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Human Rights Watch

Este miércoles 22 de enero, Human Rights Watch (HRW) alertó a través de un informe que grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte.

“Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos”, dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentará hoy el estudio en Bogotá.

En el informe de la HRW destaca que se cometen abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una disidencia de las desmovilizadas FARC y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).

HRW visitó Arauca, en el este de Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.

Con dichos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y “las hacen cumplir brutalmente”.

 

Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.

Según el organismo, en algunas áreas “prohíben usar cascos de motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona que realice actividades económicas”.

Vivanco subrayó en el informe que “los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera y especialmente en Venezuela a veces están en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales”.

Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados, los abusos siguen impunes. Mientras en Venezuela, las guerrillas “parecen sentirse aún más libres para operar”.

“Al menos 16 cuerpos (sin vida) de civiles fueron encontrados en Arauca en 2019 con mensajes en papel en los que se acusaba a las víctimas de ser ‘informantes’, ‘violadores’, traficantes de drogas’ o ‘ladrones’. Algunos estaban firmados por grupos disidentes de las FARC que operan en el área”, añade el informe.

 

Astucia, falta de escrúpulos y una red de países aliados: así sortean las dictaduras las sanciones económicas
Regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Kim Yong-un en Corea del Norte, Bashar al-Assad en Siria y el de Hassan Rouhani en Irán, confirman que la teoría según la cual sólo sobreviven los más aptos también es aplicable a los dictadores. Bajo la cobertura de un entramado de empresas fachada y con la ayuda de países aliados, estos regímenes han evadido sanciones económicas durante años y han logrado mantener el poder mientras que gran parte de sus ciudadanos sufre incontables penurias. Habituada a hacer negocios en la opacidad, la camarilla que gobierna en Venezuela desde 1999 no sólo está perfectamente adaptada para sortear las sanciones sino que además se beneficia de una característica distintiva: la ausencia de valores éticos

 

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

 

Existe consenso en torno a la poca efectividad de las sanciones económicas impuestas a regímenes autoritarios como método para forzar un cambio político. De hecho, la evidencia sugiere que algunas dictaduras se fortalecen políticamente tras las sanciones pues a la par que proveen una narrativa de ataque enemigo, les abre un abanico de oportunidades para operar en la sombra. 

Tras 57 años de sanciones por parte del gobierno norteamericano, Cuba es un ejemplo emblemático y cercano de supervivencia política pese a las sanciones pero no es el único caso. Corría 1950 cuando los Estados Unidos impuso a Corea del Norte las primeras sanciones económicas debido a graves violaciones a los derechos humanos, a las que luego se sumarían sanciones por el desarrollo de su programa nuclear. El régimen iraní lleva 40 años lidiando con restricciones que si bien han mermado drásticamente su economía no han logrado ni el cambio político ni han puesto freno al desarrollo de su sector nuclear. Las sanciones contra Siria desde 1986 debido a violaciones a los derechos humanos y a sus vínculos con organizaciones terroristas no impidieron ni la guerra civil ni el posterior éxodo masivo.    

Más de 100 personeros del régimen que lidera Nicolás Maduro han sido individualmente sancionados desde 2008 no sólo por los Estados Unidos sino por una amplia coalición de países.  La principal empresa estatal -Petróleos de Venezuela- se unió en 2019 a las más de 50 empresas sancionadas por su participación en delitos como el lavado de dinero producto de la corrupción. Las sanciones tanto a particulares como a empresas obedecen a delitos como corrupción, lavado de dinero, graves violaciones a los derechos humanos y narcotráfico. 

“Los regímenes militares y de partido único tienen menos probabilidades de ceder ante la presión extranjera en comparación con las democracias. Esto se debe a que efectivamente utilizan varias tácticas represivas e incentivos positivos para soportar los costos de la coerción”, argumenta el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Memphis Dursun Peksen

Diego Moya Ocampo, analista senior para América Latina de IHS Global Insight, coincide con Peksen y va un paso más allá: “Venezuela no sólo puede adaptarse a sobrevivir bajo un régimen de sanciones como ha sido el caso de Irán, Cuba, Siria o Zimbabue, sino que el gobierno de Maduro está en una posición privilegiada y mucho más cómoda. Me explico, desde antes de que se impusieran sanciones a Venezuela lo que ha caracterizado al régimen chavista ha sido la creación de mercados negros. Es un entorno que le es cómodo. Este ha sido un gobierno en el cual la visión de todos sus burócratas ha sido siempre abrir un mercado negro. Pensemos por ejemplo en el sector salud: en vez de recurrir a formas tradicionales de corrupción como pedir sobornos a las empresas farmacéuticas para otorgar contratos, los ministros chavistas cerraron el mercado y crearon un mercado negro para que la única manera de comercializar sus productos fuera a través de un sistema que ellos controlaban. Operar en mercados negros es su posición natural”. 

“Me explico, desde antes de que se impusieran sanciones a Venezuela lo que ha caracterizado al régimen chavista ha sido la creación de mercados negros. Es un entorno que le es cómodo”.

