Mientras los focos de explotación de oro proliferan en el sur del país e incrementan las zonas deforestadas o degradadas, en el Lago de Maracaibo la eutrofización –exceso de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático– continúa causando estragos y aleja a pescadores, deportistas y turistas.
En contraposición, otros venezolanos inclinan la balanza en favor de lo ambiental: se esfuerzan por salvar a animales en extinción o crean iniciativas que permitan investigar el uso de los suelos y las aguas en el país.
@loremelendez para Mongabay
Dos fotografías satelitales condensan dos de las deudas ambientales más graves de Venezuela en 2023. Una es la del lago más grande de América Latina, el Lago de Maracaibo, con aguas que se tornaron verdes en medio de la contaminación que lo sobrepasa. La otra, la del cerro Yapacana, en el parque nacional del mismo nombre, donde la explotación de oro continúa por encima de cualquier ley, pese a las repetidas incursiones militares del gobierno de Nicolás Maduro en esta zona. Ambos casos están vinculados a las industrias extractivas del país y se desarrollan sin ningún tipo de control.
A pesar de estas realidades, el gobierno venezolano asistió a la Cumbre Amazónica para dictar cátedra sobre lo que se debe hacer para proteger a la Amazonía sin mencionar el grave problema ambiental.
En tanto, Estados Unidos levantó las sanciones comerciales que pesaban sobre funcionarios e individuos conectados con la administración de Maduro, incluso aquellas que tienen que ver con las compañías petroleras y mineras del Estado, lo que podría significar un enorme riesgo para el ambiente.
Pero en 2023 también hubo espacio para las buenas noticias. El país ya cuenta con Mapbiomas Venezuela, una plataforma multitemporal que se actualizará cada año, y que reúne series históricas de mapas anuales de cobertura y uso del suelo, así como de agua, a partir de 1985. En una nación sin datos, esta información es clave.
“La idea es que se use para monitoreo y planificación y que se utilice para diseñar políticas públicas y como una herramienta de veeduría de la sociedad civil”, indica Tina Oliveira, coordinadora de Sistemas de información Socioambiental de Wataniba, una de las organizaciones que participó, junto a Provita, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental (LSIGMA) de la Universidad Simón Bolívar, en la creación de la herramienta.
Otra nota positiva de 2023 con foco ambiental es que las iniciativas para salvar al Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), en peligro de extinción, hicieron posible una alianza con el Zoológico de Dinamarca para que hasta allí se trasladaran siete ejemplares de la especie, con el objetivo que sus crías retornen al cabo de unos años a su hábitat natural. Estos y otros temas son parte del balance ambiental de Venezuela de este año.
Lo malo: minería ilegal en expansión versus incursiones militares
Aunque desde finales de los años 80 se tienen reportes de minería artesanal en Yapacana y se dio cuenta de un repunte de la actividad entre 2012 y 2014, no fue sino en 2019 cuando investigadores de SOS Orinoco confirmaron que la explotación estaba en manos de la guerrilla colombiana del ELN, y también de las disidencias de las FARC, quienes actuaban en complicidad con diversos componentes de la Fuerza Armada venezolana.
“En los últimos meses se ha incrementado la actividad, ya en los siete municipios de Amazonas hay focos de minería”, asevera el líder indígena baniva Eligio Da Costa, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA). Acotó que, a los puntos mineros que causan deforestación, se suman aquellos que están dentro de las aguas: las balsas de explotación fluvial que socavan los lechos de los ríos para extraer oro, como ocurre en el río Atabapo, al sur del estado.
“Es una actividad que destruye los territorios, la biodiversidad, la fauna, y genera consecuencias en nuestra cultura porque influye en nuestras actividades tradicionales. Siempre hemos mantenido esa convivencia sana con la naturaleza, pero la minería va más rápido que los procesos organizativos de nuestros pueblos”, señala.
El pasado 13 de septiembre de 2023, justo cuando se conmemora el Día de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se produjo un operativo armado de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en la mina “Cacique”, en el Parque Nacional Yapacana. Se habló de varios muertos y heridos, circularon fotos de personas ensangrentadas, se dijo que los afectados fueron trasladados a un hospital en la frontera Colombiana, pero desde el gobierno solo hubo silencio.
