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Feliciano Reyna

[ENTREVISTA] Feliciano Reyna, madera de héroe
El activista Feliciano Reyna estuvo el 5 de julio junto a Michelle Bachelet. Fue el vocero venezolano clave en el grupo que discutió el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACUNHR) sobre Venezuela, que confirma, con datos fehacientes, el carácter criminal del régimen de Nicolás Maduro. Reyna habló inmediatamente después de Bachelet, y lo que dijo lo amplió y explicó en esta entrevista realizada a su paso por Madrid, hace unos días

 

FELICIANO REYNA ES LO MÁS PARECIDO a un héroe de los Derechos Humanos y en esto de ser extraordinario solo le han hecho falta dos virtudes: sentido común y auténtico amor por el prójimo. Reyna es fundador de la organización Acción Solidaria, que forma parte de Sinergia, y de Civilis Derechos Humanos, creada en 2010. Son parte de Civicus, una alianza global para la participación ciudadana. Feliciano Reyna ha ido tomando un papel cada vez más protagónico en la tarea de difundir la tragedia que vive el país y defender a su ciudadanía.

«Creo que es fundamental ver la situación de Venezuela deslastrándose del prisma ideológico», dice cuando se le pregunta qué les diría a las ONG españolas que se ocupan de los Derechos Humanos (quizás lo diga porque tradicionalmente han apoyado al chavismo, influidas por el populismo izquierdoso de Podemos y partidos similares. Una vez aplaudieron las expropiaciones, sin mirar contexto y consecuencias.) 

Pero Reyna desea destacar algo, de arrancada: «Es fundamental que el gobierno de Maduro reconozca la emergencia humanitaria». ¿Por qué? Porque la ayuda externa seguirá limitada si no lo hace. Si no se abren de verdad las puertas. El aporte del exterior, hasta ahora, no responde a la gravedad de la situación, al horror que padece el pueblo pues la protección o asistencia brindada alcanza para dos millones de personas, y Reyna es bien tajante: «No basta. Quienes trabajamos en materia de emergencia, las ONG, pensamos que no hay menos de diez millones de personas  en necesidad. ¿Qué significa eso? Que se necesitan los recursos para salvarles la vida, para aliviarles los sufrimientos y para buscar recuperar sus condiciones de vida digna. Diez millones de personas, no dos millones».

 

La no indiferencia

En el diálogo donde fue coprotagonista al lado de Bachelet hubo 46 participaciones, tres de ellas grupales: una de la Unión Europea, otra del Grupo de Lima —presentada por Perú— y otra del Alba, presentada por Cuba. De las 46, hubo diez a favor de Venezuela (es decir, a favor del chavismo-madurismo). Sus voceros aludían a la muletilla de la no interferencia y hablaron de las sanciones como causa de los males aunque sin entrar en los temas planteados en el informe de la alta comisionada. Además de Alba-Cuba, estas intervenciones fueron las de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Myanmar, Laos, Argelia, Nicaragua, Siria y Bolivia. El vocero argentino comentó, por otra parte, que le parecía interesante que los países que apelan siempre a la no intervención son los más autoritarios, los más cerrados, y en algunos, dictatoriales. «Lo que debería aplicar es el principio de la no indiferencia», dijo. Le dio gusto, a Reyna, ver que los países europeos estaban muy alineados con la idea de que se establezca la oficina formal  de la alta comisionada en Venezuela

—¿Cuál es el balance que hace, del propio informe y de la reunión número 27, la del 5 de julio?

—Lo que refleja el informe es algo que venía expresando la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] desde 2013, al poner a Venezuela en el capítulo cuarto de su informe anual, referido a los países que tienen problemas graves de DDHH. Pero este tiene unos elementos que identifican la falta de justicia, denuncia un sistema que no responde a las necesidades del pueblo venezolano. Es un gobierno que no está cumpliendo con sus obligaciones de protección, y esto no solo ya referido a derechos civiles y políticos, sino en salud y alimentación. Ese es el valor tremendo del informe.

—¿Qué significará en la práctica esta confirmación, digamos universal, de los horrores del madurismo?

—Este informe puede servir para establecer no solo responsabilidades del Estado sino responsabilidades individuales, como las que puede resolver la Corte Penal Internacional. 

—¿Ha cambiado algo en la actitud de los voceros ante este tipo de foros internacionales? Allí, en el diálogo, estuvo William Castillo.

—He sido testigo de la comparecencia de voceros oficiales ante organismos de Naciones Unidas en la época de Chávez y ahora. El patrón de respuesta sigue siendo el mismo: en lugar de tomar en cuenta las recomendaciones, disponerse a implementar los mecanismos y mostrar interés en solventar la situación, lo primero que hacen es descalificar al mensajero sea la CIDH anteriormente o ahora la propia alta comisionada. En segundo lugar, descalificar las fuentes de información. Además, buscan siempre desviar la atención de los temas de fondo. No hacen caso, pues, de las recomendaciones, y en esas recomendaciones, que vienen haciéndose desde hace años, está buena parte de la ruta para que el pueblo pueda recuperar condiciones de vida dignas.

