Justicia y Paz

“El Conejo”, “Wilmito” y el “El Koki” han muerto de forma violenta luego de disfrutar de beneficios 

Desde hace una década, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha venido denunciando la presencia de pranes en las cárceles del país.

Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso de estas observaciones por parte de la ONG que se caracteriza por estudiar el tema carcelario.

De acuerdo con un comunicado del OVP “es una práctica común que después de la toma de los penales, los pranes, luceros y lugartenientes, gozan de libertad durante algún tiempo porque logran fugarse y luego son ejecutados en presuntos enfrentamientos con organismos policiales”.

Luego de la incursión en Tocorón el pasado miércoles 20 de septiembre, el Ministerio para Interiores, Justicia y Paz emitió una alerta de búsqueda en contra de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo líder de la cárcel de Tocorón y del Tren de Aragua.

Guerrero, quien estaba en Tocorón, se escapó del penal junto a sus lugartenientes antes que llegaran los funcionarios que participaron en el operativo denominado “Cacique Guaicaipuro”.

Tras la fuga, se emitió una alerta de captura internacional a través de la Interpol y gobiernos como los de Perú ofrecieron una suma en dólares por noticias sobre su paradero.

Humberto Prado, director del OVP, considera que Guerrero podría enfrentar dos escenarios: “Refugiarse en otros país o morir en un presunto enfrentamiento con cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela”. 

“El Koki hizo y deshizo ante la mirada inerte del Estado, incluso era un secreto a voces que se encontraba refugiado tras los barrotes de Tocorón, pero finalmente fue ejecutado en un procedimiento policial”, alertó la OVP en su comunicado.

Carlos Luis Revete, mejor conocido como “El Koki”, falleció en un operativo para liberar la Cota 905 al oeste de Caracas, zona que era liderada por su banda dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro, robo y homicidios. Revete era además aliado del “Tren de Aragua”.

Una muerte similar tuvo Teófilo Alfredo Rodríguez Cazorla, conocido como “El Conejo”, quien fue pran del Internado Judicial de San Antonio en Nueva Esparta y además líder del cartel Tren del Pacifico.

La situación de “El Conejo” era conocida por la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, a quien se vio posando para una foto en una cama junto al pran dentro del internado.

“El Conejo” también resultó muerto a tiros cuando salía de un club nocturno en Porlamar. El Gobierno nunca explicó cómo un recluso se encontraba en la calle disfrutando en un local privado.

Igualmente, Wilmer José Brizuela, alías “Wilmito”, murió abaleado dentro de la cárcel de Tocorón.

“Wilmito” fue pran de la cárcel de Vista Hermosa en el estado Bolívar y en Tocuyito en Carabobo, donde vivía rodeado de lujos y armamento de alto calibre.

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UN RECIENTE ANUNCIO GUBERNAMENTAL sobre la supuesta reducción de los homicidios en la capital de Venezuela genera dudas en la transparencia en el manejo de las cifras oficiales y oculta el incremento de las muertes a manos de la fuerza pública.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, anunció el 11 de octubre que los homicidios en Caracas tuvieron “una reducción importante de 35,4%” en 2017, sin dar más detalles, según reportó El Universal.

El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, que cada año registra los homicidios que ocurren en Venezuela, analizó algunos factores que ponen en duda la versión oficial sobre la reducción de homicidios en Caracas, considerada la capital más violenta del mundo según la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Justicia y Paz.

1. Los policías matan más
La supuesta reducción de los homicidios en la capital de Venezuela, segunda en el ranking de las ciudades más violentas en 2017, es poco probable sin la implementación de una política de seguridad articulada desde el gobierno, justamente cuando este país atraviesa una severa crisis social y económica.

“Lo que ha variado es la composición interna de los homicidios. Han disminuido los homicidios. Pero han aumentado los casos de resistencia a la autoridad en algunas entidades (estados)”, aseguró Roberto Briceño León a InSight Crime.