 

Astucia: los mil y un nombres  

A principios de noviembre de 2019, la agencia Bloomberg reportó que los tanqueros venezolanos responsables de transportar petróleo a Cuba han recurrido a la estrategia de cambiar sus nombres para sortear las sanciones. “El buque Ocean Elegance, un petrolero que ha estado entregando crudo venezolano a Cuba durante los últimos tres años, pasó a llamarse Océano después de ser sancionado en mayo. El barco S-Trotter, otro que está en la lista de sanciones, ahora se conoce como Tropic Sea”, informó la agencia de noticias

La misma nota reportó que el carguero llamado Nedas y ahora conocido como Esperanza, tras ser sancionado en abril de 2019 ha seguido realizando envíos a Cuba de modo “fantasma” apagando su sistema de rastreo satelital. Se calcula que solamente ese tanquero ha entregado 2 millones de barriles de crudo a Cuba este año. 

El régimen venezolano es comparable a una organización criminal más que a una dictadura populista y nacionalista convencional y esa es una de las razones por la cual se puede decir que el régimen de sanciones en sí mismo no va a forzar un cambio de comportamiento en el gobierno, al contrario, esto les genera una nueva serie de oportunidades para que los burócratas que están acostumbrados a manejar mercados negros hagan más negocios”, asegura Moya Ocampo. 

“El régimen venezolano es comparable a una organización criminal más que a una dictadura populista y nacionalista convencional y esa es una de las razones por la cual se puede decir que el régimen de sanciones en sí mismo no va a forzar un cambio de comportamiento”.

 

La comparación con una organización criminal también la hace el consultor en estrategias para la gestión de riesgos Alberto Ray, quien acuñó el término economía criminal revolucionaria (ECR) para explicar la forma en la que opera el gobierno de Maduro. “La ECR pasó de ser un sistema complementario de sustentación del régimen a ocupar durante el 2018 y aún más en 2019 la fuente primaria de ingresos en el modelo económico que hoy le da oxígeno a lo que queda de revolución chavista”, dijo Ray en su cuenta de Twitter.

Ray afirma que en su evolución, este sistema ha desarrollado su propia economía sobre la cual se teje una complejísima red de operadores que costará mucho desarticular. “La ECR se ha convertido en el hilo de sustentación del régimen venezolano”, agregó.  

En una entrevista a Runrun.es, Ray explicó que la economía criminal es revolucionaria en tanto se internacionaliza. “La economía revolucionaria fue diseñada adrede y la han ido perfeccionando con los años. Pensemos en cómo han organizado la venta ilegal de combustible por la frontera hacia Colombia. Esa es toda una logística a ambos lados de la frontera. Eso no ocurrió de un día para otro, fue un proceso. Hoy, en vista de que se han cerrado las vías formales y legales de hacer dinero han buscado vías alternas, incluso criminales como la extracción y comercialización ilegal del oro, para hacerse de recursos económicos”, dijo.  

Ray no duda en afirmar que el propósito número uno detrás de un sistema como el de la ECR es mantenerse en el poder a cualquier costo.  “El régimen ha calculado que para lograr ese objetivo no necesita más de 500 millones de dólares al mes. Es decir, cualquier actividad que les produzca esa cantidad de dinero es suficiente. Con ese monto se pagan gastos como la nómina de sus leales en las Fuerzas Armadas, los principales caudillos de las operaciones ilegales y la compra del CLAP. Al final, la fórmula de sostenimiento en el poder pasa por dos factores: la estructura de dominación social a través de los alimentos y la estructura de represión a través de la fuerza”, agregó. 

El rol de los aliados: más allá de los sospechosos habituales

Ninguna dictadura puede mantenerse en el poder durante décadas sin el apoyo internacional. Pese a la extensión de las sanciones impuestas a Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela, la camarilla gobernante en esos países se ha valido no sólo de sus aliados ideológicos sino incluso de algunos países democráticos y en teoría críticos de las violaciones a los derechos humanos para hacerse del dinero que necesitan para seguir en el poder. 

El reducido grupo que gobierna Corea del Norte ha logrado sortear las sanciones y conservar el poder en gran medida gracias a que China le compra el 86% de sus exportaciones y a su vez le provee más de 90% de las importaciones, según información de la Agencia Central de Inteligencia ​ de los Estados Unidos. 

China no es el único país dispuesto a hacer negocios con el hermético Kim Yong-un. Un reporte del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional reveló que hay otros 49 países que han violado las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas impuestas a Corea del Norte entre marzo de 2014 y septiembre de 2017. A partir de datos de la ONU, el estudio encontró que países que van desde naciones pobres y aisladas como Angola hasta potencias globales más ricas como Alemania han ignorado una amplia variedad de medidas que prohíben la actividad económica y los lazos militares con Corea del Norte.

Mientras que Kim Yong-un logra sortear las sanciones para seguir gobernando, más de 11 millones de norcoreanos -casi la mitad de la población- sufre de desnutrición, según reportes del Programa Mundial de Alimentos

En el caso de Irán, China vuelve a relucir pues es su principal comprador de petróleo. No obstante, el rol que juega Alemania es quizás más interesante pues Irán ha logrado evadir las sanciones echando mano de la astucia y de un complejísimo entramado de empresas fantasmas que operan en el país europeo.

