Fernando Albán

Foto de posterior: féretro de Fernando Albán (Reuters, en BBC Mundo); foto anterior: Sang Hyun Cho en Pixabay. Comp. N. Silva/Runrunes.

@dhayanamatos

Fernando fue mi estudiante, lo conocí en el año 2006. Fue uno de los seleccionados para cursar el Programa de Formación Inicial (PFI) para el ingreso en la carrera judicial en la Escuela Nacional de la Magistratura.

Eran otros tiempos. Todavía teníamos la ilusión de que era posible cambiar al Poder Judicial, y la selección transparente de quienes cursarían el PFI nos daba energía para apoyar ese proyecto.

Aunque hoy día cueste creerlo, las personas que hicieron ese primer curso quedaron por méritos propios –salvo dos o tres excepciones–. Eran abogadas y abogados que verdaderamente conocían de Derecho, con sueños por realizar; para algunas y algunos, llegar a ser juez o jueza había sido su meta profesional toda la vida.

Creo que pocas veces en Venezuela ha habido un programa de esta magnitud, que juntara lo más granado de quienes verdaderamente estudian el Derecho; venían de Maracaibo, de Bolívar, de Margarita, de Apure, de todas partes. Invirtieron tiempo, recursos, hicieron sacrificios familiares, perseguían un sueño. Este programa, “supuestamente”, les permitiría ser juez o jueza por méritos propios.

Y digo supuestamente porque después vino la dura realidad que ya se ha normalizado en nuestro país. Si usted no es afecta al gobierno y manifiesta a voz templada que es “roja rojita”, olvídese de que llegará a ocupar un puesto, aunque tenga las competencias y haya estudiado toda la vida para lograrlo.

Eso fue lo que sucedió con la gran mayoría de aquellas personas que hicieron el PFI, jamás las nombraron. Una parte, integra esa diáspora venezolana y se encuentra en distintos países; trabajando, luchando, cayéndose y levantándose para seguir adelante, pero no ingresaron al Poder Judicial. La otra, sigue en Venezuela también luchando, sobreviviendo y resistiendo.

Él iba a conversar conmigo, hablábamos de lo que nos juntaba: los derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasiones, de la familia. Nunca supe si en esa época estaba aprendiendo a hacer pan o si era experto, en todo caso, lo que recuerdo es el cariño con que compartía conmigo.

Unos años después, cuando ya era concejal por el municipio Libertador, me lo encontraba con cierta frecuencia en el Centro Comercial Los Chaguaramos, cuando yo iba a dar clases en los salones de la UCV que se encuentran allí.

El tema de nuestras conversaciones era el de siempre: los derechos humanos. Cada vez que nos encontrábamos, Fernando me decía que iba a preparar unos talleres para que yo fuera a dictarlos. Yo le decía que sí, pero nunca concretamos nada.

Volví a saber de Fernando Albán ese fatídico 8 de octubre de 2018. Estaba en Maiquetía, me iba luego de cremar apenas 8 días antes a mi mamá. No recuerdo si fue por Twitter o por otro medio, pero sí recuerdo la rabia tan grande y el dolor que sentí al enterarme de su supuesto suicidio, que no creí en aquel momento, como sigo sin creerlo actualmente.

Al llegar a mi destino y encender el celular, tenía mensajes de varios integrantes del PFI dándome la noticia. Otras personas me escribían para saber si no iba a decir nada al respecto. La verdad que en ese momento no hice nada, no tenía fuerza. Como dije, habían transcurrido pocos días desde que mi mamá había muerto y no tenía ánimos para nada. Solo quien ha vivido esta situación puede comprender lo que digo. Pero eso no quiere decir que me haya olvidado de Fernando, siempre lo tengo en la memoria con su sonrisa eterna.

Eso se lo debemos como sociedad no solo a quien murió o fue asesinado/a, sino también a sus familiares. Es en este punto que conecto con el tema de la justicia transicional.

Soy una ferviente creyente en el diálogo, en que es necesario negociar, acordar, buscar puntos de encuentro; en que no podemos seguir viéndonos como enemigos y llenándonos de odio porque no resolvemos nada. Sigo creyendo que en Venezuela cabemos todas y todos. Pero yo hablo de un diálogo real, transparente, donde prevalezcan los intereses colectivos por encima de los egos, la corrupción y los abusos de poder.

Creo que en Venezuela en algún momento se instaurará la justicia transicional, como lo han hecho Perú o Colombia, entendiendo por esta –siguiendo al Centro Internacional para la Justicia Transicional– la manera en que los países dejan atrás periodos de conflicto y represión para hacerle frente a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad, que no obtienen respuestas del sistema judicial existente.

