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Homicidios en Venezuela

Amazonas fue el estado con mayor tasa de homicidios en 2022
El el informe anual del OVV, Amazonas fue el estado con mayor tasa de homicidios, con 18 por cada 100.000 habitantes. La entidad estaba en el puesto 20 en 2021
Otras entidades que vieron ascender su tasa de homicidios durante 2022 fueron Guárico y Barinas

 

En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Violencia encontró que en el año 2022 Amazonas fue la entidad del país con una mayor tasa de homicidios, con 18 por cada 100.000 habitantes. Le sigue Monagas, con 16 por cada 100.000 habitantes.

«Sorprende el ascenso de Amazonas en cuanto a este indicador. En 2021 ocupó el puesto 20 y en 2022 se ubicó en el primer lugar. Guárico también vio ascender su tasa de homicidios y subió dos puestos. Entretanto, Barinas también subió esta tasa de forma importante, lo que ocasionó que ascendiera doce puestos en este ranking», especificó el OVV en el documento. 

Por otra parte, el mayor número de homicidios registrados en 2022  ocurrieron en los estados Miranda (338), Zulia (288); Distrito Capital (217); Bolívar (191); Carabobo (163); Aragua (138); Monagas (137) y Anzoátegui (137).

No obstante, en entidades como Monagas, Distrito Capital, Miranda y Bolívar  la tasa de homicidios al parecer declinó, algo que no ocurrió con Amazonas.

2022 termina con más de 9.300 muertes violentas

En el mismo reporte del OVV se especificó que el año 2022 termina con 9.367 muertes violentas, de las cuales 2.328 se corresponden a víctimas de homicidios. 

En la categoría de «muertes por averiguación» se registran 5.799 casos, así como 1.240 muertos por intervención policial.

La organización agregó que en 2022 hubo, en promedio, 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por mes.

Especificaron que si a las 9.367 muertes violentas contabilizadas se le suman los 1.370 casos de denuncias por desapariciones, «en las cuales hay una sospecha importante de muerte», el total de víctimas fatales por violencia durante 2022 asciende a 10.737.

Observatorio Venezolano de Violencia: El 2022 termina con 9.367 muertes violentas

Cuerpos de seguridad son los principales responsables de homicidios en Caracas y Lara

El informe Monitor de Víctimas 2021 reseñó que los cuerpos de seguridad del Estado son otra vez los principales responsables de los homicidios en Lara y Caracas.

En estos lugares se les  atribuye la responsabilidad en 46 % y 34 % de los casos, reseñó el informe «Fuego Cruzado:  grupos armados estatales y no estatales comparten la violencia homicida».

La mayoría de estos homicidios, detalla el reporte, corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Repunte de homicidios en Caracas

El informe de Monitor de Víctimas concluyó que, en la ciudad capital, dos incidentes marcaron un  «repunte significativo en los homicidios: la masacre de La Vega (enero de 2021) y la intervención policial en la Cota 905 (julio de 2021)».

«Ambos hechos fueron protagonizados por las fuerzas de seguridad. Familiares de las víctimas y habitantes de las comunidades denunciaron ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales», se lee en el documento.

El equipo de Monitor de Víctimas logró establecer la identidad de unas 15 personas que murieron en La Vega a manos de los cuerpos de seguridad.

Este procedimiento supuestamente tenía la intención de evitar la expansión de la megabanda de “el Koki”, grupo armado que controla desde 2014, por lo menos, 4 parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Valle, Coche y El Paraíso. 

Mientras que el operativo de julio de 2021 en la Cota 905, en el que buscaba capturar a los  miembros de la megabanda de “el Koki” y que se prolongó por tres días, se contabilizaron 37 personas muertas. 

Precisan en el Informe Monitor de Víctimas 2021 que este operativo se desarrolló tras la  «ruptura de un supuesto pacto que tenían con funcionarios del gobierno desde 2017 para reducir los secuestros y controlar la criminalidad en los territorios bajo su control».

En Caracas se reportaron 544 homicidios en 2021. Enero, mayo y julio fueron los meses con mayor número de víctimas.

Aunque los homicidios, en general, se redujeron en 9,2 %, en los casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales no hubo disminución con respecto a 2020. 

