Francisco Flores

 

A pesar de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el juicio a los narcosobrinos continúa hoy en Nueva York.

En la primera audiencia de este lunes un fiscal estadounidense a un jurado en Nueva York dijo que los sobrinos de la primera dama de Venezuela se sentían tan poderosos que pensaron que podían enviar una tonelada de cocaína a Estados Unidos. Por su parte, los abogados defensores ridiculizaron los argumentos del gobierno y dijeron que tenían tantas fallas que el jurado absolverá a los acusados.

El fiscal Emil Bove hizo la declaración al comenzar la presentación de alegatos en el juicio de Efraín Campo, de 30 años, y Francisco Flores, de 31, sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bove prometió revelar “tal cantidad de evidencia” que demostrará que los hombres planearon importar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos antes de ser arrestados en Haití el año pasado. Campo y Flores están acusados de asociación delictiva.

“Se creían tan poderosos en su país que podrían transportar casi una tonelada de cocaína de aeropuerto a aeropuerto sin ningún problema”, dijo Bove.

El fiscal dijo a los jurados que hay un video donde se ve a Campo cargando un kilo de cocaína y se puede escuchar a Flores alardear acerca de que pueden embarcar drogas desde el hangar presidencial en un aeropuerto de Venezuela.

“Los acusados fueron atrapados con las manos en la masa”, relató Bove al decir cómo después de ser arrestados confesaron a un agente federal estadounidense que sabían que el embarque de drogas que estaban arreglando terminaría en Estados Unidos.

Algunos altos funcionarios venezolanos han dicho que los sobrinos fueron “secuestrados” por Estados Unidos como parte de un plan para desestabilizar al gobierno de Maduro.

Sus abogados exhortaron al jurado a concluir que el operativo de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) tuvo tantas fallas que deben absolverlos.

John Zach, abogado de Campo, dijo que los sobrinos “tomaron decisiones estúpidas” que motivaron el arresto de ambos, pero nunca planearon vender droga.

Dijo que la droga nunca cambió de manos y que los informantes del gobierno destruyeron o manipularon evidencia de forma rutinaria. Zach dijo que un narcotraficante hondureño elegido por federales estadounidenses que buscaba escapar de la justicia buscó a hombres “estúpidos y prescindibles” que pudieran ser susceptibles a ofertas de millones de dólares para unirse a una trama falsa para traficar droga.

Agregó que Campo y Flores eran blancos vulnerables porque vivían modestamente en Caracas, una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde los secuestros y asesinatos son comunes.

Citó “un conjunto de decisiones estúpidas tomadas por mi cliente y su primo que no equivalen a una asociación delictiva por drogas”.

El abogado dijo que los investigadores y un equipo de informantes padre e hijo, quienes habrían recibido casi 2 millones de dólares por construir casos para el gobierno estadounidense, se maravillaron de lo ignorantes que eran los sobrinos sobre el tráfico de narcóticos incluso mientras ellos trabajaban reuniendo evidencia contra ellos. Hace poco, los informantes se declararon culpables de cargos penales por haber hecho negocios de drogas durante años mientras ayudaban al gobierno estadounidense a procesar a traficantes.

Tras calificar a los sobrinos de la primera dama como “hombres muy estúpidos”, Zach dijo que ellos pensaban que ganarían 50 millones de dólares en efectivo sin entregar la droga.

Aseguró que su cliente “no tenía ninguna idea” del tráfico de droga. “Es casi vergonzoso”, agregó.

El abogado Michael Mann, quien representa a Flores, dijo que los sobrinos fueron ingenuos y que algunas veces trataron de “verse como si fueran muy influyentes”. Agregó que sus conexiones políticas están en el centro del caso y que esa es la principal razón por la que fueron blanco.

“Engañaron a estos muchachos. Les pusieron una trampa”, agregó Mann.

 

El ex presidente salvadoreño Francisco Flores murió el sábado en el hospital donde permanecía ingresado tras sufrir un derrame cerebral, según confirmó el domingo su esposa, Lourdes de Flores. La familia decidió rechazar los honores de Estado que correspondían al ex mandatario, envuelto en un proceso judicial por corrupción. Tenía 56 años.

