Inmigración

Un estudio elaborado entre diversas oenegés internacionales analizó las necesidades más apremiantes en los territorios de llegada de los crecientes movimientos migratorios en la región

@Luciapietf

Las crecientes movilizaciones humanas a diversos países del continente americano han llevado a los gobiernos locales y nacionales a anexar la migración a sus agendas públicas para el desarrollo de políticas y acciones que permitan contestar este fenómeno. 

La integración socio-económica de migrantes fue elegida como el área con mayor necesidad (53%) de respuesta, seguida de la recepción (35%) en los territorios de acogida, de acuerdo el informe «Recepción e integración de personas migrantes y refugiadas en ciudades de las américas», presentado en 2023.

El documento fue elaborado entre diversas organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf, en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), para estudiar las necesidades surgidas frente a los movimientos migratorios masivos. 

La información publicada fue obtenida mediante 231 entrevistas en 109 localidades pertenecientes a 25 países del continente en el transcurso de 2021. Dichos testimonios permitieron analizar el panorama, las tendencias y los desafíos asociados a los movimientos migratorios más destacados en la actualidad, como la emigración masiva de venezolanos principalmente a países suramericanos, la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos,  la de nicaragüenses hacia Costa Rica, entre otros.

A continuación, algunas claves sobre la publicación y sus hallazgos:

Gobiernos con obstáculos

De acuerdo al estudio, se ha identificado una creciente incorporación de la «temática migratoria» por parte de los gobiernos locales en su agenda pública, contemplando diversas políticas públicas, programas y/o acciones a activar. Pero han encontrado obstáculos para implementar soluciones que van desde pocos recursos para garantizar respuestas de las instituciones, pasando por necesarias modificaciones a prácticas administrativas o políticas nacionales hasta el desconocimiento de los funcionarios en materia de migrantes y refugiados, que contribuye a un clima de discriminación, racismo y xenofobia contra estos.

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Brindar atención primaria a los migrantes no es una prioridad en los Estados de la región y eso se demuestra en cifras: en las ciudades fronterizas, 54% la mencionó como la principal necesidad, mientras que en las no fronterizas la nombró solo 31%.

Si bien los gobiernos tienen a la atención primaria como la segunda área de mayor prioridad a nivel general, las políticas en torno a esta son escasas, lo que puede deberse a que no siempre se prima su desarrollo y/o asignación de recursos. 

En Suramérica, las crecientes movilizaciones terrestres de venezolanos en lapsos muy breves y en condiciones de vulnerabilidad han puesto a prueba a localidades fronterizas como Cúcuta (Colombia), Boa Vista y Pacaraima (Brasil), Rivera (Uruguay), Puerto Montt y Concepción (Chile), y Puerto España (Trinidad y Tobago). En Brasil, la Operación Bienvenida, creada en el 2018, atendió, hasta marzo de 2022, a más de 2 millones de venezolanos, emitió más de 370 mil documentos de identificación y trasladó a cerca de 70 mil personas refugiadas y migrantes a otras partes del país.

En los países caribeños, ante los movimientos migratorios – especialmente de venezolanos-, se rigen a la política de  «detener y deportar». Esta práctica es específica de Curazao y Trinidad y Tobago, y menos prevalente en Aruba. 

Trabajo como primera necesidad 

La integración socio-económica fue indicada como prioritaria  (55%) en las localidades no fronterizas y segunda en las ciudades fronterizas. Entre las ciudades analizadas no existen muchos programas o políticas establecidas con algún marco normativo local para garantizar y promover esta integración, pero sí hay un consenso sobre la regularización como una condición esencial (84%) para el éxito de medidas respecto al acceso al empleo (79%), a la vivienda (50%), a condiciones de trabajo dignas y un salario justo (46%), y a la asistencia económica (31%).

El estudio reveló tres áreas de accionar local claves: acceso a viviendas, al sistema financiero y a empleos a través de vinculaciones con el sector privado. En Córdoba y Buenos Aires, Argentina, se desarrollaron programas de inclusión al sistema financiero junto a bancos locales. En México, se evidenció el trabajo compartido entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, oenegés y empresas privadas para la inclusión de refugiados. En Canadá y Chile se han promovido iniciativas para fortalecer la institucionalidad local en materia migratoria para la integración socio-económica. 