Además, 335 niños quedaron huérfanos debido a la muerte de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas

Como dato relevante, llama la atención en este informe que el Cicpc desplazó a las FAES como el cuerpo policial que más mata en la capital.

Cuerpos de seguridad, principales victimarios en Lara

El 2021, Lara cerró en el estado con 166 homicidios, 77 a manos de funcionarios de seguridad.

El 46,3% de los casos de homicidios de la entidad son cometidos por la fuerza pública, aunque el número de homicidios a manos de estos se redujo 16%.

 

Más de 70 niños quedaron huérfanos por la violencia homicida, 32 menores de edad de los cuales perdieron a sus padres a manos de la fuerza pública. Las FAES figuraron como principal victimario en el informe. 

Informe Monitor de Víctimas 2021

El accionar policial  en la entidad  estuvo principalmente orientado a la persecución de la banda de “Santanita”. 

Un dato que llamó la atención en el informe fue que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) figuró entre los dos primeros cuerpos de seguridad con más casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales, tanto en la entidad como en Caracas.

 

Consulte en este enlace el informe completo: Fuego Cruzado en Venezuela

 

#MonitorDeVíctimas | Padres localizan a su hijo muerto luego de un mes de búsqueda
Yoanfred José Mendoza Escalona fue asesinado a bala. El cadáver fue hallado al fondo de un pozo de 20 metros de profundidad  | Fotos: cortesía

 

Karina Peraza Rodríguez – @KaryPerazaR

 

Pasaron el último día del año 2020 buscando y orando para que su hijo Yoanfred José Mendoza Escalona, de 27 años de edad, apareciera y así despedir el año juntos, como familia. Ese deseo no fue cumplido.

La búsqueda de Yoanfred, que inició el 30 de diciembre del año pasado, se extendió por todo el municipio Andrés Eloy Blanco, en el estado Lara. Culminó la tarde del pasado 6 de febrero cuando lo localizaron sin vida. 

Un angustiante mes vivieron los padres de Yoanfred José, quienes no supieron más de su paradero. Intuían que algo le había ocurrido porque no solía desaparecer tanto tiempo y mucho menos abandonar su trabajo en la agricultura. 

Visitaban comisarías, centros asistenciales en Sanare, en otros municipios y hasta en Barquisimeto, pero no lograban dar con él. Varios conocidos se unieron a la búsqueda, que al principio fue muy activa, aunque con el pasar de las semanas el apoyo fue menor. 

No se dieron por vencidos

 

Los padres de Yoanfred José no descansaron y llevados por más que un presentimiento pidieron ayuda a un amigo de ellos que forma parte de un cuerpo de bomberos. La única zona en la que les faltaba por buscar era en un respiradero que funge como pozo, ubicado en el sector Lomas de Timonal, en Sanare. 

El funcionario no se negó y acudió al lugar. El pozo tiene al menos una profundidad de 20 metros y cuando hizo la búsqueda encontró lo que buscaba: allí estaba el cuerpo. 

De inmediato avisaron a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Quíbor. Una vez extrajeron el cuerpo del pozo los padres de Yoanfred José lo reconocieron por su vestimenta. 

El domingo 7 de febrero al cadáver se le realizó la autopsia y el patólogo indicó que se trataba de un homicidio, pues según develó el examen forense, el joven habría fallecido producto de un disparo en la región del tórax.  Ahora funcionarios del Eje de Homicidios Lara del Cicpc avanzan con las investigaciones del caso. 

Dictan privativa de libertad contra líder Tupamaro por asesinato de uno de sus empleados
Al también fundador del Movimiento Tupamaro y diputado del Consejo Legislativo del Estado Vargas José Pinto Marrero le imputaron los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de coautor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento 

 

Este sábado 20 de junio se dictó privativa de libertad contra el diputado del el Consejo Legislativo del estado Vargas y líder del Movimiento Tupamaro José Pinto Marrero, por el por el homicidio del adolescente de 16 años George Soto Berroterán.

La decisión se tomó pasadas las 5:00 de la tarde tras la presentación del dirigente político ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en los Penal En Funciones de Control de Vargas.

A Pinto le imputaron los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de coautor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento por el asesinato del joven. Así como también por las lesiones causadas al pescador Juan Romero, de 20 años.

