Ministro Néstor Reverol propone en la ANC que el CICPC vuelva a dirigir la investigación penal
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Ministro Néstor Reverol propone en la ANC que el CICPC vuelva a dirigir la investigación penal

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El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, participó esta semana en la Asamblea Nacional Constituyente para tratar tema sobre Seguridad Ciudadana y entregó 82 propuestas “elaboradas por el pueblo y los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana” para reorientar la política de seguridad del país conjuntamente con la ANC.

Reverol pidió “una transformación del sistema de justicia del país” y dejó en el debate que el Cuerpo de Investigaciones científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lleve a cabo las investigaciones de carácter penal.

“En el área muy importante de la administración de justicia es necesario una transformación del sistema de justicia en Venezuela. La creación de mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Combatir la impunidad. Un criminólogo argentino decía que la impunidad ahorca la acción policial y fracasa la gestión penitencial. Garantizar la autonomía de los órganos de investigación penal. A lo mejor que darán el debate si el CICPC pudiera volver a dirigir la investigación penal en Venezuela. Lo dejamos en el debate, pero en este caso la autoría la tiene el Ministerio Público y fíjense lo que pasó … el artículo 18, le comentaba la presidenta de la asamblea nacional, constituyente de la ley orgánica de la seguridad la nación establece el concepto de orden interno y habla de la administración de justicia, imagínense que los administradores justicia causen una grave amenaza al orden interno y a la paz social ¿qué fue lo que sucedió? Es necesario llevar al debate la revisión de toda la legislación penal vigente.”

Indicó que en gestión de riesgo hicieron otras propuestas como la creación de un cuerpo de bomberos nacional, incluir todos los cuerpos policiales en un único cuerpo de seguridad, crear leyes con sanciones dispersas, se atomiza la sanción, ya que a su juicio se debe garantizar la autonomía de los cuerpos de seguridad y crear una política de delitos menores.

 

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