El informe destacó que, en ocasiones, el desempleo en ciudades fronterizas como Cúcuta (Colombia) fue un desafío importante. Para estos casos, localidades de México y Brasil implementaron programas de reubicación e inserción laboral. En este último, el Programa de Interiorización de Brasil – parte de la Operación Bienvenida-, movilizó a más de 72.696 venezolanos a 810 municipios brasileños desde el 2018, en pro de reducir la presión y la xenofobia en las fronteras. 

En zonas como el Caribe Sur ha habido resistencia a la integración socio-económica por la «percepción de acaparar recursos locales», pero las oenegés han generado cambios en estas matrices de opinión.

La integración socio-cultural como segunda prioridad

Los aspectos más relevantes de la integración social y cultural fueron el acceso a los servicios de salud (89%) y la educación (70%), seguidos del acceso a servicios de salud mental (55%); inclusión lingüística (53%); tratamientos médicos para enfermedades como VIH/Sida, cáncer, enfermedades renales, diabetes (48%); acceso a pruebas, tratamiento y vacunas contra el Covid-19 (46%); acceso a controles prenatales, parto y post natales (37%), y acceso a la cultura (23%), de acuerdo a las entrevistas. 

En las localidades fronterizas fue mayor la necesidad de los servicios de salud frente a las grandes ciudades, donde prevaleció el acceso a la educación.

En el caso de los servicios de salud, el informe analizó el servicio de las «Brigadas Móviles Urbanas» en Perú, donde 85,3% del total de la población migrante es venezolana. El programa, hoy con escasos recursos económicos, no fue específicamente pensada para migrantes y refugiados, pero ofrece respuesta y cuidados específicos para las personas en situación de vulnerabilidad. Respecto al acceso a la educación, en Trinidad y Tobago, uno de los países con más cantidad de desplazados venezolanos per cápita, una organización católica eclesial llamada Living Water Community operaba el programa «Equal Place», de educación informal para niñas y niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes. 

En dicho país, los menores migrantes requieren un permiso para estudiar y se estima que 4.000 no tienen acceso a la educación. El programa funcionó de forma paralela a los sistemas educativos del país, brindando un servicio crítico a cientos de menores, pero fue suspendido en 2022. 

Integración política para después

Fue una de las necesidades con menor priorización frente a las demás. Es conceptualizada como la promoción de la participación ciudadana de los migrantes y el reconocimiento de sus derechos políticos en donde residan. 

Dentro de este apartado, tuvo mayor relevancia el acceso a documentos de identidad (79%),  la prevención de la discriminación y la xenofobia (78%), el acceso a la justicia (63%), la nacionalidad (59%), al registro civil (39%) y la prevención y sanción de la trata de personas (36%).

Según el reporte, es casi nula la existencia de mecanismos para la participación política de migrantes y refugiados en la mayoría de las localidades estudiadas . Solo en ciudades como  Bogotá (Colombia) y Sao Paulo  (Brasil) han desarrollado espacios estables de participación política para estas personas. 

En cuanto al acceso a documentos de identidad, Guyana fue el primer país del continente en implementar un sistema electrónico, llamado Ecosistema Poblacional de Registro y Gestión de Identidad (PRIMES, en inglés), para registrar la información biométrica de migrantes venezolanos e información sobre sus necesidades. En Ciudad de México y localidades de Estados Unidos se han adoptado distintos modelos de identificación. El informe concluye que hay mucho camino por recorrer y una gran necesidad de «adoptar una narrativa oficial que presente a las personas migrantes y refugiadas como vecinos» e incentivar la asociatividad en los espacios comunitarios.

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Al igual que en el tenis, hoy la política no es exclusiva de un pequeño grupo de personas conocidas. Es decir, dejó de ser un campo solo para los políticos                                                                                                                                                                                                                           

Todo cambia, nada es, decía Heráclito en el siglo VI a. C. Sin embargo, muchos piensan que nada ha cambiado y permanecen confiados en su parcela. El fin de semana pasado finalizó el torneo Abierto de tenis femenino de Estados Unidos y del mismo se pueden hacer tres observaciones: 1) siempre hay espacios para nuevos actores y no hay que rendirse, aunque el adversario se perciba como más fuerte; 2) la juventud, si se prepara, puede llegar a la cima; y 3) los emigrantes enriquecen al país que los recibe.

