En una operación a lo largo y ancho del territorio nacional fueron capturados varios empleados de Abastos Bicentenarios vinculados a supuestas redes de corrupción con la venta de alimentos, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, en su cuenta de Twitter.
En el operativo actúan más de 965 funcionarios en una comisión mixta entre el Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin) y Contrainteligencia Militar.
“Quienes pretenden hacer un negocio con el alimento del pueblo serán descubiertos y pagarán por su delito #OperaciónAtaqueAlGorgojo”, dijo González López en su Twitter.
Sin dar una cifra exacta el ministro informó sobre la detención de varios funcionarios durante el operativo que se realiza de manera simultánea en los 53 Abastos Bicentenarios a nivel nacional.
Se supo que en el caso de Mérida, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), detuvieron preventivamente a tres funcionarios de Abastos Bicentenario , tras procesar denuncias de presuntos robos y desvíos de mercancía en esta red de abastecimiento nacional. Los detenidos son el gerente general, Einer Mejias Brito; Alexander José Brito, subgerente, y Jean Carlos Sánchez Vergara, analista.
Por su parte, el equipo reporteril de El Pitazoconoció que en al menos Anaco y Cumaná detuvieron a los gerentes de los establecimientos. Mientras que en Guayana y Punto Fijo a los usuarios les dijeron que no habrá venta el día de hoy por la presencia del Sebin.
Este operativo se desarrolla a poco menos de un mes de la detención de Bárbara Estela González Clemente, presidenta de Abastos Bicentenario, apresada entre el 24 y 25 de enero de 2015 junto con Heber Águila y Bárbara Figueroa, presidente y administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL).
LOS COLOMBIANOS SON LOS SOSPECHOSOS HABITUALES del Gobierno de Venezuela. Se les achaca, sin mayor contemplación, la responsabilidad de cualquier hecho que afecte al país en materia de seguridad, abastecimiento, violencia, inflación, estabilidad política, entre otros.
El presidente Nicolás Maduro, ha sido quien ha puesto más empeño en señalar a los nacidos en el país vecino de paramilitares, sicarios, magnicidas, desestabilizadores y bachaqueros. Sin embargo, funcionarios como Gustavo González López, ministro de Interior, Justicia y Paz, y Elías Jaua, ministro de Comunas han agregado acusaciones sin ton, ni son.
Esta actitud de rechazo y cuestionamiento a los colombianos se contradice con lo que había sido la política de chavismo frente a los vecinos. En 2004, más 200 mil extranjeros fueron naturalizados por el gobierno de Hugo Chávez, durante los meses previos al referéndum revocatorio al que fue sometido el líder en agosto de ese año.
La mayoría eran colombianos. La misma cantidad de personas ingresa anualmente a Venezuela desde Colombia, según explicó el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en mayo de 2015. Un estudio realizado en el año 2007 por la ONG Asociación de Colombianos en Venezuela revela que no existe un solo municipio de Venezuela sin presencia de nacidos en el país vecino.
Según Juan Carlos Tanus, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, cinco millones de colombianos han construido su vida en el país. En los 18 meses que tiene Nicolás Maduro en el poder los ataques verbales o medidas en contra de estos ciudadanos han sido la constante.
Desde abril de 2013 hasta el martes 11 de agosto de 2015, el oficialismo ha señalado al menos en 24 ocasiones a los colombianos. Solo en tres oportunidades el Gobierno de este país —por medio de su presidente, Juan Manuel Santos, y su canciller, María Ángela Holguín— ha alzado su voz para exigir respeto a sus compatriotas en Venezuela.
Las expresiones radicalmente nacionalistas son contrarias a la integración de las culturas que llevan los extranjeros, como su maleta, a cualquier país. “Quienes hoy defienden a su nación, sobre los procesos de integración regional, lógicamente están demandando mayores procesos xenofóbicos”, explica Juan Carlos Tanus. El presidente de la ONG de colombianos en Venezuela asegura que ni el Estado, ni el gobierno de Maduro han asumido plenamente la tarea de hacer entender a la sociedad el proceso de la multiculturalidad. “El mejor momento de la integración fue en 2004, con el presidente Chávez. El decreto 2823, permitió la visibilización de la población migrante”, asegura.