La incursión militar fue parte de la Operación Autana que, desde diciembre de 2022, ha desarrollado redadas para “erradicar” la minería ilegal en un estado donde, por decreto está prohibida la actividad extractivista. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos ambientales y de las comunidades indígenas indican que el número de yacimientos continúa en expansión.
De acuerdo con información satelital divulgada por la organización Wataniba, solo en los territorios de los pueblos ye’kwana y sanema, en los municipios Alto Orinoco y Manapiare, hay 70 focos de minería ilegal que han deforestado 934 hectáreas. El problema ambiental, según la misma organización, se aceleró en medio de la pandemia.
En mayo, otro incidente ocurrido en Amazonas generó alarma. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), G/J Domingo Hernández Lárez, informó que la noche del 28 de mayo, un puesto de la Fuerza Armada Nacional fue atacado “con arcos y flechas” por indígenas que reclamaban la incautación de un cargamento de comida y de materiales para la explotación del oro que abastecería las minas ilegales de Yapacana.
Adicionalmente, los yanomami, otro pueblo indígena que vive en los estados Amazonas y Bolívar de Venezuela, también están asediados por la minería. En un reportaje publicado por Mongabay Latam, expertos detallaron que la dependencia de los indígenas por los productos industrializados ha impulsado que dejen sus conucos y se vayan a trabajar en las minas. La malaria que los afecta, vinculada directamente con la actividad extractivista, así como otras enfermedades como el sarampión, apenas son atendidas por los precarios servicios de atención sanitaria del país. Esa misma realidad se repite al menos en 38 pueblos indígenas del sur de Venezuela, de acuerdo con una publicación de Mongabay de septiembre pasado.
Lo feo: el “monstruo verde” del Lago de Maracaibo
Durante los últimos cinco años, el Lago de Maracaibo, repleto de torres, tuberías y balancines de la empresa petrolera venezolana, no ha dejado de ser noticia. A sus aguas, cargadas de derrames de hidrocarburo, eutrofización (exceso de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático), aves manchadas de negro y peces contaminados, llegó en 2023 un huésped que, según la Fundación Azul Ambientalistas, ocupó en julio pasado el 70% de su superficie: la cianobacteria Microcystis. Esta bacteria es una microalga estudiada por científicos del Laboratorio de Microbiología Agrícola del Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia (LUZ), que hizo que el cuerpo de agua del lago se tornara verde, y que así se viera desde el espacio.
La presencia del “verdín”, como se le conoce popularmente, además de teñir las aguas y volverlas más densas, causó la muerte de distintas especies de fauna y alejó a pescadores y a quienes practican allí deportes acuáticos a diario. El Concejo Municipal de Maracaibo declaró la emergencia del Lago a mediados de julio y exhortó a PDVSA, la compañía estatal petrolera, a cesar los derrames y ocuparse de su limpieza. Solo en el primer semestre del año se registraron 23 derrames en este cuerpo de agua, además de otros 21 en seis estados del país.
Además de los derrames, hay basura que se vierte directamente en el Lago y otra que llega desde los ríos que lo alimentan, así como aguas servidas que se depositan en su cauce. Para el ingeniero agrónomo y director de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo (ACLAMA), Ausberto Quero, el grave problema social y ambiental es que aunque se hagan limpiezas, jamás se atacan las causas que tienen a este cuerpo de agua en su peor momento.
“Los sistemas de recolección municipal no están funcionando porque no hay suficientes camiones recolectores de desechos y las frecuencias con las que hacen su trabajo son muy bajas”, advierte Quero, quien explica que las comunidades zulianas que viven a orillas de las quebradas lanzan basura a estas y desde allí se va al Lago.
“Y eso pasa en todos los poblados, no solo de Zulia, sino también de toda la cuenca del Lago, que son los estados Trujillo, Táchira, Mérida y parte de Lara, además de los desechos que vienen del lado colombiano a través de la cuenca del río Catatumbo”, detalla.
A este cóctel que acelera la eutrofización, se añaden los fertilizantes usados en la industria agroalimentaria del Zulia, una de las más importantes de Venezuela. El nitrógeno, producto de esta actividad, también va a parar a las aguas del Lago.
Aunque desde el Ejecutivo venezolano se ha hablado de soluciones a esta crisis, poco se ha hecho para remediarla. Quero, también miembro de la junta directiva del Colegio de Ingenieros del estado Zulia, recuerda que la alerta del “verdín” obligó al Estado a prometer un plan de muestreo de las aguas de todo el Lago. Esto permitiría monitorear el balance de los nutrientes presentes en el cuerpo de agua. Hasta ahora no se ha mostrado ningún resultado.