El jurista colombiano Rodrigo Uprimny Yepes, gran conocedor del tema de justicia transicional, ha manifestado en reiteradas ocasiones el lugar prioritario que deben ocupar las víctimas en este tipo de procesos, incluidas sus familias y la necesidad de asegurarles una reparación, lo que es imposible de lograr si no hay un esclarecimiento de los hechos. En otras palabras, que si no se judicializan los hechos, no hay garantías para los derechos de las víctimas y sus familiares.

Eso implica que, si en Venezuela algún día se instaura la justicia transicional, hay que investigar qué pasó con Fernando Albán y con tantas otras muertes que no han sido esclarecidas. Se lo debemos o por lo menos siento yo que, como parte de la sociedad venezolana, se lo debo a Fernando, a sus hijos y al resto de su familia.

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El comisionado afirmó que Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado

La ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte del concejal Fernando Albán, que fueron documentadas por la Misión de Determinación de Hechos, afirmó el Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno encargado de Venezuela que preside Juan Guaidó.

Borges aseveró que en el informe se revela que las huellas dactilares encontradas por el Cicpc en la ventada no pertenecían a Fernando Albán, sino a un funcionario del Sebin.

La Misión de la ONU ratificó la incoherencia en las versiones sobre la muerte de Fernando Albán. Sabemos que fue asesinado por el régimen de Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados. pic.twitter.com/ENDI0EO8uD

— Julio Borges (@JulioBorges) November 27, 2020

«La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte de nuestro hermano Fernando Albán. Sabemos que fue asesinado por el régimen criminal de Nicolás Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados», indicó Borges.

«El informe de la ONU debe alimentar varios procesos de presión. Uno es la justicia universal, que debe ejercerse tanto en la CPI como en cada país, el otro es la responsabilidad para proteger. Tiene que haber un antes y después de este informe, ya no se trata de indicios o presuntos hechos, es una realidad firme, Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado», reiteró el comisionado.

El informe es un instrumento fundamental para el ejercicio de la justicia universal y la activación de la responsabilidad para proteger.

*Con información de CCN

La medida se anuncia el mismo día que se cumplen dos años de la muerte del dirigente político mientras estaba bajo la custodia de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro

El Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas anuló la acusación contra los dos ciudadanos implicados en la muerte del concejal Fernando Albán, por lo que reiniciarán la investigación.

“El Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, por violación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y falta de cumplimiento de los artículos 262 y 263 del Código Adjetivo Penal, retrotrayendo la causa a la fase de investigación”, indicó el organismo en una nota de prensa.

Asimismo, explicaron que la decisión del juzgado en la causa seguida a los ciudadanos Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal, donde funge como víctima el ciudadano quien en vida respondiera al nombre de Fernando Alberto Albán, se fundamentó en los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dos años de la muerte de Fernando Albán

La medida se anuncia el mismo día que se cumplen dos años de la muerte del dirigente político mientras estaba bajo la custodia de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades indicaron que el concejal murió al lanzarse desde uno de los pisos de una sede del Sebin en Caracas. Sin embargo, la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, denunció en 2019 ante la Corte Penal Internacional la muerte del militante de Primero Justicia. Aseguró que la autopsia efectuada al cadáver fue practicada por una persona que no tiene credenciales.

El régimen acusaba a Albán de haber participado en un fallido ataque con drones contra Maduro, que ocurrió en agosto de 2018 durante un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas.

Hubo una casa que me recibió con las puertas abiertas cuando apenas en Bachillerato decidí que me dedicaría al servicio público y la política, esa casa se llama Primero Justicia. Un partido que nació con la necesidad que había en el país de construir una alternativa a lo que desde su propia llegada al poder se mostraba ya como una amenaza para la institucionalidad y nuestra democracia.

Para los jóvenes fundadores de Primero Justicia, Venezuela no podía conformarse con el odio, la revancha y la lucha de clases, era necesario que miráramos a nuestro alrededor y nos reencontramos con los ideales republicanos de justicia y libertad. 

Pero no era fácil tender las bases de un nuevo partido en unas condiciones tan adversas. No solo porque el fenómeno carismático que significaba el chavismo en sus inicios, capaz de embolsillarse a media Venezuela, sino también porque una inmensa mayoría de los venezolanos aborrecía los partidos y no se sentía identificada con nuestro sistema político, al contrario, clamaban ruptura y transformaciones drásticas.

El trabajo de años de mucha gente valiosa se traduce en lo que significa Primero Justicia para Venezuela hoy, un partido que más allá de los errores que se hayan podido cometer, ha demostrado tener hombres y mujeres valientes, capaces de sacrificar no solo su libertad por rescatar la democracia en Venezuela, sino también entregar su propia vida, como lo hizo nuestro compañero Fernando Albán.