El precio de ser extranjero en Venezuela
Frente al consulado de Colombia en Venezuela, ubicada en Chacaíto, una pregonera vende la edición de junio del periódico Tribuna Colombiana. Explica que no han podido imprimir una nueva edición por falta de divisas para adquirir papel. Muchos de los artículos llaman a los integrantes de la comunidad a regularizar su estatus legal en Venezuela. La Asociación de Colombianos estima que en el país residen, irregularmente, más de 950 mil extranjeros.
Rosa Restrepo tiene 22 años, nació en Colombia pero llegó a Venezuela, junto a su madre, cuando aún no sabía decir su nombre. Su mamá y ella fueron favorecidas con la naturalización masiva declarada por el presidente Chávez hace 11 años. Restrepo se casó y tuvo un hijo con un colombiano. Hoy está en el consulado haciendo trámites para enviar a su hijo a estudiar del otro lado de la frontera. Asegura haber tomado esa decisión porque en Venezuela “la cosa se puso muy mala”.
“Uno ve al presidente en la televisión diciendo que los colombianos somos esto, o somos aquello, y uno se siente mal, le da rabia. Uno se sube en un autobús, habla con el acento y todo el mundo lo mira feo. No todos (los colombianos) vinimos aquí a hacer daño”, defiende.
Antonio Durán Chaustre, colombiano, tiene 75 años y a los 18 años se enamoró de una venezolana.Tres de sus hijos son colombianos y dos son venezolanos. Trabajó como constructor de carreteras venezolanas durante más de 20 años y hoy día sufre los mismos problemas de cualquier criollo. “Uno hace la cola de horas en el Mercal y cuando llega, ya se acabó la carne. Yo me quedo aterrado, porque todo se lo llevan los bachaqueros. Y esos son venezolanos”, explica Durán.
Tanus, de la Asociación de Colombianos en Venezuela, admite que a los colombianos se les impide adquirir productos en la red pública de supermercados cuando muestran la cédula amarilla o el pasaporte. Un reportaje de enero de 2015 del diario La Verdad y otro de junio del mismo año, publicado en El Nacional dan cuenta de cómo a lo largo del país se ponen trabas, en este sentido, a los extranjeros.
Las deportaciones y los guettos
El acoso contra la comunidad colombiana y la falta de sistemas eficientes para verificar el estatus legal de los extranjeros dan pie a un fenómeno en auge: la deportación masiva. La exdiputada María Corina Machado aseguró que, desde enero hasta abril de 2015, mil colombianos habían sido deportados a su país. La Asociación de Colombianos en Venezuela habla de nueve mil en diez meses, contados desde octubre de 2014. Solo en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo en la Cota 905 fueron deportadas 13 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, sin que mediara algún argumento.
Tanus detalla que la asociación que dirige, incluso, se ha enfrentado a casos en los que tanto el padre, como la madre de una familia son deportados y sus hijos quedan sin familiares adultos que puedan cuidarlos. “La mayoría del personal que detiene forma parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y no tiene capacitación en derechos humanos”, reclama.
Sin embargo, el experto en migración descarta que la deportación sea una medida efectiva. “Así deportes a la población colombiana que está aquí, esa no se va a ir. Tardamos más haciendo el proceso para deportarla que en el reingreso al país. La migración puede intensificarse, pero el colombiano pobre que ha identificado que esa tierra es del estado y la puede se viene sin pensarlo”, explica.
Como en el caso del sector La Esperanza en la Cota 905 o algunas zonas del barrio José Félix Ribas, en Petare, los colombianos se han ido agrupando en guettos o sectores en los que “es raro conseguir a un venezolano”, según explica Tanus.
Los “antivalores” y la responsabilidad de Colombia
“Esta sociedad ya determinó que el paramilitarismo es colombiano, que el sicariato es colombiano, que el bachaqueo es colombiano. La sociedad colombiana tiene conductas atípicas que no se desarrollan en la sociedad venezolana, la sociedad venezolana no es perfecta, pero la sociedad colombiana ha enfrentado 60 años de conflicto bélico”, sentencia Juan Carlos Tanus al ser consultado sobre la vinculación de colombianos en los problemas venezolanos.