“No hay un seguimiento, no hay un programa, no hay un cronograma que nos determine cuándo vamos a empezar a ver algunos resultados. Lo que sabemos, hasta ahora, es que hay intentos de reactivar los sistemas de tratamiento de las aguas. Se han limitado, básicamente, a limpiar las costas”, asevera el experto.
Lo político: el “reacomodo” ambiental en la Cumbre Amazónica
La ausencia de Nicolás Maduro durante la Cumbre Amazónica, convocada en agosto por el presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, llamó la atención durante 2023. La versión oficial fue que una otitis impidió al mandatario venezolano acudir a la cita donde se encontrarían los líderes de los ocho países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). En su lugar, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, encabezó la delegación venezolana que dio a conocer las “líneas estratégicas” diseñadas por Maduro para actuar en la defensa del bosque húmedo tropical más grande del mundo.
Su primera propuesta fue declarar “la emergencia regional de los países amazónicos”, por los problemas que afectan a la cuenca amazónica. Por otro lado, pidió la conformación de una “fuerza de tarea ambiental” de los países de la OTCA, que Maduro considera clave para que ministros y funcionarios de los distintos gobiernos se encuentren y organicen.
El documento presentado por Venezuela incluyó la promoción de un plan de deforestación cero, así como un programa de reforestación y la creación del banco de semillas amazónicas. Pero son proyectos que van en contraposición a lo que ocurre en el país. El informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021”, de la organización Clima21 ––especializada en la defensa de derechos humanos ambientales–– confirmó la alta tasa de deforestación que existe en la nación, una tendencia que se aceleró en los últimos años.
De acuerdo con el informe, cinco estados concentran el 57% de la deforestación nacional. En dos de estos, la minería ilegal se ha impuesto como la economía de la zona.
Entre las propuestas de Maduro, también se busca promover la apertura de un Centro de Investigación Amazónico, la creación de un cuerpo amazónico para el combate de incendios forestales y el lanzamiento de un satélite que permita el monitoreo remoto de toda el área.
Sin embargo, ninguna propuesta tuvo un eco concreto en los más de 100 objetivos acordados en la Declaración de Belém que dio por finalizado el encuentro. Rodríguez habló de la necesidad de “erradicar” la minería ilegal sin señalar cómo hacerlo. En su lugar, apoyó la adopción de “prácticas mineras responsables”. De acuerdo con un informe de 2016 de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la minería produce más del 80% del oro que se extrae en el país.
El comentario de la vicepresidenta sobre la minería ilegal en la Cumbre de la Amazonía es un reflejo de “los reacomodos que se han visto desde los últimos meses” en el país en materia ambiental, considera el sociólogo, investigador y fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Emiliano Terán Mantovani. Para él, las incursiones militares que emprendió el gobierno venezolano dentro de su territorio amazónico contra los yacimientos comandados por organizaciones criminales o grupos de la guerrilla colombiana, le dieron base a la funcionaria para fustigar la minería ilegal.
Un mes antes de la Cumbre, prosigue Terán Mantovani, ya Venezuela se había anotado una pequeña conquista: los primeros pasos hacia la obtención de un financiamiento de la Global Gateway, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar económicamente proyectos que promuevan la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad en diversos sectores. Los fondos buscan reducir las emisiones contaminantes de metano que se desprenden de los pozos petroleros inactivos y lograr que estos se conviertan en gas natural que se exportaría a Europa y que combatiría la escasez del recurso que sufre el bloque desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Lo preocupante: levantamiento de sanciones sin foco ambiental
La Global Gateway es una de las primeras puertas que se abrió al gobierno de Nicolás Maduro previo al levantamiento de sanciones de Estados Unidos. Estas sanciones fueron una serie de medidas dictadas a partir de 2014 por el gobierno norteamericano para restringir las actividades comerciales de funcionarios y aliados del presidente venezolano – y que posteriormente abarcó a la industria petrolera y minera– debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y a sus vínculos con la corrupción y delitos transnacionales. La decisión de levantar estas medidas implica el retorno de las relaciones comerciales y financieras de los afectados con compañías de ese país.