 Nuevos actores

Las jóvenes que llegaron a la final, Emma Raducanu, que fue la ganadora, y Leyla Fernández, estaban en los puestos 150 y 73, respectivamente, de la clasificación mundial. No deberían estar presentes en ese partido decisivo. Había otras con más experiencia y reconocimiento. Sin embargo, no se amilanaron.

Al igual que en el tenis, hoy la política no es exclusiva de un pequeño grupo de personas conocidas. Es decir, dejó de ser un campo solo para los políticos. Al juego ingresaron actores que antes no tenían voz y que un simple celular para enviar y recibir mensajes los hizo visibles.

Considerando lo crítico que son los mensajes que se envían, muchos de ellos por parte de jóvenes, algunos dirán que eso es la antipolítica o que los ciudadanos ya no se interesan por la política. Al respecto, el francés Pierre Rosanvallon sostiene en su libro La contre-démocratie: la politique a l’age de la défiance, que en estos tiempos los ciudadanos intervienen sin inscribirse en los partidos políticos, pero están vigilantes de la actuación de los políticos, evaluando su gestión y oponiéndose a decisiones que no les agradan. Como comprobamos los venezolanos, en nuestras redes sociales abundan las críticas por incumplimiento de ofertas, electorales o no.

Sin duda, el contenido de las redes influye en la percepción que algunos se forman sobre los políticos, artistas y en general sobre cualquier persona más o menos relevante. Esto tiene el peligro de hundir o elevar indebidamente el prestigio de una persona. A veces se cae en el error, bien o mal intencionado, de no investigar determinado hecho, sino que se emiten juicios basados en mensajes recibidos. Ojalá los nuevos actores tomen conciencia de su responsabilidad y, por otra parte, todos nos percatemos de que con voluntad es posible derrotar a los poderosos. Lo importante es persistir, trabajar en equipo y no enviar mensajes derrotistas o sin fundamento.

 Los roles de la juventud

El que las dos finalistas sea tan jóvenes indica que la juventud está asumiendo roles importantes. Esto no significa que los no tan jóvenes deben ser tirados al cuarto de los corotos viejos, sino que no les será posible cerrar el paso a los más jóvenes. En Venezuela, la juventud estuvo presente en la lucha  contra la dictadura de Juan Vicente Gómez y al final de la dictadura de Pérez Jiménez. Equivocadamente, participó en la guerrilla castro-comunista de los años 60 del siglo pasado. Permaneció dormida al inicio de la dictadura de Hugo Chávez, despertando después del 2007, participando en protestas, creando partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.  

En esta juventud tenemos puestas la esperanza quienes estamos en nuestra última etapa. Ella es la llamada a recuperar la democracia y a reconstruir el país, hoy devastado por la marabunta roja.

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Ojalá estos jóvenes se percaten de que Emma, de dieciocho años, y Leyla, quien durante el torneo cumplió diecinueve, llegaron a la final por su perseverancia, entrenando muchas horas y sacrificando tiempo de disfrute. Si quieren cambiar el rumbo del país, nuestros jóvenes deben dedicar mucho tiempo a la lectura de diferentes tópicos, a intercambiar ideas con quienes piensan diferente y con quienes tienen experiencia. Así mismo, no deben caer en la tentación de la prepotencia.

 Riqueza migrante

El origen de las bellas jóvenes finalistas indica la importancia de las migraciones. Emma Raducanu nació en Canadá, hija de un rumano y una china que se trasladaron al Reino Unido. Leyla Fernández es hija de un ecuatoriano y una filipina que se radicaron en Canadá. Los países que acogieron a sus padres se beneficiaron.

Sin los inmigrantes que llegaron, en los siglos XIX y XX, no hubiésemos alcanzado el crecimiento y desarrollo acelerado que tuvimos hasta que se revirtió ese movimiento. Incluso, en pueblos aislados como Montecarmelo, en el estado Trujillo, a principios del siglo XX existía una excelente comunidad de origen italiano que contribuyó al auge del pueblo, el cual llegó a contar con una filarmónica de 63 músicos, un beneficio de café y varios trapiches para moler caña de azúcar.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el comportamiento alegre de Emma y de Leyla en momentos difíciles ¿Sería aventurado afirmar que se debe a que viven en países democráticos? Ello contrastó con la amargura y rabia que expresaba la bielorrusa Sabalenka cuando perdía un punto. Quizá pequemos de injustos con ella, ya que todos tenemos malos momentos, pero es tentador especular que su comportamiento es producto del mal ejemplo del dictador Lukashenko. 