Briceño León advierte que en la data recogida por el OVV se observa un incremento en los casos de resistencia a la autoridad (homicidios a manos de fuerza pública) y ejecuciones extrajudiciales, aunque no tiene cifras consolidadas aún. “Hay regiones donde la policía ha matado a más personas que los mismos criminales”, dijo el experto.

Datos de Monitor de Víctimas (un observatorio que lleva un registro de las víctimas de homicidios ingresadas a las morgues de Caracas) apuntan en la misma dirección: entre mayo (cuando se creó el observatorio) y diciembre de 2017 hubo 374 casos de resistencia a la autoridad, equivalente a 30 por ciento del total de homicidios registrados en Caracas en el lapso de nueve meses (1.242); mientras que en los nueve meses transcurridos entre enero y septiembre de 2018 habían contabilizado 481 casos de resistencia a la autoridad, con un incremento de 13 por ciento, lo que significa que la fuerza pública es responsable de 43 por ciento de los homicidios ocurridos en Caracas. Pero además esta cifra llegó a 57 por ciento durante los últimos cinco meses, reveló Juan Mejía, uno de los coordinadores del observatorio. En pocas palabras: los policías y militares están matando más que los criminales.

2. Datos no confiables
Desde 2012 el gobierno de Venezuela no ofrece información oficial sobre los delitos que ocurren el país. Algunas filtraciones de estadísticas del Ministerio de Relaciones Interiores muestran que desde el primero de enero hasta el 14 de octubre de 2017 se registraron 982 homicidios en Caracas, mientras que en el mismo período de 2018 la cifra fue 635, lo que da como resultado una reducción similar a la anunciada por Reverol.

Sin embargo, Briceño León advierte que estos números deben ser revisados con detenimiento.

“Tomemos con mucho cuidado esos datos. Por ejemplo, en el estado Lara (un departamento en la región centroccidental del país) nuestros registros de prensa son superiores a los datos que están en la filtración del ministerio. Es decir no tenemos confianza en esos datos, aunque esa es la data oficial que ellos están manejando, Debemos verla con cuidado”, aseguró el experto a InSight Crime.

3. El espejismo de la migración
Con la migración masiva de venezolanos, que sobrepasa los 2,3 millones de personas según la Organización Internacional de Migrantes, el número de habitantes del país ha disminuido y esto puede reflejarse en una supuesta reducción de los homicidios.

Sin embargo, debido a que no se tienen datos precisos de esa migración por estado es posible que esa supuesta reducción de los homicidios no sea real. “Puede que haya bajado el número de homicidios, pero no la tasa. Con la migración los homicidios pueden ser menos en términos absolutos, pero no en comparación con la tasa. La disminución de la población implica un ajuste en la tasa de homicidios”, explicó Briceño León.

Según el OVV, en 2017 Caracas tuvo una tasa de 109 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes que tiene la región, mientras que Venezuela cerró 2017 como el país con la tasa de homicidios más alta del mundo.

4. Más morgues, menos víctimas
Desde el segundo semestre de 2017 el gobierno abrió cuatro nuevas morgues en hospitales de Caracas, con el supuesto objetivo de descongestionar la morgue de Bello Monte, que era la única medicatura forense que había en la ciudad.

Sin embargo, esta medida necesaria impide llevar un registro preciso de los homicidios que ocurren en la capital. “Nos hemos percatado que hay un subregistro importante de homicidios, pues no todos los asesinatos se están registrando”, precisó Briceño León.

A los reporteros de la fuente policial se les impide el acceso a estas morgues y a los familiares de las víctimas se les impide dar declaraciones a la prensa.

5. Desplazamiento del delito
El director del OVV sostiene que el auge delictivo en Venezuela ha implicado una especie de toque de queda voluntario. En ciudades como Caracas muchos evitan estar fuera de sus casas después de las 6:00 pm por temor a los delincuentes y por las dificultades de movilidad que tiene la ciudad.