En honor a él, a nuestro diputado Juan Requesens, a todos los que han sido perseguidos por ondear la bandera amarilla y negra, es que le decimos a la dictadura que aquí primero es la dignidad, que no hay poder sobre la tierra que pueda sobre la determinación de una militancia y una dirigencia decidida a seguir adelante, que podrán comprar conciencias e intentar robar nuestros símbolos, pero que no podrán acabar con que lo que significa Primero Justicia para quienes la sentimos como nuestra casa.

No hay democracia sin partidos políticos y no hablo del presente que todos sabemos es todo menos democrático, hablo del futuro, que necesitará de instituciones fuertes, de partidos políticos sólidos y de ciudadanos comprometidos. Pero sobre todo necesitará de memorias de acero, para jamás olvidar que todo esto pasó y evitar para siempre que se vuelva a repetir.

@BrianFincheltub

Foto: AP

Según la CIDH, el régimen de Maduro tiene hasta enero del año 2020 para aportar información sobre este caso

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos comenzó una investigación sobre la muerte del concejal de Caracas por Primero Justicia, Fernando Albán, quien murió en octubre del 2018 en la sede del Sebin de Plaza Venezuela.

En un documento, la CIDH exigió al régimen de Nicolás Maduro que dé información y respuesta a la denuncia formulada por los familiares de Albán ante el organismo, la cual fue interpuesta en el mes de abril de este año.

El régimen oficialista tendrá hasta el 17 de enero del próximo año 2020 para aportar información sobre el caso del concejal.

Albán, quien militaba en el partido opositor Primero Justicia, falleció en octubre de 2018 bajo custodia del Sebin.

Las autoridades indicaron que el concejal murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede del Sebin en Caracas. Sin embargo, la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

#23Oct CHID comienza a tramitar caso de Fernando Albán y solicita a régimen de Maduro que de información y respuesta a la denuncia formulada por los familiares ante ese organismos internacional,en el mes de abril de este año. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/6uMa4MiRvm

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) October 23, 2019

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Una comisión del Cicpc encontró el cadáver carbonizado del concejal «Pipo» Rada la mañana del pasado jueves 17 de octubre

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acudió este sábado 19 de octubre a la morgue de Bello Monte en Caracas, para acompañar a los familiares de Edmundo «Pipo» Rada, concejal de Voluntad Popular cuyo cuerpo fue hallado calcinado.

Los familiares del fallecido concejal de Petare asistieron a la morgue para retirar los restos de «Pipo» Rada.

“Son distintos rostros de una tragedia. Distintos rostros por inseguridad, causa política como el caso del concejal Edmundo Rada. Son rostros distintos de una misma tragedia. Con profundo dolor estamos acompañando a la familia, amigos y a los miembros del partido político”, comentó Guaidó.

Desde el lugar, Guaidó denunció la grave crisis por la que atraviesa Venezuela y acotó que los ciudadanos sufren pérdidas de familiares a diario. “Esta no es solo la lucha de Edmundo. Esta es nuestra lucha para vivir con dignidad y recobrar la normalidad”, dijo.

«Hace un año estuvimos aquí en la morgue de Bello Monte por la muerte de Fernando Albán. Con profundo dolor estamos acompañando a los familiares de Pipo y a Petare», añadió Guaidó.

«Pipo» Rada estuvo desaparecido desde el lunes 14 de octubre. Dos días después, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), halló el cadáver del exconcejal del municipio Sucre.

Desde la morgue de Bello Monte, diputados junto al presidente (e) @jguaido esperando por nuestro hermano Edmundo Rada https://t.co/rwsuooBQku

— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) October 19, 2019

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RAMÓN AGUILAR, ABOGADO QUE DEFENDÍA al concejal de Caracas por Primero Justicia, Fernando Albán, pidió la aplicación del Protocolo de Minnesota para exhumar el cadáver del funcionario.

De acuerdo con una nota publicada por El Pitazo, Aguilar dijo: «Se presumen torturas, y que Albán no murió en la caída. Pedimos que se aplique el Protocolo de Minnesota y se exhume el cadáver».

El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas para investigar una muerte potencialmente ilícita. Establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación.

Asimismo, se hizo para complementar los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

Su objetivo es “proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada”.

¿Qué establece el Protocolo de Minnesota?

1.- Las obligaciones jurídicas de los Estados y directrices comunes relativas a la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

2.- La obligación de que toda persona que participe en la investigación debe tener las normas de ética profesional más estrictas.

3.- Orientación y descripción de buenas prácticas aplicables a los participantes en un proceso de investigación.

4.- Directrices pormenorizadas sobre algunos aspectos de la investigación, aunque no trata todos los aspectos de ella ni es un instructivo para profesionales.

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5.- Tiene un glosario, anexos y esquemas anatómicos e impresos para utilizar en la práctica de autopsia.

¿Cuándo se puede aplicar?

1- Cuando la muerte pudo haber sido causada por órganos o agentes por actos u omisiones del Estado.

2.- Cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado.

3.- Cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.

*Con información de El Pitazo