Una familia colombiana en Venezuela acude, en promedio, 11 veces al año al Sistema Público Nacional de Salud, según estudios de la Asociación de Colombianos. Los descendientes de extranjeros no tienen mayor dificultad en integrarse al sistema educativo público. “El gobierno colombiano no debería permitir que salga un ciudadano de sus fronteras sin tener al menos un pasaporte. Así los tienen en estadística allá pero son atendidos socialmente aquí. Tenemos problemas en nuestro país, porque somos muchos, y venimos a abollar más el problema de Venezuela”, lamenta.
NO SIEMPRE UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA logra desmontar la versión de un gobierno. Eso fue lo que logró el reportaje en serie de la extinta Unidad de Investigación de Últimas Noticias que reconstruyó los sucesos del 12 de febrero de 2014, a partir del análisis de una serie de videos y fotografías proporcionadas por testigos amateurs y profesionales.
La investigación, presentada en video y reportaje escrito, demostró que quienes dispararon contra el joven Bassil Dacosta en Candelaria, fueron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y no líderes de la oposición venezolana, tal como acusó el gobierno de Nicolás Maduro el mismo día de la marcha de estudiantes que llegó hasta la sede del Ministerio Público en Candelaria, donde se produjeron los enfrentamientos entre manifestantes, cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados.
Después de la publicación, el presidente Maduro admitió públicamente que miembros del Sebin desobedecieron la orden de acuartelamiento, al quedar en evidencia su actuación en la esquina de Tracabordo donde cayó Dacosta.
Por el caso del joven asesinado, hay ocho funcionarios imputados, de los cuales sólo José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Sebin, está tras las rejas. Los siete restantes son juzgados en libertad y tienen régimen de presentación semanal ante el tribunal.
El reportaje en serie, publicado entre el domingo 16 y domingo 23 de enero de 2014 en el diario Últimas Noticias, fue merecedor del premio nacional de periodismo de investigación Ipys 2014 y el premio internacional de periodismo Gabriel García Márquez.
Los personajes
Bassil Alejandro Dacosta Frías: Carpintero, 24 años. Nativo de Guatire. Cayó por un tiro en la cabeza en la esquina de Tracabordo, Candelaria. A las 3:25 pm. ingresó muerto al Hospital Vargas. Era la primera vez que participaba en una marcha de protesta. El 12F fue auxiliado por un grupo de jóvenes entre los que se encontraba Robert Redman, también asesinado por un disparo en Chacao ese día.
Juan (Juancho) Crisóstomo Montoya: 51 años. Coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas). Dirigía 92 movimientos. También, era miembro del grupo Carapaica y Policía del municipio Libertador, adscrito al Departamento de Inteligencia del Instituto y participó en el proceso de desarme promovido por el gobierno. Recibió un tiro en la cabeza aproximadamente a las 2:40 pm entre esquina de Monroy a Trocadero, frente al edificio Doralay, que estaba tomada por la Policía Nacional Bolivariana. Ingresó a la clínica La Arboleda de San Bernardino a las 3:10 pm, donde falleció. En la marcha opositora se encontraba con sus compañeros de colectivos y no con funcionarios policiales. Llegó al lugar de la manifestación después de un llamado que le hicieron por radio, según su hermano Jonny.
Por su caso, el Ministerio Público acusó a Hermenegildo Barrera Niño (49), conocido como “Hermes”, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de armas, previstos en el Código Penal y en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Hombre de la camisa blanca: Identificado como Jonnathan Rodríguez Duarte, de 40 años. Sargento de tercera del Ejército y escolta del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. En los videos se le ve accionando un arma corta 9mm (Glock 19), llevando un casco, lentes oscuros, bolso verde y pantalón verde militar. En 2007 estuvo adscrito a la Academia Militar, luego pasó al Sebin.