Como (había) en botica

√ Algunos no quieren votar porque no hay condiciones transparentes, porque el CNE es ilegítimo, porque a unos partidos les robaron la tarjeta para darla a representantes del régimen, porque hay candidatos inhabilitados, porque, cuando ganamos, el régimen arrebata el triunfo o quita atribuciones. Tienen argumentos para abstenerse y podría tener algún efecto si hubiese consenso al respecto, pero otros postulan la necesidad de votar a falta de una mejor opción. 

Cabe preguntarnos: ¿Es preferible ganar algunas gobernaciones y alcaldías o que la dictadura se las lleve todas? ¿La gente prefiere tener un gobernador o alcalde rojo o uno democrático? ¿Con la abstención se desconocería a Maduro y al CNE o ellos seguirían ejerciendo, aunque sean usurpadores? ¿Cómo puede seguir la lucha? ¿Sería válido abstenerse ante un posible revocatorio presidencial?

√ Lamentamos el fallecimiento de Germán Marín y Jesús Andrade, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

√ ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Mesa-Cuadra, aseguró el lunes 24 de febrero que gobiernos de otros países y organismos multilaterales, como el Grupo de Lima, estudian crear una «mesa de donantes» con el objetivo de prestar apoyo a los países de la región que han sido más afectados por la llegada de miles de venezolanos que huyen de las políticas del régimen de Nicolás Maduro.

El jefe de la diplomacia peruana asomó que el encuentro podría realizarse en Washington o España. Del mismo modo, explicó que se encuentra trabajando con organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, para ayudar a los migrantes y a los países que han recibido a venezolanos y que ahora presentan problemas en sus servicios de salud, educación y seguridad, reseñó la agencia de noticias Reuters. 

Mesa-Cuadra enfatizó que trabajan seriamente en la “posibilidad de llevar a cabo una reunión (para) una mesa de donantes y atender las necesidades de los países de acogida». Sin embargo, no precisó cuáles serían las naciones o los demás organismo que integrarían la mesa de donantes o de cuánto sería el aporte.

El ministro peruano afirmó que ha disminuido el flujo de migrantes en los últimos meses. A su juicio, porque hay una suerte de “mejora relativa” en Venezuela por las remesas que reciben las personas y por una “dolarización” .

Unos 860 000 venezolanos han llegado a Perú huyendo de la crisis en Venezuela, según datos de la oficina de migraciones hasta el 2018, convirtiendo al país andino en el segundo mayor receptor de estos migrantes después de Colombia.

LA VISA HUMANITARIA QUE ENTRARÁ en vigor en Ecuador el próximo 26 de agosto no será un impedimento para que los venezolanos que se acojan a ella accedan en el futuro, si así lo desean, al proceso de naturalización.

Así explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Exteriores, quienes precisaron que «el trámite para acceder a la naturalización no está ligado de ninguna manera a tener una visa anterior».

«La visa no constituye ningún tipo de prerrequisito para la naturalización. Para acceder a la ciudadanía ecuatoriana se prevén requisitos que están claramente estipulados por la ley y que no dependen de tener una visa previamente», según el Ministerio.

A finales de agosto entrará en vigor en Ecuador una nueva normativa para los migrantes venezolanos que consiste en la necesidad de tener una visa antes de ingresar al país, ya sea humanitaria o de turista.

Esta autorización se podrá obtener en los consulados ecuatorianos por todo el mundo y, en Venezuela, en los de Caracas y Valencia.

Para los migrantes que ya están en el país, la normativa, descrita en el decreto presidencial 826 del 25 de julio, establece una amnistía a la hora de regularizar su situación, si no lo han hecho ya, y el acceso a una «visa humanitaria temporal» por espacio de dos años que será gratuita.

El aplicante solo deberá pagar 50 dólares por el formulario de gestión y la tramitación burocrática de la misma, pero no la visa en sí.