Se pudo conocer que el sitio de reclusión será la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Caracas.

Más información en TalCual.

Reverol asegura que indicadores de violencia han disminuido 35.8% en comparación al año 2018

EL MINISTRO DE INTERIOR, JUSTICIA y Paz, Néstor Reverol, anunció este lunes 14 de octubre que se han reducido los indicadores de violencia un 35,8% a lo largo del territorio nacional.

La cifra anunciada por Reverol es bastante similar a la que ofreció a finales de 2018, cuando dijo que, en comparación con el año 2017, los asesinatos habían bajado en 35,4%.

Durante una rueda de prensa, Reverol detalló que en el 2019 se han presentado 3.114 homicidios y 36.000 delitos menos en relación al año anterior.

Por otra parte, dijo que los secuestros disminuyeron un 37% en comparación con el año pasado. Asimismo, refirió en 2018, se confirmaron 146 casos y en lo que va de este año, el número alcanza 97.

Lea también: Érika Farías pide cambiar el nombre a la autopista “Francisco Fajardo” por “Cacique Guaicaipuro”

Otros números reportados por Reverol fueron los delitos de robos, que mantuvieron el mismo número: 16.998. En cuanto a casos violaciones, según el funcionario estos disminuyeron de 620 a 533.

*Con información de El Pitazo

Crimen de Néstor Uzcátegui llega a tribunales de Falcón 18 años después

@evariera

Han transcurrido 18 años desde que Néstor Uzcátegui perdiera la vida en medio de un allanamiento ilegal practicado en su casa por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón.

El crimen fue presenciado por los hermanos de la víctima quienes aseguran que éste no se encontraba armado. Sin embargo, el parte oficial indicó que se trató de un enfrentamiento y que, en defensa de su vida, el policía disparó.

Néstor tenía 21 años de edad en ese entonces y había abandonado sus estudios para trabajar debido a las precarias condiciones económicas que sufría su familia. Tenía una hija y un bebé por nacer.

La mañana del homicidio había amanecido bebiendo y echando bromas como casi todos hacen en Venezuela el último día del año.  Se encontraba en casa de su abuela en la urbanización La Velita II, de Coro, capital del estado. Y aquella fue su última parranda, su último 1 de enero. Porque el nombre de Néstor estaba en una lista de presuntos delincuentes que había que exterminar.

Los dos disparos que acabaron con la vida de Néstor fueron el detonante de muchos acontecimientos posteriores. Su hermano Luis, el mayor de todos, con el coraje que le producía la indignación, inició a partir de este hecho un largo camino de denuncias en los medios de comunicación regionales y nacionales que llamaron la atención de la opinión pública. A su lucha pronto se unieron más familiares de otros ajusticiados. Unos desistieron, pero Luis perseveró pese a las amenazas de muerte, un rapto, dos detenciones y hasta un juicio por difamación que le abrió el comandante de las FAP de Falcón, Oswaldo Rodríguez León.

Al no encontrar justicia en Venezuela, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), tomó el caso y lo elevço a instancias internacionales.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que hubo una ejecución extrajudicial, que Venezuela debe investigar los hechos y resarcir el daño psicológico y material ocasionado.

Siete años después de esa sentencia y a 18 años del crimen, el pasado martes el Ministerio Público del estado Falcón llevó a tribunales el caso.

De entrada el hecho causó sorpresa. Las víctimas se presentaron puntualmente, no así los policías presuntamente implicados. Y la audiencia se difirió.

Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC y abogada de Luis Uzcátegui, considera que es una noticia importante, pero no definitiva y que el hecho de que comience el juicio no quiere decir que se esté haciendo justicia.

-El que se inicie 18 años después es una revelación de la impunidad institucionalizada. Ya la CIDH emitió sentencia que no ha sido ejecutada por el Estado venezolano. Esperemos que los tribunales actúen de manera diligente y se pueda castigar a los responsables, pero hay que ver lo que ha significado la afectación a la familia, destrucción de evidencias y otros elementos que revelan que la voluntad no fue hacer justicia en 18 años. La Corte emitió sentencia y no ha habido cumplimiento por parte del Estado venezolano

Ortega explicó que la sentencia de la CIDH revela los mecanismos de actuación de los cuerpos parapoliciales en el estado Falcón y determina que en Venezuela hay un contexto de actuación de estos grupos en el país. Ordena al Estado la apertura de una investigación, sanción a los responsables, publicación de la sentencia, reparación a las víctimas por la afectación psicológica e indemnización pecuniaria a la familia.