“Una buena ilustración de cómo Irán pasa por alto las sanciones son las actividades del régimen en la ciudad alemana de Düsseldorf. Algunas de las mejores tecnologías de Alemania se producen aquí. Concentrados en una región relativamente pequeña, miles de empresas familiares medianas y pequeñas inventan, ensamblan, producen y venden algunas de las mejores máquinas y productos industriales del mundo. Es un lugar ideal para comprar componentes de “doble uso”: materiales que son necesarios para la fabricación de armas nucleares, pero que también pueden usarse con fines civiles, lo que le da al comprador una negación plausible”, describe en un artículo Emanuele Ottolenghi, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Ottolenghi señaló que “Irán ha establecido una vertiginosa variedad de empresas de primera línea desde Düsseldorf hasta Frankfurt. Debido a que la mayoría de estas compañías abren y cierran en cuestión de meses, dejando poco o ningún rastro de papel, es difícil decir exactamente qué hacen. Incluso cuando duran un período de tiempo razonable tienden a operar bajo el radar, a menudo en los hogares de sus gerentes, con poca información disponible para el público. No obstante, muchos de ellos parecen estar involucrados en adquisiciones industriales, incluso, supuestamente para los programas de misiles balísticos y nucleares de Irán”. 

“Irán ha establecido una vertiginosa variedad de empresas de primera línea desde Düsseldorf hasta Frankfurt. Debido a que la mayoría de estas compañías abren y cierran en cuestión de meses, dejando poco o ningún rastro de papel”.

 

Mientras que el régimen de Hassan Rouhani se las ha ingeniado para evadir las sanciones y seguir avanzando en su programa nuclear, el reporte 2019 de Human Rights Watch da cuenta de cómo las autoridades iraníes llevaron a cabo arrestos masivos arbitrarios y graves violaciones del debido proceso durante 2018 en respuesta a las protestas en todo el país por el deterioro de las condiciones económicas, la percepción de corrupción y la falta de libertades políticas y sociales. 

Rusia es otro sospechoso habitual de apoyar las frágiles economías de las dictaduras sancionadas. Ha sido un apoyo clave para Bashar al-Assad en Siria y en consecuencia la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó en septiembre de 2019 a una empresa, tres individuos y cinco embarcaciones que participan en un esquema de evasión de sanciones para facilitar la entrega de combustible para aviones a las fuerzas rusas que operan en Siria. 

“El Tesoro está apuntando a un esquema de evasión de sanciones que incluye compañías de fachada, embarcaciones y conspiradores que han estado facilitando la transferencia ilícita de combustible para aviones al ejército ruso en Siria. El régimen despótico de Assad está bajo la atención internacional por usar armas químicas y cometer atrocidades contra civiles sirios inocentes, y confían en este tipo de redes ilícitas para mantenerse en el poder”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. 

Mientras Bashar al-Assad urde estrategias para seguir en el poder, el Centro Sirio para la Investigación de Políticas estimó que la cifra de muertos tras el inicio de la guerra civil en 2011 era de 470,000 y además ha dejado casi 2 millones de heridos. Además, la cifra de refugiados llegó en torno a los cinco millones en 2016 lo que corresponde a casi el 25 % de la población de Siria.

Tanto China como Rusia han sido aliados clave para la supervivencia de la revolución chavista. A lo largo de la última década, China le ha prestado a Venezuela unos 62.000 millones de dólares, según la Base de Datos de Financiación China-América Latina del Diálogo Interamericano. En octubre de 2019, Venezuela y Rusia renovaron contratos de “apoyo y asesoría” en materia militar y energética que incluyen la participación de empresas rusas en el sector petrolero, gasífero y agrícola, anunció Nicolás Maduro. De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la deuda venezolana asciende a 3.000 millones de dólares.

“Estos aliados están ahí en la medida en que represente un negocio para ellos. Por ejemplo, en el caso de China la producción petrolera era lo suficientemente robusta para atraer la inversión en infraestructura pero desde el 2016 dejó de ser un buen negocio y hoy su único interés es que les paguen la deuda. En el caso de Rusia, hoy es un gran negocio para ellos manejar la comercialización, logística de transporte y venta de hidrocarburos, tal y como hasta 2013 lo fue la venta de armas a Venezuela. Ambos serán aliados hasta que Venezuela deje de ser un negocio. Esas alianzas funcionan en tanto sean negocios para esos países. Claro, el problema es que mientras tanto le dan oxígeno al régimen”, argumenta Moya Ocampo.

Turquía y el Líbano se suman a los países con alianzas comerciales con el régimen de Maduro. Una investigación de runrunes reveló que el Banco Central de Venezuela ha vendido oro venezolano a empresas en Turquía que a cambio suministra alimentos para el programa estatal conocido como CLAP. Otra investigación descubrió seis empresas en el Líbano -que no es un proveedor tradicional de alimentos a Venezuela-, con vínculos con dicho programa de alimentos subsidiados. El CLAP ha sido asociado con una trama de corrupción generalizada y es conocido por suministrar alimentos de baja calidad. 

Mientras Maduro y sus grupos de poder se reparten las riquezas de los venezolanos, la emergencia humanitaria declarada por organizaciones como Human Rights Watch sigue su avance. El representante especial conjunto de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), Eduardo Stein declaró en octubre de 2019 que para el próximo año los refugiados venezolanos pueden superar los 6,5 millones. 

Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios estiman que hay unas 7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Venezuela pues el país tienen un sistema de salud totalmente colapsado. Aún sin cifras oficiales se sabe que ha aumentado la mortalidad materna e infantil; que se propagaron enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; que incrementaron enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis; y que la desnutrición infantil aguda se elevó a un 100% en 14 estados del país según Cáritas de Venezuela. Además, el Fondo Monetario Internacional estima que 2019 cerrará con 200.000% de inflación y proyecta 500.000% para 2020. 

Sin escrúpulos: lo que hay detrás de la percepción de estabilidad

Incluso a los dictadores les es indispensable construir estabilidad para mantenerse en el poder, asegura Ray. “Entre 2018 y principios de 2019 el equilibrio del régimen fue muy inestable. Lo que les ha permitido la economía criminal revolucionaria es ir más allá del mero sostenimiento en el poder para generar además una percepción de estabilidad. ¿Cómo lo han logrado? Abasteciendo al país a través de una red que si bien no es criminal, sí ha crecido bajo la sombra de la economía criminal”. 

“Lo que les ha permitido la economía criminal revolucionaria es ir más allá del mero sostenimiento en el poder para generar además una percepción de estabilidad”.

 

Ray se refiere al auge de bodegones con comida importada y a la red de pequeños servicios ofertados en dólares que ha proliferado en las principales ciudades de Venezuela. “Son negocios totalmente oportunistas. Eso no es para mejorar la economía del país sino para construir la percepción de estabilidad. La economía criminal no da para arreglar nada estructural sino para mejoras superficiales. De ahí que el foco esté en el comercio. Bajo este modelo no habrá crecimiento económico para nada”. 

Para construir esta percepción de estabilidad han recurrido nuevamente al apoyo de Rusia. Un trabajo de investigación de la agencia Bloomberg reveló que desde ese país se han enviado cientos de millones de dólares en efectivo a Venezuela lo que proporciona un salvavidas al régimen de Maduro ya que las sanciones de los Estados Unidos limitan su acceso al sistema financiero global. “Se envió un total de 315 millones en billetes de dólares americanos y en euros en seis envíos separados desde Moscú a Caracas desde mayo de 2018 hasta abril de 2019”, asegura Bloomberg. 

Para Omar Zambrano, economista jefe de la consultora Anova, esta “burbuja” responde a la presión que viene de la élite y no de la sociedad en su conjunto. “Creo que se dieron cuenta de que la dolarización espontánea está funcionando como motor de una pequeña economía comercial y de servicios en las principales urbes que satisface a la casta empoderada. No va de la mano de las instituciones y por tanto es una dolarización sin estructura ni regulación”.

Zambrano argumenta que aunque en apariencia la situación económica luce mucho mejor de lo que estaba hace 18 meses, el problema reside en que se trata de una economía superficial y de una burbuja que no genera empleos ni producción. “Gran parte de la población no participa de esta economía, de hecho, está generando una fractura profunda entre aquellos que pueden tener acceso a dólares y quienes solo generan bolívares. Me preocupa que se perciba que esta burbuja representa una economía que ya arrancó y que va encontrando caminos pues yo no creo que sea así”.  

La proyección de Zambrano no es alentadora. “Esta economía no nos salva de la crisis pues no genera ni producción ni empleo para las grandes mayorías, por eso por un lado hay un sector de la población con acceso a bienes importados y por el otro hay uno que sufre el rigor de una crisis humanitaria. Esta es una economía que cada día se me parece más a la haitiana o a la de Guinea Ecuatorial. Es una burbuja orientada a la satisfacción del consumo de una élite empoderada y adinerada y, del otro lado, la nada, el walking dead, el país que no tiene forma de comprar comida ni medicinas”.

El analista senior para América Latina de IHS Global Insight advierte que a medida que se cierre la economía formal venezolana y sea menos rentable comercializar con los países aliados por la vigilancia internacional, el gobierno se verá más forzado a recurrir a otro tipo de mercados negros como el tráfico de drogas y el lavado de dinero a gran escala. 

“Hasta ahora, el gobierno de Maduro ha podido adaptarse y evadir las sanciones porque los rusos ejercen el transporte y comercialización de hidrocarburos, pero ante la caída de la producción -se estima que la misma siga cayendo a menos de 500.000 barriles diarios en 2020- ellos no seguirán financiando el aparato de seguridad. No podrán mantener la lealtad del aparato militar que es lo único que mantiene a Maduro en el poder. ¿Qué va a pasar? Que para complementar la pérdida de los recursos lícitos no le quedará otra que volcarse totalmente hacia actividades criminales como el narcotráfico hacia los Estados Unidos y Europa”, dice Moya Ocampo. 

Mientras que la producción petrolera venezolana continúa su declive, India se presenta como un salvavidas del régimen de Maduro tal y como durante años lo ha sido del régimen de Rouhani en Irán. Nueva Delhi ha sido el segundo comprador de petróleo iraní a pesar de las sanciones y, de acuerdo con la agencia Reuters, en diciembre de 2019 contribuyó de manera significativa a que PDVSA evadiera las sanciones y lograra exportar 1.037 millones de barriles de crudo. 

Frente a este panorama, el analista de IHS Global Insight lanza una alerta: “Creo que eventualmente en Venezuela va a haber falsificación de billetes. No porque en Venezuela hoy tengan el conocimiento para hacerlo sino porque le dirán a las mafias que se encargan de ese negocio en Perú que se vayan a Venezuela porque ahí nadie los va a perseguir. Venezuela se convertirá en un estado criminal -cosa distinta a un narco estado-, en el cual toda actividad criminal que sea susceptible de generarle recursos es algo que el gobierno de Maduro apoyará y buscará atraer”. 

