@evariera

Han transcurrido 18 años desde que Néstor Uzcátegui perdiera la vida en medio de un allanamiento ilegal practicado en su casa por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón.

El crimen fue presenciado por los hermanos de la víctima quienes aseguran que éste no se encontraba armado. Sin embargo, el parte oficial indicó que se trató de un enfrentamiento y que, en defensa de su vida, el policía disparó.

Néstor tenía 21 años de edad en ese entonces y había abandonado sus estudios para trabajar debido a las precarias condiciones económicas que sufría su familia. Tenía una hija y un bebé por nacer.

La mañana del homicidio había amanecido bebiendo y echando bromas como casi todos hacen en Venezuela el último día del año.  Se encontraba en casa de su abuela en la urbanización La Velita II, de Coro, capital del estado. Y aquella fue su última parranda, su último 1 de enero. Porque el nombre de Néstor estaba en una lista de presuntos delincuentes que había que exterminar.

Los dos disparos que acabaron con la vida de Néstor fueron el detonante de muchos acontecimientos posteriores. Su hermano Luis, el mayor de todos, con el coraje que le producía la indignación, inició a partir de este hecho un largo camino de denuncias en los medios de comunicación regionales y nacionales que llamaron la atención de la opinión pública. A su lucha pronto se unieron más familiares de otros ajusticiados. Unos desistieron, pero Luis perseveró pese a las amenazas de muerte, un rapto, dos detenciones y hasta un juicio por difamación que le abrió el comandante de las FAP de Falcón, Oswaldo Rodríguez León.

Al no encontrar justicia en Venezuela, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), tomó el caso y lo elevço a instancias internacionales.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que hubo una ejecución extrajudicial, que Venezuela debe investigar los hechos y resarcir el daño psicológico y material ocasionado.

Siete años después de esa sentencia y a 18 años del crimen, el pasado martes el Ministerio Público del estado Falcón llevó a tribunales el caso.

De entrada el hecho causó sorpresa. Las víctimas se presentaron puntualmente, no así los policías presuntamente implicados. Y la audiencia se difirió.

Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC y abogada de Luis Uzcátegui, considera que es una noticia importante, pero no definitiva y que el hecho de que comience el juicio no quiere decir que se esté haciendo justicia.

-El que se inicie 18 años después es una revelación de la impunidad institucionalizada. Ya la CIDH emitió sentencia que no ha sido ejecutada por el Estado venezolano. Esperemos que los tribunales actúen de manera diligente y se pueda castigar a los responsables, pero hay que ver lo que ha significado la afectación a la familia, destrucción de evidencias y otros elementos que revelan que la voluntad no fue hacer justicia en 18 años. La Corte emitió sentencia y no ha habido cumplimiento por parte del Estado venezolano

Ortega explicó que la sentencia de la CIDH revela los mecanismos de actuación de los cuerpos parapoliciales en el estado Falcón y determina que en Venezuela hay un contexto de actuación de estos grupos en el país. Ordena al Estado la apertura de una investigación, sanción a los responsables, publicación de la sentencia, reparación a las víctimas por la afectación psicológica e indemnización pecuniaria a la familia.

“Esa investigación –explicó Ortega-, tiene que ser transparente, equitativa y conclusiva para determinar responsabilidades y castigar a los responsables directos materiales e intelectuales”.

Aunque la abogada reconoce que la apertura del juicio es un “gran paso”, cree que no hay ninguna señal de que podría cumplirse la sentencia, la garantía de no repetición y sanciones.

Y apela a las cifras de los últimos años.

“Hemos documentado desde 2012 a 2018 un total 9 mil 563 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y, entre 2017 y 2018, un total de 3 mil 684. Los patrones siguen siendo los mismos: zonas urbanas, hombres, 79 % entre los 18 y 25 años de edad, el cuerpo de mayor responsabilidad sigue siendo el CICPC, 73% ocurrieron en procedimientos especiales entre fuerzas combinadas y la impunidad sigue siendo de 98% porque apenas 2% va a tribunales, pero no concluyen con una condena -afirmó.

Recordó Ortega que Luis Uzcátegui, hermano de Néstor, sigue teniendo medidas provisionales de protección que le fueron otorgadas por la CIDH en 2003 “porque ha sido criminalizado, hostigado y porque continua su camino de exigencia de justicia, no ha sido satisfecho ese derecho y hay un claro señalamiento en la sentencia de la CIDH sobre la afectación que tuvo porque fue uno de los miembros de su familia que más luchó para que el caso llegara al Sistema Interamericano. Luis tiene el valor y el coraje de haber visibilizado los casos, cuando nadie hablaba de esto. Con periodistas y una serie de familiares y víctimas, logró sensibilizar a la opinión pública y concientizarla de que había una situación muy grave en Falcón que logró la sentencia en su caso y seguramente un próximo caso como es el Jimmy Guerrero y Ramón Molina (otra presunta ejecución extrajudicial ocurrida en Falcón en 2003).

El Ministerio Público unió el caso de Néstor Uzcátegui con el de Robert Dirinot, porque en el expediente de las muertes de ambos figuran los nombres de los mismos policías, integrantes del cuerpo élite de las FAP de Falcón, denominado grupo Lince. Están siendo ventilados en el tribunal 1 de juicio del estado Falcón, con sede en Coro.