“Esa investigación –explicó Ortega-, tiene que ser transparente, equitativa y conclusiva para determinar responsabilidades y castigar a los responsables directos materiales e intelectuales”.

Aunque la abogada reconoce que la apertura del juicio es un “gran paso”, cree que no hay ninguna señal de que podría cumplirse la sentencia, la garantía de no repetición y sanciones.

Y apela a las cifras de los últimos años.

“Hemos documentado desde 2012 a 2018 un total 9 mil 563 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y, entre 2017 y 2018, un total de 3 mil 684. Los patrones siguen siendo los mismos: zonas urbanas, hombres, 79 % entre los 18 y 25 años de edad, el cuerpo de mayor responsabilidad sigue siendo el CICPC, 73% ocurrieron en procedimientos especiales entre fuerzas combinadas y la impunidad sigue siendo de 98% porque apenas 2% va a tribunales, pero no concluyen con una condena -afirmó.

Recordó Ortega que Luis Uzcátegui, hermano de Néstor, sigue teniendo medidas provisionales de protección que le fueron otorgadas por la CIDH en 2003 “porque ha sido criminalizado, hostigado y porque continua su camino de exigencia de justicia, no ha sido satisfecho ese derecho y hay un claro señalamiento en la sentencia de la CIDH sobre la afectación que tuvo porque fue uno de los miembros de su familia que más luchó para que el caso llegara al Sistema Interamericano. Luis tiene el valor y el coraje de haber visibilizado los casos, cuando nadie hablaba de esto. Con periodistas y una serie de familiares y víctimas, logró sensibilizar a la opinión pública y concientizarla de que había una situación muy grave en Falcón que logró la sentencia en su caso y seguramente un próximo caso como es el Jimmy Guerrero y Ramón Molina (otra presunta ejecución extrajudicial ocurrida en Falcón en 2003).

El Ministerio Público unió el caso de Néstor Uzcátegui con el de Robert Dirinot, porque en el expediente de las muertes de ambos figuran los nombres de los mismos policías, integrantes del cuerpo élite de las FAP de Falcón, denominado grupo Lince. Están siendo ventilados en el tribunal 1 de juicio del estado Falcón, con sede en Coro.

El hombre que mató y enterró a dos hermanos para no pagarles 10 mil dólares

“Nora, me mataron, me mataron. Estoy en la carrera 27 entre 14 y 15, pa’ que sepas”. Eso decía la nota de voz que recibió la esposa de Mario Alejandro Merentes Alfonzo el pasado jueves 1ero de noviembre. El mensaje corto terminó de manera brusca. La voz era la de una persona desesperada y que parecía estar adolorida. Al día siguiente vendría la confirmación. A Mario, de 35 años, lo habían asesinado junto a su hermano Juan Ernesto, de 26.

La esposa de Merentes Alfonzo fue de inmediato a la policía. Tras escuchar el audio, los funcionarios de la oficina Base Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Lara fueron hasta la dirección que la víctima señalaba. Pero tras un recorrido por la zona, no hallaron nada. Horas después, a las 8:30 de la noche, hicieron el primer hallazgo. En un estacionamiento de la avenida Libertador con calle 51, a más de 3,5 kilómetros del sitio apuntado en el mensaje, los uniformados consiguieron el Chevrolet Cruze con el que los hermanos se trasladaban.

Cuando llegó la nota de voz, la familia de las víctimas tenían una certeza: ambos se iban a reunir con Ivanhoe Josafat Rangel Ledezma, de 27 años, un joven que les pagaría una deuda pendiente ese día. Él mismo los había citado para encontrarse. En horas de la madrugada del 2 de noviembre, cuando la policía lo localizó en su vivienda de la urbanización El Amanecer de Cabudare, estado Lara, negó estar involucrado en la desaparición de los hermanos. Sin embargo, se lo llevaron para interrogarlo. Horas después, confesó.