Estas medidas fueron adoptadas la semana pasada por el Gobierno ecuatoriano para «ordenar» y «regularizar» la situación de más de 350.000 migrantes venezolanos que se han quedado en el país, y que según datos de la ONU podrían llegar al medio millón a finales de este año.

Per cápita, Ecuador es el país que más migrantes ha recibido estos dos últimos años, a un coste que sus autoridades elevan a cerca de 77 millones de dólares en 2018.

Entre las dudas de muchos de estos migrantes estaba la de si las nuevas visas eran de carácter temporal exclusivamente, con obligación de regreso a su país al término de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, o si, por el contrario, podrían acceder a la residencia permanente y la naturalización si así lo desearan.

Según el Ministerio de Exteriores, los dos procesos son separados y por tanto no hay conexión entre ellos a la hora de solicitar la naturalización.

Ecuador aplica hasta ahora una política de «puertas abiertas» al ingreso en el país, pero esta semana la Presidencia presentó un conjunto de enmiendas a la Ley de Movilidad Humana -independientemente del caso venezolano- para regular el ingreso, de forma que no sea totalmente libre, particularmente para los infractores de la ley.

«Creo que este es el mensaje que tiene que ser más claro: hay una manera de tratar a las personas que vienen al Ecuador y cumplen con la ley (..), pero hay un tratamiento completamente distinto a las personas que la infringen», destacó la ministra del Interior, María Paula Romo, al presentar las enmiendas junto a su colega de Exteriores, José Valencia.

Y valoró que la política de puertas abiertas, que proviene de la visión hace más de diez años del anterior Gobierno de Rafael Correa de no exigir visa a ningún país, no consiguió sus objetivos porque permitió el ingreso de todo tipo de personas involucradas en delitos.

YA CONOCEMOS LAS CONSECUENCIAS DEL EXODO VENEZOLANO. Según las cifras oficiales, para finales del 2018, se encuentran legalmente registrados como residentes estables en Colombia 1.235.593 venezolanos, publica La Opinión.

Hay quienes sostienen que el número real es mayor. Pero aceptándolo como el más confiable, en todo caso es la cifra declarada por las autoridades de gobierno, se puede concluir que estamos frente a uno de los más grandes fenómenos de movilidad humana entre dos países con frontera común ocurridos en la historia de América Latina.

También sabemos que el éxodo es para largo. Porque, aún si el régimen autoritario de Nicolás Maduro se derrumbara mañana por la tarde, los niveles de deterioro de la sociedad y la economía venezolana son tan grandes grandes que una mínima recuperación, y por tanto un presumible retorno masivo de los emigrantes, siendo optimistas, tardaría por lo menos unos cinco años en ocurrir.

Además, los estudiosos de las migraciones masivas han observado que, cuando se producen los procesos de retorno, menos del 20% de los que habían partido regresan al país de origen. Los demás echan raíces. Se mezclan. En Venezuela lo sabemos bien.

Europa occidental se recuperó con éxito de las dos guerras mundiales, pero de las centenas de miles de italianos, españoles y portugueses que a partir de los años 1940 emigraron a Venezuela en la posguerra, muy pocos regresaron.

Resulta, además, que el fenómeno contemporáneo de la migración venezolana es bastante atípico. No responde a los factores ya clásicos de los grandes desplazamientos.

Los venezolanos no huyen de un conflicto bélico. Como los sirios a Europa de la guerra civil. Tampoco de una catástrofe natural. Como los haitianos a Dominicana luego del terremoto de 2011. Ni salen a buscar fortuna o a mejorar sus condiciones de vida. Como tantas migraciones latinas a USA o Europa. Y solo una pequeña parte son, en sentido estricto, perseguidos políticos. El caso del Chile de Pinochet o la Cuba de Fidel.

El emigrante venezolano huye de una catástrofe social resultante de un fracaso político. Estamos ante un contingente humano en movimiento cuyos miembros padecen su situación más como un castigo que como una alternativa. Se perciben a sí mismos como refugiados antes que como emigrantes.

El refugiado es alguien que ha sido obligado a marcharse de su país porque su seguridad, su libertad o, incluso, su propia vida está en riego.

El emigrante, en cambio, decidió libremente marcharse por conveniencia personal. Sabe que puede volver cuando quiera. El refugiado no. Porque su vida o su libertad corren peligro si regresa.

