Entre los homicidios destaca un femicidio así como los de siete hombres presuntamente vinculados a la banda de Santanita 

 

@KaryPerazaR | Fotos: Karina Peraza Rodríguez

 

Trece crímenes se registraron la tercera semana del mes de julio en el estado Lara, hechos que la han convertido en una de las más sangrientas del año 2020. 

Diez de las muertes se atribuyen a los cuerpos de seguridad del estado. 

Todos los días se registró un deceso en la región. Once de los hechos se perpetraron en el municipio Iribarren y dos en el municipio Jiménez.

Homicidio-suicidio

Yaris Ramona Meneses Barrios, de 47 años de edad, ama de casa y residente de la calle 28 entre carreras 26 y 27 de Barquisimeto, fue asesinada en horas de la mañana del lunes 20 de julio dentro de su vivienda. 

Su asesino fue su pareja desde hace 24 años y con quien habían tenido tres hijos. 

A través de vecinos y allegados, se conoció que no  era la primera vez que el esposo maltrataba a la ama de casa quien ya lo había denunciado ante el Ministerio Público. Pero en esta ocasión la discusión fue más violenta y culminó muy mal, la mujer fue estrangulada delante de la hija menor. La adolescente al ver lo que hacía su padre, Nogar Gustavo Pérez, de 45 años de edad, corrió para buscar ayuda, pero llegó cuando ya su madre estaba muerta y el homicida había escapado. 

Este hombre, horas más tarde, se fue hasta las Torres del Sisal, ubicadas al oeste de la ciudad, y se lanzó del piso 17. 

 

 

 

Siete de “Santanita” 

Cinco personas, presuntamente vinculadas a la banda de “Santanita”, resultaron muertas, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), hicieron dos procedimientos en el municipio Jiménez y uno en el Iribarren.

La primera muerte fue el lunes 20 de julio y la víctima William Jesús Barrios Freites, de 28 años de edad, apodado Chuchú, quien estaba preso en el Internado Judicial de Aragua, conocido como Tocorón, pero que por razones desconocidas  se encontraba en Lara. Fuentes extraoficiales aseguraron que no era la primera vez que salía del recinto. 

El viernes 24 de julio, Luis Emigdio Perdomo Villegas, Harold Enrique García Yoleaney y una tercera persona que aún no ha sido identificada, murieron en un presunto enfrentamiento ocurrido con comisiones del CICPC, en una vivienda del sector Raíces Caroreñas del barrio El Tostao, al oeste de la ciudad. 

Al día siguiente, Juan  Carlos González Mendoza, de 33 años de edad, fue asesinado en Quíbor, municipio Jiménez. 

Los familiares de Perdomo, García y González acudieron tres días después a la morgue del hospital central Antonio María Pineda, para reconocer los cadáveres y retirarlos, pero no quisieron hablar al respecto. Se llevaron a sus difuntos con las urnas selladas porque los cadáveres estaban descompuestos debido a que las cavas de la morgue están dañadas. 

Los otros dos hombres que también asociaron con la banda de “Santanita”, quien es un joven que ha sido catalogado por las autoridades como el más buscado, fueron: Wilmer Wilson Martínez López, de 25 años de edad, y José Alejandro Mendoza  Díaz, de 22 años de edad. Fueron asesinados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el 22 de julio en el barrio El Jebe, al norte de la ciudad, y el 24 de julio en la avenida Circunvalación Norte, respectivamente.

Familiares de Mendoza relataron que la comisión que llegó a su vivienda en horas de la madrugada, preguntaba por un teléfono robado. Al conocer que Mendoza trabajaba en el concesionario que atacó “Santanita” con un explosivo, decidieron asociarlo con esta banda. 

A los parientes de este joven los mantuvieron en una patrulla mientras a él lo asesinaban y se robaban comida, ropa y hasta las herramientas que había en la vivienda.