“Esto ha hecho que los delitos se desplacen hacia otros lugares y oportunidades”, explicó Briceño León, quien agregó que “en los últimos meses se han registrado asesinatos en lugares que antes eran impensables, como zonas de playa y de esparcimiento”.

El experto concluyó: “Aunque el gobierno asegura que han bajado las cifras de homicidios, los indicadores que tenemos de este 2018 demuestran que los homicidios no han disminuido”.

Aura Pérez, tía del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Oscar Pérez, acudió la tarde de este miércoles, 17 de enero, a la sede principal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Bello Monte, para pedir la entrega del cadáver de su sobrino, quien murió en manos de las fuerzas de seguridad del Estado al ser sorprendido y atacado en un chalet de El Junquito donde se escondía.

«Yo necesito entrar a ver a mi sobrino y que me lo entreguen para darle cristiana sepultura», dijo la pariente del hombre que en junio pasado robó un helicóptero policial para lanzar granadas sonoras a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ambas en Caracas. En diciembre, Pérez y un grupo de hombres asaltaron un cuartel de la Guardia Nacional en Los Teques y se llevaron varios fusiles con el fin de armar a la resistencia en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

«Él fue un niño bien estudiado y bien preparado, y buen padre (…) Ya yo tengo dónde se va a enterrar y todo, pero necesito el cuerpo de él», declaró a los medios de comunicación minutos antes de atravesar una de las alcabalas que la GNB levantó en los alrededores de la morgue desde que llegaron hasta allí los cadáveres de Pérez y sus seis compañeros.

Los diputados Winston Flores y Delsa Solórzano, miembros de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso, estaban en el sitio e intentaron entrar con la tía del ex inspector. Pero los uniformados no los dejaron.

Mientras esto pasaba se difundió un un video en el que la madre de Óscar Pérez pide a las autoridades que le den en cuerpo de su hijo.

pic.twitter.com/DOaShEOuc9

— Dana Vivas (@danavivasVzla) 17 de enero de 2018

A la morgue también arribaron, en horas de la tarde, la madre y la hermana de Abraham Agostini Agostini, de 33 años de edad, quien también resultó muerto en la operación. Este martes, 16 de enero, acudieron hasta allí amigos del hombre que en vida fue miembro de Poliaragua y de la Fuerza Armada. Estaban a la espera de que los familiares se presentaran en el lugar.

POR SEGUNDA OPORTUNIDAD EN POCO MÁS DE UN MES, este jueves 28 de diciembre de 2017 las autoridades policiales realizaron una requisa en el retén de Polimérida ubicado en el sector Glorias Patrias de la ciudad de Mérida, estado Mérida, al occidente de Venezuela.

En la requisa fueron incautadas 25 armas blancas, conocidas como “chuzos”,  un envoltorio de presunta droga y cuatro pipas de fabricación carcelaria, usada para el consumo de estupefacientes.

La inspección en la Sección de Registro y Control de Detenidos del Comando general de Polimérida, como se le conoce al retén de Glorias Patrias, fue realizada por aproximadamente 200 funcionarios policiales y contó con la presencia del defensor Delegado del Pueblo, José Luis Colmenares.

No se conocieron denuncias de familiares de presuntas violaciones de Derechos Humanos a los privados de libertad durante la inspección.

Esta es la segunda requisa que se realiza en 42 días en el Centro de Detención Preventiva (CDP) donde hay un hacinamiento del 300% y lo realizó el cuerpo policial intervenido por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde el pasado mes de octubre de 2017.

La operación la realizaron en aproximadamente tres horas y las imágenes del retén dejan ver las condiciones en las que permanecen los privados de libertad, ya que se observan hamacas guindadas muy cerca del techo una sobre otra, hacinamiento que han denunciado en reiteradas oportunidades familiares de los privados de libertad.