«Nuestro amado esposo, padre, hermano y amigo, está ya en los brazos de Dios», dijo Lourdes de Flores al leer un escueto comunicado en la entrada principal del hospital.

«Paco confió y se sometió voluntariamente a la justicia por su certeza que era inocente, por el contrario sufrió una terrible crisis en su salud provocada por un injusto ataque político que atropelló sus derechos fundamentales», agregó.

«De acuerdo a la ley, le corresponden los honores de Estado, pero es el deseo de la familia realizar sus exequias fúnebres de la forma modesta que caracterizó a Paco en su vida».

El ex mandatario fue trasladado de emergencia el domingo a un hospital privado donde fue operado para desbloquear la arteria obstruida y cayó en coma. Los especialistas le habían diagnosticado un daño cerebral irreversible al ex mandatario.

Después del reconocimiento de los médicos forenses, el cuerpo del ex presidente Flores fue trasladado a la funeraria Montelena donde será velado. El lunes se realizará una misa en la basílica Nuestra Señora de Guadalupe.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el que Flores llegó al poder, y la presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña expresaron en sus cuentas de Twitter sus condolencias por el fallecimiento.

«El Salvador ha perdido a un hombre brillante, a un estadista…Y yo he perdido a un gran amigo», expresó en su cuenta de Twitter el diputado y ex candidato presidencial de Arena Norman Quijano.

Flores, que gobernó el país de 1999 a 2004, estaba en arresto domiciliario a la espera de ser juzgado por el desvío de más de 15 millones de dólares, donados al gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos del 2001, que nunca llegaron a las manos de las víctimas.

Flores padecía de una trombosis en una de sus piernas y fue hospitalizado por primera vez el 30 de octubre de 2014. El 22 de diciembre de 2015 volvió a ser hospitalizado de urgencia por una hemorragia interna.

La abogada Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, una de las organizaciones querellantes en el juicio contra Flores, dijo esta semana a AP que en caso de que el ex presidente falleciera, se extinguiría la responsabilidad penal, entonces a la Fiscalía le corresponde cesar el seguimiento contra el señor Flores.

Flores estaba a la espera de acudir a la vista pública para ser juzgado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

El juez séptimo de Instrucción había ordenado que Flores también fuera juzgado por el delito de lavado de dinero, pero un tribunal superior anuló la acusación y también revirtió la orden de detención provisional, por lo que regresó a su casa, donde era custodiado por la policía.

El tribunal dictaminó que 10 millones de dólares fueron a parar a las cuentas del partido Arena, que lo llevó a la presidencia, y el resto se desvió para beneficio del ex presidente.

La investigación en su contra se inició tras conocerse un informe sobre operaciones sospechosas en septiembre de 2013.

Flores, que compareció ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa, sostuvo ante los diputados que toda la ayuda que recibió durante su mandato fue entregada a los beneficiarios, negó que hubiera depositado cheques de la ayuda de Taiwán en cuentas bancarias y dijo que jamás había obtenido beneficio personal de ningún tipo en el manejo de la cuentas de Taiwán. Pero no dio nombres de las personas o instituciones a las que había entregado la ayuda taiwanesa.

Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, lamentó que la muerte de Flores se hubiera producido antes de que culminara el proceso judicial.

«Todo terminó en lo mismo, en nada, es que nuestro sistema de justicia ha sido lento, ha sido obediente a intereses que no obedecen, a los intereses de justicia de un pueblo y algunos intentaron ponerlo como la víctima», afirmó el sábado en declaraciones a AP.

 

Los diplomáticos son quienes representan al Estado en el exterior y, como tales, desde siempre han gozado de privilegios e inmunidades que garanticen su misión y el debido respeto a la dignidad del Estado al que representan. Entre estas garantías sobresalen la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos, que los hace inmunes a la jurisdicción de los tribunales del Estado en el cual se encuentran acreditados o a la de los Estados de tránsito hacia o desde su destino, la inviolabilidad de la valija que contenga los documentos oficiales o los objetos indispensables para el desempeño de su misión y que tengan como origen o destino a las autoridades del Estado que les ha acreditado en una misión diplomática, y la inviolabilidad de los bienes del agente diplomático, incluyendo su equipaje personal. Se trata de privilegios e inmunidades concebidos en beneficio del Estado y no del agente designado y acreditado por aquel. Por lo tanto, ni la inmunidad de jurisdicción es un derecho (o privilegio) del agente diplomático, puesto que el Estado puede renunciar a ella, ni la protección debida a su equipaje personal es un instrumento al servicio del representante del Estado, que le autoriza a llevar cualquier cosa, incluyendo cocaína o heroína, con el propósito de comercializarlas en el exterior. Pero, al parecer, en las más altas esferas de este gobierno no se ha entendido así.