Las FAES se cobraron tres vidas 

El 21 de julio, en una invasión del urbanismo Gil Fortoul, murió Kenis Hernán Chirinos Gutiérrez, de 35 años de edad; mientras que el 23 de julio fueron asesinados Javier Enrique Sánchez Barrios, de 26 años de edad, en la avenida La Ribereña con calle 48; y, Brayan Jesús Silva Rodríguez, de 28 años de edad, en Tierra Negra al este de la ciudad. Familiares de estas tres víctimas aseguraron a Monitor de Víctimas que fueron ajusticiados. 

Un pariente de Chirinos, afirmó que el hombre dormía en su vivienda junto a su esposa, hija e hijastra cuando llegó la comisión de las FAES y lo asesinó luego de sacar a la pareja de la zona y después de ser interrogado. 

Sánchez Barrios fue uno de los sobrevivientes de la masacre ocurrida el 1 de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos (CEPELLA), de Guanare, estado Portuguesa, donde murieron 47 presos y 75 resultaron lesionados. El joven salió libre luego de que Iris Valera, Ministra de Asuntos Penitenciarios, le otorgara la libertad bajo régimen de confianza tutelada. 

La madre del ex recluso precisó que su hijo no estaba armado y desconoce lo ocurrido, simplemente recuerda que se despidió de ella y presume que lo interceptaron en el camino para matarlo. 

Silva Rodríguez también había estado preso y tenía más de un año de haber salido en libertad de un penal larense donde había contraído tuberculosis. Su prima aseguró que los funcionarios llegaron a la vivienda buscando a otra persona que para el momento no se encontraba, pero cuando supieron que tenía antecedentes decidieron asesinarlo, a pesar de que suplicó por su vida. 

El hampa comete dos homicidios 

Finalmente, otros dos hombres murieron como consecuencia de la inseguridad. Se trata de José Antonio Rojas López, de 41 años de edad, quien fue asesinado en el edificio Santa Rosa de la urbanización El Sisal al oeste de la ciudad. 

Un hermano de Rojas contó que éste vivía solo y era supervisor de seguridad del estacionamiento de un centro comercial al este de la ciudad. 

A través de fuentes extraoficiales se conoció que el cadáver fue conseguido maniatado y amordazado dentro de su apartamento. El homicida robó varios artefactos. 

La otra víctima fue Héctor Rafael Sequera Medina, de 34 años de edad, quien perdió la vida en un hecho ocurrido en horas de la noche del domingo 26 de julio en el barrio La Paz, al oeste de la ciudad. El móvil sería la venganza. 

En el crimen habrían participado al menos cuatro personas que se trasladaban en un vehículo. Sequera Medina se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando del automóvil se bajó un hombre que le disparó. 

El Eje de Homicidios del CICPC Lara investiga para esclarecer ambos asesinatos. 

 

En Lara En Lara  En Lara 

El comerciante independiente Juan Miguel Méndez Subero, de 35 años de edad, perdió la vida de forma inesperada cuando regresaba de visitar a una tía en el sector San Rafael, barrio Los Mangos, parte alta de La Vega, municipio Libertador de Caracas, ese jueves 28 de septiembre a las 7:30 de la noche.

Ese día Subero estaba preparado para celebrar su cumpleaños número 36, debido a que le faltaban cinco horas para cumplirlos, pero como era de costumbre asistió a la casa de su tía en La Vega para ir festejando por adelantado.

Ya cuando eran las 7:30 de la noche decidió irse del lugar y bajó del barrio en un mototaxi. Subero se quedó en la redoma de La India y en ese lugar fue víctima del hampa. Un hombre se le acercó y lo obligó a entregar sus pertenencias, pero Juan Miguel se opuso y el sujeto le disparó en el abdomen.

El pistolero huyó del sitio del suceso con un koala de la víctima, donde guardaba su celular y dinero.

El comerciante agonizando fue trasladado por un hermano en una moto hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. De inmediato lo ingresaron en emergencia, y desde ese momento desconocían su estado.

