El reto más grande que enfrentan los gobiernos suramericanos es demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, como el derecho a la salud

El jueves 12 de enero, Human Rights Watch  (HRW) publicó su informe mundial 2023 en el que la organización analiza la situación de derechos humanos en el mundo.

Durante la presentación del informe, Bruno Stagno, director de incidencia de HRW, señaló que durante el 2022 las crisis de violaciones a derechos humanos se deben a que el poder autoritario continúa generando daño a las poblaciones del mundo. «No es nuevo descubrimiento, pero es necesario repetirlo», dijo.

Para Stagno, a pesar de que las violaciones de derechos humanos continuaron durante 2022, también se dieron grandes avances, específicamente en materia ambiental. 

«En 2022, el Estado de Vanuato lanzó una iniciativa para solicitar a la Corte Internacional de Justicia investigar el cambio climático», resaltó Stagno.

Tamara Taraciuk, directora en funciones de la División de las Américas, explicó que durante 2022 en la región latinoamericana se observó un deterioro de democracia y  estado de derecho.

«El deterioro de la democracia no se observa solo en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino en un ataque frontal a instituciones democráticas, sistemas electorales, poder judicial, prensa independiente y sociedad civil por parte de líderes selectos democráticamente que corre el riesgo de hacer tambalear los pilares fundamentales que sostienen a la democracia», indicó.

Ante ello, Taraciuk aseguró que el reto más grande que enfrentan los gobiernos suramericanos es demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, como el derecho a la salud. 

En el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Taraciuk indicó que aún tienen regímenes opresivos que «arremeten brutalmente» contra líderes opositores. «No nos podemos engañar, que hoy no haya decenas de muertos en las calles no significa que la situación esté mejor», aseguró durante la presentación del informe. 

Los DDHH más vulnerados en Venezuela

Dentro de su informe mundial, Human Rights Watch dedicó un capítulo a Venezuela. A continuación algunas situaciones de violación de DDHH en el país que abordó la ONG en el documento. 

El éxodo de cerca de 7,1 millones de venezolanos representa una de las mayores crisis migratorias del mundo. De los 7,1 millones de venezolanos que han migrado de su país, 5,9 millones se han dirigido a países de América Latina y el Caribe.

Más de 107.000 venezolanos cruzaron el tapón entre enero y septiembre, en comparación con cerca de 1.500 durante 2021. Estos se enfrentan a abusos aberrantes, incluyendo violencia sexual.

Continúa la desprotección de poblaciones indígenas ante la violencia y explotación sexual perpetrados por grupos que controlan las minas ilegales de oro en el sur de Venezuela, y que operan con la aquiescencia del gobierno.

El gobierno de Nicolás Maduro ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Según informó el Foro Penal, para octubre habían 245 presos políticos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que cuenta con presencia en Venezuela, en 2022 dejó de tener acceso a los centros de detención donde hay presos políticos.

La Oficina del ACNUDH siguió recibiendo denuncias de tortura, maltratos e incomunicación de personas detenidas durante 2022.

Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que responden a la emergencia humanitaria y de derechos humanos.

Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad venezolanas invocaron “resistencia a la autoridad” en más de 19.000 asesinatos. Las pruebas indican que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales. La Oficina del ACNUDH documentó patrones relacionados con estos asesinatos en barrios marginados, pero informó una reducción considerable de los mismos durante 2022.

En Venezuela hay grupos armados —como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Operan en estados fronterizos, imponen toques de queda y normas que regulan las actividades cotidianas.

En mayo, el Comité sobre las Personas con Discapacidad concluyó que no existe ninguna ley ni mecanismo para combatir y sancionar la discriminación contra las personas con discapacidad y que el modelo educativo no es inclusivo. 

No existen en Venezuela leyes civiles integrales que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, excepto por algunas disposiciones específicas en la Ley Orgánica del Trabajo y la ley para la vivienda. No existen protecciones legales para las parejas del mismo sexo. 

HumVenezuela señaló en marzo que la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, y que hay 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica. Cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer.

El acceso al agua potable y al saneamiento se redujo de 2021 a 2022, según informó HumVenezuela, y expuso a cerca de 4,4 millones de personas a una necesidad acuciante de agua potable y a 1,3 millones a una necesidad urgente de servicios sanitarios básicos.

Baja la calidad democrática en Latinoamérica

Taraciuk señaló que el panorama regional es bastante desolador. «Es, posiblemente, uno de los peores que hemos visto en muchísimos años si se toma en cuenta la multiplicidad de niveles de carencias sociales que vemos en América Latina», dijo.

Durante la presentación del informe, la directora en funciones de la División de las Américas destacó algunos eventos que han atentado contra la democracia y el estado de derecho en varias naciones de América Latina en 2022 e inicios de 2023:

Esta semana en Brasil, una turba de individuos que apoyan al ex presidente Bolsonaro fue responsable de gravísimos incidentes de violencia de toma del Congreso, de la Casa Presidencial y de la Corte Suprema de Brasilia. No cabe ninguna duda que los actos de violencia y vandalismo que ocurrieron el 8 de enero son un ataque inaceptable en contra de las instituciones democráticas por quienes pretenden negarle el derecho a los brasileños de votar y elegir a sus representantes.

El mes pasado, en Perú, el entonces presidente, Pedro Castillo, dio un intento de golpe cuando anunció que iba a disolver temporalmente el Congreso y anunció la «reorganización» del poder judicial, y eso ocurrió unas horas antes de una sesión del congreso en el cual se iba a votar su destitución sobre la base de graves denuncias de corrupción.

En ese momento, las instituciones democráticas y la sociedad civil rechazaron rápidamente lo que hizo Castillo, el Congreso acabó su destitución pero surgieron protestas que han dejado, hasta el momento, 40 manifestantes y un policía muertos. 

Por otro lado, en Guatemala, el presidente, Alejandro Giammattei, y el Ministerio Público, según denunció HRW, se ha dedicado a «obstaculizar procesos judiciales» por hechos de corrupción y por otros delitos y a impulsar procesos penales espurios en contra de jueces, fiscales y periodistas.

«No se investiga la corrupción, se investiga a quienes investigan la corrupción», afirmó Taraciuk.

Mientras que en Bolivia, advierten, un gobierno tras otro, desde Evo Morales, se ha servido de un sistema de justicia «vulnerable a la injerencia externa» para impulsar procesos penales por motivaciones políticas en contra de líderes opositores.