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Human Rights Watch

HRW: Minería es la causa principal de deforestación en el Amazonas
El informe indicó que los charcos de agua estancada y contaminada que genera la minería se han convertido en un caldo de cultivo para la malaria

Human Rights Watch (HRW) indicó que la minería es la principal causa de deforestación en el Amazonas venezolano, después de la agricultura.

En su reporte anual de 2021, la organización explicó que desde que Maduro declaró ilegalmente la creación de una zona de minería especial en el norte del estado Bolívar en 2016, el área ha perdido más de 230.000 hectáreas de bosque.

«A través del análisis de imágenes satelitales, se ha estimado que las actividades mineras actualmente ocupan al menos 20.000 hectáreas de la zona especial», aseguró HRW.

La zona de minería especial que cubre 24 % de la selva amazónica comprende 14 territorios indígenas, cuyos residentes no fueron consultados previo a su creación, según la organización.

HRW señaló que miembros de distintas comunidades indígenas dentro de la zona especial y río abajo estarían «sufriendo intoxicación grave con mercurio, una sustancia tóxica utilizada para separar el oro de las impurezas».

Malaria y minería

De acuerdo a Human Rights Watch, Bolívar es el epicentro de la epidemia de malaria en Venezuela. El estado registra 55% de los casos en el país.

«La enfermedad es muy común entre quienes se dedican a la minería de oro, cuya alta movilidad es un importante vector de contagio», reiteró HRW.

El informe indicó que los charcos de agua estancada y contaminada que genera la minería se han convertido en un caldo de cultivo para la malaria.

La organización explicó que la minería ilegal de oro en el estado Bolívar es controlada en su mayoría por organizaciones criminales y grupos armados colombianos, que vigilan a los ciudadanos, establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes acusan de cometer robos y otros delitos.

«Estos grupos actúan con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, también con su colaboración», dijo HRW en su informe mundial.

Según el informe, hasta septiembre de 2021, las élites políticas y militares venezolanas y grupos armados colombianos seguían siendo actores clave en el comercio del oro.

HRW: Gobierno de Maduro es responsable de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas
HRW denunció que en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por cuerpos policiales
Reiteraron además que en Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos

La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración.

HRW indicó en su reporte mundial del año 2021 que el gobierno venezolano también ha «encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes».

«La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos», aseguró Human Rights Watch.

Según el reporte mundial, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha identificado «patrones de violaciones y crímenes que eran parte de un ataque generalizado y sistemático», lo que lleva a calificarlos como crímenes de lesa humanidad.

Continúa la persecución de opositores políticos

Durante 2021, el gobierno de Maduro encarceló a opositores políticos y los inhabilitó para postularse a cargos públicos.

Según informa Foro Penal, hasta el 25 de octubre, había 254 presos políticos en Venezuela.

«Aunque algunos detenidos fueron liberados o trasladados de centros operados por servicios de inteligencia a cárceles comunes, sigue habiendo una “puerta giratoria” y nuevos críticos son sujetos a procesos penales arbitrarios», reiteró Human Rights Watch.

Una de las detenciones más comentadas fue la de Freddy Guevara, miembro del partido Voluntad Popular, el 12 de julio de 2021. El Estado alegó que Guevara, junto con pandillas, había participado en un tiroteo con policías en Caracas, en La Cota 905. Fue acusado de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.

Estuvo incomunicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hasta el 15 de agosto y fue liberado tras la primera ronda de negociaciones en México, bajo la condición de que se presentara ante la justicia cada 30 días.

En 2020, la Oficina de la ACNUDH informó sobre «presuntos casos de tortura y maltrato» que incluían golpizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo y estar esposado por períodos prolongados.

«De las 15.756 personas detenidas arbitrariamente desde 2014, 9.406 habían recibido libertad condicional a julio de 2021, pero seguían sujetas a procesos penales, y 872 habían sido enjuiciadas en tribunales militares, según Foro Penal», indicó el reporte mundial de HRW.

De acuerdo a Human Rights Watch, en junio de 2021, la Oficina de la ACNUDH informó que seguían ocurriendo torturas, maltratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Ejecuciones extrajudiciales y OLP

Human Rights Watch señaló que otra de las formas de violencia que se llevan a cabo en Venezuela son las ejecuciones extrajudiciales.

HRW aseguró que entre 2016 y 2019, funcionarios de cuerpos de seguridad asesinaron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. En junio de 2021, la ACNUDH informó que, a pesar de una leve disminución, las muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad continuaban.