Muro de contención

El jurista y expresidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, Fernando Fernández, considera que lo que atraviesa Venezuela responde a las características del Estado dual. “Tenemos dos Estados, el que está en la Constitución y el que está en los Decretos ley y ambos son antagónicos. Además tenemos dos gobiernos, dos Fiscales, dos Asambleas, en conclusión, tenemos un caos. Esta economía llegó al fango producto de la gran corrupción o cleptocracia”.  

Fernández coincide con la apreciación de que es un error creer que las sanciones están destinadas a derrocar gobiernos. “Esas sanciones están limitadas a personas naturales y empresas. Venezuela como país no está sancionado. Su función es limitar que el dinero producto de actividades criminales ingrese al sistema financiero internacional pues cuando lo hacen terminan integrándose en toda la economía”. 

El jurista y defensor de derechos humanos esgrime que el país no ha terminado de colapsar porque los venezolanos no se han rendido. “La gente acá adentro sigue peleando. En este país hay muchas reservas morales y hay muchas ONG trabajando, sobre todo en el interior del país. Cada día se une más gente para hacerle frente a esta tragedia”. 

Por su parte, Ray también ve en los valores de los venezolanos un muro de contención ante el avance de la economía criminal revolucionaria. “Veo que estamos en una encrucijada pues el modelo de economía criminal no lo han podido consolidar del todo porque todavía hay mucha lucha por los espacios y por el poder. Esa es una oportunidad para las fuerzas democráticas. Las sanciones personales sobre la casta de testaferros que sirve al régimen ha dificultado que este sistema se consolide totalmente”. 

“Lo que nos puede salvar de este modelo son los valores, apelar a los principios. Los venezolanos no son criminales. Si dejamos pasar esta encrucijada y permitimos que este modelo criminal se afiance del todo será prácticamente imposible desarticularlo. Al final, esta gente es una gran banda. Está en nuestras manos decidir si queremos vivir bajo el amparo de una economía criminal o si vamos a pelear por recuperar el país. Esta gente es tremendamente hábil y su principal ventaja es que no tienen escrúpulos ni siguen ninguna regla. Hacen lo que les da la gana”, concluye Ray. 

Human Rights Watch: Niños y niñas venezolanos huyen solos de la devastadora crisis
Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niños y niñas venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima

Las autoridades brasileñas no están brindando protección adecuada a los cientos de niñas y niños venezolanos que huyen solos hacia Brasil, señaló hoy Human Rights Watch.

Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niños y niñas venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, según datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, que los entrevistó en la frontera. Casi el 90 % de ellos tiene entre 13 y 17 años. Habían viajado solos o con un adulto que no era un familiar ni su tutor legal.

Es muy probable que la cantidad total sea mayor, ya que algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso.

“La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas abandonen solos Venezuela, en muchos casos para conseguir comida o recibir atención médica”, explicó César Muñoz, investigador sénior sobre Brasil de Human Rights Watch. “Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de venezolanos que cruzan hacia Brasil a diario, no brindan a estos niños y niñas que llegan solos la protección urgente que necesitan”.

Algunos niños y niñas no acompañados terminan viviendo en las calles, donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas, concluyó Human Rights Watch. Sin un tutor legal, no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica, indicaron a Human Rights Watch defensores públicos federales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los servicios de protección infantil de Roraima, conocidos como consejos tutelares, anteriormente asignaban algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues estatales, que tienen capacidad para alojar hasta 15 niños y 13 niñas adolescentes. En estos casos, el director del albergue actúa como tutor, y de esta forma pueden ir a la escuela y conseguir documentos de identidad que les permiten acceder al sistema de salud pública.

Sin embargo, los dos albergues públicos para menores de entre 12 y 17 años que hay en Roraima estaban tan desbordados que, el 13 de septiembre, un juez del estado dispuso que ya no reciban a más niños o niñas.

Desde entonces, los consejos tutelares en Boa Vista, la capital de Roraima, y en la ciudad fronteriza de Pacaraima han procurado obtener autorización judicial para enviar a algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues para refugiados de las Naciones Unidas que fueron creados para acoger a venezolanos adultos y familias con hijos. Los albergues se crearon como parte de la “Operación Acogida” (Operação Acolhida), una iniciativa del gobierno federal brasileño —con apoyo de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales— para responder a la llegada masiva de venezolanos. Sin embargo, representantes de la ONU dijeron a Human Rights Watch que esos albergues no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados.

Un administrador de un albergue que acoge a algunos de ellos dijo en octubre que los menores no acompañados que vivían allí no asistían a la escuela porque no había ningún adulto que pudiera asumir la responsabilidad de llevarlos y traerlos.

El 8 de octubre de 2019, Jesús Alisandro Sarmerón Pérez, un joven venezolano de 16 años, fue hallado estrangulado en una calle cercana al albergue de la ONU en Boa Vista donde vivía. Su cuerpo había sido introducido en una bolsa plástica y presentaba marcas de haber sufrido torturas. Había llegado solo a Brasil en junio y, tras un breve paso por un albergue estatal, vivió en las calles de Boa Vista. Fue asignado a un albergue de la Operación Acogida luego de la decisión judicial del 13 de septiembre, según dijo una funcionaria de Protección de la Niñez en Emergencias de UNICEF a Human Rights Watch. Representantes de la ONU creen que podría haber sido asesinado por una pandilla delictiva. “Los adolescentes venezolanos son presa fácil para las pandillas que quieren reclutarlos”, expresó la funcionaria.