El venezolano, especialmente el de menos recursos, quema sus naves al partir. Cuando cruza a pie la línea fronteriza sabe que, como la mujer de Lot a Sodoma, no debe voltear a mirar. Atrás queda la debacle. Adelante la incertidumbre. Es una condición muy vulnerable. Porque, hay que decirlo, la venezolana es una migración de la desesperanza.

¿Qué debe hacer Colombia?

El primer paso es asumir, como al menos en lo declarativo parece haberlo hecho ya su gobierno central, que la migración venezolana es de hecho un componente decisivo del futuro colombiano. Y que su tratamiento exitoso requiere del diseño y ejecución de políticas pública de Estado, integrales y pensadas para el largo plazo. Los paños calientes en estos casos no funcionan.

Veámoslo así. Es como si de improviso se le hubiese anexado a Colombia un nuevo departamento. Porque el número oficial de venezolanos inmigrantes es casi exactamente el mismo del total de pobladores del Norte de Santander. Lo que significa que la población anexada requiere un número de servicios educativos, atención a la primera infancia, vivienda, transporte, salud, y seguridad, equivalente a todos los del Norte de Santander. Y para suplir esos servicios, sin crear caos local, tanto el mundo privado como el Estado deben planificar.

Un aporte al crecimiento económico

Pero también el fenómeno es una gran oportunidad. Si se aplican las políticas correctas a corto plazo, en el largo la migración venezolana puede contribuir al crecimiento económico de Colombia.

Es lo que estima el Informe “La migración venezolana a Colombia”, presentada en noviembre pasado por el Banco Mundial, cuando prevé que en el caso de que 500 mil migrantes se incorpore al mercado de trabajo, el crecimiento económico se aceleraría en 0,2 puntos porcentuales, explicado por un incremento en el consumo de 0,3 puntos y en la inversión de 1,2 puntos.

Para que así ocurra, es necesario dar una salto conceptual y político que algunos hemos definido como el paso de la “migración asistida” a la “migración productiva”. Es decir, entender que la mejor manera para que un migrante forzoso no sea una carga para el país receptor sino un factor de desarrollo económico y cultural, como las migraciones europeas y asiáticas que conformaron el gran melting pot de los Estados Unidos, es facilitando su integración, no aislándolo en refugios.

Para que se integre debidamente es necesario que el migrante se haga ciudadano con deberes y derechos. Y para que sea un ciudadano pleno debe hacerse productivo. Esto es, generar ingresos, ya sea como fuerza de trabajo o como emprendedor, pagar impuestos, cotizar con la seguridad social, conocer, cumplir y compartir las leyes, la cultura y sus derechos y deberes.

Dos grandes concertaciones

Una política migratoria integral debe partir de principios humanistas de solidaridad, pero también de un enfoque jurídico de derechos humanos, y del propósito económico de la integración y el social de la convivencia pacífica de los migrantes y refugiados dentro de la sociedad receptora como meta final.

En ese contexto la asistencia humanitaria es impostergable, pero corresponde básicamente la acción de emergencia. El tratamiento profundo y preventivo del fenómeno, el que lo puede convertir en una oportunidad y no en una amenaza, está en la previsión a largo plazo, la política de Estado y la inversión con sentido futuro.

Y de allí se deriva una segunda asignatura pendiente. Tal y como lo afirma otro Informe importante, presentado en octubre pasado por el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, “Retos y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria en Colombia”, el éxito de una política migratoria a nivel nacional dependerá en gran medida de dos grandes concertaciones.

Una, la que tiene que ver con el carácter internacional del fenómeno, la promoción de una política exterior que comprometa a los demás gobiernos de la región, y a los organismos internacionales de cooperación, en acciones conjuntas de corresponsabilidad.

Y otra, en su dimensión nacional, que articule los esfuerzo del gobierno central con la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y, de modo muy especial, los gobiernos regionales, especialmente los de las zonas fronterizas en torno a estrategias comunes.

Tal vez sea este un nuevo comienzo para aquello que ni la diplomacia ni el mercado ha logrado a plenitud. La gran oportunidad para que la anhelada integración entre las dos naciones, desde siempre conectadas por un destino común, se produzca de abajo hacia arriba. Como ocurren los fenómenos sociales más duraderos.