«Muchas de estas muertes eran consistentes con patrones de ejecuciones extrajudiciales», señaló el reporte mundial de HRW.

De acuerdo a la organización, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de policía especializado, han «matado y torturado a residentes de zonas de bajos recursos, sembrando el miedo y ejerciendo control social sobre estos sectores».

Human Rights Watch recordó que anterior a esto, se llevaron a cabo las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), redadas llevadas a cabo por fuerzas militares y policiales en comunidades populares entre 2015 y 2017. 

«De ellas surgieron denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y desalojos forzados», afirmó la organización.

Grupos armados en estados fronterizos

La organización reiteró que en Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos.

HRW denunció que en Apure, estos grupos «usan métodos brutales para imponer toques de queda, prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio» y normas que regulan las actividades cotidianas.

«Estos actos casi siempre quedan impunes, y los residentes señalan que funcionarios de cuerpos de seguridad y autoridades locales a menudo actúan en connivencia con grupos armados», dijo la organización.

De acuerdo al informe de HRW, a partir de marzo de 2021, funcionarios de cuerpos policiales cometieron «abusos aberrantes contra residentes de Apure» durante un operativo contra una disidencia de las FARC conocida como Frente Décimo Martín Villa.

«El operativo resultó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles en tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados», indicó la organización.

Continúa la impunidad

HRW denunció que en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por cuerpos policiales con el conocimiento de las más altas autoridades del país.

La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU informó en septiembre de 2021 que las autoridades judiciales han sido cómplices de los abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales y no proteger a las víctimas de torturas.

«Los jueces permitieron que hubiera demoras procesales significativas e interfirieron con el derecho de las personas a elegir sus propios abogados», reiteró la Misión de la ONU.

El Ministerio Público informó que, entre agosto de 2017 y mayo de 2021, 716 funcionarios fueron acusados de delitos vinculados con violaciones de derechos humanos, 1064 fueron procesados, 540 detenidos y 153 condenados.

Según HRW, la Misión de Determinación de los Hechos señaló algunas discrepancias en las cifras proporcionadas por las autoridades venezolanas y concluyó que no había evidencia de que las autoridades estuvieran realizando investigaciones para determinar la responsabilidad por abusos en los niveles superiores de la cadena de mando.

Las preocupaciones de HRW en materia sanitaria y de educación en Venezuela
La organización puso en duda las cifras que suministra el gobierno sobre el COVID-19: «Es probable que sean mucho mayores, considerando la disponibilidad limitada de pruebas de diagnóstico confiables, la falta de transparencia gubernamental y la persecución de profesionales de la salud y periodistas»
HRW  denunció el acceso insuficiente o nulo a equipos de protección personal como mascarillas y guantes en hospitales, señalando que esto ocurre en 83% de los centros hospitalarios venezolanos

Human Rights Watch (HRW) hizo un recuento de los eventos que ocurrieron en Venezuela durante 2021 en su reporte mundial. Entre ellos destacan la emergencia humanitaria y la pandemia de COVID-19.

Además de ello, HRW señaló que que las «preocupaciones crónicas» en cuanto a Venezuela incluyen: brutalidad policial, condiciones precarias de detención, impunidad ante violaciones de derechos humanos y hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes.

Cifras irreales de COVID-19

Según Human Rights Watch, para el 28 de octubre, había 403.318 casos confirmados de Covid-19 y 4.848 muertes en Venezuela. «Es probable que las cifras sean mucho mayores, considerando la disponibilidad limitada de pruebas de diagnóstico confiables, la falta de transparencia gubernamental y la persecución de profesionales de la salud y periodistas que informan sobre la pandemia», reiteró la organización.

HRW también denunció el acceso insuficiente o nulo a equipos de protección personal como mascarillas y guantes en hospitales, señalando que esto ocurre en 83% de los centros hospitalarios venezolanos.

«En 95 % de los hospitales también hacen falta insumos de limpieza, como jabón y desinfectante», aseguró el reporte mundial

De acuerdo con la organización, la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela ha sido menoscabada por la «corrupción y falta de transparencia gubernamental» respecto a la adquisición y distribución de vacunas y otros insumos médicos.

«El gobierno agendó las vacunaciones por medio del “Carnet de la Patria”, un documento requerido desde 2017 para acceder a beneficios públicos que el gobierno ha utilizado para ejercer control social y político, especialmente en períodos electorales», señaló la organización.