UNICEF prevé abrir dos hogares transitorios para 10 niños y niñas no acompañados cada uno en diciembre, así como proporcionar fondos para su funcionamiento durante los seis primeros meses, conforme a un acuerdo suscrito con autoridades federales y del estado de Roraima. Sin embargo, para que el proyecto resulte sostenible las autoridades federales y estatales brasileñas deben asumir su coordinación luego de la primera etapa y contribuir a su financiación, sostuvo Human Rights Watch. UNICEF también quisiera ubicar temporalmente a niños y niñas no acompañados con familias venezolanas y brasileñas. Para esto, las autoridades brasileñas tendrían que crear un programa de familias de acogida en Roraima y comprometerse a asignar los fondos necesarios para que sea sostenible.

En su decisión del 13 de septiembre sobre la sobrepoblación en los albergues estatales, el juez otorgó al estado de Roraima un plazo de 10 días para presentar un plan para albergar a niñas y niños venezolanos no acompañados. En respuesta, Roraima elaboró un plan que prevé algunas mejoras en los albergues y la apertura de dos hogares transitorios por parte de UNICEF. El gobierno del estado de Roraima no respondió a varios pedidos de reunión e información enviados por Human Rights Watch para tratar este tema.

Si bien el plan que solicita el juez es un paso crucial, la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños y niñas venezolanos no acompañados no debería recaer únicamente en el estado de Roraima, y debería abarcar otros aspectos además del alojamiento, dijo Human Rights Watch. El gobierno federal de Brasil debería trabajar junto con las autoridades municipales y estatales de Roraima, así como con funcionarios del sistema de justicia a nivel federal y estatal, para establecer un sistema con fondos adecuados para la identificación, el seguimiento y la asistencia de niñas y niños venezolanos no acompañados. En esta tarea deberían colaborar organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan allí. También deberían garantizar que estos niños y niñas tengan acceso a educación, atención médica y documentos legales.

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Human Rights Watch exige la liberación del periodista Jesús Medina

LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS DEBERÍAN LIBERAR inmediatamente a Jesús Medina, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace casi nueve meses por su trabajo periodístico, señalaron hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y Human Rights Watch.

Está previsto que Medina sea llevado ante un juez para su audiencia preliminar, que se ha postergado ocho veces, el 23 de mayo de 2019. El 29 de agosto de 2018, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Medina, que ejercía como fotoperiodista para varios medios. Formaba parte de un equipo de periodistas que trabajaba en un proyecto de investigación en el hospital de Caracas, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Se encuentra detenido en la prisión militar Ramo Verde. (El único otro periodista detenido actualmente en Venezuela cumple arresto domiciliario, según investigaciones del CPJ).

“Las autoridades venezolanas deberían desistir de inmediato de los cargos absurdos contra Jesús Medina y dejar de buscar pretextos para prolongar su detención preventiva”, expresó Natalie Southwick, coordinadora para América Central y del Sur del CPJ. “Encarcelar a periodistas y criminalizar al periodismo no pondrá fin a la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ni la ocultará del mundo”.

El 31 de agosto, Medina fue acusado de varios delitos, incluidos los de incitación al odio, lucro ilegal en actos de la administración pública y asociación para delinquir, señaló un abogado que integra el equipo que asumió su defensa y pertenece a la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal. El abogado manifestó que el expediente penal no incluye ningún análisis legal ni fáctico que fundamente estas acusaciones. Conforme a los imprecisos términos de la ley contra el odio de Venezuela, el delito de “incitación al odio” se pena con hasta 20 años de cárcel. La ley fue promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Constituyente, conformada por miembros leales a Maduro y creada para arrogarse las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora.

Conforme al derecho venezolano, la audiencia preliminar de Medina —en la cual el ministerio público debe justificar los cargos formales— debería haberse realizado dentro de los primeros 45 días. Ha sido postergada ocho veces, más recientemente el 2 de mayo. En seis ocasiones, la postergación se debió a que el tribunal no había emitido la orden para que Medina fuera trasladado a tiempo desde la cárcel hasta el tribunal, y la audiencia no pudo realizarse sin su presencia, indicó otra de los abogados de Medina del Foro Penal. En las otras dos instancias, el tribunal no había pedido el expediente a la sala de apelaciones, donde se encontraba, y esto también impidió que se realizara la audiencia.

Medina había sido detenido previamente por las autoridades venezolanas en octubre de 2017, mientras realizaba trabajo periodístico desde una prisión en el norte de Venezuela, junto a dos periodistas internacionales, según trascendió en la prensa. El mes siguiente, se desconoció su paradero por dos días. Fue hallado en una autopista en las afueras de Caracas, y afirmó que quienes lo secuestraron, lo habían torturado y amenazado con matarlo, conforme informaron distintas fuentes.

La organización venezolana por la libertad de expresión Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, se detuvo a 37 periodistas, 4 fotoperiodistas y otros 10 trabajadores de medios, incluidos camarógrafos, técnicos y conductores. Esta cifra prácticamente duplica a la del mismo período en 2018.