Las migraciones entre ambos países han sido un viaje recurrente de ida y vuelta. Esta vez podría ser un gran paso de la desesperanza cíclica de un solo lado, a la esperanza compartida, de ambos.

Por Tulio Hernández 

UN GRUPO DE VENEZOLANOS DETENIDOS en Trinidad y Tobago por emigrar ilegalmente a ese país pidieron al presidente de la República, Nicolás Maduro, que ayude con su repatriación, según un video divulgado este miércoles por el diputado opositor Carlos Valero.

En la grabación de dos minutos se observa a los hombres reunidos en lo que parece ser una prisión, portando uniformes azules, mientras uno de ellos asegura que su único delito «fue emigrar a este país en busca de ayuda», reseñó AFP.

«Pedimos a usted, señor presidente (Nicolás Maduro), apruebe el envío del avión para que podamos ser repatriados en el marco de la misión ‘Vuelta a la patria’, ya que somos padres y madres que sostienen familias», señala el vocero.

El hombre asegura que hay unos 200 venezolanos detenidos en la isla y pide que quienes están condenados por entrar ilegalmente sean repatriados a Venezuela para cumplir la pena en el país petrolero.

«Es un llamado de auxilio», expresó Valero en su cuenta de Twitter. Los familiares de venezolanos presos en la isla caribeña han protestado frente a la embajada de ese país en Caracas exigiendo su repatriación.

El 4 de julio, la Asamblea Nacional (AN) denunció violaciones de derechos humanos contra unos 207 venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago, especialmente por mala alimentación.

El pasado 22 de abril, el gobierno trinitense informó que 82 ciudadanos venezolanos fueron «repatriados voluntariamente (…) con la asistencia» de la embajada de Caracas.

Esas personas fueron trasladadas en un avión militar venezolano, según el reporte oficial. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lamentó la «deportación» de esos ciudadanos -muchos de ellos solicitantes de asilo-, señalando que las repatriaciones forzadas violan la ley internacional.

Según Naciones Unidas, unos 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones migraron desde 2015.

#URGENTE Detenidos en Trinidad y Tobago envían contundente mensaje a Maduro y a la embajadora Coromoto Godoy. Les recuerdan el tratado de Estamburgo. Le exigen al régimen dar atención a sus casos. Es un llamado de auxilio.Exigimos el cese a la persecución y al régimen a actuar YA pic.twitter.com/ZJ2kNY7RXk— Carlos Valero (@CarlosValero08) 20 de septiembre de 2018

Desde las afueras de la Embajada de Trinidad y Tobago nuestra @jds_unt exigió a las instancia trinitaria un pronunciamiento sobre la situación de los venezolanos detenidos. @jesuslaraa indicó que los jóvenes no están seguros, emigran de forma forzada a distintas partes del mundo pic.twitter.com/wlF8iO9vkm

— Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) 19 de septiembre de 2018

Junto a los compañeros de JDS a las afueras de la embajada de Trinidad y Tobago consignamos documento para exigir el cese de persecución a venezolanos en ese país. También queremos visibilizar el caso de nuestro compañero Héctor Medrano, detenido por problemas migratorios #19Sept pic.twitter.com/lJsFQdOq1Z

— Carlos Valero (@CarlosValero08) 19 de septiembre de 2018

El subsecretario de Estado de EEUU, John Sullivan, anunció este martes que su Gobierno concederá 18,5 millones de dólares adicionales a Colombia para apoyar a los venezolanos que huyen de la crisis que azota a su país.

Así lo anunció Sullivan durante la 48ª Conferencia de las Américas, celebrada en el Departamento de Estado y auspiciada por el centro de estudios Consejo de las Américas.

Los 18,5 millones aportados directamente al Gobierno colombiano para lidiar con la llegada de refugiados venezolanos se suman a los 2,5 aportados en el pasado marzo, mientras que EE.UU. también ha canalizado recursos para ellos a través de la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas (Acnur).

En su intervención, Sullivan insistió en que el Gobierno de Nicolás Maduro debe permitir que entre la ayuda humanitaria internacional, e insistió en la falta de la legitimidad de los comicios presidenciales convocados para el 20 mayo.

“Seguimos apoyando al pueblo venezolano y su derecho a celebrar unas elecciones libres y democráticas“, insistió el diplomático estadounidense.