El 27 de octubre, el gobierno venezolano informó que 61,6% de los venezolanos habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, tan solo 21,6% de los venezolanos habían completado un esquema de vacunación para esa fecha, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«En agosto, entre 25% y 28% de los profesionales sanitarios seguían esperando su segunda dosis», reiteró HRW en su reporte mundial.

Uno de cada tres venezolanos padece inseguridad alimentaria

Además de la pandemia de COVID-19, los venezolanos también deben enfrentar la inseguridad alimentaria.

HRW señaló que, según el Programa Mundial de Alimentos, uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia.

En 2019, informó que 9,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria, y estimó que el número aumentaría significativamente en los próximos años.

«UNICEF informó que 5,8 % de los niños evaluados entre enero y junio de 2021 padecían desnutrición aguda, y 1,5 % desnutrición aguda severa», señaló la organización.

Venezolanos son atendidos por un sistema sanitario colapsado

De acuerdo al reporte mundial de HRW, Venezuela debe enfrentar la pandemia de COVID-19 y la crisis alimentaria con un sistema sanitario colapsado.

HRW aseguró que el colapso del sistema de salud en Venezuela ha resultado en el aumento de enfermedades infecciosas y la reaparición de otras que podrían prevenirse con vacunas.

No solo eso, la organización reiteró que cientos de personas estarían muriendo debido a obstáculos para realizar trasplantes.

«La escasez de medicamentos e insumos, las interrupciones en los servicios de agua y electricidad y la emigración de trabajadores de la salud han reducido gravemente la capacidad operativa de los centros de salud», dijo HRW.

Crisis humanitaria y COVID-19 han afectado la educación 

Según Human Rights Watch, la educación en Venezuela también se ha visto afectada por la crisis humanitaria y la pandemia de COVID-19.

La organización explicó que los índices de asistencia escolar, ya bajos debido a la crisis humanitaria, han disminuido aún más a raíz del COVID-19 y las restricciones relacionadas con la pandemia.

«UNICEF informó que 6,9 millones de estudiantes en Venezuela prácticamente no tuvieron clases presenciales entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Las clases se reanudaron en octubre de 2021, aunque con asistencia limitada», señaló HRW.

HRW: Maduro usó el estado de emergencia por covid para intensificar control
En su informe anual, Human Rights Watch afirma que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad «son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como el encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos»

 

Nicolás Maduro utilizó el estado de emergencia decretado por la llegada de la covid-19 para intensificar su control de la población, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe difundido el 13 de enero.

En su informe anual, HRW afirma que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad «son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como el encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos».

«Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la covid-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos», destaca.

Al respecto, recuerda que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU «identificó patrones de violaciones» de los derechos humanos y delitos que eran parte de una conducta sistemática y extendida.

En este sentido, la ONG asegura que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en noviembre pasado su decisión de abrir formalmente una investigación sobre la comisión de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

HRW también recuerda que Venezuela afronta una emergencia humanitaria severa con «millones de personas sin acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada».

«El acceso limitado a agua segura en los hogares, centros de atención médica y un plan de vacunación afectado por la opacidad puede haber contribuido a la difusión de la covid-19, sostiene el informe.

La organización también recuerda que la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre reportaron que algunos opositores fueron «arbitrariamente descalificados» y un «acceso desigual a los medios de comunicación».

Además, que «la falta de independencia judicial respeto al imperio de la ley socavaron la imparcialidad y transparencia de la elección».

Entre las preocupaciones que persisten, incluye las «abyectas condiciones» en las prisiones, la impunidad para las violaciones de los derechos humanos y el acoso a los defensores de los mismos y medios independientes.

«El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina», reitera.

Detenciones arbitrarias

En su informe, HRW también dice que «el Gobierno ha detenido a opositores políticos», eliminándolos de las posibles carrera para ser elegidos en elecciones.

Cita el informe de la ONG Foro Penal del pasado 25 de octubre, momento en el que reportaron que había 254 detenidos a los que calificaban como presos políticos, una cifra que actualizaron este 12 de enero a 243.

Asimismo, destaca que agentes de seguridad y de las fuerzas de seguridad «han torturado a varios detenidos y a sus parientes», a la vez que recuerda que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2020 reportó casos de presunta tortura y malos tratos a los arrestados.