Algunos casos recientes son la detención del periodista y activista de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz en marzo, la detención y deportación del periodista independiente estadounidense Cody Weddle, ocurrida una semana antes, y un incidente que tuvo lugar en febrero, cuando miembros de un equipo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, estuvieron detenidos por varias horas dentro del palacio presidencial de Miraflores antes de ser expulsados del país.

“La detención de Jesús Medina coincide con un patrón de detenciones arbitrarias y hostigamiento de opositores, críticos y cualquiera que se atreva a decir la verdad sobre lo que sucede en Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región y de Europa a quienes les preocupa la falta de independencia judicial y Estado de derecho en Venezuela deberían apoyar nuestro reclamo de que Medina sea liberado en forma inmediata”.

HRW solicitó a la ONU que declare emergencia humanitaria en Venezuela

HUMAN RIGHTS WATCH PIDIÓ ESTE MIÉRCOLES a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que declare la situación en Venezuela como una “emergencia humanitaria” y organice una respuesta internacional a gran escala.

La ONG con sede en Nueva York hizo el llamado con relación a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis en el país. “Aunque la situación humanitaria en Venezuela es gravísima, podría empeorar mucho más”, señaló en un comunicado el director para la ONU de HRW, Louis Charbonneau.

“El secretario general y su equipo pueden evitar que eso ocurra movilizando el sistema de la ONU y presionando a las autoridades venezolanas para poder ayudar a salvar vidas de ciudadanos venezolanos. Los miembros del Consejo de Seguridad deberían instar a Guterres públicamente a que lo haga”, añadió.

El último informe de HRW sobre Venezuela reporta que la escasez de alimentos está teniendo un grave impacto para los venezolanos, con un aumento de los niños que sufren desnutrición.

HRW culpa, además, a Nicolás Maduro de haber ocultado la crisis interrumpiendo la publicación de datos oficiales sobre salud, y argumenta que las autoridades han demostrado no tener capacidad para poner fin a la crisis.

“El secretario general de la ONU, António Guterres, debería alzar la voz sobre la situación en Venezuela y demostrar liderazgo, y asegurar que los cuantiosos recursos con los que cuenta la ONU puedan movilizarse en beneficio del pueblo venezolano, a través de asistencia que sea neutral, independiente e imparcial”, señaló una de las autoras del informe, Kathleen Page, médica y profesora de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero pasado, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente después de ganar las elecciones de mayo de 2018, no reconocidas por la comunidad internacional.

El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó varios artículos de la Constitución para sustentar que, como jefe del Parlamento, podía juramentarse presidente interino del país al considerar “ilegítima” la toma de posesión de Maduro.

SIP analizará situación de los periodistas en Venezuela

LOS DESAFIOS QUE ENFRENTA la prensa en Venezuela, Cuba y Nicaragua estarán en el centro de la agenda de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebrará en Cartagena de Indias desde mañana y hasta el próximo domingo.

Según la SIP, la región está en una “incertidumbre política” y los medios informativos del continente reunidos en Cartagena van a “tomar el pulso a la crisis” que viven algunos países, especialmente Venezuela y Nicaragua, donde hay un franco deterioro de la democracia y las libertades.

“Con la presión internacional en aumento sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, el periodismo del continente se haya frente a una situación inédita que exige reflexión y análisis en la búsqueda urgente de soluciones”, señaló la SIP.

En ese propósito, el organismo continental que vela por la promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, contará con la participación de autoridades políticas como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de Colombia, Iván Duque, quien estará en la sesión de apertura.

También acudirá el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, quien el viernes participará junto con Almagro, el director del diario caraqueño El Nacional, Miguel Henrique Otero, y el director de Migración Colombia, Christian Krüger, en el panel “Venezuela sin chavismo: nueva oportunidad para el hemisferio”.

La SIP entregará el Gran Premio Chapultepec 2019, que será para la organización estadounidense Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés) y recibirán los periodistas David Boardman y Bruce Brown en una gala en la que intervendrá la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez.

Con información de EFE

La ONU designó a Michelle Bachelet como nueva jefa de derechos humanos

 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eligió el miércoles a la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ser la próxima alta comisionada para los derechos humanos de la organización, un cargo de gran repercusión que suele provocar las críticas de los gobiernos acusados de violarlos.

Guterres anunció el nombramiento de Bachelet en una nota dirigida a la Asamblea General y pidió a los 193 estados miembros que lo aprueben. El presidente de la asamblea, Miroslav Lajcak, envió después cartas a todos los embajadores de la ONU para avisarles que el viernes en la mañana se efectuará una reunión en la que se someterá a votación el nombramiento, cuya aprobación es prácticamente segura.

Por experiencia propia, la exmandataria conoce las violaciones a los derechos humanos.

Bachelet, hija de un general de la fuerza aérea, estudiaba medicina cuando el presidente marxista Salvador Allende fue derrocado en un golpe de Estado en septiembre de 1973. El padre de ella, el general Alberto Bachelet, fue encarcelado bajo el cargo de traición por oponerse al golpe, y después Michelle, entonces de 23 años, y su madre fueron torturadas durante dos semanas en una prisión secreta antes de que se exiliaran. Tras meses de tortura, su padre murió de un paro cardiaco en marzo de 1975.