Sin respuesta

Marianny Subero estaba en El Junquito cuando le llegó la noticia de que a su hermano lo habían herido. Ella se presentó a las 8:00 de la noche en el hospital y le dijeron que había sido ingresado a quirófano para ser operado.

Tanto ella como demás miembros de su familia estaban nerviosos y atentos esperando información de Subero, pero no obtuvieron respuesta en toda la noche. Cuando solicitaban conocer su estado los médicos les contestaban que: “está en quirófano, no se preocupen que él va a aguantar la operación”.

Marianny se fue del centro médico a la 1:00 de la madrugada del día siguiente para su casa a descansar y cargar el teléfono, luego regresó a las 9:00 de la mañana y no logró una respuesta sobre el estado de su hermano.

Su desesperación se aumentó y exigía a toda costa una respuesta, subió al piso 4 del recinto para que ver si encontraba a su hermano ya operado y unos milicianos le dijeron que no podía pasar. Tanta fue su insistencia que verificaron un listado y no hallaron a Juan Miguel.

“Yo pensé lo peor, bajé y les dije a mis hermanos que debíamos ser fuertes, que algo malo le había pasado a Juan Miguel”, contó Marianny.

En ese momento, una amiga que trabajaba en el hospital los saludó y le dieron el nombre del comerciante para que verificara. Ella regresó luego de cinco minutos con la noticia de que estaba muerto.

Juan Miguel tenía un negocio en Quinta Crespo y dejó en orfandad a una niña de 12 años.

 

 

Ha llegado el momento de que el gobierno entienda que debe sentarse a negociar su salida del poder; millones de venezolanos exigen que el caos y la anarquía se reviertan, que el país deje de ser un campo libre para la confrontación de fuerzas brutas, que cese la violencia depredadora y asesina cuyo auténtico exponente –además de los grupos paramilitares pagados por el gobierno– es la Guardia Nacional Bolivariana, convertida en una megabanda de delincuentes que dispara directamente bombas o perdigones a la cabeza o al pecho de los manifestantes, con un saldo que supera ya los ochenta fallecidos en poco más de dos meses.

El hampa uniformada les roba sus pertenencias como experimentados choros que asaltan a desprevenidos ciudadanos a mano armada para arrebatarles motos, teléfonos, cámaras, dinero y zapatos. No se salva nadie, ni los periodistas gráficos, camarógrafos o fotógrafos a los que hurtan o destrozan valiosas herramientas de trabajo, o humildes vendedores que ofrecen agua o refrescos durante las movilizaciones opositoras. Parece ser parte de la fase 2 del plan Zamora para acabar con la protesta. En algunos casos, la actuación de esos malandros uniformados deja dudas sobre su entrenamiento, si fue recibido en una escuela militar o, por el contrario, su adiestramiento proviene del hampa común. Todos somos presas de la voraz hampa uniformada que no pierde oportunidad para delinquir en nombre de la revolución.

La GNB está haciendo un llamado a jóvenes para incorporarlos de inmediato a los contingentes efectivos para sustituir a los que se han ido de baja, que no quieren prestarse a la masacre perpetrada contra una población declarada en rebelión contra un gobierno promotor de tanta violencia y miseria. Hay que imaginarse cuánto bicho con uña será ingresado a un componente militar sin el tiempo requerido para su formación, ni la obligatoria preparación que deben recibir para actuar frente a la complejidad de contener una manifestación pública o los disturbios.

Solo en Caracas 13 trabajadores de medios fueron atracados y agredidos a mansalva por la GNB o por la PNB durante el plantón del pasado lunes, a pesar de las medidas de protección acordadas por la Fiscalía General de la República para reporteros que cubren las protestas. Desde el 31 de marzo hasta el 1° de junio los observatorios de conflictividad han registrado 254 agresiones a trabajadores de la prensa y al menos 142 atropellos son responsabilidad de los organismos seguridad del Estado.