Información de EFE

HRW cree que investigación de la CPI sobre Venezuela da esperanza de justicia
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que la decisión anunciada por del fiscal Karim Khan, inédita en la historia de América Latina, «le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro» 

 

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación en Venezuela por denuncias de delitos de lesa humanidad «da una esperanza de justicia» a las «víctimas de la brutal represión».

«Esta decisión -la primera en la historia de América Latina- le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro«, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.

En diciembre del año pasado, HRW aseguró que era «imperativo» que «haya justicia» en Venezuela, tras el informe publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que advierte acerca de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por varios cuerpos de las fuerzas de seguridad.

Este informe «contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el gobierno de Nicolás Maduro», recoge un comunicado de HRW.

En él, subrayan que el informe está centrado en «alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficiente detallada y confiable».

Información de EFE

Las 13 propuestas sobre DDHH de Human Rights Watch para el diálogo en México
Entre las propuestas de Human Rights Watch se encuentra derogar las disposiciones legales violatorias de la libertad de expresión que fomentan la autocensura, incluyendo las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio

Foto: EFE/Alberto Valdés

La ONG internacional Human Rights Watch presentó una serie de propuestas sobre derechos humanos para abordar en el diálogo que se llevará a cabo en México entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, consideró que una negociación exitosa debe «generar resultados tangibles» que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela.

Con respecto a lo anterior, Vivanco señala que se incluyen acciones como «terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país».

«También debe contar con un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo”, agregó Vivanco.

 

Human Rights Watch señala que el desafío está en restablecer el Estado de derecho que la administración de Maduro «ha desmantelado por completo», para lo cual presentaron las siguientes propuestas:

Liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.

Ordenar el cese de las detenciones arbitrarias y abusos contra opositores por parte de fuerzas de seguridad, así como poner fin a su colaboración con grupos «armados» partidarios del oficialismo para «intimidar a críticos y cometer abusos».

Reformar la Policía Nacional Bolivariana y, entre otras medidas, disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Terminar la censura y la «campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil». Poner fin al hostigamiento público, garantizar que las organizaciones internacionales puedan obtener la documentación necesaria para operar en el país, así como restituir todos los bienes, equipos y oficinas de El Nacional a sus propietarios.

Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos, que tengan interés y capacidad de proporcionar ayuda de forma apolítica y acorde con los principios humanitarios básicos.

Trabajar con expertos en sistemas de justicia de la sociedad civil, venezolanos e internacionales, así como con la oposición, para establecer una comisión independiente con el fin de formular propuestas concretas y trabajar con las autoridades relevantes para:

Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial, para lo cual es necesario (1) establecer un mecanismo para nombrar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante un proceso de selección abierto y transparente; derogar disposiciones de la Ley Orgánica del TSJ, que permiten que los legisladores puedan destituir a magistrados por mayoría simple de votos; y asegurar que los jueces inferiores ocupen cargos permanentes con garantías de inamovilidad.

Derogar las disposiciones legales violatorias de la libertad de expresión que fomentan la autocensura, incluyendo las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio.

Derogar disposiciones legales que violan el derecho de libre asociación al limitar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil.

Asegurar que haya elecciones libres y justas con observación internacional independiente.

Por otro lado, representantes de Maduro deberían asumir el compromiso de asegurar que el Ministerio Público:

Deje de fabricar cargos que obedecen a motivaciones políticas contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos.

Retire todos los cargos contra críticos, opositores políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos procesados por cuestionar acciones o políticas del gobierno, y poner fin a los procesos que respondan a motivaciones políticas.

Investigue de manera oportuna y exhaustiva los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo cual incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos penales arbitrarios, torturas y maltrato, y desapariciones forzadas.

Sobre la CPI

HRW recordó que la situación de Venezuela también es objeto de examen preliminar por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde febrero del año 2018.

Al respecto, recuerdan que, tras culminar su mandato en junio de 2021, la entonces fiscal Fatou Bensouda, anunció que la Fiscalía concluyó su examen preliminar.

Sin embargo, no hizo públicas sus conclusiones, pues se encontraba en trámite ante la corte un recurso presentado por autoridades venezolanas solicitando que la CPI revisara el examen realizado por la fiscal.

 

Vale recordar que la sala de Primera Instancia de la CPI desestimó el pedido de Venezuela.

Entonces, el nuevo fiscal, Karim Kan, deberá decidir se corresponde llevar adelante una investigación formal.

