tribunales y ahí le establecen como prisión preventiva el Centro Penitenciario Yare; sin embargo lo trasladan al Helicoide y lo desaparecen durante 33 días, es decir, desde 12 de mayo hasta el 15 de junio… durante su desaparición funcionarios del SEBIN lo golpearon, causándole fracturas en las costillas. Pedro Jaimes no ha recibido atención médica”

En la primera pausa del rock escucharás la banda Síndrome y su canción “Estúpidas Máquinas de Video”, seguido del tema  “Drogadicto” de la banda Colectivo Caótico, y finalmente escucharás el tema “Conciencia” de la banda Chamarras Negras; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar.  Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com