La GNB es toda una deshonra, el ministro del Interior, Néstor Reverol, pertenece a ese componente, le da las instrucciones al comandante, mayor general Antonio Benavides Torres; ambos tendrán que rendir cuentas ante la justicia internacional por genocidio, aunque Benavides diga que no le importa que lo acusen de violar los derechos humanos, lo que equivale a decir que el material humano es carne de basura.

Los desmanes desatados el lunes en la noche por los paramilitares motorizados, que incendiaron autobuses en Altamira y Los Dos Caminos en Caracas, son apenas una demostración de que la violencia ordenada por el presidente de la República es un fin en sí mismo. Hay que parar toda esta orgía sobre la que Maduro y sus secuaces, a contracorriente, pretenden atornillarse en el poder. Las encuestas, que revelan los altos niveles de aborrecimiento que el pueblo venezolano siente por ellos, deberían convencerlos de abandonar de una vez el poder y contener así la explosión de odio que ellos mismos sembraron.

Los que han experimentado en carne propia los actos de repudio –escraches–, fuera y dentro del país, pueden imaginar lo que sucederá cuando caiga este gobierno.

@AliasMalula

El Nacional

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

Venezuela es en la actualidad –por desgracia- un escenario ideal para evaluar la incidencia del conflicto político en la delincuencia.

Según la organización no gubernamental Provea, en el país se está desarrollando una “insurgencia popular” contra el Gobierno. El argumento es que, a diferencia de lo visto durante 2014, las protestas ahora son más frecuentes, tienen mayor duración, poseen mayor extensión geográfica y aglutinan a personas que pertenecen a las diversas clases sociales y oficios. Por último, estas manifestaciones han sido el escenario para distintos tipos de violencia. Al momento de escribir esta nota, la cuenta oficial iba por 48 muertes. Es decir, en mes y medio de protestas ya fue rebasada la marca de 43 homicidios atribuida directamente al conflicto político conocido como La Salida, que se prolongó por tres meses en 2014. El doble de letalidad.

El 36% de los fallecimientos reportado en esta oportunidad es atribuible a la acción de funcionarios policiales, militares o de civiles armados pro gobierno (colectivos). Este porcentaje crecería si se achaca a ese sector los casos de muertes ocasionadas por el impacto de metras, claramente propulsadas desde cartuchos “aliñados”, tal y como sucedió con Miguel Cañizález (Las Mercedes) y Yeison Mora Castillo (Barinas).

Pero al margen de esta situación han sido frecuentes las denuncias de asaltos perpetrados por civiles e incluso funcionarios uniformados en contra de los manifestantes. Una circunstancia insólita si se toma en cuenta que durante las protestas prácticamente toda la vigilancia policial debería concentrarse en preservar la integridad de las personas que manifiestan, así como de sus pertenencias.

Hay ciertas etapas de las manifestaciones en las que los participantes corren mayores riesgos. Son los lapsos de traslado hacia y desde los sitios de concentración, cuando la gente probablemente camina sola por lugares donde no están los funcionarios de seguridad, pues ellos tienen la atención puesta en otras partes. Este riesgo se incrementa en virtud del patrón seguido por el Gobierno en cuanto al cierre de las estaciones del Metro, lo que obliga a los manifestantes a transitar a pie por trayectos más largos.

Por ende, hay más personas con lapsos de exposición más prolongados. Pareciera una situación ideal para los delincuentes.

Los principales escenarios de las manifestaciones en Distrito Capital han sido Chacao y Sucre, en ese orden. Veamos cómo ha sido el comportamiento de los robos en esos municipios. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, abarcan las tres semanas previas al inicio de las protestas hasta el 30 de abril.

 

Fuente: MRI

En Chacao, principal escenario de las manifestaciones, ocurren circunstancias que han propiciado un aumento de los robos. En el municipio Sucre hubo un comportamiento similar, aunque no en la misma magnitud que en el municipio vecino. Sin embargo, en la última semana de abril hubo una baja sensible en las denuncias de este delito.