Poco después de tomada esta decisión, la Unión Europea acordó también la flexibilización de las restricciones impuestas a Venezuela, lo que permitirá a agencias y organizaciones de derechos humanos internacionales transar pactos con los sancionados sin que se considere delito.
Estas disposiciones no aseguran un panorama favorable para los recursos naturales del país, según Terán Mantovani. “En el caso petrolero, todo depende de los tipos de acuerdo que se están desarrollando (…) Las licencias con Chevron son concesiones bastante favorables a las empresas extranjeras con un nulo control ambiental”, afirma el sociólogo.
En cuanto del oro, tampoco hay buenas expectativas. Para SOS Orinoco, organización que documenta las consecuencias de la industria extractivista en la Amazonía, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Minerven, la estatal minera venezolana, podría permitir la entrada de empresas y refinadoras de oro foráneas, así como el establecimiento de relaciones comerciales formales que profundicen la destrucción ambiental en el Arco Minero de Orinoco en 2016.
“Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y los refinadores de oro serios no tienen ninguna manera de fiscalizar ni saber qué ocurre dentro de Minerven. El régimen utilizará a Minerven como un embudo para canalizar por allí todo el oro que seguirán sacando de áreas protegidas, utilizando mercurio ilegal y violando DDHH y derechos ambientales”, apuntó la organización en el mismo mensaje.
Para Terán Mantovani, “al estar (el gobierno) tan endeudado y desesperado por mayor captación de fondos, prácticamente no hay ningún requerimiento sobre lo ambiental”.
Lo bueno: el esfuerzo ambiental por salvar las especies y preservar la memoria
En enero de 2023, siete caimanes del Orinoco (nombre científico) emprendieron el que es, hasta ahora, el viaje más largo de sus vidas. Desde el Hato Masaragual del estado Guárico, en el corazón de los llanos centrales venezolanos, hicieron una travesía hasta el zoológico de Cocodrilos de Dinamarca, a una hora de Copenhague, en cajas especiales que los trasladaron por tierra y aire. El acuerdo es que, tras reproducirse, sus crías regresarán a Venezuela.
El responsable de toda la expedición ambiental fue Álvaro Velasco, biólogo venezolano que lleva décadas de trabajo en la preservación de esta especie en Peligro crítico de extinción, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Velasco preside también el Grupo de Especialistas de Cocodrilos de Venezuela que, junto a la Fundación para el desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas y naturales (Fudeci), lideraron el proyecto.
Esta no es la única iniciativa en el país que protege a la especie. Hatos y reservas de fauna se ocupan de que las crías de los caimanes —que en realidad son cocodrilos, pero se les conoce así en Venezuela y Colombia— sobrevivan al menos durante su primer año de vida para luego reinsertarlas a la vida silvestre. En mayo, el Zoológico Leslie Pantin de Turmero, en el norteño estado Aragua, liberó a 160 ejemplares en el Hato Masaragual. En 2024, espera hacer lo mismo con más de 200 gracias a que el Zoológico de Indianápolis, en Estados Unidos, les donó siete tanquillas de levante o estanques de crianza que aumentaron la capacidad de conservación de estos reptiles.
“Lo ideal es que estas crías, al año, cuando las estemos liberando, midan más de 80 centímetros (…) Un animal que tiene ese tamaño, y que pesa alrededor de tres kilos y hasta cuatro kilos, puede tener mucha más oportunidad de vivir porque se va a disminuir la cantidad de depredadores que se lo pueden comer”, relata el veterinario Federico Pantin, quien dirige el Zoológico Leslie Pantin.
Hay quienes dedican sus esfuerzos a otras especies mucho más pequeñas que también están en peligro de extinción. Es el caso de Margarita Lampo, zoóloga, herpetóloga e investigadora emérita del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, quien se ocupa de dirigir acciones que protejan el hábitat del sapo arlequín de Rancho Grande (nombre científico) , un anfibio endémico de Venezuela amenazado por un hongo, y al cual se busca reproducir en laboratorio para salvarlo. Otros, en cambio, preservan la memoria, como los investigadores Oscar Miguel Lasso-Alcalá e Ivan Mikolji, quienes intentan salvar la colección de 705 ejemplares de peces de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, en Caracas, al tiempo que evalúan el estado de conservación de otras 90 especies para la Lista Roja de la UICN.