Según el comandante de Polimérida, General Ender Chacón, el operativo se realizó en todos los retenes que tiene la institución policial “para mantener la paz y buena convivencia de los reclusos y la tranquilidad de estos recintos”.

Con información de Acceso a la Justicia 

Los ministerios de Relaciones Exteriores y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, excluyeron a la República de Panamá del listado de países beneficiados con la Supresión de Visas de No Migrantes en Pasaporte Ordinarios.

Recientemente, la nación panameña comenzó a exigir visa estampada a todos los venezolanos para ingresar a partir del 1 de octubre.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que es una medida que se mantendrá hasta que mejoren los problemas políticos en Venezuela.

En Gaceta Oficial N° 41.257 de fecha 16 de octubre de 2017, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE SOBERANÍA POLÍTICA, SEGURIDAD Y PAZ

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Wolfgang López Carrasquel, como Director General de esta Vicepresidencia Sectorial (Encargado).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Teniente de Navío Karol Yogleni Santoyo Cumare, como Directora de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera (Encargada), de esta Vicepresidencia Sectorial.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución DM N° 082, de fecha 28 de septiembre de 2017, donde se constituye el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales y de sus Unidades Desconcentradas pertenecientes a este Ministerio.

Resolución mediante la cual cesa en sus funciones la ciudadana Marianna Schulz, de nacionalidad alemana, como Cónsul Honorario de Venezuela en Munich, República Federal de Alemania, con Circunscripción en la Provincia de Bayern (Baviera).

Resolución mediante la cual se cierra el Consulado Honorario de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Munich, República Federal de Alemania, con Circunscripción en la Provincia de Bayern (Baviera).

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Y PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución Conjunta mediante la cual se excluye a la República de Panamá del listado de países beneficiados con la Supresión de Visas de No Migrantes (Turistas) en Pasaportes Ordinarios, contenida en la Resolución que en ella se menciona.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Actas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) y sus respectivos suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL

Providencia mediante la cual se modifica la Providencia N° 02, de fecha 29 de enero de 2014, donde se ordena la apertura de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores con competencia en el estado Sucre (GERESAT SUCRE), desconcentrándola de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Asimismo se ordena la apertura de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores, con competencia en el estado Cojedes (GERESAT COJEDES), desconcentrándola de la actual Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores Portuguesa y Cojedes, resultando la desconcentración funcional y territorial que en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

BANAVIH

Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Iris Yari Medina Fernández, en su carácter de Vicepresidenta Ejecutiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la firma de los actos y documentos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

Resolución N° 00009, de fecha 12 de septiembre de 2017, mediante la cual se nombra al ciudadano Manuel Francisco Quintero Contreras, titular de la cédula de identidad N° V-9.401.839, como Director General de Prevención y Resguardo Minero, en calidad de Encargado, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yajumari Josefina González Rodríguez, como Directora General del Despacho, en calidad de Encargada, de este Ministerio.- (Se reimprime por fallas en los originales).

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, de este Organismo.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, participó esta semana en la Asamblea Nacional Constituyente para tratar tema sobre Seguridad Ciudadana y entregó 82 propuestas «elaboradas por el pueblo y los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana» para reorientar la política de seguridad del país conjuntamente con la ANC.

Reverol pidió “una transformación del sistema de justicia del país” y dejó en el debate que el Cuerpo de Investigaciones científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lleve a cabo las investigaciones de carácter penal.

“En el área muy importante de la administración de justicia es necesario una transformación del sistema de justicia en Venezuela. La creación de mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Combatir la impunidad. Un criminólogo argentino decía que la impunidad ahorca la acción policial y fracasa la gestión penitencial. Garantizar la autonomía de los órganos de investigación penal. A lo mejor que darán el debate si el CICPC pudiera volver a dirigir la investigación penal en Venezuela. Lo dejamos en el debate, pero en este caso la autoría la tiene el Ministerio Público y fíjense lo que pasó … el artículo 18, le comentaba la presidenta de la asamblea nacional, constituyente de la ley orgánica de la seguridad la nación establece el concepto de orden interno y habla de la administración de justicia, imagínense que los administradores justicia causen una grave amenaza al orden interno y a la paz social ¿qué fue lo que sucedió? Es necesario llevar al debate la revisión de toda la legislación penal vigente.»