Human Rights concluyó que, pese a la existencia de pruebas, las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los abusos generalizados.

Human Rights Watch pide a Chile detener la deportación de venezolanos
La organización destaca una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones los fines de semana y separación de familias

 

Human Rights Watch (HRW) instó al gobierno de Chile a «poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos» que realiza en el marco de una ley de migración «y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos».

A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.

Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también «violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas» antes de que se concrete la expulsión.

«Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional», afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el documento.

En la misma línea, Vivanco apuntó que resulta «contradictorio» que el gobierno encabezado por Sebastián Piñera «condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro».

Se estima en que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.

HRW señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos «sin control judicial» y afectando principalmente a venezolanos.

Esta política del Gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la pena en su país, y también la de quienes ingresaron clandestinamente al país y se encuentran en una situación administrativa irregular.

Con información de EFE

Cuba confirma casi una veintena de juicios por protestas
Organizaciones como Human Rights Watch y activistas locales difundieron listas que llegaron a sumar hasta 600 personas detenidas

 

Hasta el viernes se realizaron en Cuba al menos 19 juicios sumarios a 59 personas como supuestos participantes en las inéditas protestas antigubernamentales, confirmaron el sábado las autoridades judiciales de la isla.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular indicó que estos casos que se ventilaron en cortes municipales son de personas acusadas de cometer delitos de menor gravedad, entre ellos desórdenes públicos y desacato.

El magistrado confirmó que los procesos se realizaron de manera sumaria, como lo establece la ley para esas figuras, pero rechazó que se tratara de una “avalancha” de causas que no contaron con las garantías procesales como lo denunciaron familiares y amigos de los presos.

“En los días recientes en las redes sociales y medios de prensa se han estado publicando falsas noticias y comentarios con la intención de denigrar y cuestionar la legitimidad, la legalidad y la transparencia con que los tribunales cubanos están procesando los hechos”, manifestó Remigio Ferro.

Hasta ahora ni el magistrado, ni ningún funcionario judicial o del Ministerio del Interior informó cuántas personas fueron arrestadas en los incidentes del 11 y 12 de julio en varios puntos de la capital y del país a donde se sucedieron marchas pacíficas, pero también actos de vandalismo y saqueos. The Associated Press presenció algunos arrestos violentos realizados por la Policía.

Las 19 causas con sus 59 involucrados –con los delitos de menor gravedad– abarcarían una parte de las personas detenidas.

Organizaciones del extranjero como Human Rights Watch y grupos de activistas locales hicieron listas que llegaron a sumar unas 600 personas. Un oficial del ministerio dijo en días pasados que algunos habían sido sencillamente liberados y otros multados.

También se desconoce cuantas personas fueron heridas –aunque se reportó un muerto–, incluyendo algunos simpatizantes del gobierno que salieron a contrarrestar las marchas de protesta. Desde entonces no se produjeron nuevas manifestaciones.

Entrevistas realizadas por AP en los días previos dieron cuenta del desarrollo de los juicios. Parientes o conocidos de los encauzados se quejaron de la falta de abogados –aunque los procesos sumarios admiten esta posibilidad–, de que se les avisó de las vistas orales cuando ya habían terminados, no se les informó sobre las sentencias o no se permitió ver a los presos o llamarlos por teléfono.

Las manifestaciones, las más importantes realizadas en décadas, pedían acción del gobierno en temas como la escasez o la carestía y los cortes de luz, pero también cambios en el modelo político. Miles de simpatizantes del gobierno también salieron a las calles, pero a defender la revolución y las autoridades culparon a las redes sociales de atizar las tensiones mediante una campaña de mentiras.

Cuba vive una fuerte crisis económica derivada del golpe de la pandemia y las sanciones de Estados Unidos que se ajustaron dramáticamente en los años anterior para presionar mediante la asfixia financiera un cambio en el modelo político.

Por su parte, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, aseguró el sábado que la dependencia está vigilando que haya transparencia en los procesos, aunque reconoció que la “carga subjetiva” del momento también afecta a los jueces, quienes están sometidos a un código de ética.

El presidente Miguel Díaz-Canel y varios altos funcionarios llamaron “delincuentes” a los manifestantes, aunque el mandatario reconoció que también había entre ellos personas con reclamos legítimos.

Tanto Remigio Ferro como Peña descartaron por el momento una amnistía para los presos pues se trata de una decisión política –que no les compete como magistrados– y porque las causas están en proceso.