En Venezuela los robos rara vez son denunciados. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, indicó además que si estos delitos se producen en un contexto de protestas contra el Gobierno las víctimas estarán menos dispuestas a acudir ante la policía judicial, un cuerpo que es percibido como altamente politizado a propósito de circunstancias como la solicitud de identificar a manifestantes, hecha a través de la cuenta twitter de ese organismo.

Estas cifras, entonces, son un pálido reflejo, pero reflejo al fin, de una situación que en realidad debe ser mucho más grave. Protestar en la actualidad venezolana no solo comporta los riesgos de ser detenido o lesionado por el golpe de una bomba o por perdigones. También está latente la posibilidad de ser asaltado.

Se debe entender que la acción depredadora de los hampones se dirige preferiblemente hacia las personas que vean más vulnerables, en las circunstancias ya descritas. Las mujeres, los jóvenes y los hombres que caminan sin compañía son presas fáciles. Aquí, como en otros aspectos de la vida, aplica el refrán “en la unión está la fuerza”.

 

Breves

*La convocatoria a una “constituyente comunal”, y el posterior ofrecimiento de una plaza en esta asamblea exclusivamente para una representación militar tomó por sorpresa a la Fuerza Armada Nacional. Los profesionales de armas no se someterían a votación para tal escogencia, pues ya la tienen asegurada, según lo que trascendió de una reunión entre el Jefe del Estado y el generalato, el miércoles 10 de mayo en Fuerte Tiuna. Maduro expresó su deseo de cambiar el modelo organizacional de la institución castrense, pero no profundizó al respecto. La Constitución vigente indica que la FAN tiene cuatro componentes (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional). En el nuevo texto fundamental se podría “constitucionalizar” la Milicia, y también disolver la GN o incorporarla al organigrama del Ejército, tal y como en su momento lo planteó el finado general en jefe Alberto Muller Rojas.

*Continúa el proceso de remoción de los restos del helicóptero Mi17 del Ejército, siniestrado el 30 de diciembre de 2016 en Amazonas. Hasta el momento de la redacción de esta nota faltaba por recuperar al cadáver del sargento primero Jhonatan Inojosa, quien fungía de mecánico de la aeronave y presuntamente debía estar en un pasillo entre la cabina de mando y el compartimiento de pasajeros. Se presume que el suboficial pudo quedar apisonado entre los restos del aparato y el suelo, o que también pudo saltar o ser expulsado durante la caída. Los otros doce pasajeros murieron casi instantáneamente por el impacto con el suelo y el aplastamiento ocasionado por tres toneladas de comestibles que iban en el compartimiento de carga, y que presumiblemente se movieron hacia la nariz cuando el helicóptero perdió potencia y se fue a pique.

*En la carta dirigida por un grupo de oficiales subalternos del Ejército al secretario general de la OEA Luis Almagro hay una queja puntual en el sentido de que la institución castrense ahora se ve obligada a mendigar la comida ante los comercios privados en los lugares donde tienen asiento. Esto no es más que una requisición maquillada bajo el término “apoyo” o “colaboración”. Luego de la divulgación de ese documento, en Carabobo, el director de un centro de adiestramiento de combate del Ejército solicitó mediante una carta al dueño de una empresa de productos cárnicos la entrega de diez kilos mensuales de carne para el comedor de oficiales. En el mismo mes de mayo un capitán de la GN también escribió a un comerciante de Yaritagua para “solicitar sus buenos oficios” en el sentido de suministrar a esa compañía de orden interno “mortadela y queso para la confección de los alimentos del personal militar y civil”.

*El gobierno estadounidense evalúa la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos. El órgano ejecutor sería –otra vez- el Departamento del Tesoro, en atención a lo dispuesto en el Acta para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela. Ahora, se analiza una lista de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, involucrados directamente en la elaboración y aprobación de las sentencias 155 y 156, que desencadenaron la ola de manifestaciones de calle en todo el país. En 2015 fueron sancionados siete funcionarios, seis de los cuales son militares. De ellos los que más poder tienen en la actualidad son los mayores generales Antonio Benavides Torres (comandante general de la GN) y Gustavo González López (director del Sebin). La referida ley fue emitida en 2014 y en 2016 fue prorrogada su vigencia hasta 2019. Trump, por lo tanto, hará caso omiso de aquella consigna “deroga el decreto”, que tanto ruido ocasionó en su momento.