—¿Piensa que el gobierno madurista sería capaz, incluso si lo intentara ahora, de lograr algún avance?

—Hemos llegado a tal punto de destrucción que no podría: aun disponiéndose a resolver, ya no tiene cómo porque se destruyeron capacidades en salud, en producción de alimentos y de bienes. Se ha destruido parte de la industria petrolera y ya, antes de las sanciones contra PDVSA, venía decayendo la producción nacional. Hemos visto cómo se destruyó el salario real y hoy en día, como dice el informe, la gente se encuentra en condiciones mínimas de supervivencia. El enorme esfuerzo debe hacerse buscando mecanismos que impidan llegar a una situación de violencia pero para darle cauce a la crisis económico-política, porque está en la raíz de todo. Esto no es solucionable si no se busca una salida política. Eso lo ha expresado incluso el general de los jesuitas, Arturo Sosa, que se requiere un cambio de conducción.

—En su segunda intervención en la reunión en Naciones Unidas del 5 de julio usted hizo, al final, tres recomendaciones expresas. 

—Sí, se las hicimos al Consejo de DDHH sabiendo que ellos las pueden promover. La primera es la creación de una comisión internacional de investigación. Esto tendría mucho peso, porque una comisión de ese tipo no solo haría un trabajo de documentación exhaustiva en algunas materias sino que tendría, además, la potestad de establecer esas responsabilidades individuales que nos pueden ayudar a obtener justicia y a prevenir la impunidad, así como a dar reparación a las víctimas de DDHH. Es decir, que pueda haber responsabilidades en el alto gobierno por las muertes en salud o por hambre o desnutrición.

—¿La segunda recomendación?

—Que se haga un exhorto, desde el Consejo de DDHH, a los Estados de acogida de emigrantes y refugiados pues está actuando cada uno por su lado y algunos han tomado medidas que han hecho mucho daño. La última, de Sebastián Piñera, que de un día para otro pidió una visa particular, creó situaciones muy graves. No pueden tomarse medidas aisladas, esta no es una salida por razones económicas, esto es una crisis de refugiados.

—¿Y la tercera recomendación?

—Que el Consejo abogue por una solución política dialogada, concertada, con las condiciones que hacen falta. Que el diálogo pueda seguir adelante; incluso hablábamos de los esfuerzos de Noruega. En la raíz de todo esto, lo dice el informe, está un grupo en el poder que no tiene ya cómo dejar de causar daño. De nuevo: ni que quisiera puede solucionar la tragedia. Por lo tanto es fundamental mantener esos esfuerzos de negociación.

 

@sdelanuez

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Lo que pidieron las ONG venezolanas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

DURANTE EL DIÁLOGO INTERACTIVO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de Naciones Unidas, acto ocurrido este viernes 5 de julio en Ginebra, Suiza, Feliciano Reyna habló en representación de más de 200 organizaciones no gubernamentales venezolanas para denunciar las graves violaciones y abusos de derechos humanos que sufren los habitante del país debido a la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa la nación, y solicitar ante la instancia internacional una serie de acciones dirigidas a articular esfuerzos que eviten mayor sufrimiento a los más vulnerables. 

“Millones de venezolanos claman ¡Auxilio! Es preciso detener ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y corregirlas a fondo porque la emergencia va a empeorar. El gobierno del señor Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano a la vista de la comunidad internacional. No permitamos que Venezuela sea otra crisis prolongada, que sume millones de víctimas más a las que ya nos interpelan como comunidad de derechos humanos desde distintas regiones del mundo”, dijo Reyna en un discurso en el que expuso la situación venezolana.

En la sesión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el organismo el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 

El defensor de derechos humanos subrayó que durante una década, el gobierno chavista se resistió a rendir cuentas a los organismos de Naciones Unidas, no cumplió con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, ni autorizó las visitas de organizaciones internacionales que pidieron ir a terreno para corroborar la emergencia que sufre el país.

Reyna recalcó que el gobierno ignoró más de 1.000 recomendaciones emitidas por organizaciones de derechos humanos para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos, entre ellas una feroz represión feroz contra la disidencia.

“A partir de 2015, este incumplimiento desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja, cuya existencia aún niega el gobierno del Sr. Nicolás Maduro y sobre la que también guardó silencio la mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno”, explicó.

Reyna también denunció el desmantelamiento del Estado de Derecho, “los exacerbados índices de violencia social y el control de extensas zonas urbanas y rurales por parte de grupos irregulares, así como en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales para castigar, desplazar o callar a quienes ejercen sus derechos”.

Reclamó que en Venezuela no existan instituciones independientes que frenen los abusos del poder ejecutivo, a excepción de la Asamblea Nacional, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. “Ello ha configurado un sistema de justicia que permite la impunidad tanto de delitos comunes como de violaciones a los derechos humanos y que persigue y encarcela a la disidencia”, apuntó.