Desde hace años, Rangel Ledezma acudía a una iglesia cristiana evangélica y en 2017 comenzó a visitar la iglesia Las Buenas Nuevas, guiado por los pastores Álvaro y José Rea, muy conocidos en Barquisimeto, capital de Lara. Al sospechoso, que está casado, sus hermanos de culto lo describen como una persona “comprometida con Dios”. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones realizadas, hoy es el supuesto culpable del doble homicidio de los hermanos Merentes Alfonzo, a quienes mató para evitar pagar los miles de dólares que les debía.

Cita bajo engaño

Los Merentes Alonzo, propietarios de una empresa de insumos eléctricos en la Zona Industrial de la ciudad, se dedicaban a la venta de dólares y movían grandes cantidades de dinero. Rangel Ledezma era uno de sus clientes. Les había vendido 10.000 dólares, pero nunca se los entregó. Aunque se dijo también que los comerciantes le habían vendido una máquina Bitcoin a su supuesto victimario, esta nunca fue localizada.

Los hermanos habían intentado cobrar el dinero al joven varias veces, pero este siempre les quedaba mal. Finalmente, les aseguró que ese 1 de noviembre sí les pagaría. Por eso los citó en una casa, aún en construcción, en la carrera 27 entre calles 13 y 14, la misma dirección que se escuchaba en la nota de voz. Allí se verían, según el muchacho, por cuestiones de seguridad.

Rangel Ledezma llegó a la cita en una camioneta Nissan Murano gris, propiedad de un tío, y los hermanos en su Chevrolet Cruze plateado. De acuerdo con las investigaciones, una vez que se encontraron dentro de la vivienda, el presunto asesino se llevó la mano a su bolsillo y sacó un arma de fuego,  un revólver calibre 38 marca Colt con el que sometió a las víctimas. Sin titubear, les disparó varias veces.

Un vecino de la zona contó que se escucharon más de doce detonaciones, pero en los dos cuerpos se contabilizaron ocho orificios. Según los funcionarios del Cicpc, el revólver colectado, de seis municiones, debió ser recargado en más de una ocasión.     

Las pesquisas apuntan que, una vez que Rangel Ledezma mata a los hermanos Merentes, lleva sus cuerpos hasta un hueco que se usaría como tanquilla de luz de la vivienda. Allí los lanzó y tardó al menos dos horas para enterrarlos. Luego, llevó el carro de las víctimas lejos de la escena del crimen y huyó para deshacerse de las pertenencias de los muertos. Al final, volvió a su casa de Cabudare.

Dos metros y medio bajo tierra

A las 5 de la mañana del viernes 2 de noviembre, y tras la confesión de Rangel Ledezma, los funcionarios de la base de Secuestros del Cicpc llegaron a la vivienda donde estaban los cuerpos. Mientras observaban el terreno, se percataron de un espacio irregular en una de las esquinas. Fue entonces cuando contactaron a los detectives del Eje de Homicidios, quienes poco después comenzaron a cavar. Tres horas más tarde, y a dos metros y medio bajo tierra, encontraron los cuerpos de los Merentes Alfonzo.

El cadáver de Juan Ernesto, el menor de los hermanos, quedó con dos heridas de bala: una en el cuello y otra en el pecho. Mario Alejandro tenía dos balazos en las piernas, dos en el pecho y dos más hacia el rostro. Según la autopsia practicada en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, ninguna de las lesiones tuvo orificio de salida.

La reconstrucción del suceso hecha por los detectives indica que Juan Ernesto murió de forma instantánea y por eso fue el primero que Rangel Ledezma lanzó a la tanquilla. Pese a las heridas, Mario Alejandro quedó vivo y en medio de su agonía, mientras su victimario trasladaba el cadáver de su hermano, sacó su teléfono celular y envió la nota de voz que permitió comenzar su búsqueda.

Tras el hallazgo, comenzaron los allanamientos en varias viviendas. En una casa en la urbanización Roca del Valle, en Cabudare, propiedad de un tío de Rangel Ledezma que no está en el país, localizaron el revólver del crimen y las pertenencias de las víctimas. Allí estaban sus Iphone. Uno de estos dispositivos estaba manchado con la sangre de los Merentes Alfonzo, la misma que tenía el arma con la que presuntamente los mataron.