Bachelet _pediatra, una política socialista moderada y madre soltera de tres hijos_ también ha defendido el desarrollo y los derechos de las mujeres.

Fue la primera presidenta de Chile, de 2006 a 2010. Después el entonces secretario general Ban Ki-moon la designó para presidir ONU Mujeres, una agencia creada por la Asamblea General en 2010 para combinar cuatro organismos de la ONU que promueven la igualdad de género y el avance de los derechos de las mujeres.

En 2013, Bachelet regresó a Chile y fue elegida para un segundo mandato presidencial de 2014 a 2018.

En Santiago, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chile, recordó que “nosotros como organización hemos tenido serias diferencias con el actuar de la expresidenta Bachelet en materia de derechos humanos”.

Aunque activistas de derechos humanos y parientes de víctimas de la dictadura militar (1973-1990) pidieron en repetidas ocasiones que cerrara una cárcel especial para criminales de lesa humanidad, Bachelet no lo hizo.

Pizarro añadió que desde el retorno a la democracia, “no ha habido voluntad política para enfrentar la necesaria y justa demanda de verdad y justicia”.

Por otro lado, Samuel Fernández, experto en derecho internacional, calificó el nombramiento de Bachelet como “una distinción doble: una a ella por lo que representa” y otra para Chile.

Antes del anuncio de Guterres, Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, había dicho en un comunicado que “si la seleccionan, Bachelet asumirá uno de los cargos más difíciles del mundo en un momento en que los derechos humanos están bajo ataque generalizado”.

“Como víctima, ella aporta una perspectiva única al papel sobre la importancia de una vigorosa defensa de los derechos humanos”, declaró Roth en un comunicado. “Las personas en el mundo confían en que sea una defensora pública y enérgica, en especial donde los infractores son poderosos”.

Si la ratifican como jefa de derechos humanos, Bachelet sucederá a Zeid Ra’ad Al-Hussein, un diplomático y miembro de la familia real jordana cuyo período de cuatro años finaliza el 31 de agosto.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la que Bachelet será la titular, encabeza las acciones de la ONU para proteger y promover los derechos y censurar las violaciones que ocurran en el mundo.

En una conferencia de prensa de despedida la semana pasada, Zeid defendió sus críticas francas a los abusos cometidos por decenas de países, desde Myanmar hasta Hungría y desde Estados Unidos hasta Siria. Insistió en que su oficina “no deshonra a los gobiernos, éstos se deshonran a sí mismos”.

En su cargo como alto comisionado con sede en Ginebra, Zeid declaró que “el silencio no te gana el respeto de nadie”.

Dijo que le dará a su sucesor los mismos consejos que su antecesora, Navi Pillay, le dio a él: “Sé justo y no discrimines a ningún país”, y “trabaja desde el primer día”.

Zeid ha enfrentado las críticas de diversas partes debido a sus pronunciamientos demasiado directos.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, celebró el miércoles en un comunicado la próxima partida de Zeid, y afirmó que este “jamás perdió una oportunidad de inventar falsedades y mentiras sobre Israel”.

Durante los cuatro años de Zeid en el cargo, dijo Danon, el Consejo de Derechos Humanos de 47 naciones “se convirtió en un teatro de lo absurdo, en el que la hipocresía y la doble moral se volvieron comunes entre sus procedimientos e informes”.

La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, que anunció en junio el retiro de Washington del Consejo de Derechos Humanos del que dijo tenía obsesión con Israel, señaló que Bachelet debe “evitar las fallas del pasado”.

Haley dijo que el consejo ha fracasado en abordar “las violaciones extremas a los derechos humanos en el Hemisferio Occidental, en Venezuela y Cuba en Particular”, así como las “grandes crisis de derechos humanos” en Irán, Corea del Norte y el Congo.

“Corresponde a la señora Bachelet pronunciarse en contra de esos fracasos en lugar de aceptar la situación imperante”, afirmó Haley en un comunicado. “Confiamos en que ella lo hará. Estados Unidos lo hará”.

Human Rights Watch a Uruguay: Deben pronunciarse sobre Venezuela en la ONU

A través de una carta dirigida al canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch se pronunció acerca de la posición de este país acerca de la situación de Venezuela con el propósito de “instarlo respetuosamente a adherirse a la declaración conjunta sobre la crisis venezolana emitida por Perú el 6 de julio de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

En el texto, la ONG detalló que la posición actual de Uruguay es contraria a la que ha tenido a lo largo de la historia frente a la defensa de los derechos humanos.

“Es decepcionante que Uruguay, un país que ha sido históricamente un aliado en la protección y promoción de los derechos humanos en la ONU, aún no se haya adherido a esta iniciativa”, reseña la carta.

Según lo expuesto en el comunicado, la declaración, que ha sido suscrita por 53 Estados de todo el mundo y con el proceso de adhesión abierto hasta este viernes 20 de julio, contiene un informe en el que se describe la crisis del país.

“El éxodo de alrededor de dos millones de venezolanos —la mayoría, a países vecinos—, así como la crisis humanitaria que impide a muchísimos venezolanos alimentar a sus familias y tener acceso a servicios de salud básicos y la violenta arremetida contra opositores, ameritan una firme respuesta multilateral”, detalla el llamado de Human Rights Watch.