En medio de este panorama, el representante venezolano pidió al Consejo la designación de “una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su sentido más amplio, que establezca las responsabilidades e impida la impunidad”.

Igualmente, exigió que se exhortara a los Estados que reciben migrantes venezolanos a unificar esfuerzos que les ofrezcan protección internacional evitar medidas que los sometan a mayores privaciones de sus derechos y riesgos a su integridad personal.

Insistió en que se acelere una solución política a la crisis venezolana por medio de esfuerzos articulados, tanto nacionales como internacionales, en los que se incluyan acciones “del Secretario General de Naciones Unidas junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a fin de restituir los derechos a la participación política y electoral de los venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país”.

También pidió que se instara a Maduro a que implemente los acuerdos establecidos con la Oficina de la Alta Comisionada, entre ellos, que se abra una oficina permanente de la institución en Venezuela y se garantice el trabajo sin amenazas e injerencias de los defensores de de derechos humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y otros activistas de derechos humanos.

Además, urgió a que se llame a Maduro para que reconozca la emergencia, se abra el espacio humanitario y se implemente una respuesta acorde con la severidad y la escala de la situación, con acceso libre a todas las poblaciones afectadas.

Alertó que se debe exigir al gobernante a dejar sin efecto la asamblea nacional constituyente, respetar el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional, restablecer el Estado de Derecho y un sistema de justicia independiente e imparcial, y poner fin a las prácticas de tortura, represión y desapariciones forzadas. Igualmente, que dé cumplimiento a todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección y dar celeridad a las visitas ya solicitadas por organismos que permitan.

Ministro de Salud:

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El ministro de Salud y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Luis López, descartó este sábado, 2 de diciembre, que el gobierno acepte ayuda humanitaria para responder a la crisis que azota al país debido a la escasez de medicinas y alimentos, y atribuyó la iniciativa a la “derecha” y al “imperio”.

“Aquí nadie se arrodilla ante un imperio y mucho menos vamos a permitir que una derecha quiera imponernos una ayuda humanitaria”, destacó el ministro durante la presentación de un balance sobre la entrega de medicamentos a través del 0800-SaludYa.

“En toda Venezuela estamos entregando más de 104.000 tratamientos en los 335 municipios del país. El 0800- SaludYa, está desplegado en todos los municipios de nuestra patria y son más de 40.000 pacientes que están recibiendo sus medicamentos y tratamientos”, dijo López desde el Centro de Diagnostico Integral Diego Santana, de la parroquia 23 de Enero de Caracas.

Las declaraciones del titular de Salud fueron hechas en Caracas, justo cuando en República Dominicana se llevan a cabo reuniones entre el Ejecutivo venezolano y la oposición para establecer acuerdos políticos que disminuyan la tensión y conflictividad en la nación. Uno de los temas discutidos es el de la crisis humanitaria que sufre el país.

Precisamente desde Santo Domingo, capital la isla caribeña, activistas venezolanos en favor de la ayuda humanitaria, quienes también participaron como asesores de la oposición en el diálogo, se pronunciaron sobre las palabras de López.

Uno de ellos fue Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria, quien reclamó al ministro que se pretenda cubrir las necesidades de los enfermos de todo un país a través de un número telefónico.

Francisco Valencia, presidente de Codevida, también respondió a las afirmaciones de López. “Usted no puede decir que esta es una intervención del imperio. Esto es lo que quiere la gente. La gente está sufriendo por la falta de tratamiento (…) Es momento que ya le pongamos seriedad a la situación de salud que estamos viviendo en Venezuela. Ya basta”, señaló en un video difundido en Twitter.

 

Gobierno venezolano desestimó 81 recomendaciones del EPU

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El Estado Venezolano desestimó 81 recomendaciones del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, llevado a cabo en Ginebra.

En el segundo examen realizado en noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de la ONU. De este total, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de las anotadas.

En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.

Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones

“La mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”, dijo Feliciano Reyna, quien habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana.

“Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;  el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles”, agregó Reyna.

Reyna señaló que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas en Venezuela.

“Vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”, acotó.

El Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela,  afirmó que en Venezuela “se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información”.

 

Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:

1. Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,

2. Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,

3. Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,

4.  Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,

5. Garantizar el cese de la persecución y violencia política,

6. Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,

7.  Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,

8. Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,

9. Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,

10. Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,

11. Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,

12. Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

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Humano Derecho Radio: con Feliciano Reyna


En este primer programa,  @MelanioBar y @fanzinero, periodistas independientes y defensores de DDHH,  conversan con Feliciano Reyna, defensor de los DDHH y presidente de Acción Solidaria por el VIH/Sida.
Humano Derecho estrenará emisión todos los domingos. Tiene como concepto transmitir, a través de la música, expresiones de la contracultura y el activismo. Tendrá interesantes entrevistas y una secuencia musical marcada por el Rock, Punk y el Metal.