El sospechoso, dice el Cicpc, había planeado el crimen alrededor de 15 días antes de cometerlo. Por eso, con anterioridad, había acudido a la vivienda donde se consiguieron los cuerpos para preparar el hueco de la tanquilla de luz donde depositó los cadáveres.  

El Evangelio según Rangel Ledezma

El caso del doble homicidio de los hermanos Merentes Alfonzo estremeció Lara. Mario Alejandro, esposo y padre, dejó dos niños huérfanos. Su hermano Juan Ernesto llevaba algún tiempo viviendo con su pareja. Quienes los conocieron, aseguran que eran muy queridos y que las negociaciones que hacían en dólares no eran nuevas.

De Rangel Ledezma se supo que, actualmente, cuidaba varias viviendas y vehículos de familiares que están en el exterior. Eran ellos quienes lo ayudaban a mantenerse. Todavía se desconoce qué oficio tenía el joven.

Según el Cicpc, las pesquisas de telefonía que se realizaron comprometieron cada vez más al presunto asesino. Durante horas negó su participación, pero ante la presión y las pistas que lo incriminaban, relató lo que había hecho.

Su detención ocurrió el viernes 2 de noviembre y ante los tribunales larenses lo presentaron, luego de un diferimiento, el lunes 5. El caso lo lleva la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

Cuatro abogados representan al presunto victimario y aseguran su inocencia, pese a la confesión. Al detenido le imputaron el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles con alevosía y ordenaron que quedara tras las rejas. También se solicitó que le practicaran en los próximos días una serie de exámenes forenses.

En 45 días hábiles el Ministerio Público deberá presentar la conclusión de las investigaciones para que se lleve a cabo la audiencia preliminar del caso. Si Rangel Ledezma admite el crimen, será sentenciado. De lo contrario, se aprobará un juicio en su contra.

La iglesia Buenas Nuevas, a donde acudía el presunto victimario, no se ha quedado en silencio. El lunes, la institución publicó un comunicado en el que se afirma que ninguno de los líderes, ni pastores conocían los conflictos que tenía Rangel Ledezma.

“Todos esperamos que una persona que participaba en una comunidad cristiana y busca conocer lo que la Biblia enseña, sobre el amor de Dios y al prójimo, viva de acuerdo con estas enseñanzas. Lamentablemente no siempre es así, y algunas personas siguen guardando en su vida interna pensamientos opuestos a lo que Cristo enseña: resentimientos, orgullo, rebelión o aún vicios y costumbres perversas. A pesar de esto, seguimos fieles al ejemplo de nuestro señor Jesucristo”, dice parte del documento.

Rangel Ledezma fue trasladado nuevamente a la sede del Cicpc. Su rostro es muy diferente al de las fotos viejas que han circulado por redes sociales. Hoy está más gordo y tiene el cabello largo. Durante la audiencia tenía puestos sus lentes, una franela blanca, un mono negro y unos zapatos Nike. Con las manos esposadas a su espalda, mantenía la cara baja. En los calabozos, no deja de hablar del evangelio y de los pastores Rea.  

@KaryPerazaR 

Tres muertos y cinco heridos dejan disparos contra comparsa en Carnaval de El Callao

carnavaldelcallao

Una tragedia ocurrió este lunes, 12 de febrero, en el Carnaval de El Callao, al sur del estado Bolívar. Un arma de fuego fue accionada contra una comparsa que estaba a punto de salir al desfile y mató a tres personas, entre ellos, una mujer.

El hecho ocurrió, de acuerdo con información policial, en el sector La Zona de El Callao, desde donde partiría la comparsa «Agricultura». Allí estaban Miguel Ángel Silva García, de 26 años de edad; Maikel Rafael Suárez, de 23, y Yesiney Ojeda, de 30, quienes fueron asesinados en medio de la balacera. Otras cinco personas, cuyas identidades se desconocen, resultaron heridas. Todos fueron trasladados al Hospital de Guaiparo, en San Félix, con impactos de proyectil en el pecho, las piernas y el abdomen.

Hasta el momento de publicación de esta nota, los victimarios estaban en fuga. Se presume que se trató de un ajuste de cuentas.

En diciembre de 2016, el Carnaval de El Callao fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).