Tiene razón Diosdado Cabello al afirmar que tanto Francisco Flores como Efraín Campos Flores son dos personas adultas; pero no la tiene al concluir que, por ser adultos, “son libres de hacer lo que quieran”. Desde luego, como ciudadanos de un Estado en que todos estamos sometidos a la ley, no son libres de delinquir impunemente, ni son libres de valerse de un pasaporte oficial para cometer sus fechorías; por muy adultas que fueran, las personas antes referidas tampoco eran libres para comprometer el nombre de Venezuela en sus aventuras delictivas.

Nadie, en el gobierno, tiene la obligación de responder por la conducta criminal de quien pueda estar unido, por lazos de familia o de otro tipo, con el jefe del Estado u otro funcionario público, pues la responsabilidad penal es individual y no se extiende al entorno del delincuente. Pero este gobierno tiene el deber de explicar por qué un avión pilotado por un oficial de la FAN pudo despegar desde Venezuela con dos personas que luego fueron detenidas y acusadas por tráfico de drogas. Sobre todo, este gobierno tiene la obligación de explicar por qué esas dos personas portaban pasaporte diplomático, que no es un documento trivial o carente de importancia, sino que es la certificación de que esa persona representa al Estado en el exterior, con todos los privilegios que ello implica; por ende, a menos que se trate de un fraude a la ley, el gobierno debe explicarle al país cuál era la misión que se le había encomendado a esas personas, y ante qué Estado u organización internacional habían sido acreditadas como tales.

A menos que actuaran en cumplimiento de instrucciones dictadas por quienes ejercen el poder, el Estado no tiene que responder por los actos criminales de sus funcionarios; en realidad, sería demasiado grave asumir que hemos caído en manos del crimen organizado. Pero este gobierno tendrá que explicar cuáles son los criterios que utiliza para reclutar a sus agentes diplomáticos y cuáles son los círculos en que lo hace porque, obviamente, no es entre los expertos en relaciones internacionales o entre profesionales calificados. En el caso específico de las dos personas que hoy enfrentan cargos criminales por tráfico de drogas ante los tribunales de Estados Unidos, además de sus supuestos contactos con el hampa, ¿qué otras credenciales, o habilidades, tenían para que se les otorgara un pasaporte diplomático, atribuyéndoles la representación de Venezuela en el exterior?

No hay que descartar que un gobierno irresponsable pueda utilizar a sus agentes diplomáticos para cometer graves delitos; tampoco sería la primera vez que ocurre. Precisamente por eso, el gobierno de Venezuela tiene el deber de condenar todo acto que involucre a cualquiera de sus funcionarios en el tráfico de drogas; asimismo, en el caso de Francisco Flores y de Efraín Campos Flores, el Estado está obligado a disponer una inmediata investigación que esclarezca quién, siguiendo instrucciones de quién, les otorgó pasaportes diplomáticos, quién, y a cambio de qué, les facilitó el avión en el que viajaron al exterior, así como las circunstancias en que salieron del país. En el caso del piloto del avión, se debería esclarecer si, en efecto, este era un oficial de la FAN, si actuó siguiendo instrucciones de sus superiores o si lo hizo a título personal, por qué, o a cambio de qué.

Pero, que nadie se llame a engaño. Como es su costumbre, este gobierno no va a explicar nada y el Ministerio Público tampoco va a investigar nada. Una vez más, nadie asumirá su responsabilidad. ¡Por ahora! Porque, al igual que la inmunidad diplomática no es sinónimo de impunidad, tarde o temprano este gobierno tendrá que rendir cuentas. Y, probablemente, será más temprano que tarde.

 

 Héctor Faúndez

El Nacional