Indicó que en gestión de riesgo hicieron otras propuestas como la creación de un cuerpo de bomberos nacional, incluir todos los cuerpos policiales en un único cuerpo de seguridad, crear leyes con sanciones dispersas, se atomiza la sanción, ya que a su juicio se debe garantizar la autonomía de los cuerpos de seguridad y crear una política de delitos menores.

LAS MISMAS DOLENCIAS QUE EL RESTO de las instituciones asociadas padece el sistema penitenciario. Si la Fiscalía, la Defensa Pública y los tribunales no ejercen a cabalidad su rol en el proceso penal y los cuerpos policiales no combaten la inseguridad, no se puede esperar demasiado del complejo carcelario en el país, afectado por una disminución de recursos que evidencia que la atención a la población penitenciaria no es prioritaria en las políticas públicas.

De acuerdo al artículo 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el Estado deberá garantizar la rehabilitación y respeto a los derechos humanos de los internos. Para ello, los establecimientos penitenciarios dispondrán de espacios para trabajo, estudio, deporte y recreación, y se crearán instituciones para asistencia post penitenciaria.

Para que el sistema pueda cumplir con lo previsto por la Constitución y por el Código Orgánico Penitenciario (28 de diciembre de 2015) acerca de su facultad de hacer cumplir las sanciones del proceso judicial y de rehabilitar a los presos, es necesario que haya una asignación considerable de recursos y que estos sean bien administrados, pero no pasa ni lo uno ni lo otro.

Sin embargo, no es mucho lo que puede saberse sobre el tema, ya que es una información que no se ha publicado de manera sistemática ni cuando el sistema penitenciario dependía del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP) ni desde la creación del Ministerio del Poder Popular Para el  Servicio Penitenciario (MSP) en 2011. Lo poco que se sabe es por el Anuario Estadístico de Venezuela que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2003 y Acceso a la Justicia organizó en series desde 1989, por informes de ONG como Provea, el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad.

La evaluación del presupuesto asignado debe verse en dos etapas, hasta 2011, revisando cuánto del presupuesto del MIJP se destinó al sistema penitenciario, y a partir de 2012, cuando el MSP dispone de asignación propia, esto sobre la base de la Ley de Presupuesto aprobada por la Asamblea Nacional a falta de información más directa. No son datos completos, pues no se conoce el presupuesto ejecutado ni los créditos adicionales aprobados antes de la creación del MSP.

En líneas generales, la disponibilidad de recursos del sistema penitenciario fue estable de 2001 a 2012, se duplica con la creación del MSP, considerando los créditos adicionales, y desde entonces hasta 2015 el descenso es marcado, llegando a números menores al presupuesto de 2011. Además, los recursos asignados han sido siempre muy bajos: el presupuesto total en comparación con el gasto público está por debajo de 0,5% a lo largo del período 2001-2015.

A esto se le suma una administración inconveniente. En 2005 el gasto en personal estaba cercano a 20% y al año siguiente pasó a 60%, valor estable hasta 2011. En 2012 descendió a 40% y se mantuvo en ascenso hasta 2014 gracias a la asignación de créditos adicionales. Las cárceles deben ofrecer alimentación y asistencia médica, así como mantener las infraestructuras, pero si el presupuesto es escaso y gran parte se destina a gastos salariales, no hay manera de garantizar un servicio medianamente óptimo.

No pueden existir cárceles respetuosas de los derechos humanos como lo exige la Carta Magna si no hay voluntad para mejorar su situación.

Con información de Acceso a la Justicia