En junio, fue acusado por el Tribunal 48 de control del Ministerio Público por uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales suscritos por la república al igual que los funcionarios del Sebin comisario jefe Manuel Benigno Pérez, subcomisario Edgard Lara Gómez, inspector Héctor Rodríguez Pérez, detective Jimmy Sáez Osorio y detective Jonfer Márquez Hernández, así como Andry Jaspe López (Policía Nacional Bolivariana). Los siete son enjuiciados en libertad y bajo régimen de presentación.
Ocho meses después de los sucesos del 12F, Rodríguez Duarte recibió la orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial por disposición de Ministerio de Interior, justicia y paz, por cumplir “una excelente labor, extraordinario desempeño, dedicación y abnegación en la misión encomendada, demostrando apego a las normas institucionales durante su trayectoria en el respaldo de la seguridad, paz y el orden interno del pueblo venezolano” (Gaceta Oficial 416.177 del 29-10-14)
Hombre de la camisa caqui: Comisario del Sebin identificado tres días después de la publicación del primer reportaje. como José Miguel Domínguez, “Miguelito”. En los videos y fotografías del 12F lleva casco negro y radio transmisor. Llegó al sitio como parrillero en una moto de alta cilindrada y sin placas. Se le ve claramente coordinando a funcionarios uniformados y hombres de civil que arribaron en motos con placa oficial y dispararon con armas cortas a los manifestantes. En los registros gráficos y audiovisuales, no aparece accionando un arma. Es jefe de seguridad del diputado Freddy Bernal, presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial.
A pesar de que los videos y fotografías evidencian su presencia en el 12F, Domínguez no es incluido en la lista de ocho acusados por la muerte de Bassil Dacosta ni Juancho Montoya.
El 13 de diciembre de 2014, Domínguez estuvo presente en la reunión de intervención de Policaracas, en la sede de ese cuerpo de seguridad, acompañando a su jefe Bernal.
Melvin Collazos Rangel: Comisario del Sebin, que formó parte del grupo de este cuerpo de seguridad que violó la orden acuartelamiento impuesto por el gobierno. Aparece claramente en los videos y fotografías disparando contra manifestantes entre las esquinas de Monroy y Tracabordo, donde fueron asesinados Bassil Dacosta y Juan Montoya. Lo último que se conoció de este funcionario es que estuvo detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes conocida como la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Pese a las evidencias, su nombre no aparece en la lista de los acusados por los sucesos del 12F.
José Ramón Perdomo Camacho: Comisario del Sebin, acusado de autor material del homicidio de Da Costa. Es el único de los ocho funcionarios imputados por este caso que está preso en el Sebin. El Ministerio Público lo acusa por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República. En su declaración aseguró que nunca recibió una orden de acuartelamiento.
Jonny Montoya: Hermano de Juancho Montoya. Estuvo cerca de la zona de los sucesos el 12 F y corrió a la clínica La Arboleda en San Bernardino donde murió Juancho. “Hubo fuego cruzado. El disparo fue lineal, paralelo al suelo, calibre bajo”. Un año después, sigue exigiendo a la Fiscalía y al Ministerio de Interior y Justicia una investigación justa y sin política, “que lo empastela todo”.
Hermenegildo “Hermes” Barrera: (que en el reportaje de ÚN aparece escrito como Hender Barreras): Fue testigo del crimen y sustituto de Juancho Montoya. El 12F aseguró en un principio que lo mataron funcionarios de cuerpos policiales de otros municipios. Luego argumentó que el tiro salió de una camioneta blanca. Fue acusado por el Ministerio Público como autor del asesinato de Montoya, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de arma de fuego. Cuando fue capturado en agosto de 2014, negó a la prensa los cargos. “No soy el autor material ni intelectual”.
Nicolás Maduro: Presidente de Venezuela. La misma noche del 12F, aseguró desde un acto en La Victoria (Aragua) que ya se habían identificado a quienes dispararon contra Da Costa. “¡A Juan Montoya lo mataron con la misma bala con que asesinaron a Bassil Dacosta, con solo 15 minutos de diferencia”. El domingo 16, cuando se publicó la primera entrega del reportaje, reconoció que “un grupo de efectivos del Sebin desacató la orden de acuartelamiento”.
