Fue el delito de mayor crecimiento en el 2020 y se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso de las bandas criminales, después del narcotráfico.
En Lara, los victimarios son, en su mayoría, funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado
@Luciapietf
El aumento de la extorsión en Venezuela como una de las principales fuentes de ingreso para grupos delictivos ha traído miedos, empobrecimiento y cambios en los estilos de vida de las poblaciones afectadas, de acuerdo con lo reportado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su reciente informe «Extorsión como delito en ascenso», presentado el pasado 15 de junio.
Jorge Govea, abogado, profesor universitario y coordinador del OVV en el estado Zulia, expresó que en esa región las prácticas de extorsión vienen desde los años 60 con el inicio de la guerrilla en la frontera colombiana, cuando los ganaderos pagaban «protección» para evitar ser secuestrados. En los años 80 se extendió a las zonas urbanas del Zulia. Para este siglo, el delito se intensificó y visibilizó con más fuerza alrededor del 2018.
Govea narró que la extorsión es realizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (Gedo) a través de modalidades con distintos matices de intensidad, comenzando por la intimidación mediante panfletos o notas extorsivas dejadas en las puertas del negocio u hogar de la víctima, así como llamadas telefónicas, mensajes de audio y escritos vía Whatsapp.
Seguidamente, esta el envío de fotos y videos de las propiedades y vivienda del objetivo, la quema de vehículos y embarcaciones y los disparos a propiedades. Por último, mencionó la colocación de artefactos con gases, lanzamiento de explosivos —bombas molotov o granadas— a las fachadas de las propiedades y el envío de coronas mortuorias con inscripciones de «Q.E.P.D» («Que en paz descanse»).
Zulia, según lo dicho por Govea, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de bandas y Gedo, después del narcotráfico.
Registros en el Zulia
El abogado afirmó que en el año 2021 hubo 55 eventos extorsivos, que representan 8% del total de delitos vinculados con dinámicas de violencia —muertes por intervención policial, abuso sexual, violencia de género, entre otros— en Zulia. Para el 2022, el OVV monitoreó 26 casos reseñados por la prensa, 10 contra la persona y 16 contra la propiedad. Los municipios con más casos fueron Maracaibo (12), Lagunillas (4), Cabimas, Mara y San Francisco (2), y los establecimientos con mayor afectación fueron los supermercados/tiendas (6) y los bodegones (5).
En el primer cuatrimestre de 2023, el observatorio contabilizó 13 casos. Govea comentó sobre este año que «la extorsión, en términos de violencia y letalidad, está a otro nivel» e hizo mención a un suceso en febrero, donde «gatilleros» llegaron a una carnicería en Maracaibo y dispararon contra todas las personas en el establecimiento,. El hecho dejó un muerto.
El mismo día atacaron un supermercado bajo el mismo modus operandi y cobraron la vida de otra persona, además de dejar varios heridos.
«En un mes y 18 días, al inicio de 2023, las extorsiones en el Zulia sumaron cinco casos, con cinco muertos y ocho heridos por arma de fuego», declaró.
Victimarios en uniforme
Carlos Meléndez, sociólogo, profesor y coordinador del OVV en Lara, explicó que en esa entidad las extorsiones han tenido a otros protagonistas y victimarios: los productores agrícolas y los funcionarios de seguridad del Estado, respectivamente.
Desde el 2016 en adelante, se evidenció un aumento de la violencia policial en el estado Lara, según la prensa. Tuvo un pico entre 2018 y 2021 por la ampliación del uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos policiales. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) son los cuerpos de seguridad con mayor incidencia de participación en la criminalidad conocida por prensa.
Entre las formas de extorsión captadas, Meléndez describió el cobro de protección a unidades productivas en los sectores agrícolas; amenazas a pequeños o medianos comerciantes por supuesta evasión de regulaciones impuestas por el Estado o por su implicación en presuntos delitos. Los montos de cada caso han ascendido hasta 10 mil dólares para que las víctimas se liberen del calabozo.
Se suma a esta variable la extorsión a personas con antecedentes penales que tienen medidas otorgadas por el poder judicial, por las cuales los victimarios cobran por el otorgamiento de boletas de excarcelación, traslados, audiencias, entre otros. También están las detenciones arbitrarias a profesionales de la salud por presunto ejercicio ilegal de la profesión y arrestos a presuntos estafadores que terminan en el cobro de dinero para evitar un proceso judicial, con cuotas que pueden llegar a 20 mil y 30 mil dólares.
Empobrecimiento forzado
En Sucre, las principales víctimas de extorsión son los pescadores, productores de coco, cacao, café y otros productos agrícolas, comerciantes y familias del estado, informó Carmen Amundarain, doctora en patrimonio cultural, profesora universitaria y coordinadora del OVV en la entidad oriental
Según la investigadora, los tipos de extorsión presentes son la amenaza y secuestro exprés, robos y atracos a personas y comercios. Los pescadores de la costa han sido los más afectados, sufriendo robos de embarcaciones o motores en altamar, y el robo de vacunas, donde los pescadores deben dejar parte de su mercancía como pago a los grupos armados.
La extorsión ha tenido como consecuencia la merma en la producción en el estado y el empobrecimiento de la mayoría de la población, indicó Amundarain. Las denuncias de las víctimas y la información oficial son escasas. «La inseguridad cambia el estilo de vida y rutinas diarias de la población, que siente temor a ser víctima de acciones delictivas», declaró.
El OVV ha monitoreado la entidad mediante el seguimiento de las redes sociales, debido a que el estado Sucre no posee prensa escrita desde el 2018. En mayo de 2022, en Cumaná, una familia fue secuestrada por hombres armados y fueron rescatados por funcionarios de la polcía municipal. En junio del mismo año, la Cámara de Comercio de Cumaná alertó sobre los secuestros exprés y prolongados para robar a los comerciantes o familias en la ciudad.
En lo que va de 2023, reaparecieron los delitos de secuestro y violencia con mayor intensidad en la Península de Paria (municipios Arismendi , Mariño y Valdez), según Amundarain. En febrero, un grupo delincuencial secuestró a un gerente de comercialización de una empresa productora de cacao y, en el mismo mes, siete personas fueron asesinadas con armas de fuego durante Carnaval por un grupo armado.
Jorge Govea advirtió que la extorsión ha trastocado la vida social y económica de los habitantes, particularmente los empresarios que manejan dólares americanos, y que en 2020 fue el delito de mayor crecimiento. Uno de los elementos fundamentales del auge de este delito es la dolarización de la economía nacional.
