La Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello (Encovi – UCAB) advirtió que solo 2 % de la población venezolana sondeada afirmó tener un sistema de alerta temprana frente a desastres socioambientales como inundaciones, incendios forestales, sismos y aludes torrenciales (conocidos como deslaves) este 13 de marzo. Según la institución, la cifra bajó 8 unidades entre el 2015 y el 2023.
De acuerdo con las proyecciones estadísticas de la UCAB, el 29 % de la población venezolana tiene un riesgo «muy bajo» o «bajo» frente a las amenazas naturales, mientras que el 70 % se encuentra en un riesgo «medio», «alto» y «muy alto».
La universidad también alertó durante la presentación de los resultados en Caracas que solo el 1 % de los encuestados, de una muestra estadística de 16.212 hogares en más de 10 ciudades del país, dijo tener un sistema de información para la prevención de desastres para el tiempo de recolección de los datos, entre mayo y junio de 2023. La cifra bajó un 50 % con respecto a los resultados de la Encovi del año 2015.
Mientras el Estado venezolano no informa ni a la ciudadanía ni a las Naciones Unidas sobre los avances en materia de mitigación de riesgos ante amenazas naturales desde el 2016, los estudios de la UCAB reflejan un retroceso de la administración pública para cumplir los objetivos del Marco de Sendai 2015 – 2030, un acuerdo de las Naciones Unidas que firmó el régimen venezolano para ofrecer una mayor cobertura en los sistema de alerta temprana y reducir la vulnerabilidad de la población ante los desastres.
Mayor registro de desastres, menor preparación
La Encoví constató, a través de encuestas a distintas comunidades de al menos 10 estados del país, que la frecuencia de los deslizamientos de tierra reportados han aumentado en 236,36 % en los últimos 8 años: pasando de 11 casos en 2015 a 37 en 2023.
Mientras tanto, otros desastres socioambientales reflejaron un leve descenso, entre el 19 y el 50 %, en los casos confirmados por la muestra encuestada por la UCAB. Hubo 11 casos de inundaciones por crecidas de ríos de forma repentina (o flash flood en inglés) en 2023, al menos 26 casos de inundaciones por «fuertes lluvias», 8 reportes de comunidades afectadas por sismos y 13 reportes de incendios.
Sin embargo, la UCAB recalcó que estas cifras son parciales y el número de casos es mayor.
También alertó que las comunidades están cada vez menos organizadas para manejar las emergencias en caso de amenazas naturales o desastres. Solo el 2 % de la muestra encuestada afirmó tener alguna organización para la prevención y atención comunitaria en emergencias —frente al 5 % en 2015— y solo el 1 % dijo haber participado en un plan de formación para la prevención y respuesta de desastres y tener planes de evacuación en casos de emergencia —comparado al 3 % en 2015—.
Vulnerabilidad socioeconómica alta
La universidad enfatizó que cada vez más los venezolanos establecen sus viviendas en zonas de alto riesgo y sin acceso vehicular directo, además que las poblaciones que quedan en el país debido a la diáspora venezolana desde el 2015 se concentra en personas mayores de 60 años y niños, niñas y adolescentes, poblaciones consideradas de alto riesgo para las Naciones Unidas.
Si bien el 67 % de la población tiene un ambulatorio cercano, pero solo el 1 % tiene una póliza de seguros que lo respalda ante un desastre socioambiental —en 2015 la cifra era del 10 %—. Ninguna persona pudo afirmarle a la Encovi que tiene acceso a una línea de crédito bancario para recuperarse económicamente de las pérdidas ante una amenaza natural —cuando hace 8 años la Encovi arrojó un 27 % en esa categoría— y solo el 3 % afirmó tener una vivienda secundaria en casos de emergencia —comparado al 25 % en 2015—.
La ONG venezolana Clima 21 denunció que el Estado no tiene ningún plan de mitigación de riesgos socioambientales, como el cambio climático. En el año 2022 se reportaron cerca de 14.000 viviendas afectadas y al menos 70.000 personas sufrieron las consecuencias por inundaciones.
«A pesar de lo delicado de la situación, no hay información pública adecuada, ni suficientes datos sobre las causas de la misma, sus consecuencias sobre las personas, comunidades e infraestructuras prioritarias; tampoco sobre las acciones para proteger a la ciudanía de estas situaciones. Es claro que este contexto se puede agravar pudiendo obstaculizar la recuperación económica del país y generar mayores violaciones a los derechos humanos de la población», advierten en su informe publicado en enero de 2023.
Por ahora, instituciones académicas como el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela reportan desde agosto que el país rompe récords de focos de calor desde agosto de 2023 y el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de la Unión Europea «Copernicus» —CAMS, por sus siglas en inglés— alertó este 28 de febrero a través de un comunicado de prensa que Venezuela, Brasil y Bolivia son los países de Suramérica que más emisiones de carbono producen debido a los incendios forestales este mes comparado a toda la data recogida desde el año 2003. Pero el Estado no ha informado sobre un plan de mitigación para los incendios durante este periodo del fenómeno El Niño, que seguirá hasta el mes de abril reduciendo las precipitaciones en el país según la Organización Meteorológica Mundial.