El viernes 21 de febrero, Maduro anunció que los funcionarios del Sebin que dispararon contra manifestantes del 12F estaban detenidos. No los identificó, pero aseguró que lo había entregado a la Fiscalía. “Que paguen con cárcel…. Si descubro que existe una conspiración, lo diré. No protejo a nadie que dispare contra nadie en una manifestación”.
Elías Jaua: Canciller durante las protestas de 2014. Antes de la publicación del reportaje sobre el 12F, aseguró: “nuestra policía no usa armas de fuego en el control de las manifestaciones… no puede señalarse que los cuerpos de seguridad han utilizado armas de fuego contra manifestantes. No hay ni una sola prueba”.
Desde septiembre de 2014, fue sustituido del cargo por Delcy Rodríguez y asume el ministro de Comunas y Desarrollo Social.
Miguel Rodríguez Torres: Ministro de Interior, Justicia y Paz (MIJP). El 12F declaró en la sede del Ministerio Público: “Ellos venían ya premeditadamente a una acción de violencia contra los cuerpos policiales y contra el pueblo venezolano (…) Por lo tanto nosotros ya estábamos preparados para contener esta protesta y fue lo que hicimos. Sin embargo, los niveles de violencia fueron impresionantes… Nosotros actuamos hoy como gobierno venezolano, actuamos de buena fe. Ellos querían marchar, se les dejó llegar hasta la Fiscalía y a partir de que llegaron empezaron a desarrollar su verdadero plan, la reedición del 11 de abril”.
También afirmó que se investigaba si una sola arma dio muerte al mismo tiempo a Dacosta y Montoya, o por lo menos si era el mismo tipo de munición que causó ambos homicidios. “Podemos presumir que haya sido un solo tirador que causó ambas muertes o dos tiradores con una misma munición”.
Ocho meses después del 12F, Rodríguez Torres sale del MIJP el 24 de octubre de 2014, luego de dos polémicos asesinatos que conmocionaron las filas del chavismo: el del diputado Robert Serra (Psuv) y el del líder del Secretariado Revolucionario Venezuela, que agrupa unos 50 colectivos. Lo sustituyó Carmen Meléndez.
Freddy Bernal: Diputado Psuv. Actualmente se desempeña como Comisionado Presidencial para la Transformación Policial. Estuvo presente en el velorio de Montoya en la plaza 4F del 23 de enero, en Monte Piedad, luego de que los colectivos trasladaran el féretro desde la funeraria Vallés a las 7:00 pm del jueves 13 de febrero de 2014. Sobre Montoya, dijo: “Dio todo por la revolución sin esperar nada a cambio. Habló con los colectivos para calmarlos. “Esa es la responsabilidad política… hablé con muchos (colectivos) para que confiemos en el Estado de Derecho. Nadie puede pretender que tomar la justicia por las propias manos sea una solución”.
Luisa Ortega Díaz: Fiscal de la República. Afirmó en febrero de 2014 que las experticias sobre los asesinatos de Da Costa y Montoya “estaban por concluir”.
Yorman Valero: primo de Bassil Dacosta y testigo clave del caso. Identificó a cuatro personas detenidas por el homicidio.
Juan Carlos Sierra: Tío de Bassil Dacosta. Confirmó la formalización de la denuncia sobre el asesinato del joven ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penalísticas. Se quejó por la suspensión de la ronda de reconocimiento a cuatro detenidos prevista para el jueves 20 de febrero de 2014.
Robert Redman Orozco: 31 años, piloto privado. Fue la tercera persona asesinada el 12F. Cayó por un disparo en la cabeza la noche del 12F cuando protestaba en la esquina Juan Grill de la avenida San Ignacio del Loyola, Chacao, donde había enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana. Según testigos del hecho, la bala provino de un grupo de motorizados que pasaron por el lugar vestidos con pasamontañas y cascos integrales. Un año después, no hay culpables. Formó parte del grupo de jóvenes que en la tarde ayudó a trasladar a Bassil Dacosta después de ser abaleado en la Candelaria.