 

Entre enero y febrero del año 2017, al menos 22 funcionarios de seguridad han fallecido a manos del hampa en distintos lugares del país. A esto se suman situaciones de sometimiento por parte de delincuentes en algunas sedes de control. Tan solo en los últimos 5 días se han registrado 3 asesinatos y 2 asaltos.

El domingo 26, en San José de Barlovento y durante una festividad de carnaval, Jonathan Alberto Cardozo, soldado del Ejército Nacional, fue asesinado por un grupo de uniformados que acabaron la celebración con disparos. Cardozo recibió una bala en la pierna y otra en la espalda. Fue trasladado al hospital Domingo Luciani, donde falleció en la madrugada del lunes. Ese mismo día, Darwin Manzano, Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue asesinado en el punto de control en la urbanización 8 de marzo de la misma zona.

Durante esa madrugada del lunes, en la sede del Área de Defensa Integral (ADI) 434 Zamora, ubicada en la urbanización Valle Arriba de Guatire, 4 soldados y un distinguido de las Fuerzas Armadas fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados, quienes los sometieron y robaron comida y equipos electrónicos.

Posteriormente, el mismo grupo armado se dirigió al Primer y Segundo Comando del ADI, de donde robaron las pertenencias personales del comandante del lugar, Coronel José Gregorio Pantoja Salcedo: tres cauchos de camioneta, asientos y baterías de moto, 6 televisores planos, un freezer con perniles y aproximadamente 15 laptops destinadas a la jornada de “Carnetización de la Patria” con su respectiva impresora.

A esa misma hora, en el sector Guaicoco del Municipio Sucre, un grupo de antisociales sometió a funcionarios de la GNB. El sargento segundo, Kevin Yosued Pérez Fernández, fue secuestrado en medio de la acción criminal, fue tomado como rehén y amenazado de muerte, para ser liberado posteriormente en el Km. 2 de la carretera Panamericana sin su fusil.

Dos días después, en la noche del primero de marzo, Nixon Jalaliyu Donquiz, fue asesinado de un tiro en la cabeza. El funcionario de la Guardia del Pueblo se resistió al robo de sus pertenencias en Valles del Tuy, en las caminerías del ferrocarril adyacente al Mercado Municipal.

La frecuencia con la que ocurren este tipo de hechos es cada vez mayor y todo parece indicar que en esta batalla entre policías y ladrones, son estos últimos los que tienen el poder.

 

 

 

 

 

Juan Manaure

Los deportistas como personas que viven en Venezuela no escapan del hampa desbordada, la víctima más reciente de este flagelo fue el hijo del basquetbolista venezolano, Juan Manaure, secuestrado y posteriormente asesinado por delincuentes en Miranda. Un patrón que ha sido aplicado en constantes ocasiones a atletas y sus familiares con desenlaces terribles como este reciente y otras veces felices. Aquí recordamos diez episodios del crimen vinculados a figuras deportivas nacionales.

1.- Gustavo Polidor 

Uno de los homicidios más dramáticos en la historia venezolana fue el del pelotero de los Tiburones de La Guaira. En abril de 1995, el miembro de la llamada»Guerrilla» salía de su casa en Santa Mónica cuando varios delincuentes le dispararon para robarle su camioneta. Por el crimen fueron señalados Marcos Tulio Quintero «Marquitos» y Hernán Gregorio López Ortuño, alias “Hernancito”, este último se escapó del Retén de Catia y estuvo implicado en el secuestro y asesinato de las hermanas Monagas en Terrazas del Ávila.