Las entregas
El video del #12F que responde sobre la muerte de Bassil Dacosta un año después
«Con armas cortas atacaron a manifestantes». Domingo 16 de febrero de 2014
«Identificado el funcionario de la camisa caqui». Miércoles 19 de febrero de 2014
«Buscan a funcionarios del Sebin por el 12-F». Jueves 20 de febrero de 2014
«Formalizan denuncia por muerte de Bassil». Viernes 21 de febrero de 2014
«A Juancho Montoya lo recibieron a tiros» // «A Redman el dio fue un tiro a lo loco». Domingo 23 de febrero de 2014
El gremio licorero, representado por Calixto Vivas, se reunió con el General Jesús Villegas, jefe de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. En el encuentro se implementó la restricción de expendio y consumo de bebidas alcohólicas para Semana Santa.
La ley seca se aplicará el jueves 02, el viernes 03 y domingo 05 de abril. Los demás días se podrá comprar licor sin restricciones, dijo Vivas.
A su salida de la reunión, el sector expresó su temor a las restricciones. Generan cuantiosas pérdidas económicas a los locales, al extenderse la prohibición de venta y consumo de licores, no sólo a los días establecidos en la ley seca si no en otras fechas.
Por su parte, Carlos Salazar, presidente de Asolicorca, señaló que hay licores, pero ha disminuido la variedad.
Esto es producto de la falla que se ha registrado en el abastecimiento de bebidas alcohólicas, debido a la entrada en vigencia del aumento en el impuesto a los licores en febrero de este año a través de la Gaceta Oficial extraordinaria 6.151, con fecha del 18 de noviembre del año 2014
Asimismo, dijo que hay dificultades con los envases de vidrio, pero han mejorado y ahora, el problema es con los plásticos. Hay que esperar para ver cómo cierra el mes de abril y cómo se mueven la distribución y el suministro.
Apuntó que el licor se maneja como un tabú y se debe aplicar la ley a los conductores que manejen mientras toman. Sólo 2% de los accidentes de tránsito involucran el consumo de alcohol como causa principal.
El mayor general Gustavo Enrique González López, uno de los siete señalados por el gobierno de Estados Unidos en sus anuncios de hoy, será el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, anunció el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión.
Maduro dijo que González López ocupará este despacho “para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense a garantizar la paz del país, la seguridad ciudadana y nacional (…). A luchar por la paz, la seguridad ciudadana. Una nueva responsabilidad, porque sé que está preparado para eso y para más”.
A su vez, la almiranta en jefa Carmen Meléndez pasa al ministerio de la Secretaría de la Presidencia. “Con su disciplina, su trabajo, su trayectoria, su experiencia, venga a reforzar todo el trabajo que me toca a desarrollar a mí por nuestra patria. Así que a partir de hoy, la almiranta en jefa será la nueva ministra de la Secretaría de la Presidencia. Gestión de gobierno y eficiencia. Máxima eficiencia”.
Carlos Osorio, hasta ahora ministro de la Secretaría de la Presidencia, pasa a ser coordinador del Estado Mayor contra la Guerra Económica y mantiene su cargo como vicepresidente para el área de soberanía alimentaria. “De verdad es complejo ocuparse de la agenda mía, que es diaria”, admitió el mandatario.
Según la titular de Interior, Justicia y Paz se avanza contra la criminalidad
La ministra de Interior, Justicia y Paz, almirante en Jefe Carmen Meléndez, garantizó la estabilidad política en el país y descartó riesgo de golpe. «Estamos hablando de un golpe continuado pero aquí estamos preparados y alertas ante cualquier situación que ocurra», afirmó en el programa José Vicente Hoy, en Televén. A juicio de la ministra existen fuerzas externas a la FANB que tratan de fomentar este tipo de situaciones a través de las redes. Descartó que haya divisiones en el interior del organismo. «Para lo que suceda en el país estamos preparados», agregó.
Sobre la seguridad en el país, Meléndez afirmó que las cifras de criminalidad han bajado pero lentamente. Señaló que ha estudiado las curvas de la violencia y se han establecido varios picos uno de ellos, en los últimos tres años, se ubica en diciembre y reiteró la necesidad de políticas como el plan Navidades Seguras. «Estamos avanzando. Una de las leyes aprobadas por el Presidente es la del Sistema de Protección Popular para la Vida en el que vamos articular todo lo que ya existe», afirmó.