2.- Hermano de Henry Blanco 

En diciembre de 2008 fue encontrado en la carretera  Petare-­Guarenas,  el cadáver de Carlos Blanco Sánchez (39 años), hermano del entonces grandeliga Henry  Blanco. Fuentes policiales informaron que luego de secuestrar a Blanco Sánchez los captores solicitaron entre 300 y 800 mil bolívares y el ahora mánager de los Bravos de Margarita había acordado pagar un adelanto de 150 mil Bs. Se desconoce por qué los plagiarios tomaron la determinación de asesinarlo. El hermano de Henry tenía antecedentes por lesiones y drogas.

3.- Hijo de Horacio Estrada 

En abril de 2012, una ráfaga de proyectiles acabó con la vida del hijo del entonces lanzador de los Tigres de Aragua Horacio Estrada. Horacio Daniel Estrada (22) se encontraba en un puesto de comida rápida en la Plaza Bolívar de San Joaquín en el estado Carabobo, cuando unos sujetos pasaron por el lugar disparando. Una versión extraoficial indica que uno de los acompañantes de Estrada tenía problemas con sujetos de la zona.

4.- Padre de Alexi Amarista 

El progenitor del grandeliga de los Padres de San Diego fue asesinado en noviembre de 2010 por un grupo de delincuentes que le propinaron disparos después de despojarlo de sus pertenencias personales en el sector Boyacá de Barcelona, Anzoátegui. El homicida fue capturado tres años después e identificado como Ender Velásquez de 28 años de edad.

5.- Jarvi Mejía

El futbolista colombo-venezolano fue asesinado a principios de diciembre de 2012. El jugador de Yaracuyanos había sacado la cantidad de 10 mil bolívares de una entidad bancaria en San Felipe y se dirigía a su hotel cuando fue interceptado por delincuentes que le dispararon. Permaneció tres días en una institución hospitalaria hasta que falleció víctima de un paro respiratorio.

6.- Carl Herrera

El primer venezolano en jugar en la NBA fue herido por un disparo en playa El Agua (Margarita) por un grupo de asaltantes. El victimario fue identificado como Ricardo David Marcano, de apenas 18 años de edad. Afortunadamente el ex presidente de Marinos de Anzoátegui vivió para contarlo.

7.- Rosmel Blanco

El jugador de baloncesto recibió un disparo en una pierna en junio de 2012 de parte de un grupo atracadores que pretendían despojarlo de su camioneta en la carretera Chirimena-Chuspa en el estado Miranda. Como pudo llegó hasta el Hospital de Higuerote donde fue atendido y operado. Su hermano Roger Blanco, pitcher del Magallanes, fue asesinado para despojarlo de sus pertenencias en 1999.

8.- Hijo de Yórvit Torrealba

En junio de 2009, tres hombres fuertemente armados secuestraron a Yorvis Torrealba de 11 años de edad en Guarenas, Miranda. El adolescente fue liberado y se especula que el grandeliga nunca pagó los 500 mil dólares que pedían los plagiarios. La captura fue planificada desde la cárcel del Rodeo II. Torrealba Jr. ahora vive en Estados Unidos con su padre.

9.- Madre de Ugueth Urbina 

Maura Villarreal de entonces 54 años de edad fue secuestrada en septiembre de 2004 por un grupo de hampones que se hicieron pasar por policías e ingresaron a la finca del entonces lanzador de los Tigres de Detroit a las afuera de Caracas. La progenitora del relevista fue liberada por efectivos de la Comisión de Antisecuestro y Extorsión del CICPC en el estado Bolívar luego de cinco meses y 18 días de cautiverio.

10.- Wilson Ramos

El receptor de los Nacionales de Washington fue secuestrado en noviembre de 2011 en una zona al sur de Valencia. Después de tres días de plagio, el catcher fue liberado en Montalbán (Carabobo) gracias a una operación donde intervinieron varios miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Por el hecho fueron imputadas ocho personas.

 

El Palacio de las Academias, el edificio declarado Monumento Histórico Nacional donde convergen las seis academias intelectuales del país, fue robado y destrozado en horas de la madrugada de este sábado, de acuerdo a las denuncias en Twitter de varios usuarios.

La presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, Gioconda San Blas, denunció el robo de las computadoras, videobeams y demás artículos de oficina de todas las academias que convergen en el Palacio, ubicado en el centro de Caracas.

Saqueado anoche el Palacio de las Academias. Los choros se llevaron las computadoras, videobeams, etc de las 6 Academias. Hicieron destrozos pic.twitter.com/lHo6iTw005

— Gioconda San Blas (@daVinci1412) 14 de enero de 2017

  De acuerdo al periodista Javier Mayorca, los criminales robaron todas las computadoras del edificio, e incluso intentaron hurtar los aires acondicionados. Se presume que salieron por la puerta trasera, donde un camión estaría esperando para trasladar los artículos robados.

Hampa se llevó todas las computadoras del Palacio de las Academias. Los antisociales incluso intentaron hurtar los aparatos de A/A (1/2)

— Javier I. Mayorca (@javiermayorca) 14 de enero de 2017

 

(2/2) Autoridades hacen inventario de lo sustraído del Palacio. Creen que hampones se llevaron bienes en un camión sábado en la madrugada

— Javier I. Mayorca (@javiermayorca) 14 de enero de 2017

Así quedó la Secretaría de la Academia Nacional de la Historia luego de la incursión del hampa en el Palacio de las Academias mad sábado pic.twitter.com/i9loRrWkqu — Javier I. Mayorca (@javiermayorca) 14 de enero de 2017

Antisociales también registraron los escritorios de la Academia de Medicina. Creen que salieron por puerta trasera con lo hurtado. pic.twitter.com/sTTgXud3P5 — Javier I. Mayorca (@javiermayorca) 14 de enero de 2017

Más de 100 computadoras hurtaron del Palacio de las Academias esta madrugada #Caracaspic.twitter.com/Cx07uWjuXH — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 14 de enero de 2017

El viernes 27 de mayo Luis Fernández recibió una llamada telefónica de uno de los obreros del plantel Nidia Gouverneur, en Guatire, donde ejerce como director. En la conversación el trabajador le informó: “Profe, en la madrugada un grupo de hombres violentó los candados con una cizalla y entró a la cocina. Los delincuentes se llevaron 4 pacas de arroz, 12 pacas de pasta, 5 paquetes de caraotas negras, 25 pollos y varios litros de aceite. Dejaron a los muchachos sin comida”.

La sustracción golpeó el Sistema de Alimentación Escolar del centro educativo, pues 450 pequeños se quedaron sin almuerzo por 2 semanas hasta que los productos hurtados fueron restituidos.

“Durante esos días por lo menos 200 muchachos iban a clases sin probar bocado de sus casas porque en sus hogares no había qué comer”, dijo el docente. Un muchacho le decía al director: “Profe, qué comida vamos a traer si en mi casa solo hay pasta o arroz. Ni siquiera le podemos poner mantequilla porque no hay”. La historia se repetía en varios de ellos.

A los pocos días de haberse registrado el hurto, los productos que se llevaron fueron ofrecidos en combos a los vecinos por menores de edad. El paquete costaba 4.000 bolívares.

La escuela Nidia Gouverneur es una de las 60 instituciones educativas afectadas por hurto en lo que va del año escolar en el estado Miranda. De acuerdo con José Betancourt, coordinador del Servicio de Policía Comunal de Polimiranda, de las 60 sustracciones registradas 30 fueron de productos alimenticios. “En Guarenas, Guatire y Caucagua se reporta el mayor número de casos debido a que en esas zonas se dificulta aún más la adquisición de comida.

El modus operandi es el siguiente: por lo general participan entre cinco y seis individuos que llevan herramientas para romper los candados de las entradas a los comedores y depósitos de comida. Una vez que cargan los productos, se los llevan en un vehículo. Actúan en la madrugada, cuando las calles están desiertas y los planteles desprovistos del policía escolar. Hasta la fecha solo se han practicado cinco detenciones en la entidad.

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